Jubilaciones y Pensiones (2da. parte)

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ANTONIO ROSADO GARCÍA

Antonio Rosado García

Como ha sido comentado, para poder cumplir sin problema la obligación del Estado de garantizar una vejez digna a los ciudadanos, es necesario analizar una vez más la o las soluciones que permitan lograrlo.

La necesidad de mejorar el ahorro interno en el país que siempre ha sido muy pequeño, llevó al presidente Carlos Salinas de Gortari a establecer como un medio, y a la vez una ayuda a los trabajadores, el SAR, Seguro de Ahorro para el Retiro, que consistía en apoyar con un 2% la percepción mensual de los trabajadores, situación que, sin ser bien entendida en su divulgación, fue aceptada por todos los trabajadores de México, así como por sus organizaciones sindicales, ya que sin necesidad de ningún esfuerzo aumentaría en ese porcentaje el monto de su jubilación.

En un lapso no muy grande se comprobó que no era significativo el aumento del ahorro interno y que, a pesar de esta aportación, no se conseguía reunir el fondo necesario para cumplir con el compromiso que marca la Constitución, respecto de la obligación de velar por los ciudadanos durante toda su vida.

Fue así que, como ya mencionamos, en 1992 se pensó, siguiendo la experiencia que en ese momento se mostraba positiva en la República de Chile, en cambiar el modelo solidario a este sistema de capitalización individual que parecía exitoso. Fue así que se decidió enviar representantes de México, tanto del gobierno como del poder legislativo, acompañados de la cúpula empresarial, a ese país andino para conocer por experiencia propia el programa, la forma de aplicación, el resultado y la aceptación de este novedoso recurso llamado Administradora de Fondo de Ahorro para el Retiro, AFORE.

Fueron muchos los viajes que se hicieron a fin de conocer los diferentes criterios, hasta que en 1994 se tomó la decisión de tratar de cambiar nuestro sistema.

El presidente de la República, en primera instancia, ordenó al director del IMSS realizar un estudio de las condiciones en que se encontraba este instituto, con énfasis especial en el seguro de enfermedad general y maternidad y, desde luego, el de jubilaciones y pensiones.

El diagnóstico que se derivó de ese estudio, sacó en conclusión que la seguridad social en México, que ampara al mayor número de trabajadores, estaba en déficit general. Por ello, el primer mandatario decidió enviar al Congreso de la Unión la propuesta de modificación de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de cambiar el sistema solidario, con el que estaba conformada, por el sistema de capitalización individual en lo que respecta a pensiones y jubilaciones, así como el pago por diagnóstico y tratamiento de las enfermedades (GRD).

Al conocerse la propuesta, los trabajadores se inconformaron a través de sus organizaciones sindicales, aduciendo que esta nueva forma de atender los problemas derivados del fin de su vida laboral o los accidentes de trabajo, era una renuncia de derechos.   El tema fue tratado en el Congreso del Trabajo en donde los sindicatos corporativos, que son bien conocidos en su estructura, la aceptaron, probablemente sin darlo a conocer a sus representados, pues esto implicaría tener que explicarles en qué consistía el nuevo sistema y qué resultados habría.

Un grupo de sindicatos, cuyos representantes no estuvieron de acuerdo con aceptar la nueva Ley, se separaron del Congreso del Trabajo y constituyeron un foro de discusión que se llamó “Foro del Sindicalismo Ante la Nación y Ante la Crisis”, cuyos actores principales fueron: el SENTE, la COR, el SNTSS, el SME, el STRM, ASPA, ASSA, el Sindicato de Transportes Eléctricos, el STUNAM, el COLMEX y la UAM, quienes en reuniones de discusión democrática llegaron a la conclusión de que el cambio no respondía cabalmente a las necesidades de sus agremiados.

En consecuencia, se lanzaron a una lucha que los llevó a organizar manifestaciones multitudinarias de rechazo en todo el país.   Esta situación obligó a que se realizaran reuniones con la dirigencia de los sindicatos mencionados, que a su vez se habían conformado ya en una nueva gran central llamada Unión Nacional de los Trabajadores, UNT.

El movimiento motivó que, tanto los diputados como la dirigencia del IMSS, citaran a los representantes de la UNT a discusiones de orientación y de conocimiento cabal de las AFORES, que trabajarían a través de las SIEFORES que, según estas presentaciones, resultarían un éxito para sus agremiados.

La UNT, a su vez, en reuniones particulares citó a la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social y al Colegio de Actuarios de la UNAM, que determinaron que la mejoría prometida sólo podría ser realidad si el trabajador, en el curso de su vida laboral, realizaba aportaciones económicas a su cuenta personal en cantidades suficientes para lograr el propósito.

Aunque sin convencer y siempre dudando del resultado prometido, la mayoría priista en la Cámara de Diputados se adelantó a modificar la Ley, conservando algunas propuestas de la UNT, que en algo servían para convencer a los trabajadores, como por ejemplo, dejar a los que estaban en ese momento en activo la libertad de escoger, al final de su vida laboral, si preferían jubilarse o pensionarse con la Ley anterior, o con la del nuevo sistema.

Una vez terminado este penoso proceso que a nadie dejó satisfecho a cabalidad, el gobierno enfiló sus baterías hacia la FETSE, la otra gran central de trabajadores sindicalizados, aprovechando la facilidad que le daba el tratarse de sindicatos de las secretarías de Estado, así como de la UNAM.

En estos sindicatos implantó el nuevo sistema con el agravante de liquidarles la antigüedad, dejando el monto aprobado a su favor en su cuenta individual en la AFORE a la que pertenecen, que además es una AFORE de la FETSE.   Hasta aquí se cierra un lamentable capítulo que representa, en su conjunto, una agresión muy grande hacia los mexicanos, y que a la fecha sigue sin dar un resultado objetivo que beneficie en algo a los involucrados.

Esta situación ha obligado a que los sindicatos organizados, así como la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, hayan seguido estudiando esta situación y buscando, ya que la necesidad existe, algunas propuestas de solución al grave problema que, además, no ha dado el resultado económico que se esperaba, ya que a pesar de que el ahorro es grande, el haber absorbido los gastos de las pensiones en curso le impide tener un resultado favorable.

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