Luis Gutiérrez Rodríguez
En su ensayo “Elecciones y Democracia” (sexta reimpresión, enero de 2013), publicado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (CEEC) del todavía Instituto Federal Electoral, el maestro, sociólogo y analista de diversos medios de comunicación, José Antonio Crespo, resume la opinión de diversos expertos sobre el tema: la democracia no se reduce a las prácticas electorales.
Pero advierte enseguida: “No obstante, la democracia moderna es inconcebible sin una íntima asociación con las elecciones, a tal grado que el indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de elecciones libres”.
¿Libres de qué? De la injerencia del aparato de gobierno en turno (desde el Jefe del Ejecutivo Federal hasta el más modesto de los presidentes municipales), a favor de un partido o un candidato; de la violación impune de cualquier autoridad gubernamental a las normas previstas para todo proceso electoral; del uso ilegal y desviación de recursos públicos para financiar a trasmano campañas políticas; de trampas y triquiñuelas para alterar resultados comiciales; de la inacción de las autoridades electorales ante evidentes violaciones a la ley por el poder público en cualquiera de sus tres niveles; de favoritismos y parciales encubiertos de los poderes fácticos…
¿Por qué? Porque en su azaroso desarrollo, durante décadas, siglos inclusive, en el seno de la democracia han ido abriéndose camino penosamente los procesos electorales como fuente de legitimidad de los gobiernos surgidos del voto en las urnas. Y de la mano con esos procesos se ha manifestado la saludable y creciente participación ciudadana, origen de todo poder, en la democracia.
Esa saludable y creciente participación ciudadana se refleja también en el enérgico rechazo al abuso del poder, cometido a contrapelo de las aspiraciones de la sociedad. Sobre todo cuando ese abuso ha implicado el desplazamiento paulatino, calculado y perverso, del ciudadano de la toma de decisiones que le atañen.
Perverso también porque subordina el interés social al interés del grupo, la facción o la élite gobernante quienes, no obstante, perseveran en ignorar lo colectivo en beneficio de lo faccioso.
La resistencia del poder abusivo a un genuino relevo democrático, aunque se asume democrático, genera inevitablemente resistencias contrarias que, por más que sean desdeñadas, ignoradas y hasta desafiadas, tarde o temprano afloran, y lo hacen con una fuerza peligrosamente proporcional o mayor al enojo contenido.
Nada es tan grave y peligroso como ignorar estas señales.
El escenario en México
Ocurre actualmente en México, cuando el país se encamina a unas elecciones muy disputadas y presumiblemente muy enconadas.
Ya señalamos en ocasión anterior que nuestra democracia está asediada. De un lado, el poder público y su partido se atrevieron a montar un acto de simulación para distraer la atención de una patética transfiguración ocurrida durante el sexenio que está por concluir: 1) El anuncio con bombo y platillo de “un nuevo PRI”, varios de cuyos conspicuos personajes están hoy en prisión, si no es que prófugos (a lo que no es ajeno, generacionalmente, el propio jefe máximo del partido y del Ejecutivo Federal, porque por tradición histórica del sistema el Presidente de la República es el jefe máximo del partido en el poder); 2) La “ciudadanización” apresurada y cosmética mediante el arropamiento oficial (PRI-gobierno) de un candidato extraído de las entrañas burocráticas del régimen; 3) La “Operación Salvamento”, a cargo de conspicuos y experimentados especímenes del viejo PRI; la declaración pública del jefe del Ejecutivo Federal en Veracruz. Todo ello con el uso y abuso de instituciones “instruidas” para limpiar los establos del sistema, bajo las órdenes de un inexperto Heracles.
El candidato del presidente
A unas horas de que ofreció no intervenir en el actual proceso electoral a favor de ningún candidato, y con el desdén que siempre ha mostrado por los ciudadanos, Enrique Peña Nieto violó su propia palabra. En nota del diario Reforma, publicada el miércoles 14 de marzo de 2018, declaró:
El México de hoy demanda al próximo presidente ‘honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará al país por un rumbo de estabilidad y de orden’.
Peña Nieto agregó que todos esos atributos los ve en un sólo aspirante, cuyo nombre no mencionó, pero claramente se refería al candidato presidencial de su partido, el PRI.
La constante se repitió: mensajes engañosos para una ciudadanía susceptible de ser engañada, según el poder presidencial.
La competencia
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en los comicios que culminarán el próximo domingo primero de julio, 87 millones 159 mil 497 mexicanos irán a las urnas para elegir al próximo Presidente de México.
Además se renovarán 3 mil 416 cargos de elección popular locales y federales, las gubernaturas de ocho entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con sus respectivos 16 municipios.
En lo federal, se elegirá Presidente de la República, 500 diputados; 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales, además de 128 senadores.
En 30 estados habrá elecciones locales, excepto en Nayarit y Baja California, que solamente tendrán candidatos para posiciones federales (diputados y senadores). Ese domingo 1° de julio, todos los mexicanos estaremos a prueba. Incluso quienes llevan años tirando piedras a las instituciones y hoy invocan “amor y paz”.
Pero tiene razón el maestro José Antonio Crespo. La democracia no se limita a los procesos electorales. Tiene que ver con los derechos humanos, el Estado de derecho, la sociedad civil, las mujeres, la juventud, la inequidad y la profunda desigualdad social, las oportunidades de desarrollo, la seguridad y la paz pública, el respeto a la dignidad, acabar con la corrupción, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y la participación ciudadana en la vida política.
RICARDO ANAYA CORTÉS
Desde luego, tiene que ver, y mucho, con los candidatos. Cada tema señalado en el párrafo anterior tendrá que ser asumido, en mayor o menor magnitud, como compromiso personal en las campañas de los candidatos a cargos de elección popular.
Es necesario que así sea porque el listado forma parte explícita de las demandas sociales de la ciudadanía. Los pleitos personales no pueden, no deben seguir siendo el eje de la competencia electoral. Así será en el caso de la coalición “Por México al Frente”, de sus candidatos y los que acudan a los comicios postulados, por separado, por los partidos que integran dicha alianza.
Por eso, el domingo 11 de marzo, acompañado de los dirigentes del PAN, Damián Zepeda; del PRD, Manuel Granados y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el Dr. Ricardo Anaya Cortés presentó su registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato a la Presidencia de la República de la coalición “Por México al Frente”.
Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, le dijo en esa ocasión al candidato presidencial, entre otras cosas:
“Mi generación le falló a México. La tuya, Ricardo, no debe, no puede hacerlo. Tu generación tiene la responsabilidad histórica de corregir los errores del pasado, de hacer los cambios que el país necesita, de hacer realidad un cambio de régimen. Hoy estamos aquí, formalizando tu candidatura a la Presidencia de México, porque muchos entendimos que había que dejar de lado las diferencias y trabajamos para dejarlas de lado. Entendimos que había que pensar en lo importante: en los problemas que han convertido al país en un estado fallido y en las causas que nos unen a todos. Entendimos que nuestra responsabilidad, tú responsabilidad, es refundar al país.
“Dejamos de lado ambiciones personales y proyectos partidistas para construir un frente ciudadano: definimos causas y propósitos, construimos un proyecto de país, definimos el camino que debíamos seguir para evitar que México se siga moviendo por la dirección equivocada.
“Desde el comienzo sabíamos que no sería sencillo, que enfrentaríamos la mezquindad, las amenazas y los ataques del régimen que estamos enfrentando.
“Hoy el régimen está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder, por conservar el sistema de corrupción e impunidad con el que durante décadas han mantenido sus excesos y privilegios”.
En efecto, Ricardo Anaya Cortés se registró como candidato de la coalición “Por México al Frente”, desafiando una embestida del aparato del Estado, controlada y dirigida desde el poder por el PRI y su jefe máximo, como no se había visto en décadas.
Candidatas y candidatos
Unos días después, el miércoles 14 de marzo, la Coordinadora Ciudadana Nacional, erigida en Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano, eligió a las candidatas y candidatos que competirán por las diputaciones locales, alcaldías y gubernaturas en distintas entidades del país en los comicios del 1° de julio próximo.
En ellas y ellos, dijo Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, se depositará el proyecto que enterrará al viejo régimen.
Para las gubernaturas de Puebla, Guanajuato y Yucatán, la Asamblea Electoral Nacional eligió a Martha Erika Alonso, Diego Sinué Rodríguez Vallejo y Mauricio Vila Dosal, respectivamente. En la Ciudad de México, resultaron electos para contender por las alcaldías de Magdalena Contreras, Emelia Hernández Rojas y en Milpa Alta, Octavio Rivero.
Igualmente se eligieron diversos candidatos a cargos de elección popular para la Ciudad de México y los estados de Campeche, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
DESIGUALDAD, EL GRAN TEMA
Uno de los problemas que flagela a México, aderezado perversamente por la corrupción, la impunidad y la inseguridad, es la desigualdad social y la falta de oportunidades que tienen en la pobreza a más de 50 millones de mexicanos.
Apoyado en la recolección, producción y armonización de evidencia llevada a cabo por más de 100 investigadores de cinco continentes, que aportan a WID.world y a la World Wealth and Income Database (red informática mundial interconectada y accesible vía Internet), el Laboratorio sobre la Desigualdad Global (World Inequality Lab) acaba de hacer pública la última evidencia disponible sobre la distribución del ingreso y la riqueza mundiales en el Informe ejecutivo sobre la Desigualdad Global 2018.
El documento ofrece a los actores políticos y sociales lo necesario para participar de forma más informada en los debates sobre la desigualdad económica, originada por la frenética e irresponsable entrega del sector público, esto es, los distintos gobiernos, al sector privado, con el señuelo de que así se crearán más empleos y oportunidades. Es una verdad a medias, porque sin controles públicos, lo único que producen los gobiernos son más millonarios y más pobres.
La desigualdad económica es un hecho generalizado y, hasta cierto punto, inevitable, resumen los investigadores. Pero advierten: “Es nuestra convicción que, en caso que el incremento de la desigualdad no sea debidamente monitoreado y enfrentado, puede llevar a todo tipo de catástrofes políticas, económicas y sociales”.
Advierten además que la toma de estas decisiones complejas es el resultado de procesos políticos y de la deliberación pública. Pero este proceso deliberativo requiere información de mayor calidad y creciente transparencia sobre la desigualdad del ingreso y la riqueza.
Señalan asimismo que las desigualdades económicas están determinadas en buena medida por la distribución de la riqueza, que puede ser de propiedad privada o pública.
¿Países ricos, gobiernos pobres?
Y atención: “Desde 1980 se observa en prácticamente todos los países, tanto ricos como emergentes, transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa del dominio público al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada) ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos (las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones importantes para la desigualdad de riqueza entre los individuos”.
En grave y apretada síntesis: en las últimas décadas, los países se han vuelto más ricos mientras que los gobiernos se han vuelto pobres, y ello es un determinante crucial del nivel de desigualdad de los países.
Un dato para concluir este pasaje: la riqueza privada neta ha experimentado un incremento generalizado en las últimas décadas, al pasar de 200-350% del ingreso nacional en la mayoría de los países ricos en 1970, a 400-700% en la actualidad.
La historia apenas empieza
Hace casi un sexenio, el 15 de septiembre de 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en Nueva York el Día Internacional de la Democracia.
El entonces Secretario General del Organismo, el diplomático sudcoreano Ban Ki-moon, dio un discurso alusivo “para repasar los acontecimientos más significativos en el camino hacia la democracia, una historia en constante evolución escrita por los pueblos de todo el mundo que reclaman el respeto de la dignidad y de los derechos humanos, el fin de la corrupción, el derecho a opinar sobre su futuro, puestos de trabajo, acceso a la justicia y una participación equitativa en la vida política”.
“Esa historia -agregó- está sólo en sus comienzos, porque las democracias no nacen de un día para otro ni se consolidan en un año o con la celebración de una o dos elecciones. Al contrario, exigen un trabajo sostenido y meticuloso; y, sin embargo, una vez que se ponen en marcha, ya no hay vuelta atrás”.
Más claro…