Despertar ciudadano

En las elecciones (federales y locales) realizadas el pasado 7 de junio, se empezó a manifestar, con firmeza, el creciente hartazgo de una sociedad desplazada, desposeída, engañada incluso, por la partidocracia tradicional.

Entre otras, dos fueron las sorpresas relevantes:

1. Seis candidatos independientes conquistaron una gubernatura, tres alcaldías, una diputación federal y otra local; apenas media decena de cargos políticos de los 2 mil 159 que estuvieron en disputa. Sus nombres: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (“El Bronco”), el gobierno de Nuevo León; José Alberto Méndez Pérez, la alcaldía de Comonfort, Guanajuato; José Pedro Kumamoto Aguilar, una diputación local en Jalisco; Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, una diputación federal en Sinaloa; César Adrián Valdés Martínez, la presidencia municipal de García, Nuevo León (gobernada antes por “El Bronco”); y Alfonso Jesús Martínez Alcázar, la alcaldía de Morelia, Michoacán.

En conjunto, los seis triunfadores obtuvieron casi millón y medio de votos del total de 39 millones 872 mil 246 que ese 7 de junio se depositaron en las urnas de todo el país. Vale recordar al respecto que solamente votaron menos de la mitad de los mexicanos en edad de hacerlo: el 47.7%, a los que todavía habría que restar el 4.7% que anuló su voto.

Sin embargo, los seis ganadores mencionados no fueron los únicos candidatos independientes. Formaron parte de los 53 mexicanos (la lista original fue de 511 aspirantes a alcaldes, diputados locales, diputados federales y gobernadores), que ese mismo domingo, al margen de cualquier partido político, con todas las dificultades imaginables, lograron competir en el Distrito Federal, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit.

2. Los candidatos ciudadanos fue la otra expresión rotunda del hartazgo social: se dio particularmente en el estado de Jalisco, con la progresiva determinación del electorado de apoyar a liderazgos genuinos surgidos de la sociedad.

Postulados y apoyados por Movimiento Ciudadano, con la firme guía política de Enrique Alfaro Ramírez (ganador de la presidencia municipal de Guadalajara), se obtuvieron: 24 alcaldías, incluida la capital de Jalisco; 15 diputaciones estatales (nueve de ellas por voto directo) y 15 federales: diez de mayoría y cinco de representación proporcional.

Seis de los municipios ganados forman parte de la zona metropolitana, que con la capital de Jalisco, conforman el conglomerado urbano más grande de la República. Son ellos: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Los votos conquistados en los 24 municipios fueron 790 mil 575.

Sin embargo, no fue ni ha sido fácil este esforzado avance de la voluntad ciudadana en contra de la partidocracia. La fortaleza política y electoral construida en Jalisco desde 2012 por Movimiento Ciudadano y sus líderes, significó enfrentarse a toda clase de artimañas instrumentadas por el partido en el poder y sus aliados, coludidos con la élite gobernante.

A casi diez días de las elecciones, en conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad de México, Enrique Alfaro denunció públicamente: amenazas a su familia (su esposa, Lorena Martínez, llegó a presentar dos denuncias sobre el particular); intervención ilegal de sus llamadas telefónicas; aparición de lonas y volantes difamatorios en su contra, así como entrega de despensas falsas con propaganda de Movimiento Ciudadano.

Además, Leonel Sandoval, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco y padre del gobernador Aristóteles Sandoval, participó en diversas reuniones de planeación de las campañas electorales del PRI en el estado; en una de ellas, afirmó que su hijo estaba “poniendo todo de su parte, todo el apoyo que se le puede brindar a Ricardo Villanueva” (candidato a alcalde por el PRI en Guadalajara).

Campaña similar tuvo que soportar Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, candidato independiente a gobernador de Nuevo León.

Tres semanas antes de la elección, por las redes sociales de esa entidad circularon mensajes difamatorios, presuntamente orquestados desde el palacio de gobierno, en apoyo de su adversaria priista. A esas alturas, el triunfo de Rodríguez Calderón, a quien se sumó Movimiento Ciudadano con su candidato Fernando Elizondo, estaba anunciado por todas las encuestas.

En estas campañas de desprestigio, producto de la desesperación y del bajo nivel de cultura política prevaleciente en México tras décadas de monopartidismo hegemónico, todo salió a relucir impunemente: espionaje, calumnias, intromisión en la vida privada de los candidatos, acusaciones sin sustento…

Larga lucha

La reforma política instrumentada en 2012 no fue fortuita ni producto del azar. Fue el resultado (incompleto y perfectible todavía), de décadas de hegemonía monopartidista surgida en el México post revolucionario, en cuyo seno se gestó y fortaleció una élite privilegiada que paulatinamente desplazó del poder a los ciudadanos.

Ese año se aprobó y se incorporó a la Constitución la figura de “candidatos independientes”, que había sido prohibida desde 1946. Aunque la reforma constitucional debió ser reglamentada en agosto de 2013, fue hasta 2014 cuando se acordaron las normas respectivas, con requisitos draconianos para quienes aspiraran a ser nominados formalmente como candidatos independientes a gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y locales.

El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en su libro séptimo, regula a las candidaturas independientes.

Mediante una acción de inconstitucionalidad, el 20 de junio de 2014 Movimiento Ciudadano calificó esta lesiva regulación de “excesiva, ridícula y perversa”, porque “tiene como objetivo que las candidaturas independientes no tengan oportunidad alguna de competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos”.

Los obstáculos de la partidocracia

La participación ciudadana, advirtió entonces Movimiento Ciudadano, está en riesgo y frente a un retroceso histórico, porque la misma ley que crea las candidaturas independientes, las obstaculiza, sobre regula y burocratiza, volviéndolas totalmente inviables. ¿Cuáles fueron los señalamientos legales con los que Movimiento impugnó lo que llamó “los obstáculos de la partidocracia”?

• Las actividades de los partidos políticos son reguladas por una ley que tiene 97 artículos, en tanto que la normatividad para regular las candidaturas independientes (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), cuenta con 82 artículos.
• Los candidatos independientes deben cumplir con 16 obligaciones y tienen sólo ocho derechos.
• La reforma fue resultado de un acuerdo cupular de los partidos dominantes.
• La norma debería permitir a los ciudadanos ser votados en procesos electorales sin necesidad de pertenecer a un partido político, pero en la práctica
• limita y hace casi imposible que un ciudadano alcance una candidatura independiente y compita en condiciones equitativas.
• No otorga igualdad de derechos ni oportunidades a los candidatos independientes que pretendan postularse por un cargo de elección popular. En comparación con los partidos políticos, los ciudadanos tendrán que enfrentar:
• Más requisitos que cumplir para registrarse.
• Mucho menor financiamiento.
• Menos tiempo en los medios de comunicación.
• Excesiva fiscalización y mayor rigor en las sanciones.

¿Por qué es tan difícil cumplir con esta ley? Vayan estos ejemplos, entre muchos otros:

• Para obtener el registro de partido político se fija un plazo de 12 meses a fin de entregar toda la documentación requerida. A las candidaturas independientes se les otorgan: cuatro meses para la candidatura presidencial; tres meses para el Senado y dos para una candidatura a diputado. Así, los candidatos independientes tienen menos tiempo para organizarse que el otorgado a los partidos que, además, cuentan con estructura financiada y un posicionamiento previo.
• Mientras a los partidos políticos se les exige un porcentaje no inferior al 0.26% del padrón electoral, a las candidaturas independientes se les obliga a reunir el 1% de la lista nominal nacional para la candidatura presidencial y el 2% para senadores y diputados en sus respectivas entidades y distritos.
• Un candidato independiente a la presidencia de la República debe reunir alrededor de 800 mil simpatizantes, casi cuatro veces más que lo que se exige a un partido político de nueva formación; y debe hacerlo en cuatro meses, es decir, en un tercio del tiempo concedido a los partidos.
• Un candidato independiente debe anexar a su solicitud de registro copias de credenciales de elector de sus simpatizantes, mientras que los partidos políticos no tienen esa obligación.
• Los partidos políticos reciben un financiamiento adicional para precampañas y campañas, a partir del porcentaje de votación obtenido en la elección anterior. En cambio, los candidatos independientes reciben sólo una bolsa de la tercera parte del 2% del financiamiento público destinado para campañas, que debe repartirse entre el número de candidaturas que se presenten en cada uno de los tres tipos de cargos a elegir.
• En el caso de que existiera sólo una candidatura independiente presidencial, la ley lo limita a recibir solamente 17 millones 141 mil 720 pesos, cuando el tope de gastos de campaña de la elección presidencial de 2012 fue de 336 millones 112 mil 84 pesos.
• Y hay mucho más. Es insuficiente este espacio para enumerar todas las trabas impuestas por la partidocracia.

Cierto, el 7 de junio pasado fue la primera vez en casi 70 años que ciudadanos sin partido pudieron contender por cargos a nivel federal. Pero mientras legisladores de la partidocracia festinaban “el avance democrático”, politólogos, académicos y activistas consideraron que los requisitos exigidos resultaron excesivos y anticiparon que limitarían la participación de los aspirantes.

En entrevista, César Astudillo, especialista en temas electorales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó antes del proceso: “Se regularon las candidaturas, pero se regularon con un conjunto de requisitos excesivos, fuera de toda proporción, irrazonables, y el mensaje que da la clase política es que es una figura que no le simpatiza, y entre más piedritas en el camino se le puedan poner, mejor”.

De ahí la valía política de los triunfos de candidatos independientes y liderazgos ciudadanos reseñados aquí. Los obstáculos que han tenido que vencer son inmensos.

Nos hemos referido en este espacio al proceso de ambiciones y corrupción que generó la Revolución triunfante, a las pugnas de facciones que bañaron de sangre al país y de cómo, para apaciguar pasiones y tensiones, desde el poder Plutarco Elías Calles creó un partido hegemónico que, en los hechos, no ha dejado de gobernar a México desde 1929.

La post revolución prohijó cacicazgos que, a su vez, construyeron un sistema político fríamente calculado para conservar el poder. Los poderes fácticos se incorporaron al sistema: medios, empresarios y algunos sectores clericales.

Los triunfos electorales del PAN en los años 2000 y 20006 no significaron para México transición democrática alguna. Desplazada e impotente, la ciudadanía solamente atestiguó la alternancia autoritaria dentro del mismo modelo que, con excepciones, ha vivido el país desde 1929. Maquillados, los cacicazgos siguen presentes en la vida nacional.

Las trapacerías electorales están vigentes. La anulación de la reciente elección de gobernador en el estado de Colima, donde la intervención del poder público fue de un descaro monumental, constituye un ejemplo y una advertencia: la lucha por la reivindicación ciudadana continúa.

Hace décadas que el sistema político se legitima con procesos electorales que en realidad no lo son. Y no lo son porque ningún cambio real, ninguna transición democrática, ningún avance hacia condiciones plenas de libertad, equidad, igualdad y justicia, ha derivado de ese modelo electoral que urge modificar. Porque, en el fondo, de lo que se trata no es solamente de tener elecciones, sino de que éstas sean genuinamente libres, auténticas y de calidad, no actos de simulación.

En los estados, la expedición de leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó las candidaturas independientes, ha revelado la existencia del pánico de algunos caciques modernos, gobernadores convertidos en reyezuelos, ante el despertar del poder ciudadano. Hacen todo lo posible por frenar el avance ciudadano. Casos como los de Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Chihuahua son paradigmáticos.

¿Qué desean los ciudadanos? Que las elecciones sean limpias y confiables; que desaparezca la razonable desconfianza ante un poder público que simula y engaña; que no haya compra ni coacción de votos; que se castigue con rigor a quienes usan y han usado en el pasado reciente recursos públicos para imponer falsas victorias; que los poderes fácticos saquen las manos de las urnas y, sobre todo, que se respete la voluntad de quien es fuente auténtica de poder: el ciudadano.