Luis Gutiérrez Rodríguez
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
Una de las tareas de los intelectuales consiste en esforzarse por enfrentar, con la inteligencia, la cultura y el conocimiento, todo aquello que en una sociedad democrática pretenda limitar las libertades humanas, particularmente la del pensamiento y la comunicación.
Se da el caso de que esa pretensión generalmente proviene del poder, que incluso llega a montar toda una estrategia para anular, acotar, eliminar, seducir o corromper aquello que amenace o estorbe sus objetivos. Es el caso de México.
El autor de estas líneas tuvo conocimiento directo de una anécdota sobre el tema, en la que el protagonista intelectual fue el gran escritor don Martín Luis Guzmán. Con Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la República y Luis Echeverría en la Secretaría de Gobernación, Don Martín no reparó en justificar, desde las páginas de la revista Tiempo, que fundó y dirigía, la sangrienta represión gubernamental durante 1968, que culminó trágicamente el 2 de octubre de ese año en Tlatelolco; inclusive llegó a dedicar una portada al cuerpo de granaderos, por encima de la protesta formal de quienes formábamos la plantilla de reporteros.
Un año después, en el otoño de 1969, Martín Luis recibió una escueta llamada telefónica del secretario Echeverría: “Don Martín, le va a llamar Alfonso Martínez Domínguez para pedirle un favor de parte del señor presidente de la República; le ruego que acepte”. Al día siguiente le llamó Martínez Domínguez, entonces líder nacional del PRI, para solicitarle que fuera candidato del partido oficial al Senado de la República, por el Distrito Federal; Martín Luis aceptó e hizo campaña en mancuerna con Alfonso Sánchez Madariaga (integrante del grupo de líderes obreros llamado “los cinco lobitos”, fundadores de la CTM: Fernando Amilpa, Vicente Lombardo Toledano, Jesús Yurén y Luis Quintero Gutiérrez, todos ellos incondicionales de Fidel Velázquez). Por supuesto, Martín Luis y Sánchez Madariaga fueron senadores priístas.
Casos como éste se han repetido en la historia del sistema político: escritores, poetas, prestigiados académicos y periodistas (desde directores a columnistas y reporteros), han sido embajadores, secretarios de estado e inclusive amanuenses, cuando no disciplinados cortesanos del poder público. En la mayoría de los casos la cooptación ha sido en efectivo. En otros, la seducción se maquilla con vinos finísimos (y carísimos), invitaciones especiales a giras en el extranjero, obsequios de obras de pintores de renombre… etcétera.
Por si faltara algo en esta tragicomedia, en la que todos hemos sido víctimas o actores, los apotegmas electorales han sido abundantes: desde el “arriba y adelante” de Luis Echeverría, hasta el “mover a México” de nuestros días, sin olvidar la prometida “renovación moral de la sociedad”, que ofreció Miguel de la Madrid y que nunca llegó.
En medio de la tragicomedia descrita, el sistema político sigue aferrado a un modelo económico empobrecedor, fracasado en muchos países, que ha hecho más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, y en medio del emparedado aplastó a una clase media que batalla por recuperar su identidad. Una decena de mexicanos figuran entre los potentados multimillonarios del mundo, aunque en amarga paradoja México está en la lista de los países más corruptos, inseguros y violadores de derechos humanos del planeta.
Unas cuantas familias detentan el poder financiero ante casi 60 millones de mexicanos víctimas de la pobreza. Y van por más.
En julio del 2008, la publicación digital Sentido Común, que regularmente enlista a los personajes más rico de México y el mundo, reveló que las 39 familias más ricas de nuestro país acumulaban en total 135 mil millones de dólares, es decir el 13.5% del PIB nacional de entonces. Pero apenas en marzo de 2014, la revista Forbes México publicó los nombres de diez familias mexicanas que concentran 132 mil 900 millones de dólares.
Por legítimas que sean esas fortunas, el hecho es que hacen más profunda la discordancia, la desunión nacional. Y con ello el rencor, la frustración, el hartazgo, la indignación. La equidad social y la igualdad frente a la ley resultan mitos ante tan abominable distribución de la riqueza. Los discursos, la retórica, las promesas, las reformas reiteradamente prometidas, resultan vacuas y hasta frívolas para “el otro México” ignorado por el poder.
El mismo poder que tiene a millones de mexicanos bajo el embate mediático, retórico, publicitario, machacón e irreal, que desde hace décadas le jura y perjura a los ciudadanos que el sistema político está sabiamente dirigido por emisarios de la modernidad, que habrán de llevar al país al primer mundo.
Ni Honorato de Balzac habría podido desmenuzar a los personajes de la “Tragicomedia humana” que se cierne sobre los últimos 100 años de la historia nacional. El esfuerzo del escritor jalisciense José Agustín Ramírez Gómez es, sin duda, un valiosísimo estudio psicológico, político y vital del sistema político mexicano.
Se antoja difícil borrar o intentar siquiera el inicio de una cuenta nueva en la relación entre el poder y la ciudadanía, ante la abrumadora cadena de sucesos que han atropellado una y otra vez esa vinculación deseable.
Las represiones estudiantiles en la Universidad de Sonora, en marzo de 1967; el allanamiento militar de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, por el ejército en 1967 (en 1949, durante un mitin, la planta estudiantil ya había sido ametrallada por policías y militares); en 1956 fue clausurado el Internado del Instituto Politécnico Nacional luego de una incursión militar.
Durante 1958-1959, el ejército reprimió las huelgas de ferrocarrileros, maestros disidentes, petroleros y telegrafistas, liderados rieleros y educadores por dos dirigentes históricos del sindicalismo mexicano: Demetrio Vallejo y Othón Salazar, y apoyados por otro gran líder: Valentín Campa.
En 1960 la cárcel preventiva de Lecumberri en el Distrito Federal se atiborra de presos políticos: David Alfaro Siqueiros y Valentín Campa son dos de sus huéspedes notables; en diciembre de ese mismo año estudiantes y campesinos marchan y exigen libertades políticas y una reforma agraria integral, pero responden las balas y caen varios muertos; el 23 de mayo de 1962 fue secuestrado y asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo Méndez, viejo combatiente zapatista, incansable luchador por las causas del campo y ex candidato a gobernador del estado de Morelos; en el ataque también perdieron la vida su esposa Epifania Zúñiga (con avanzado embarazo) y sus hijos adoptivos Enrique, Filemón y Ricardo. La autoría se atribuyó a militares por testigos presenciales (Contralínea, 24 de mayo de 2009); además, los criminales emplearon armas y municiones de uso exclusivo del Ejército y la Policía Judicial Federal.
En noviembre de 1964 inició un paro de labores la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. Seis meses después, el 26 de mayo, policías y granaderos asaltan los hospitales 20 de Noviembre del ISSSTE y Colonia, de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Dos años y ocho meses después de la muy reseñada y cruenta represión de Tlatelolco (2 de octubre de 1968), el 10 de junio de 1971 (día de la festividad del Jueves de Corpus), un grupo numeroso de paramilitares denominados “halcones” reprimió a tiros a centenares de estudiantes en la Calzada México-Tacuba; los jóvenes marchaban en demanda de la liberación de presos políticos, la derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para exigir la desaparición de porros en diversos planteles de enseñanza media y superior. El coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, declaró en la PGR que supo de los hechos (en los que hubo heridos y víctimas mortales), “por medio de la prensa”. Pero 13 días después de los hechos, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a un ex “halcón” con 50 credenciales de los jóvenes agredidos y dos tarjetas en las que Díaz Escobar habría retransmitido órdenes del jefe del Departamento del DF, Martínez Domínguez. Después se supo que Escobar dirigía a los “halcones” desde 1966.
El 2 de julio de 1988, cuatro días antes de los comicios presidenciales, fueron asesinados Javier Ovando Hernández y su secretario Román Gil Heráldez. El primero, abogado, pertenecía al Frente Democrático Nacional (después Partido de la Revolución Democrática), cuyo candidato era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; se le había comisionado para recoger los resultados de la elección presidencial en todo el país.
En 2010 ocurrió la masacre de Villas de Salvárcar, crimen cometido por presuntos narcotraficantes. Aproximadamente 60 estudiantes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua estaban en fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, cuando fueron sorprendidos por un comando armado de al menos 20 sicarios. Murieron 16 estudiantes y 12 más resultaron heridos.
¿Ahora sí?
Estas dos palabras podrían resumir la esperanza de millones de mexicanos, abrigada desde los años 80, cuando (una vez más) gobierno y partido en el poder aseguraron que, ahora sí, llegaría el cambio anhelado. Se habló de recuperar el ensueño revolucionario, de abatir la violencia y de incorporar a México a la modernidad con principios éticos, con equidad social, bienestar, justicia… Ofertas refrendadas por el gobierno actual.
Pero han continuado la violencia, el asesinato, la impunidad, los abusos del poder, la inseguridad, los feminicidios, las de- sapariciones forzadas, los secuestros, las venganzas políticas, los magnicidios, los asesinatos de periodistas, la represión a indígenas. El grueso expediente de la tragicomedia nacional se ha seguido abultando.
En noviembre de 1984 fue asesinado en una emboscada el dirigente cañero y diputado federal veracruzano Roque Spinoso Foglia.
Año y medio después, en julio de 1986 y en otra emboscada, asesinaron en Álamo, Veracruz, al líder agrario Neftalí Estrada y al político y periodista tuxpeño Demetrio Ruiz Malerva.
Colosio y Ruiz Massieu
El asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994, fue un magnicidio en cuya investigación abundaron el desaseo, las deficiencias y las sospechas. El sitio del crimen fue precipitadamente transformado y la captura del solitario asesino, cuya fisonomía se percibió cambiada en cuestión de horas, dejó dudas que prevalecen a 21 años de los hechos. Frustrado candidato del PRI a la Presidencia de la República, la muerte de Luis Donaldo levantó una inmensa duda sobre el arribo al poder del candidato sustituto, priísta de nuevo cuño: Ernesto Zedillo Ponce de León y ensombreció la vida de México.
Abogado, ex gobernador, ex director del Infonavit, ex secretario general del PRI, político, priísta de vieja data y además cuñado del todavía presidente Carlos Salinas de Gortari, el guerrerense José Francisco Ruiz Massieu fue victimado por otro solitario asesino, Daniel Aguilar Treviño, la mañana del 28 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México. Ello no obstante, en su declaración ministerial Aguilar Treviño reveló los nombres de Fernando Rodríguez González y a los ex diputados Manuel Muñoz Rocha y Abraham Rubio Canales como presuntos autores intelectuales del crimen. Otro involucrado fue un hermano del presidente de la República, Raúl Salinas de Gortari, quien finalmente fue procesado (y absuelto recientemente) por otros delitos. Manuel Muñoz Rocha simplemente desapareció y nadie supo nada de él.
Aguas Blancas y Acteal
La masacre de Aguas Blancas, perpetrada el 28 de junio de 1995, ha sido documentada como un crimen de Estado cometido por la policía del estado de Guerrero en un vado del municipio de Coyuca de Benítez. En total 17 campesinos resultaron muertos y heridos 21 más. Agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon contra integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que exigían la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes antes en Atoyac de Álvarez.
El 22 de diciembre de 1997, mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron asesinados por paramilitares 45 indígenas tzotziles. Entre las víctimas había 16 niñas, niños y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas.
Fox y Calderón
La estrategia de represión no ha sido privativa de los gobiernos priístas. La violencia se ha extendido, ha sentado sus reales y contaminado la vida política nacional. El informe sexenal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sobre el gobierno del panista Vicente Fox, da cuenta de “la sistemática violación a los derechos humanos”. Este reporte, emitido a 13 días de que terminara el mandato de Fox (noviembre de 2006), señala que durante su sexenio se presentaron 117 desapariciones forzadas.
Por otra parte, según recuento del diario Excélsior publicado en septiembre de 2011, en los primeros cuatro años y medio del sexenio de Felipe Calderón (en el que la “guerra contra el crimen organizado” fue bandera del gobierno), fueron asesinados 174 funcionarios (entre ellos 32 alcaldes), de los cuales 83 eran jefes policiacos.
Y hubo otros asesinatos que no correspondieron precisamente a funcionarios. Dos ejemplos ilustran este trágico expediente: 1) la emboscada, una mañana de junio de 2010, en la que fue asesinado el candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en la carretera Victoria-Soto La Marina; 2) el secuestro, el 12 de noviembre de 2012, de María Santos Gorrostieta, ex alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán. Unos desconocidos la raptaron frente a su hija menor y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en Cuitzeo, con señales de tortura y dos golpes mortales en la nuca.
Salvo los periodos de profunda frustración ciudadana que dejaron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, el hecho es que en el curso de su historia los gobiernos del régimen de la Revolución (por encima de los cambios de nombre de su partido), desde la posición privilegiada que da el poder, han respondido sistemáticamente a las protestas sociales por medio de la represión, hasta convertirla virtualmente en política de Estado. Innumerables y significativos hechos históricos, reseñados aquí con brevedad y con omisiones indeseables pero forzosas, dan cuenta de ello.
El balance del actual gobierno priísta prácticamente está realizado por la ciudadanía: empecinamiento en unas reformas cuyos beneficiosos resultados para la ciudadanía no aparecen por ningún lado; una reforma fiscal virtualmente fracasada; la energética, en doloroso parto a causa del descenso (nunca previsto) de los precios del petróleo; la necedad de presumir listas de delincuentes detenidos mientras ciudadanos inermes e inocentes, civiles, líderes sociales, policías y militares son emboscados y asesinados cotidianamente por bandas criminales. Y un nauseabundo escenario de corrupción e impunidad… desde las alturas.
El Ciudadano ha reseñado puntualmente los indignantes (e impunes aún) crímenes de Tlatlaya, así como el asesinato y la desaparición forzada de jóvenes estudiantes normalistas en Iguala y Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Indignación y hartazgo
El clamor, la indignación, el hartazgo, la exigencia de un nuevo sistema de justicia construido sobre principios éticos y morales, el ¡ya basta! de la ciudadanía agraviada recorre todos los rincones de la nación.
Y sin embargo, parafraseando a Tito Monterroso, el problema, el gigantesco problema convertido ya en cínico desafío, es que el dinosaurio sigue allí, a la mitad del camino.
Hay que hacerlo a un lado.