Coordinador del número 203 de la revista El Cotidiano sobre la nueva Constitución de la Ciudad de México
La democratización de la Ciudad de México, el reconocimiento de su autonomía y la ampliación de derechos para sus habitantes han recorrido un largo y sinuoso camino. A casi cuatro meses de su promulgación, la primera Constitución de la capital enfrenta diversas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Por otro lado, en ríspidos y acalorados debates, la Asamblea Legislativa aprobó el primer paquete de leyes reglamentarias referentes al decreto que contiene la normatividad del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la Ley Procesal Electoral y disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana y del Código Penal.
La Constitución de la Ciudad de México es a la vez expresión del fin de un ciclo en la capital, que va del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno a las elecciones de 2015, y base fundacional de una nueva etapa en la ciudad.
Con los resultados de las elecciones del 2015 se abrió la puerta para una nueva pluralidad política y una nueva distribución del poder provocada fundamentalmente por el enfrentamiento entre las izquierdas partidistas y no por el avance de una oposición proveniente del PRI, con sus partidos satélite, o del PAN.
Sin duda, en la capital se avecina una intensa confrontación electoral en 2018, y la nueva Constitución será un referente inevitable en el debate que las distintas fuerzas políticas sostendrán en busca del consenso y la hegemonía. El texto constitucional determinará el escenario y las normas que regirán la competencia electoral en la que se definirá una nueva correlación de fuerzas, una nueva articulación entre los partidos políticos y los diversos sectores sociales, y en la que se dará una inédita distribución del poder debido a nuevas instituciones como las alcaldías y a la nueva conformación del Congreso local con 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional.
La Carta Magna capitalina se ubica también en un contexto de tensiones y en un conflicto más amplio provocado por el ocaso del gobierno que reinstaló al PRI en Los Pinos y que se suponía llegaba para propiciar otra prolongada estancia del priismo en el poder. En la medida en que esta posibilidad se ve cada vez más cuestionada dando curso a una intensa disputa con miras a la contienda electoral del 2018, para los sectores más conservadores del bloque en el poder resulta inadmisible un referente con el espíritu, la visión y las normas plasmadas en la Constitución de la Ciudad de México por sus inevitables repercusiones nacionales.
A pesar de las múltiples consultas y reuniones que se tuvieron con distintas organizaciones sociales, instituciones educativas y especialistas para la elaboración del proyecto que presentó el jefe de Gobierno, de las múltiples iniciativas ciudadanas que se turnaron a la Asamblea Constituyente, y de las consultas que se realizaron a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, la reforma política de la Ciudad ha tenido un déficit democrático y de legitimidad si consideramos la integración de la Asamblea Constituyente, el bajo porcentaje que alcanzó la votación para elegir a sus integrantes y la escasa difusión que se le dio a este proceso en los medios masivos de comunicación.
Juan Villoro, que fue integrante del grupo redactor del proyecto de Constitución, escribió: “Una Constitución no debe reflejar lo que somos de manera inevitable, sino que lo que razonablemente podemos ser… nuestra tarea consistía en proponer una ciudad deseable, pero no imposible”. Lo que podemos ser razonablemente, y para que la Constitución no se quede en retórica hueca, sólo puede lograrse con una ciudadanía vigorosa, con la capacidad de construir una agenda propia, sustentada en una fuerza social y política capaz de concretar sus principios en un uso común y cotidiano.
Se requiere que la ciudadanía visualice que la nueva Constitución ofrece respuestas para los grandes problemas estructurales de la Ciudad, por ejemplo: el incontrolado y voraz desarrollo inmobiliario, fuente de una extendida corrupción; el suministro de agua; la seguridad pública; la mejora en los servicios urbanos; la movilidad; el medio ambiente; la definición de los criterios sobre la privatización de la gestión y del espacio público; y la superación del antidemocrático esquema del clientelismo electoral.
Cuando la Constitución se ponga a prueba en los hechos, los distintos grupos sociales tendrán que encontrar los cauces para incorporar los temas relevantes de sus agendas legislativas y de gobierno.
Si la reforma política de la Ciudad de México fue posible por un pacto entre las élites de los partidos políticos firmantes, la defensa y reivindicación de los mejores principios plasmados en la nueva Constitución tienen que rebasar el círculo político y conectar con la gran mayoría de los ciudadanos para otorgarle a la nueva Carta Magna la legitimidad con la que debe nacer, así como el reconocimiento y el respaldo de la comunidad política sobre la cual proyecta el conjunto de sus normas, contribuyendo así a la fortaleza de las nuevas instituciones.