JALISCO
Una ley para el patrimonio de Jalisco

Álvaro González

La ley se adapta a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

El 27 de enero, el diputado Julio Nelson García Sánchez de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso, presentó una iniciativa para actualizar la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Dado el deterioro considerable que actualmente padece el centro histórico de Guadalajara, así como el legado de los municipios (desprotegido y a expensas de los intereses externos). Por ello, resulta indispensable renovar la última ley, que data de 2007 y hoy ya es obsoleta.

En la propuesta se modifica “el concepto de Patrimonio Cultural para adecuarlo a los lineamientos internacionales, por lo que ahora el patrimonio estaría constituido por elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural”, explicó el diputado.

Patrimonio inmaterial es un concepto tomado de la UNESCO que protegerá tradiciones y expresiones orales (incluido el idioma), las artes del espectáculo (como el mariachi, el pirekua y canto purépecha), los rituales y actos festivos (como la fiesta de los parachicos de Chiapas) y la gastronomía mexicana.

La iniciativa consiste en crear el Centro de Información del Patrimonio Cultural del Estado; elaborar, por parte de la Secretaría de Cultura, de un catálogo de fincas o edificios y asentarlo en el Registro Público de la Propiedad; establecer un candado para el otorgamiento de licencias a ejecutar sobre estos bienes; y la absorción del accionar actual del Consejo Técnico del Patrimonio y los Comités Consultivos, por parte de la secretaría estatal o las dependencias municipales de Cultura.

Así mismo, se plantea la adopción e implementación de definiciones aportadas por la UNESCO y del concepto de salvaguarda (esto es, la medida que garantice la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial); y la creación de un capítulo especial para las sanciones que incluyen desde las amonestaciones hasta las responsabilidades penales y administrativas.