La edición de El Ciudadano que el lector tiene en sus manos, ofrece una reseña (inevitablemente incompleta, pero que consideramos útil) de los escenarios de violencia en los que se ha fraguado nuestra nación en el curso de su historia, a partir de la Conquista española en 1521.
Esta fue una decisión tomada en el seno de la Comisión Editorial, con el consenso de sus integrantes. Y no fue fortuita. Para empezar tenemos la referencia de nuestra violencia histórica: la lucha por la Independencia, las guerras de Reforma y contra las intervenciones extranjeras, y la Revolución de 1910, episodio de cuyos frutos (violentos y aun sangrientos) se nutre hoy la vida democrática e institucional de nuestro México: una Constitución, ley de leyes cuyo respeto y cumplimiento es el soporte inequívoco de nuestra República, para todos los mexicanos, sin excepción.
Ni qué hablar de la violencia postrevolucionaria y contemporánea: levantamientos armados, respuesta mortal a voces disidentes, campañas violentas contra la insurgencia (“la guerra sucia” de los 70), en las que se cobijaron atrocidades, embates sin cuartel como única respuesta al ímpetu estudiantil que luchó a favor de la libertad, la autonomía universitaria y los excesos autoritarios del poder público.
No es asunto menor. Al calor de esa vida democrática han surgido voces de alerta que merecen atención. De un lado, tropiezos mayúsculos en la conducción del Estado ante los desafíos del crimen, la corrupción y la impunidad, que han llevado a nuestro país a niveles de inseguridad pública nunca antes vistos, ante los cuales se estrella todo discurso triunfalista, y que confirman lo que hemos reiterado una y otra vez: por mandato constitucional la seguridad pública se garantiza, no se decreta.
Pero abona a la inquietud social la actitud de quienes se harán cargo del gobierno federal gracias a nuestra democracia (con todas sus imperfecciones), cuando: a) revelan que llegaron a pensar en la lucha armada si el voto les resultaba adverso, b) “ofrecen” no usar la fuerza del Estado contra el pueblo, y c) afirman que toda disidencia, toda discrepancia, toda opinión diferente, “es corrupta”.
Las lecciones de la historia, de nuestros próceres que dieron la vida por mantener la vida institucional de México, ¿han caído en el vacío? La intolerancia, la razón de Estado y la amenaza de la violencia como estilo de gobierno son nubarrones que urge despejar.