Luis Gutiérrez Rodríguez
Entrevista de El Ciudadano con el Dr. Raúl Trejo Delarbre
Las agresiones a periodistas, ominosa limitación a la libertad de prensa
Sin estado de derecho, guerrilla y narcotráfico pueden hacer causa común
Se trata de la más ominosa limitación que padece hoy en día la libertad de expresión en nuestro país. A los periodistas los atacan fundamentalmente las pandillas de delincuentes que quieren ocultar información o, en otros casos, propiciarla de acuerdo con sus intereses. El poder público, el gobierno en todos sus niveles, tiene la obligación no solo de castigar tales agresiones sino, antes que nada, de evitarlas. Lo que se hace en tal sentido es importante, pero sigue siendo insuficiente. También falta exigencia por parte de la sociedad y de los periodistas. La violencia contra la prensa debiera concitar la indignación y la acción de los periodistas mexicanos de todas las adscripciones, pero lamentablemente, las suspicacias y la indolencia se amalgaman para evitar que los informadores presenten un frente común para defender a sus colegas afectados por amenazas de la más variada índole.
Desafían la gobernabilidad y, junto con ella, derechos básicos de la sociedad como el derecho a la información. Desde luego el papel de los medios en las zonas más afectadas por la delincuencia debería ser, precisamente, informar. En la medida en que los hechos, incluso los hechos delincuenciales, son difundidos y explicados con claridad, la sociedad cuenta con mejores elementos para defenderse. Por eso no es casual que los grupos delictivos cuenten con sus propias agendas en materia de información. También los criminales tienen intereses y presionan para propalar noticias que les convengan y para ocultar hechos que no les favorecen. En tales condiciones, la independencia y el profesionalismo de los medios se convierten en valores esenciales para el ejercicio de la comunicación y, de manera más amplia, para la supervivencia de la sociedad. Sin embargo, ejercer tales atributos resulta muy difícil en situaciones de conflicto, con amagos a periodistas, como las que se mantienen en varias regiones del país. Desde fuera es muy sencillo exigirles templanza, honestidad y valentía a los periodistas que se desempeñan en contextos de amenaza. Además de entender tales situaciones y restricciones, es preciso combatirlas como parte del enfrentamiento más amplio a la delincuencia organizada.
Son asuntos distintos. Al menos lo son si las llamadas autodefensas surgen para combatir a grupos de narcotraficantes (incluso en la hipótesis de que algunas de ellas sean promovidas por otras pandillas criminales para enfrentar a sus rivales o competidores). Las guerrillas, en cambio, tienen motivaciones políticas. Para efectos de análisis, es preciso ubicar a cada grupo según sus orígenes y pretensiones. Pero también hay que reconocer que en contextos de evaporación del régimen legal, los interesados en el debilitamiento de las instituciones pueden hacer causa común. Guerrillas y narcotráfico han coincidido en demasiadas ocasiones en la historia reciente de América Latina.
Muchos medios de comunicación en México se consideran ajenos al compromiso con ese principio, o la responsabilidad la asumen de acuerdo con sus intereses y no según los requerimientos de la sociedad. La libertad de información tiene responsabilidades correlativas a la importancia enorme que alcanza en las sociedades contemporáneas. Esas responsabilidades (verdad, claridad, honestidad, entre otras), solamente pueden cumplirse de manera cabal si hay reglas completas y a la vez actuales para los medios de comunicación, y si existen mecanismos para hacerlas realidad. La libertad de prensa, para responder a la pregunta específica, es inalienable. No concibo un contexto democrático en donde esa libertad no esté garantizada y en donde no se ejerza de manera regular. Para ello, otra vez, hacen falta reglas e instituciones. Las leyes en estas materias han estado atrasadas durante demasiado tiempo en México. Pero además, y sobre todo, se requiere de la exigencia, la vigilancia y el compromiso de la sociedad, de los ciudadanos, con esa libertad de prensa. Y allí se encuentra el principal déficit que seguimos padeciendo para que la libertad de prensa sea realidad cotidiana y no solamente aspiración esporádica.
La autocrítica sería útil, especialmente si reconocemos que hay pocos sectores tan reacios a ella como el de los medios de comunicación. Cuando en el gremio de los periodistas se ha vuelto apotegma considerar, para decirlo de manera cruda, que “perro no come carne de perro”, es porque nos encontramos ante una amplia y reiterada conducta de autodefensa y complacencia corporativas.
Lo que hace falta son leyes que a la vez que la libertad de prensa, reivindiquen derechos de la sociedad como el derecho de réplica. Los defensores de las audiencias pueden ser recursos útiles para la regulación dentro de cada medio, pero de ninguna manera sustituyen al orden jurídico. Siempre será deseable que el reclamo de una persona afectada por el contenido de algún medio se resuelva pronto y de manera directa con el medio de comunicación mismo. Pero si no es así, entonces tiene que haber instituciones capaces de dirimir tales conflictos.
Un colegio de periodistas podría contribuir a definir, y sobre todo a promover, parámetros profesionales, pero sin pretender que representa a todo el gremio y sin exigir (como ha sucedido en otros países) que solamente los afiliados a él pueden ejercer el periodismo.
Voy más allá. La publicidad oficial nunca es transparente. A mi juicio debería desaparecer del todo, absolutamente. No hay motivo alguno para que un Estado democrático destine recursos fiscales (es decir, recursos de los ciudadanos) para pagar anuncios en donde se promocionan acciones que han realizado sus funcionarios. Se trata de un abuso con recursos públicos, pero además de un engaño a la sociedad porque a menudo los contenidos que son resultado de convenios publicitarios aparecen como parte de la programación, o del contenido regular, lo mismo en medios audiovisuales que impresos. La publicidad oficial es expresión de un régimen autoritario (en nuestro caso, de comportamientos que se mantienen de un viejo régimen) que fabrica espejos a su medida para complacerse con imágenes maquiladas de acuerdo con la imagen que quiere ofrecer a los ciudadanos. Si no desaparece, al menos debiera haber pautas transparentes en el ejercicio de esa publicidad y para auditar su desempeño. En 2012, Enrique Peña Nieto, antes de asumir la presidencia, propuso la creación de un organismo de ese tipo. Es un compromiso que sigue pendiente.
Tenemos medios con notable libertad de expresión. Ese es un patrimonio que no debemos perder. Pero el profesionalismo de los medios es insuficiente (no hay prácticamente, por ejemplo, periodismo de investigación). En el campo de la prensa escrita tenemos diversidad de opciones, aunque también una preocupante concentración: las cadenas periodísticas acaparan cada vez más periódicos en los estados. Y en el terreno de la comunicación audiovisual es proverbial, a la vez que vergonzosa, la concentración de la televisión en manos de dos consorcios. Concentración, en el campo de la comunicación, significa acaparamiento de la información y estrechez de las condiciones para la discusión y la reflexión. En el periodismo mexicano hay cada vez menos espacios para el análisis. La deliberación ha sido reemplazada por los estereotipos o por el estrépito.
La cumplen a medias. Las propuestas de partidos y candidatos, que junto con sus trayectorias y experiencia serían los elementos de información necesarios para que los ciudadanos tomen decisiones enteradas, no suelen interesar a los medios de comunicación. En la (in)cultura mediática a la que se ciñen las decisiones editoriales, las buenas noticias son malas noticias: la plataforma de un candidato, si no es estridente, por lo general no interesa a los medios. A su vez, partidos y candidatos, mimetizándose a ese contexto de espectacularidad mediática, suelen olvidar las propuestas y prefieren desplegar campañas pobres en ideas, pero con desplantes escenográficos en busca del interés de los medios.
Lo importante es reconocer que en estos terrenos nadie es inocente, o nadie se puede dar el lujo de serlo. Tenemos una relación con muchos vicios, “una relación perversa”, como le hemos llamado desde hace tiempo, entre poder político, medios de comunicación y sociedad. Los periodistas, específicamente los reporteros, son víctimas, pero a menudo han querido ser beneficiarios de esa relación. A ese trato le falta transparencia y, aunque parezca fuera de moda o anticlimático decirlo, le falta decencia. Ese es, me temo, un valor que sociedad, medios y poder político no supieron reivindicar en otros tiempos, y que parece desplazado por el convenencierismo que impera en todos los campos de la vida pública. No sé si todo está perdido. Creo que no lo está si nos seguimos haciendo estas preguntas, y si comenzamos a reconocer que no hay respuestas únicas.
