Todo derecho humano reconocido tiene tras de sí una lucha social, y en el caso de las mujeres la lucha histórica por eliminar la discriminación en razón de género y lograr el reconocimiento pleno de nuestros derechos ha sido ardua
Uno de los temas prioritarios en la agenda de género es la implementación de políticas públicas que contrarresten la exclusión o restricción de un derecho humano. La forma en que percibimos a un hombre o una mujer y el modo en que nos relacionamos se encuentra determinado con base en prácticas y creencias sociales que pueden llegar, y han llegado, a ser rígidas para ciertos sectores de la población.
A lo largo del tiempo, diversas creencias y prácticas han vulnerado terriblemente a grupos específicos de personas, no sólo en México sino en el mundo, ya sea por su origen étnico, sexo, género, cultura, edad, discapacidades, condición social, religión o cualquier otro motivo. Sin embargo, las sociedades han ido cambiando de manera positiva a través de la experiencia de diversas situaciones a lo largo de la historia.
De acuerdo con estas experiencias, en nuestro país está prohibida la discriminación motivada por el género y cualquier otra que atente contra la dignidad humana, teniendo por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pero todo derecho humano reconocido tiene tras de sí una lucha social, y en el caso de las mujeres la lucha histórica por eliminar la discriminación en razón de género y lograr el reconocimiento pleno de nuestros derechos ha sido ardua. Aún en la actualidad se ha creado toda una serie de mecanismos como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tratados, leyes y convenciones como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada la carta internacional de los derechos de la mujer.
Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y la implementación de diversos instrumentos, las mujeres seguimos siendo objeto de importantes discriminaciones en el ámbito económico, social, cultural, civil o cualquier otro: se violan nuestros principios de igualdad y equidad en relación con la paridad; aún existe un acceso mínimo a las oportunidades de empleo y, una vez inmersas en el mercado laboral, tenemos que enfrentar el techo de cristal, además de que la remuneración salarial suele ser menor para nosotras por el mismo empleo y con las mismas capacidades; enfrentamos la pobreza, la violencia, la discriminación por embarazo, la sobrecarga del trabajo doméstico, entre muchos otros.
Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que hay mujeres que sufren una doble o triple discriminación, como sucede con las indígenas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, las migrantes, las madres adolescentes o solteras, las lesbianas, analfabetas, adultas mayores o con discapacidades físicas y mentales, por mencionar algunas.
Por ello se deben continuar implementando y promoviendo condiciones necesarias para que la no discriminación y la igualdad de las personas sean una realidad efectiva y sustantiva. Corresponde al Estado promover estas condiciones y eliminar todos los obstáculos que limiten en los hechos estos ejercicios de igualdad y no discriminación. Se deben garantizar todas estas medidas y condiciones, desde las recomendaciones hasta las resoluciones adoptadas por el Estado mexicano, tanto en el ámbito municipal como en el estatal y federal, de acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados y con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales y federales. Sin olvidar que es vital que se continúen determinando en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para implementar acciones sustantivas en la erradicación de la discriminación.
Las sociedades han ido cambiando y junto con ellas incluso el carácter legislativo que avalaba ciertas prácticas sociales, por lo que continuar modificando o derogando leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación hacia la mujer es fundamental. Sin embargo, tomar medidas específicas y apropiadas en este sentido en las zonas rurales es ya un asunto de emergencia nacional: no podemos seguir avanzando en una democracia mexicana mientras se continúe coartando la participación de las mujeres indígenas, a quienes no se les garantiza siquiera el derecho a una vida libre de violencia.
Las estructuras patriarcales permean en todo el entramado social, incluso en los medios de comunicación, que en diversas ocasiones influyen en la reproducción de la discriminación y los estereotipos. Tanto los medios tradicionales como los digitales tienen un papel clave en la lucha por eliminar el odio, la violencia y la discriminación a través de mensajes e imágenes.
Asimismo, debemos trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil en la formulación y ejecución de políticas gubernamentales. Su rol es fundamental debido a que son agentes independientes con un trabajo específico en el diseño, seguimiento, evaluación y retroalimentación de diversas políticas públicas en el país.
Finalmente, aunque la discriminación de género se reconoce como un problema vigente en las políticas públicas a nivel federal, en el ámbito municipal es importante implementar soluciones diversas de manera transversal, pues las existentes resultan ambiguas y continúan acarreando desigualdades sociales. De la misma forma, es importante entender todas las dimensiones y caras de la desigualdad en cada territorio del país, poniendo al alcance los recursos y apoyos necesarios para combatirla.