LAS BUENAS Y LAS MALAS

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stablecido así por el sistema político que nos rige, ya es costumbre que ante la abundancia de malas noticias los gobiernos mexicanos de todos los niveles se esfuercen por maquillarlas, deformarlas o de plano ignorarlas. Así, convierten estrepitosos fracasos en experiencias positivas, cuando no en triunfos que nadie ve, excepto en las alturas del poder.

Ocurre, sin embargo, que ya no es tan fácil engañar a la gente. “La mula no era arisca, la hicieron”, dice el refrán. Cuando se repite la añeja costumbre del engaño, la gobernanza cojea y la sociedad lo advierte: aumentan así la descon anza, la incredulidad social, la suspicacia, el descrédito del poder y la indignación popular.

No todo gobernante mexicano es un mal funcionario. Lo que pasa es que la sordera, la ceguera, la complicidad, la ley del silencio impuesta por el tótem todopoderoso, tarde o temprano recibe castigo. El abuso y el mal ejercicio del poder salpican, ensucian todo cuanto tienen alrededor. Así, los funcionarios públicos son “ladrones” por definición, los políticos son corruptos por naturaleza, la política se convierte en la práctica de comer estiércol sin hacerle ascos, todos los periodistas son mentirosos y están vendidos al poder.

Es posible que la sociedad mexicana haya perdido su capacidad de asombro, pero no de indignación (todo lo contrario).

¿Quién cree que en realidad el gobierno federal en turno rompió todas las marcas anteriores en materia de creación de empleos?

Apunta Forbes que, en materia de empleo, “la informalidad, el crecimiento débil en los empleos formales y la precariedad en los mismos muestran una radiografía laboral más cruel”, porque la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía deja fuera el empleo informal que prevalece en México: 29.3 millones de personas laboran bajo este esquema; seis de cada diez personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, según registros del propio INEGI. Muchos de los “nuevos” empleos que se reportan realmente no son nuevos empleos, sino regularizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, la copiosa creación de empleos que presume el gobierno federal no se refleja en mejores salarios. Según el INEGI, entre el cuarto trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2016, los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo aumentaron en mil 525 millones de personas; los que ganan de uno a dos salarios mínimos aumentaron en 2 mil 544 millones; los que tienen ingresos de dos a tres salarios mínimos disminuyeron en 258 mil personas; los que perciben de tres a cinco salarios mínimos disminuyeron en 950 mil personas, y los que no reciben ingresos decrecieron en 792 mil.

De acuerdo con el documento Perspectivas Económicas Globales de abril 2017, la tasa de desocupación cerrará el año en 4.4%, por encima del 3.5% reportado en febrero por el INEGI. Para 2018, el organismo que dirige Christine Lagarde espera que el desempleo se ubique en 4.4%.

¿Quién cree en una Ley Anticorrupción sin autoridades independientes que la ejecuten? Los ciudadanos asisten atónitos a los jaloneos acostumbrados entre la partidocracia que “mayoritea” sus caprichos en el Congreso, más proclive a garantizar protección para futuros delincuentes de cuello blanco, que a terminar con un cáncer cuya metástasis destruye vorazmente el tejido social.

He aquí estos datos para documentar nuestro optimismo, diría Carlos Monsiváis:

a) México ocupa el lugar 95 de 168 en el Índice de Percepción de la Corrupción, según Transparencia Internacional.
b) El Banco Mundial reprueba a México al darle una cali cación de 26 (sobre 100) en sus índices de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 153.
c) México es el país más corrupto de los miembros de la OCDE.
d) El índice World Justice Project coloca a México entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos junto a Paquistán, Afganistán, Liberia y Venezuela.
e) México ocupa el lugar 125 de 138 países en desvío de recursos públicos y el 124 en con anza en los políticos (FEM, 2016).
f) De acuerdo a encuestas nacionales, se reporta que según el 55% de los mexicanos la corrupción ha crecido en los últimos doce meses.
g) 4 de cada 10 mexicanos a rma que la corrupción ha crecido en los últimos 6 años.
h) La entidad federativa con mayor percepción de corrupción es la Ciudad de México, donde el 95.1% de sus habitantes considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes.
i) El 64.7% de la población cree que en cinco años la corrupción será mayor en nuestro país.

Garantizar la seguridad y la paz pública es una obligación constitucional del Poder Ejecutivo Federal. En este aspecto, puede afirmarse sin rodeos que el fracaso es vergonzoso. Los hechos, la majestad de los hechos, desnuda toda retórica oficial: elementos de la Armada de México y soldados del Ejército Mexicano sufren ya sangrientas emboscadas de bandas criminales; los enfrentamientos entre fuerzas del “orden público” (vaya calificativo), con narcotraficantes o secuestradores son cada vez más frecuentes.

Una de las “explicaciones” más torpes y recurrentes de las autoridades sobre la violencia cotidiana que se vive en muchas partes de México es que “se trata de bandas criminales que se disputan la plaza”.

Millones de mexicanos quisiéramos que la realidad fuera distinta. Autoridades más eficientes y menos corruptas. Cuerpos policiacos más confiables y menos entramados con el crimen y la delincuencia. Legisladores federales y estatales más comprometidos con la ciudadanía. Menos pobreza. Más empleo. Más portunidades. Menos desigualdad

Más noticias buenas y menos noticias malas. Que no nos caiga encima el fatalismo de aquella copla medieval: “Vinieron los sarracenos/ y nos molieron a palos./ Que Dios ayuda a los malos/ cuando son más que los buenos”.