En México hay avances en las prácticas de la protección civil, sin embargo, no podemos sentirnos satisfechos cuando es la sociedad quien actúa antes de quienes tienen la obligación institucional de hacerlo
Adán Pérez Utrera Presidente de la Comisión de Protección Civil de la XLIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
La protección civil y la atención integral de riesgos de desastres son funciones públicas a cargo del Estado, cuyo carácter preventivo y reactivo deben garantizar la integridad, la libertad, los derechos, la paz y el orden público. Es decir, es una acción orientada a proteger lo más esencial del ser humano: la vida, la sociedad, el entorno y su patrimonio ante los riesgos que pueden provocar los fenómenos naturales y los sucesos provocados por el mismo hombre.
Desde la conformación de las primeras sociedades, algunas actividades se centraron en atender las necesidades de alimentación, cobijo y protección de los miembros de las comunidades; de la misma manera se conformaron grupos para vigilar su entorno ante los peligros. Ésas fueron las primeras acciones de protección civil realizadas por los humanos.
Con la llegada de la industrialización, que propició los avances de la tecnología y la ciencia, la percepción del riesgo se transformó. A partir de entonces se observan y comprenden de mejor manera los fenómenos naturales que pueden afectar a la población y aquellos relacionados con las actividades propias del hombre. El crecimiento de las comunidades y la creación de ciudades incrementaron y modificaron los riesgos, las vulnerabilidades y la exposición a los fenómenos perturbadores.
México vive en el riesgo. Está sujeto de manera permanente a una amplia diversidad de fenómenos naturales de alto potencial destructivo, que combinados con los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio, la vulnerabilidad física de la infraestructura y la fragilidad social de amplios sectores de la población, propician elevados grados de vulnerabilidad física y social y, desde luego, mayores riesgos de desastre.
Dos terceras partes de la superficie de nuestro país se encuentran en riesgo sísmico significativo: hay cinco capas de las llamadas tectónicas, 31 volcanes potencialmente activos y 12 campos volcánicos donde existe una alta probabilidad de que nazca un nuevo volcán. Por su ubicación geográfica, México también está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico. De particular importancia son los efectos que el cambio climático provoca en lluvias, vientos, mareas e inundaciones, algunas de grandes proporciones; sin embargo, por el contrario, la escasez de lluvia que se resiente en amplias regiones del país propicia sequías que afectan a la agricultura, la ganadería y la economía en general, además de los incendios forestales en la temporada de estiaje, que ocasionan pérdidas de zonas boscosas y daños a las poblaciones.
Tras los fenómenos naturales que en los últimos meses azotaron a nuestro país y que desafortunadamente cobraron vidas humanas y destruyeron el patrimonio de muchas familias mexicanas, nunca es tan necesario reflexionar sobre lo que significa en estos tiempos para México la protección civil.
En medio de la desgracia se recuerdan las imágenes que dieron vuelta al mundo: mujeres y hombres de todas las edades y todas las condiciones, de día, de tarde y de noche recogían escombros, ayudaban a rescatar gente, izaban entre el caos y la desgracia la bandera de la esperanza. Estas imágenes no deben ser sólo recuerdo y orgullo, son una declaración de nuestra dignidad nacional y un anuncio de que nada ni nadie puede doblar a la sociedad mexicana, incluso en medio de la adversidad.
Precisamente en este contexto de reconstrucción del país, la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados que preside la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de mayo de 2018, el Foro Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres.
En México hay avances en las prácticas de la protección civil, sin embargo, no podemos sentirnos satisfechos cuando es la sociedad quien actúa antes de quienes tienen la obligación institucional de hacerlo. No podemos quedarnos en la pasividad sabiendo que, como lo ha dicho Allan Lavel, importante investigador de los riesgos de desastre, “los desastres son el resultado de un cúmulo de cosas que se han hecho mal”.
Hay mucho camino por recorrer en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, financieros, materiales y humanos, en la prevención de desastres y siniestros, y en los avisos de alarma en casos graves de emergencia; así como en las acciones de evacuación, dispersión, albergue, socorro, rescate y salvamento en casos de hecatombe.
Es entonces donde la Gestión del Riesgo de Desastre adquiere la mayor relevancia en la formulación y puesta en marcha de las políticas públicas. El reto que tenemos los sectores público, privado y social en esta materia es trabajar conjuntamente y de manera integral. Lo anterior significa modificar o mejorar los marcos normativos como planes de desarrollo, leyes y reglamentos, poner en marcha estrategias trasversales que permitan la inclusión y la participación ciudadana. Es construir estrategias eficaces en la reducción de riesgos de desastre; ver a la protección civil desde una postura de responsabilidad y sensibilidad; asimilar la importancia preventiva de los sistemas de alertamiento; aprovechar las innovaciones tecnológicas y aplicarlas en la prevención y reducción del riesgo de desastres; además de priorizar la importancia de las políticas públicas municipales y la participación ciudadana para la reducción del riesgo comunitario.
Nunca en la vida del México moderno ha sido tan necesario como ahora que cada uno de nosotros se detenga un momento para reflexionar sobre lo que significa la protección civil y la reducción de riesgos de desastres.