Urge la aplicación de protocolos para la protección de los derechos de los migrantes

México debe trabajar en una estrategia migratoria basada en los derechos humanos que coloque al migrante como centro prioritario de las políticas y la coordinación institucional de la migración

Pilar Lozano Mac Donald

Pilar Lozano Mac Donald
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante

México es un país tradicionalmente expulsor de personas que salen del territorio nacional para buscar mejores alternativas de desarrollo. Sin embargo, actualmente estamos viviendo una situación que se ha intensificado: la llegada de migrantes de países de Centroamérica.

De ser una nación eminentemente de tránsito, México se ha convertido también en un país de destino, con las complejas problemáticas que ello implica, agravadas por las evidentes incapacidades estructurales que revelan los diferentes órdenes de gobierno. Frente a los desplazamientos internos y a la baja respuesta para atender a esa población mexicana, nos encontramos ante la urgente necesidad de recibir y atender a grupos de migrantes que se dirigen en caravana hacia Estados Unidos.

Lamentablemente, los pasos de las caravanas de migrantes tropiezan con la cruda realidad mexicana: inseguridad, corrupción, rechazo e incapacidad institucional para responder. Afortunadamente, del lado contrario, existe un amplio gesto de solidaridad de la población.
Este escenario, atípico por la posición incómoda en que ha colocado a las autoridades mexicanas, demanda la implementación de medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

La caravana migrante trae al escenario nacional un tema de la mayor relevancia: la dimensión humana de la migración y la imperiosa necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha creado diversas herramientas que valdría la pena considerar en esta etapa que vive el país por los flujos migratorios de tránsito o que ven a México como destino, como referencia para establecer los mecanismos y protocolos que garanticen la defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, la responsabilidad debe ser compartida entre la Federación y los estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de los derechos de los migrantes.

Por ello, la ACNUDH ha propuesto los denominados “Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales”, que buscan asegurar que las medidas de control de fronteras se apliquen de conformidad con el derecho internacional sobre derechos humanos.

Con un ánimo crítico pero constructivo, vale la pena detectar algunos rasgos en la conducta de la respuesta gubernamental a la atención de los migrantes por territorio nacional:

  • Cuando los migrantes ingresaron al país no se levantó un censo detallado del número, sexo, edad, origen y destino de las personas.
  • Las Estaciones Migratorias del país deben ser reorganizadas con urgencia, ante los señalamientos por abusos, particularmente hacia mujeres, niños y niñas.
  • Se han presentado acusaciones por la detención de menores en abierta violación de sus derechos.
  • Las autoridades poco han podido hacer respecto a la protección de los migrantes frente a la violencia estructural del país, como el acoso de narcomenudistas e intentos de reclutamiento por parte del crimen organizado.
  • Una clara ausencia en la aplicación de protocolos que garanticen la protección de sus derechos.
  • Violaciones latentes a los derechos humanos en general.

En consecuencia, México debe trabajar en una estrategia migratoria basada en los derechos humanos que coloque al migrante como centro prioritario de las políticas y la coordinación institucional de la migración.

Con este enfoque el tema migratorio podrá ser abordado desde una perspectiva más humana, en la que los migrantes deben ser considerados en políticas y acciones nacionales, que pueden incluir acceso a vivienda, seguridad, programas sociales de apoyo, albergues, asesoría y orientación, hasta estrategias contra el racismo y la xenofobia.

Tanto los mecanismos internacionales de derechos humanos, tales como el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Comité sobre los derechos de los trabajadores migratorios, han sido claros en señalar que si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las normas y condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción.

En México, el artículo 1° de la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el país, garantizan a toda persona, incluidos los extranjeros, el goce de derechos reconocidos por las leyes descritas.

Por tanto, la población migrante, independientemente de su condición jurídica en territorio mexicano, por el sólo hecho de entrar al país tiene reconocidos los derechos que tenemos todos los mexicanos, entre los que destacan:

  • Los migrantes pueden gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
  • Derecho al libre tránsito.
  • Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
  • Derecho a la atención consular.
  • Derecho a no ser discriminado.
  • Derecho al asilo.
  • Derecho al refugio.
  • Derecho a la protección de la unidad familiar.
  • Derecho a la dignidad humana.
  • Derecho a no ser criminalizado.
  • Derecho ser alojados en una estación migratoria.
  • Derecho a un alojamiento digno.
  • Derecho a no ser incomunicado.
  • Derecho a un traductor.
  • Derecho a no ser detenidos en albergues.
  • Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional.
  • Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.

El tránsito de personas de otros países por el territorio nacional debe ser una oportunidad invaluable para mejorar nuestro orden jurídico y adecuarlo a las mejores prácticas de derecho internacional, que nos permita dar el trato digno y respetuoso que tanto demandamos a otras naciones respecto de nuestros connacionales migrantes.