Sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad no hay desarrollo. Son como las partes cóncava y convexa de un espejo; están unidos los dos conceptos de forma indisoluble
Hay muchas definiciones de seguridad. La que más me gusta es una que hace años acuñaron los colombianos -expertos en el tema, como nos estamos convirtiendo nosotros- y que dice que la seguridad es “el derecho a vivir sin miedo”. A los mexicanos hace tiempo que se nos ha negado ese derecho. Vivimos con miedo, cada vez con más miedo. No hay día en que no nos enteremos, de viva voz, por las redes o por la prensa, de la comisión de diversos delitos, cada vez más violentos, cada vez más escandalosos, cada vez más cerca de nosotros. Y en la medida en que se multiplican crímenes y delitos, se multiplica nuestro miedo, se abonan nuestras preocupaciones, crece nuestra desconfianza hacia todo y hacia todos, pero, en particular, hacia los gobiernos que tienen entre sus tareas la de brindar seguridad a los ciudadanos de este país; una tarea que han dejado de cumplir a cabalidad.
La seguridad no es un tema policíaco. Es un grave error concebirla así. Es más, cuando se recurre a la policía es porque ya se falló en muchas otras instancias que debieron haberse abordado y resuelto previamente. La principal fuente de la inseguridad es la injusticia social. Bien decía el sabio jurista mexicano, Sergio García Ramírez: “No pidamos a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social”. Certísimo.
Justicia es, como la concibió Ulpiano, “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quién lo que le corresponde”. En México nunca se ha tenido la voluntad de dar lo que le corresponde a cada quién. La injusticia en nuestro país es crónica y endémica; ha existido siempre y en todos lados. Esta injusticia significa que se han repartido de forma desigual las oportunidades de estudiar, de trabajar, de emprender, de tener un patrimonio, de formar una familia, de vivir en paz, en pocas palabras. No hay policía que alcance si no se tiene una justicia social amplia, fluida y satisfactoria para todos.
Es realmente grave que, en cuanto a justicia social, no sólo no hemos avanzado, sino que haya un retroceso que significa que cada vez tengamos más pobres y marginados.
No quiero decir con esto que la pobreza es la principal fuente de la criminalidad. No, en absoluto. Sería un error y una injusticia afirmar esto. “Detrás de toda gran fortuna hay siempre un crimen”, escribió Hemingway. Ni es verdad eso en cuanto a las fortunas, ni es cierta la presunción de que la pobreza es la fuente del delito. Lo que sí es fuente del crimen es la injusticia, la marginación; el sentirse desprotegido por su propio país, por sus instituciones; el ser tratado en forma desigual. Por mi trabajo me ha tocado entrevistar a innumerables delincuentes. En todos ellos he encontrado un profundo resentimiento social y una justificación para sus actos. De ese resentimiento brotan todas las justificaciones imaginables. En pocos he hallado alguna muestra de arrepentimiento.
En el tema de seguridad, muchos gobiernos comienzan su gestión comprando patrullas, armas y chalecos antibalas y exhibiéndolos en vistosas ceremonias destinadas a alimentar notas de prensa y publicaciones en redes. Pero no alimentan la confianza de la gente. Anuncian más represión, como si ésta fuera el remedio, y no hacen nada por mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Lo que debe hacer todo gobierno para combatir la inseguridad es, en primer lugar, promover la justicia social. Fincar en su ámbito de competencia las condiciones para que la gente tenga trabajo, un buen trabajo, bien remunerado y con trato digno. Para que todos tengan acceso a una adecuada educación, que incluya valores éticos y compromiso social y que esté, por supuesto, acompañada del buen ejemplo de los gobernantes, cosa que rara vez se da, pues muchas veces son ellos los primeros en quebrantar las leyes. Se deben favorecer las condiciones físicas para que los ciudadanos vivan con dignidad, sin terregales, sin basura, con agua, drenaje y vialidades suficientes.
Sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad no hay desarrollo. Son como las partes cóncava y convexa de un espejo; están unidos los dos conceptos de forma indisoluble. Pero se debe empezar por algo. Y, sin descuidar el aspecto estrictamente policíaco, un buen gobierno debe atender las necesidades sociales de toda su comunidad, mejorar las condiciones de vida, sembrar armonía entre sus habitantes y respetar los derechos de todos. Debe ser el gobierno el primero en respetarlos y, con ello, poner un ejemplo pedagógico.
Una buena administración, en este caso municipal, debe promover un desarrollo urbano que garantice la vida armónica de quienes viven en su comunidad; no como ahora, que se tiene la infausta tendencia a favorecer los intereses económicos de los que desarrollan fraccionamientos y construyen edificios. Se deben eliminar callejones oscuros y multifamiliares sin espacios al aire libre. Se deben acercar los lugares de residencia a los lugares de trabajo con un buen diseño de las ciudades y con un sistema de transporte público barato, cómodo y funcional. Las ciudades deben ser espaciosas, iluminadas, con vías rápidas de comunicación y lugares de convivencia. Lugares en donde la gente de todos los orígenes conviva, se vea, se conozca y se reconozca y, finalmente, se acepte como es y se respete. Éste es el principio de la seguridad. Estos modelos de urbanización deben estar acompañados de servicios públicos que funcionen y sean eficaces en la atención a los ciudadanos. Hay menos delincuencia en ciudades con buenos servicios de alumbrado, con buen cuidado de los árboles y sin acumulaciones de basura; con calles y banquetas bien pavimentadas y bien señaladas.
En el tema estrictamente policíaco se debe dar preferencia a la prevención del delito. Es igual que en la medicina: es más fácil, más barato y de mejor pronóstico prevenir las enfermedades que pretender curarlas. Muchas veces ya no hay remedio, o lo hay después de gravosos gastos y sufrimientos indecibles. Sucede igual con el delito, es mejor evitar que se cometan, que pretender sancionar a los responsables -cosa que rara vez ocurre- y aún más reparar los daños del ilícito. ¿Cómo reparar una muerte? ¿Una violación? ¿La adicción de un muchacho?
Por eso la policía debe ser eminentemente preventiva. Debe sujetarse al modelo policíaco de proximidad o de contacto, que es el que prevalece en el mundo civilizado. Los miembros de las corporaciones deben ser seleccionados cuidadosamente dentro de la comunidad a la que habrán de servir. Y luego de haber sido capacitados meticulosamente, dedicarse a servirla, manteniendo ese contacto y ese afecto originarios que les permitan seguir considerándose como miembros de ella y ser vistos así por los demás. Es éste el único modelo que funciona. La represión y el uso de la fuerza deben dejarse al último, sólo cuando ya no hay otro remedio y siempre, siempre, dentro del marco de la ley.
En fin, el tema de la seguridad es muy complejo y tiene muchas vertientes. Lo que no debemos perder de vista es que la única manera de lograr la paz en nuestras comunidades es manteniendo la paz interior en cada uno de nosotros: “Pax Intrantibus”. Y la fórmula ideal para lograr eso es, simple y sencillamente, a través del imperio de la justicia.