Laura Hernández García
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo y consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de derechos humanos que tiene como objetivo: promover, observar y defender los derechos humanos en el continente americano. Para ejecutar estas labores, la CIDH está integrada por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, los cuales ejercen sus funciones durante un periodo de cuatro años, con opción a ser relegidos una sola vez; ninguno de ellos representa su país de origen.
El 163 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH se celebró los días 3 a 7 de julio en la ciudad de Lima, por invitación del Estado peruano. Durante las sesiones se realizaron 18 audiencias sobre la situación de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.
Por solicitud de las organizaciones mexicanas de derechos humanos, se llevaron a cabo dos audiencias temáticas: la primera sobre los derechos de las personas LGBTI y la segunda sobre Justicia e Impunidad en México. Además, se realizó una audiencia sobre la situación del caso de Amafer Guzmán Cruz y otra que resulta fundamental para todos los mexicanos y mexicanas, la audiencia “Mecanismo Especial de Ayotzinapa”.
Quienes asistimos a este 163 periodo extraordinario realizamos una labor conjunta y solidaria, de manera que el eje de todas las audiencias girara en torno a la violencia que vive la población, la impunidad que padecemos y, en consecuencia, la falta de acceso a la justicia. Todos los defensores de los derechos humanos denunciamos en cada una de las audiencias el espionaje telefónico que ha sufrido la sociedad civil, en concreto el que se ejerce sobre los defensores de derechos humanos, como es el caso de Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el de la periodista Carmen Aristegui, portando un pin y un identificador con el hashtag #GobiernoEspía.
En las audiencias se contó con la participación de víctimas de la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia. A continuación describimos los aspectos más importantes de este periodo de sesiones:
En la audiencia sobre derechos de la población LGBTI se denunció que en México son asesinadas seis personas al mes en función de su identidad de género u orientación sexual. En el periodo transcurrido entre 2007 y 2016 ocurrieron 283 feminicidios de mujeres Trans, situación a la que se suman la falta de datos oficiales y el alto índice de impunidad. Además, se expusieron las omisiones en las sedes jurisdiccionales para proteger y garantizar los derechos de la población LGBTI, así como las situaciones de violencia que prevalecen para esta población en el sistema penitenciario, ejemplificándolas a través del testimonio de Óscar Ramírez, quien fue privado de la libertad por un juicio por prejuicio.
Por parte de la sociedad civil, se propuso la creación de un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio, el cual permita: conocer las condiciones en las que se llevaron a cabo los homicidios de las personas LGBTI y el estatus jurídico de las investigaciones e identificar si los perpetradores son servidores públicos o particulares. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita in loco para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en México.
En la audiencia sobre Justicia e Impunidad se evidenció que en el sistema de justicia mexicano prevalecen niveles alarmantes de corrupción e impunidad, señalando que con frecuencia las investigaciones incluyen diligencias tardías y/o ineficientes. Dicha situación provoca que las evidencias se pierdan, por lo que no se transversaliza la perspectiva de género, no existe un enfoque diferenciado y no se cuenta con servicios periciales independientes.
Para hacer frente a esta problemática se solicitó a la CIDH sumarse a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad, que deberá ser firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Estado de México, en un formato que permita la participación de la sociedad civil mexicana de la manera más amplia posible.
En materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, los representantes del Estado mexicano indicaron que se acordó un plan de fortalecimiento que incluye un mapeo de zonas de riesgo, la creación de unidades estatales de protección para acciones estratégicas, en coordinación con el mecanismo federal, y la elaboración de un protocolo nacional para la protección de personas defensoras.
La CIDH reconoció los avances del Estado mexicano en materia de derechos de las personas LGBTI, tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas, y reafirmó la necesidad de que el Estado invierta esfuerzos para hacer efectivo el principio de no regresividad en el ámbito de los derechos LGBTI.
Además, se señaló que este organismo fue invitado por el gobierno mexicano para que, durante el mes de septiembre, se lleve a cabo el 164 periodo de sesiones en México, reconociendo que esta visita daría la oportunidad de hablar con la sociedad civil para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de la población LGBTI y manifestando su interés de presentar en México el informe regional de la CIDH sobre derechos LGBTI.
En la audiencia de Oficio sobre el Seguimiento del caso Ayotzinapa, quienes representaron a los padres de los estudiantes señalaron que a partir de la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se abrieron nuevas líneas de investigación y se formuló un cronograma de actividades, sin embargo, el Estado mexicano no ha avanzado en la determinación del paradero de los estudiantes y sigue sin deslindar responsabilidades.
En representación de las familias de los estudiantes, Mario González manifestó que el tiempo le ha dado la razón al GIEI, ya que el cronograma entregado por la PGR incluye sus recomendaciones, y exigió que dicho cronograma sea ajustado para entregar resultados en agosto. Por su parte, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos en la audiencia, señaló que “si no fuera por la intervención de la CIDH, el gobierno ya hubiera cerrado el caso”.
Además, los representantes de las familias informaron a la CIDH sobre los actos de espionaje cometidos por el gobierno federal contra representantes de los familiares de los estudiantes, haciendo la referencia a las revelaciones de The New York Times de que el #GobiernoEspía a defensores y periodistas.
Por su parte, el Estado reportó contar con avances en relación a la captación de imágenes por medio de vuelos y respecto del análisis de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos. Además, informó sobre los resultados de las pruebas periciales realizadas sobre el “quinto autobús”, asegurando que se está investigando el trasiego de drogas en autobuses. Finalmente, señaló que investigaría los presuntos hechos de espionaje.
La Comisión hizo hincapié en la obligación del Estado de avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido con los estudiantes; expresó su preocupación respecto a las denuncias de espionaje e informó sobre la recepción de una carta en la que integrantes del GIEI comunicaron que varios miembros del grupo podrían haber sido víctimas de espionaje por parte del Estado mexicano, ya que recibieron mensajes similares a los que se han identificado públicamente como portadores de malware. Al respecto, los comisionados y comisionadas externaron su preocupación y requirieron información al Estado.