Josué Rivera Rivera
La migración siempre ha sido una parte importante de la historia, tanto en América como en el resto del mundo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que en el mundo existen 214 millones de migrantes internacionales; si ponemos esta cifra en un contexto más simple, podemos decir que una de cada 32 personas en el mundo es un migrante, y que de constituir un país con esa población, sería el quinto más poblado del planeta.
En el caso de México, la migración siempre ha formado parte de su ADN, por lo que ninguno de sus habitantes, tanto nacionales como extranjeros, podemos negar alguna relación con la misma.
Por muchas décadas, para los migrantes de origen tanto mexicano como centroamericano, en especial los del ahora denominado “Triángulo Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras) la migración consistía, de forma simplificada, en la experiencia de trasladarse a Estados Unidos y trabajar ahí el tiempo necesario para crear un patrimonio, lapso durante el que proveían el sustento de sus hogares mediante el envío de remesas hasta que, finalmente, retornaban para reunirse con sus familiares. A su regreso retomaban sus roles con mejoras sustanciales en sus condiciones de vida básicas, y en muchos casos tenían la oportunidad de hacer uso de las nuevas habilidades y destrezas adquiridas mientras trabajaron en Estados Unidos.Estos nuevos conocimientos generaron en algunos casos mejores oportunidades de trabajo, especialmente en los campos relacionados con la construcción, la mecánica y la prestación de otros servicios. También permitió a muchos migrantes retornados montar sus propios negocios y de esta forma asegurar una mejora continua en sus condiciones de vida.
En ese entonces, las circunstancias eran tales que los migrantes que regresaban, ya fuera de forma voluntaria o por medio de una deportación, podían optar por regresar a los Estados Unidos en caso de considerarlo necesario. Estas condiciones implicaban un traslado en donde, en la mayoría de los casos, el principal riesgo a considerar consistía en ser capturado por las autoridades estadounidenses y posteriormente ser deportado, lo que podía ameritar repetidos intentos hasta lograr un cruce exitoso. Es importante mencionar que en este tiempo el costo del traslado eran una fracción de lo que es en la actualidad y que existía una relativa confianza en las personas que comúnmente conocemos como polleros o coyotes.
Lo anterior creó una dinámica migratoria circular en la que los migrantes ingresaban a los Estados Unidos, trabajaban por el tiempo que consideran necesario, regresaban a sus países de origen y, en caso de requerirlo, reingresaban al país del norte para repetir el ciclo. Las deportaciones de migrantes indocumentados eran rutinarias, y en su mayoría se limitaban a aquellos que, estando dentro de la Unión Americana, tenían algún roce con la ley o eran tomados en custodia en las revisiones fronterizas.
Sin embargo, todo esto cambió por un evento que conmocionó al mundo y trastornó la dinámica migratoria de nuestra región: los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Miles de personas perecieron y Estados Unidos se embarcó en una nueva guerra que acarreó innumerables consecuencias económicas; pero para la migración, el principal efecto se materializó en el enorme esfuerzo del gobierno norteamericano por blindar sus fronteras por aire, mar y tierra, haciendo del tema un asunto de seguridad nacional de la más alta prioridad.
Este cierre de fronteras creó un cuello de botella, ya que hasta aquel momento los migrantes podían llegar a la frontera norte mexicana con relativa facilidad. Sin embargo, el cruzar hacia territorio estadounidense se convirtió en una verdadera hazaña.
Dicho escenario creó una lucrativa oportunidad para el crimen organizado, que con su estructura y logística –que hasta entonces habían sido utilizadas con éxito para el tráfico de drogas y otras mercancías ilícitas– se dispuso a incursionar en una nueva modalidad de tráfico, su mercancía: los migrantes.
Los precios por contratar los servicios de un pollero o traficante de personas se incrementaron de forma exponencial, alcanzando los miles de dólares, a lo que muchas veces se sumaba el pago de rescates, dados los múltiples secuestros que un migrante puede sufrir durante su travesía. Estos secuestros, a la fecha, suelen darse en diferentes lugares de su recorrido: en Guatemala, en los estados fronterizos tanto del sur como norte de México, en el Estado de México e incluso en el Distrito Federal. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en México ocurren 20 mil secuestros de migrantes anualmente.Considerando cifras de algunas ONGs, cada año transitan por el territorio mexicano alrededor de medio millón de migrantes, que representan ingresos billonarios para el crimen organizado. Así pues, la disputa por dicha “mercancía” ha resultado en la imperante violencia que se perpetra a través de las diferentes rutas migratorias.
Dada la incursión del crimen organizado en el tráfico de personas, la frecuencia y gravedad de la actividad delictiva en este rubro ha aumentado y se ha diversificado con diferentes fines: el tráfico de menores y órganos, el reclutamiento de migrantes para participar en actividades ilícitas, o las espeluznantes masacres, como la de San Fernando, Tamaulipas, de la cual las macabras imágenes de 72 personas ejecutadas -en su mayoría de origen centroamericano- recorrieron el mundo, exponiendo una realidad que hasta ese momento se intentaba ocultar.
A nivel regional existen diferentes países involucrados, ya sean de origen, tránsito, destino o retorno de migrantes. México, en este sentido, puede describirse como un país que se encuentra simultáneamente dentro de las cuatro categorías; amén de que, en la actualidad, es el principal corredor migratorio del mundo.
La responsabilidad de cada uno de los países involucrados es un tema de constante discusión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo llega a captar la atención de los gobiernos después de un evento trágico con impacto mediático a nivel internacional, como recientemente lo fueron las imágenes que mostraban a miles de menores migrantes en custodia de las autoridades norteamericanas.
Después de este evento comenzamos a escuchar términos como “responsabilidad compartida de los países”; se llevaron a cabo múltiples reuniones de alto nivel, incluyendo una de los presidentes del “Triángulo Norte” con Barack Obama. Curiosamente, México no participó en esta reunión y, nuevamente, se vio desperdiciada la oportunidad de abordar una verdadera estrategia regional, en lugar de continuar con una serie de esfuerzos individuales y descoordinados.
Esta descoordinación parece “justificarse” en la medida que analizamos con un sentido crítico cuál es a grosso modo la verdadera importancia de los migrantes para cada uno de los países involucrados.
En el caso de las naciones centroamericanas, los migrantes (o más bien sus remesas) representan miles de millones de dólares anuales que envían para sustentar a sus familias. Estos recursos provienen de ciudadanos que se encuentran fuera de su territorio y por lo tanto, no representan mayor carga para el gobierno. Las remesas son inyectadas directamente al sistema económico y tienen un potencial exponencial para crear bienestar.
Los Estados Unidos continúan impulsando una política migratoria con una agenda enfocada principalmente a la seguridad nacional. Los alivios migratorios propuestos a través de las acciones ejecutivas de su presidente han sido bloqueados por la Corte Federal y aún continúan con un futuro incierto. Mientras tanto, numerosos actores de la vida política (principalmente del ala conservadora) intentan convencer a sus votantes de la llamada “amenaza migrante” y esto finalmente se traduce en presiones que permiten la continuidad de su política de exclusión.
En el caso de México, uno de cada diez mexicanos vive enlos EUA. Los migrantes igualmente representan importantes recursos, que ingresan al país en forma de remesas. No obstante –y sin subestimar la importancia de las mismas– México no experimenta la misma dependencia que los países centroamericanos tienen hacia ellas debido al reducido tamaño de sus economías.
Las presiones por parte de Estados Unidos se han traducido en el actual “Plan Frontera Sur”, que muchas organizaciones definen como una verdadera cacería de migrantes y un retroceso en la lucha por los derechos humanos, siendo éste el ámbito donde México lucha por fortalecer su imagen internacional.
Esta es la situación migratoria actual en México. Evolucionamos de una dinámica migratoria circular –que a pesar de sus múltiples complicaciones, impulsaba la creación de un mínimo bienestar para millones de personas– a una verdadera crisis humanitaria en la que los migrantes se han convertido en una valiosa mercancía para el crimen organizado.
A la vista de las futuras elecciones en diferentes estados de la República, el tema migratorio representa un verdadero reto para los nuevos legisladores, gobernadores y presidentes municipales.
Abordar el tema desde una perspectiva humana, conocer las motivaciones de los actores implicados y, finalmente, materializar este conocimiento en nuevas políticas, será un factor determinante en la búsqueda de una exitosa gestión del fenómeno migratorio.
