Refrendamos nuestro compromiso con las causas que contribuyen a garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas
C
omo instrumento esencial para mantener el Estado de Derecho y el bienestar social, las leyes requieren necesariamente adaptarse a las situaciones cambiantes de la sociedad. El momento que vivimos en el proceso de evolución de los Derechos Humanos nos coloca, como legisladores, ante un compromiso permanente de avanzar en la armonización de la legislación con los principios constitucionales y los compromisos convencionales.
En la presente LXIV legislatura participo como Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la de Juventud y Diversidad Sexual, lo cual me ha permitido encauzar de manera clara mis propósitos como legisladora.
En tal sentido, me propuse impulsar las reformas que he estimado necesarias para asegurar el derecho de las niñas y los niños con alguna discapacidad a asistir a una escuela ordinaria. Esta acción se ha visto fortalecida por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 714/2017, mediante el cual interpretó que resulta inconstitucional el artículo 33, fracción IV bis, de la Ley General de Educación, ya que vulnera el derecho a la educación inclusiva. Tal resolución contribuyó a que, en ejercicio de mi quehacer legislativo, propusiera reformas a la Ley General de Educación, a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en este mismo sentido, a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Las modificaciones propuestas se realizaron con la finalidad de que la educación que se imparte en nuestro país sea inclusiva, utilizando como apoyo los medios que provee la educación especial, de acuerdo a las necesidades particulares de los alumnos. La finalidad de esta propuesta es la de poner fin a la segregación en los ámbitos educativos para garantizar que todos los alumnos y alumnas aprendan y jueguen juntos. Con ello pretendemos, desde el proceso educativo, sentar las bases para construir una sociedad inclusiva.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, me permití presentar las reservas para evitar el recorte al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, porque considero que tal hecho constituye un retroceso en el cumplimiento de este derecho. En ese mismo sentido, considero que el recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras implica una regresión, porque se coarta el derecho de niñas y niños a la educación inicial. Con esta convicción me integré a la lucha que han emprendido desde la sociedad civil madres de familia, educadoras, cuidadoras y legisladores de la oposición, mediante la cual –firmemente unidos– exigimos un “no” al recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.
¡Estamos a favor de que el programa citado continúe! Porque con ello confirmamos el interés superior de la infancia. Pero también estamos a favor de la transparencia y del manejo apropiado de los recursos de este programa. No estamos a favor de su eliminación o de su transformación en un programa meramente asistencialista. Tenemos la certidumbre de que este tipo de programas contribuyen al bienestar de la niñez, al fortalecimiento de la economía familiar y a la seguridad de los trabajadores de la educación.
Refrendamos nuestro compromiso con las causas que contribuyen a garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Más aún, con las de aquellos que, por condiciones sociales, culturales y económicas, se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. Ahora que estamos iniciando el segundo período ordinario de sesiones, reafirmo mi voluntad y mi trabajo a favor de seguir contribuyendo con acciones afirmativas al ejercicio de una oposición reflexiva y responsable que sume al equilibrio institucional y democrático de nuestra nación.
