El sistema mexicano de justicia y seguridad, analizado en esta edición de El Ciudadano, excluye por ahora a las Fuerzas Armadas y a la Gendarmería Nacional, que es en realidad una policía militarizada.
La exclusión es deliberada: el Ejecutivo Federal ha sustraído de sus funciones, desde hace muchos años a las Fuerzas Armadas del actuar que les asigna inequívocamente la Constitución y en la mayoría de los casos las consecuencias han sido funestas. Baste solamente recordar la incursión militar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1966; la intervención militar en la universidad de Sonora (1967), contra estudiantes que rechazaban la imposición del gobernador Faustino Félix Serna, al grito de “Mejor 100 años de sarna que seis de Serna”, y la fatídica represión a estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. En los dos primeros casos, fueron los congresos priistas locales los que pidieron la presencia del ejército, y en 1968 fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz por conducto del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Merecerán reflexión y análisis por separado.
El Ciudadano ha señalado la pertinencia de que las fuerzas armadas retornen a sus cuarteles y a sus tareas, lejos de la contaminación que les implica tener que reforzar a policías bajo sospecha, en la lucha contra el crimen.
Es de señalarse que en la judicatura y en las corporaciones policiacas hay notables excepciones de honorabilidad, respeto a la ley y a los derechos humanos. Pero a la luz de los resultados, puede afirmarse que el denominador común en la deficiente actuación de jueces y policías en el México de hoy, es la impunidad, con el consecuente avance del delito en todas sus expresiones. Urge revisar y reformar métodos, al igual que recursos humanos, para que, sólo así, pueda avanzar el nuevo sistema de impartición de justicia basado en los juicios orales.
En el preocupante escenario descrito en las páginas centrales de esta edición, subyacen graves déficit para la buena salud de la nación: educación, capacitación, respeto a los derechos humanos y cultivo tenaz de principios éticos y valores morales.
Atender con eficiencia y prontitud esas deficiencias, proveerá de mejores herramientas el combate a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, que es la raíz del mal, y propiciará castigo ejemplar a los corruptos, en cualquier nivel de poder político o económico que ocupen.
