Armando Lopéz Campa
Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa
La aprobación de la flamante Constitución de la Ciudad de México y sus leyes secundarias ponen a prueba el acceso de la ciudadanía a las decisiones de la capital, y es que desde el proceso para la elaboración del texto constitucional, ha concitado la participación de diversas organizaciones, así como de distintas voces, ávidas porque sus propuestas sean tomadas en cuenta.
Hasta ahora, su participación se ha dado en forma desarticulada y ocasional, y sólo en la medida en que algunos diputados constituyentes y asambleístas han retomado sus propuestas y hecho eco de ellas.
Una vez aprobada la Constitución, ésta estableció en sus artículos transitorios décimo, décimo primero y décimo segundo, que corresponde a la Asamblea Legislativa la legislación secundaria, que es la que determina los mecanismos y pormenores que permiten la aplicación del texto constitucional en tiempo y forma. Para ello, la ALDF conformó cinco mesas de trabajo integradas por diputados de las distintas fuerzas y que se dividen en: Electoral, Alcaldías, y poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo y a diferencia de los 71 artículos de la Carta Magna, en los que se contó con un documento base redactado por un cuerpo asesor integrado por distintos especialistas y que fue discutido por el Constituyente, para la elaboración de la legislación secundaria se partió de cero y bajo criterios de participación conforme a la determinación de cada una de las mesas.
Los trabajos de éstas han sido difíciles en la medida en que al calendario establecido para la promulgación de la legislación secundaria, que genera presión entre los asambleístas como todo plazo fatal, se agrega el desconcierto que causaron las impugnaciones interpuestas, algunas de ellas por partidos que habían aprobado en semanas anteriores el articulado. La dinámica de trabajo se ha visto entorpecida y, en ocasiones, sujeta a maniobras para frenar los avances en materia de apertura y participación.
Claro ejemplo es la legislación secundaria en materia electoral, en la que se dio entrada a una iniciativa elaborada por organizaciones ciudadanas e impulsada por varios diputados para abrir las alcaldías a una conformación plural y evitar el “carro completo” con candados que impedían la sobrerrepresentación permitiendo la integración de concejales de distintas fuerzas.
La iniciativa fue rechazada pese a que constituía un contrapeso a los alcaldes, lo cual representaba un avance significativo en cuanto a democracia y acceso a la ciudadanía, sobre todo si lo vemos a la luz de lo que acontece en la gran mayoría de los municipios del país, donde se constata cómo los regidores no representan ningún obstáculo ni freno a los excesos de los presidentes municipales.
¿Cómo pretenden los partidos políticos elevar los índices de confianza entre el electorado cancelando cualquier posibilidad de fiscalización y rendición de cuentas?
Si queremos terminar con los abusos de poder, impulsar a la ciudadanía para que tenga mayor injerencia en las decisiones de sus representantes es la única vía para alcanzar un mínimo de legitimidad que le dé viabilidad a cualquier gobierno.
Dentro de los argumentos esgrimidos para rechazar la propuesta, destaca el que se le considerara inconstitucional por “contravenir” el texto constitucional y por representar un obstáculo a los gobiernos de coalición, argumentos que dejan ver, por un lado, la persistente preocupación dentro de los partidos tradicionales por el acceso ciudadano a las decisiones, y por otro, cómo cualquier forma de participación ajena a los partidos políticos se considera una amenaza a sus intereses.
Este antecedente permite adelantar que la conformación de órganos autónomos de la ciudad será una reedición del reparto partidista de espacios conforme a negociaciones cupulares, bajo un esquema de tutelaje y lejos de una auténtica representación independiente y ciudadana.
Es claro el sesgo que existe para rechazar temas que mermen o acoten el control que ejercen los partidos políticos en la toma de decisiones de la ciudad o que incrementen la supervisión o fiscalización de las autoridades por parte de entes autónomos.
¿Hasta cuándo entenderán que gobiernos emanados de elecciones que cuando mucho alcanzan un 30% de la votación carecen de representación y, por tanto, de legitimidad?