Elías Cárdenas Márquez
Girolamo Prigione Pozzi, fue el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Bregó durante 14 años en su propósito por conseguirlo. Unas veces cautelosamente, y otras, cuando las circunstancias lo exigían, a cielo abierto.
El marco temporal de 1979 a 1992, algunas veces sombreado entre dramáticos y trágicos sucesos, le ayudó para lograrlo. Aprovechó la coyuntura política causada por la elección presidencial fraudulenta de 1988 y la legitimación que el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari requería ante una sociedad hastiada de un régimen vertical y autoritario, hegemónico y depredador, que por primera vez mostró su poder ciudadano al votar al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con una mayoría de votos nunca antes vista en la historia política moderna.
El camino no fue fácil, pero la rendija para alumbrar la añeja controversia entre el Estado y la Iglesia, fue abierta en esa dirección por el Presidente Luis Echeverría Álvarez, cuando realizó un inesperado encuentro con el Papa Paulo VI, el 9 de febrero de 1974, con el pretexto de darle las gracias por el apoyo del pontífice a la Carta de los Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados, presentada ante la ONU, a cuya Secretaría General anhelaba llegar el primer mandatario.
Posteriormente, desfilarían cinco presidentes mexicanos y las visitas de Juan Pablo II a México se multiplicarían.
Prigione, con el apoyo de Ángel Sodano, Secretario de Estado de la Santa Sede, organizó y condujo las apoteósicas giras del pontífice polaco, que fueron determinantes para la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Sin embargo, la presencia del Nuncio Papal Prigione, el Arzobispo Primado de México, Ernesto Corripio Ahumada, el Obispo de Monterrey, Adolfo Suárez Rivera, el Cardenal Juan José Posadas, el Obispo de Chihuahua y el Obispo de Papantla, Veracruz, Genaro Alamilla Arteaga, en la toma de posesión y protesta ante el Congreso de la Unión de Salinas de Gortari, el 1 de diciembre de 1988, fue la señal indubitable del acercamiento definitivo y la apertura para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, así como el reconocimiento jurídico de las iglesias en México.
La culminación de este proceso de negociaciones entre las cúpulas del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional y la curia romana y nacional, fundamentalmente se concretó en 1991 con el envío de la iniciativa por parte del Ejecutivo al Congreso de la Unión para la reforma constitucional de los artículos 3, 5, 24, 27, y 130.
A partir de 1992, con sólo protestas aisladas de algunos grupos y organizaciones sociales, la instrumentación legal y administrativa se sucedieron con la pasmosa velocidad con que en México obedecen las consignas presidenciales los avasallados poderes Legislativo y Judicial.
Todas las reformas constitucionales y leyes reglamentarias, fueron aprobadas por las mayorías postradas al Poder Ejecutivo en las cámaras de Diputados y Senadores, se creó la Subsecretaría de Gobernación correspondiente para asuntos religiosos y se legitimó el abuso del clero de muchos años y la vista gorda de los regímenes presidenciales. Prigione se levantó con la victoria final. Los votos de obediencia al régimen vertical, omnímodo y autoritario del Vaticano, se impusieron.
El clero nacional, sin que contara con la opinión de los feligreses que integran la vasta comunidad católica de México, se doblegó ante lo que con justicia Bernardo Barranco, experto y profundo conocedor en temas eclesiásticos, denominó “Doctrina Prigione”, consistente en mantener contacto directo entre el Papa en turno y nuestro gobierno, marginando a los órganos y jerarquía de la iglesia mexicana. Así se selló el nuevo pacto de cohabitación entre la Iglesia y el Estado Mexicano. Muy lejos quedó la vieja querella entre liberales y conservadores.
El Estado laico, languideció frente al poder de las llaves de San Pedro. Prigione fue relevado el año 1997 y dejó su impronta en los anales históricos de México y Roma.
