Los apoyos anunciados para los connacionales deportados de Estados Unidos deben pasar del discurso a la realidad.

En su reciente “Índice Global de Delincuencia Organizada”, William F. Maloney, jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, señala sin rodeos que únicamente Birmania y Colombia superan a México en tan delicada materia.

Según el texto publicado, en nuestro país hay indicadores de que son cuatro los principales factores de la delincuencia: control territorial, organización criminal, extorsión y lo que el citado documento llama “captura del Estado”.

¿Qué papel estamos desempeñando? Tenemos violencia, incluso en regiones muy localizadas. Se habla incluso de un “corredor migratorio”, en cuyas fronteras se mueven (o sobreviven) centroamericanos que son sexualmente explotados o sometidos a trabajos forzados en campos agrícolas de los estados de Guerrero y Oaxaca, entre otros.

Incluso la extorsión, o el llamado “cobro de piso”, también se “profesionalizó”: hay cadenas agroindustriales (de Michoacán y Guanajuato, por ejemplo) que fijan cuotas a cárteles e incluso llegan a provocar desabasto.

Una grave y perniciosa tarea corre paralela: el contrabando de armas desde Estados Unidos, que va inversamente en línea con el narcotráfico, impulsa la violencia y fortalece o militariza a los cárteles.

Mucho hay por hacer en nuestro país, ante el recrudecimiento de la lucha contra el crimen, ya muy organizado para “atender” el pingüe y copioso crecimiento del consumo de estupefacientes, dentro y fuera de los Estados Unidos.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones, actualmente cerca del 46 por ciento de los estudiantes mexicanos de 16 a 24 años de edad consume sustancias de abuso, el 12 por ciento de ellos presenta algún grado de dependencia; por ejemplo, el abuso de alcohol es el más popular en este sector, que pasó de 35.6 por ciento en 2022 a 43 por ciento en la actualidad, (mediados de 2025) y es mucho más frecuente en los varones.

¿PAÍS MAFIOSO?

Al principio de estas líneas, nos referimos a reciente informe difundido por el Banco Mundial (BM), que coloca a México en tercer lugar dentro de sus índices mundiales de crimen organizado, solamente por debajo de Birmania y Colombia.

Se trata de una evaluación de 193 países a partir del documento “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, atribuible a la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC por sus siglas en inglés).

Nos consideran un país con altos niveles de criminalidad y con agrupaciones mafiosas. Señala el Banco Mundial que tenemos una presencia significativa en mercados ilícitos como el narcotráfico y la extorsión. Según el documento del BM las mafias mexicanas han logrado control territorial e influyen en la gobernabilidad y la seguridad nacionales. Además, el crimen organizado incluye actividades como la trata de personas y el tráfico de armas, lo que ha producido un profundo impacto económico y social en el país.

Ante estos juicios y señalamientos, lo menos que podemos hacer como periodistas libres (lo somos), es sostener que sumamos millones los mexicanos comprometidos con la dignidad humana en toda su amplitud.

Sí, millones todavía, ante frustraciones que hay que superar.

Los apoyos anunciados para los connacionales deportados de Estados Unidos deben pasar del discurso a la realidad.

La pobreza en México no aqueja indiscriminadamente a todas las personas, sino que hay factores que agudizan esta condición en cuatro de cada diez mexicanos: analistas especializados coinciden en que ser mujer hace más probable que una mexicana viva en situación de pobreza, condición que se acentúa si se trata de una indígena habitante de una zona rural.

Al respecto, un Informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), citado por la Facultad de Economía de la UNAM, apunta que entre 2018 y 2020 la pobreza en México aumentó dos puntos porcentuales hasta llegar al 43.9% de la población.

En la segunda mitad del 2021, tres de cada ocho mexicanos de escasos recursos empezaron a tener dificultades para comprar bienes y servicios de la canasta básica. De esos casi 4 millones, poco más de 2 millones pasaron a formar parte de la pobreza extrema, definida por expertos en la materia como “mexicanos que no viven en una vivienda adecuada, tienen mala alimentación y educación insuficiente y deficiente; cuentan con un acceso parcial o nulo a servicios de salud, y no tienen un empleo formal con derechos laborales respetados”.

En datos más actualizados, que los especialistas llaman “de rezago social”, se acepta que los mexicanos en situación de pobreza pasaron de 51.9 millones a 55 millones, frente a una población de 126 millones de habitantes.

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. Un dato importante que se debe tomar en cuenta: no es medición de pobreza porque no incluye los indicadores que al respecto establece la Ley General de Desarrollo Social.

En otras palabras de particular importancia

Las y los mexicanos que regresen a México deportados a consecuencia de los sorprendentes acuerdos (de algún modo hay que llamarlos) ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deben ser beneficiarios de todos los programas sociales, cumplan o no los requisitos que deben seguir los residentes en territorio mexicano, además de recibir una tarjeta con 2 mil pesos para llegar a sus pueblos, según el programa “México te abraza” presentado por el gobierno federal. Incluye, además, vacunas y toda la atención médica requerida que se dará por parte del IMSS.

La Secretaría del Bienestar los incorporará a los programas sociales: pensión para personas adultas mayores, pensión para personas con discapacidad y apoyo a madres trabajadoras; los programas Sembrando Vida, Pensión para Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa, así como los programas de emergencia social y de alimentación para el Bienestar.

Otro sector es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como las diferentes becas en educación media superior y superior, en universidades como la Benito Juárez y la beca universal Rita Cetina.

También recibirán apoyos en vivienda social por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Por parte de la Secretaría de Agricultura, aplicarán los programas de Producción para el Bienestar, los fertilizantes gratuitos, el apoyo de Bienpesca y los Precios de Garantía. Además, podrán usar todos los servicios que proporciona el Banco de Bienestar. 

El gobierno federal estableció igualmente que cada estado deberá aplicar las medidas y se mantendrán en coordinación y acuerdos con los gobiernos de los estados fronterizos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También habrá acuerdos con estados que tienen el mayor número de mexicanos que viven en Estados Unidos, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco.

Además de coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno sostiene reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial. “Se ha hablado de empleos para nuestros paisanos; estarían por firmarse convenios, ya estamos trabajando en ellos –ha dicho la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez–. Estamos preparados, México los está esperando con los brazos abiertos, México no se ha olvidado de ustedes, así como estoy segura de que ustedes llevan en su corazón a su tierra. Queridos paisanos, su nación está lista para ser una vez más un hogar para todas y todos”.

Esperemos que así sea en la práctica y no solo en el discurso político.

A

siduos enciclopédicos nos hacen saber que los seres humanos no nacen buenos o malos por naturaleza. Ambas características individuales, dicen los conocedores, “son impuestas por situaciones sociales”. Más aún, añaden que “la maldad es un instinto básico que proviene de nuestras raíces animales como método de supervivencia”. Aplíquese a esta definición el sustantivo “política”, y sorpresivamente arroja luz sobre un tema escabroso.

Viene al caso lo anterior porque hace ya algún tiempo que, desde algunos rincones del poder público a la mexicana (¿cuál si no?), se señala un hecho lamentable y aun doloroso: gran parte de la población nacional padece pobreza. Se trata de un sector social que antaño asumíamos inconforme, pero con ideas abiertas a la cultura y al conocimiento, incluso con tintes conformistas. Hoy nos enardece su miserable situación.

La semántica gramatical es inequívoca: las víctimas de la pobreza pertenecen a un estrato social ocasionado por la falta de misericordia e insensibilidad de las personas favorecidas por la fortuna. Lo curioso es que el recurso discursivo, sin más pretensiones que la demagogia ramplona, hace tiempo que se acredita como presunta erudición política.

Permítanme recordar anecdóticamente una definición burlona que el finado nuevoleonés Luis Marcelino Farías y Martínez hizo en un desayuno con reporteros acreditados en la Cámara de Diputados. Uno de ellos le preguntó qué entendía por “demagogia”. La respuesta irónica del entonces legislador priista fue “demos, pueblo; a gogó, baile: bailarse al pueblo”.

Naturalmente, la respuesta de Farías fue una broma, aunque se trataba de un político avezado: fue alcalde de Monterrey, presidente de la Cámara de Diputados en tres ocasiones, senador de la República y gobernador de Nuevo León. Promovió y apoyó una reforma histórica que alentó el pluralismo democrático, y favoreció que los presos políticos dejaran la cárcel.

Pero volvamos al tema. El asunto que nos ocupa es que, particularmente en materia política, el sustantivo es inmisericorde entre adversarios o rivales, según conveniencias personales o particulares.

¿Amigos o enemigos?

El señalamiento se ha hecho frecuente en choques de intereses, al parecer, irremediablemente opuestos. Incluso, hace tiempo que es usado con tintes desdeñosos y clasistas, peculiares en el lenguaje político autoritario tan de moda en estos tiempos.

Desde la cúpula del sector público mexicano, se usa reiteradamente como un despectivo “los de arriba y los de abajo”, en ocasiones reemplazado por un lenguaje añejo y colonial “los liberales y los conservadores”, o simplemente se argumenta que “es el pueblo quien manda” y, desde luego, como depositario único del gran poder, solamente obedece. No hay límite para los ocurrentes: el bueno tiene el poder vasto y suficiente para gobernar a los malos. Claro, dicha terminología política también ha sido modificada a placer por quienes gobiernan. Antes que cualquier otro elemento, el poder proviene del pueblo, ergo “el pueblo es el que gobierna y manda”.

Al respecto, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador no se anduvo por las ramas. No hace mucho tiempo que, en un programa habitual matutino ante las cámaras de televisión, aseveró: “no hay nada mejor que los dictados de la conciencia; por eso yo sigo solamente lo que me dicta mi conciencia”.

A propósito de los ajetreos políticos de nuestro país, en alguna ocasión recordé las violentas sacudidas experimentadas por los sucesos más significativos de nuestra historia: la Independencia (1810-1821), la Reforma (1857-1861) y la Revolución (1910-1917). No debemos soslayar la cruenta lucha llamada “Cristera” (1926-1929), derivada de la expropiación de bienes a la Iglesia Católica. Los tres años de esta guerra costaron alrededor de 250 mil muertos y otros tantos refugiados en Estados Unidos.

Nuestras guerras

No podemos hacer mutis (esto es, dejar la escena) sin otros registros históricos de violencia acreditados en nuestro país. Por ejemplo, la guerra de Estados Unidos contra México (1847-1848). Señalan algunos historiadores que, si bien este conflicto no registró grandes campañas militares como las ocurridas en Europa, sus consecuencias marcaron desde entonces y para siempre el destino de los dos países.

El hecho, resumido, fue que después de la Independencia, nuestro país tuvo que mantener varios de los acuerdos hechos por España con los todavía jóvenes Estados Unidos. Entre otros, el referente a la inmigración estadounidense en suelo mexicano, que incluía una buena y muy fuerte cantidad de pioneros establecidos en los territorios de Texas y la entonces Alta California. Las relaciones de las nuevas autoridades mexicanas nunca fueron del agrado de los recién establecidos.

A los inmigrantes estadounidenses que se habían establecido en Texas se les pedía acatar las leyes mexicanas. Sin embargo, los problemas con esta comunidad llegaron junto con la esclavitud, que fue abolida en México en 1829, lo cual significó un duro golpe económico para los texanos, cuya economía se apoyaba en la mano de obra esclava.

La paz ocasionó el ultrajante Tratado de Guadalupe Hidalgo, que significó el desprendimiento de territorios mexicanos que hoy ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. A la información de esa época, obtenida con alguna dificultad por diversas fuentes, debe añadirse que los dos años de combates contra la intervención estadounidense significaron la muerte de alrededor de 25 mil soldados mexicanos.

El problema francés

Dos disputas ha habido con Francia. El 17 de julio de 1861, el Congreso de México decretó la suspensión de pagos de todas las deudas públicas para tratar de sanear el mal estado de las finanzas nacionales. El problema fue enfrentado por el presidente Benito Juárez (cuyo mandato duró cinco periodos, de 1857 a 1872) y derivó en la intervención francesa de 1862 a 1867, periodo que incluye la memorable Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862.

Décadas antes, se registró un episodio cuya anécdota hoy se antoja ridícula: Vox populi refiere un curioso episodio ocurrido en 1838 (corría el mes de abril), en el actual barrio capitalino de Tacubaya, cuando un grupo de militares mexicanos concurrió a una popular repostería propiedad de un francés apellidado Remontel. Al parecer, después de consumir pastelillos y cafés, los militares se retiraron sin pagar la deuda de 800 pesos, cara para la época.

Remontel protestó, se quejó, y su reclamo fue tal que habría de transformarse y evolucionar hasta convertirse en un enfrentamiento bélico entre México y Francia, que la voz del pueblo llamó “La guerra de los pasteles”. Cuando México rechazó las desmesuradas condiciones de Francia, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838. Fue una guerra corta que concluyó el 9 de marzo del año siguiente con un acuerdo de paz, previo pago de México por las indemnizaciones reclamadas. Francia retiró su flota y devolvió las naves mexicanas incautadas.

Sin embargo, en aquel episodio local del que los historiadores reconocen que no hay evidencias claras, anidó un designio oscuro que habría de madurar al paso de los años: un puñado hostil de conservadores alimentó su esperanza de instaurar una monarquía en México.

De esos hechos debemos aprender lecciones. Hoy no faltan quienes alientan confrontaciones potencialmente violentas ante discordancias sociales y económicas, a través de las cuales la ineptitud o la incapacidad no aporta soluciones, sino conflictos.

Es hora de que la inteligencia y la concordia se impongan y brinden resultados a la sociedad. Es el momento de que la politiquería deje en paz su insensata aportación al tan llevado y traído pueblo. Solamente han exhibido incapacidad política (no encuentro otro calificativo) e intentonas para violar las leyes con ánimos destructivos y hasta personales.

México espera más y se merece más, mucho más, con esfuerzos superiores, talento y genuino patriotismo.

C

olocada frente a expectativas (esperanzas, sueños e ilusiones) este 2024, año de elecciones federales, una vez más la sociedad mexicana participó en un proceso de consulta cuyo desenlace parcial se produjo el reciente domingo 2 de junio, día de los comicios.

El resultado podría coadyuvar a fortalecer nuestra socialdemocracia. Detengámonos momentáneamente en este concepto.

Las elecciones del pasado 2 de junio constituyeron una consulta amplia: había que elegir 64 senadores por mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y otros 32 de primera minoría para un periodo de seis años. Además: 300 diputados federales por mayoría relativa y 200 diputaciones por representación, que desempeñarían sus cargos durante tres años. Y hubo más: en todas las entidades federativas se realizaron comicios locales, de modo que en total se renovaron alrededor de 20 mil cargos.

La expectativa mayor, sin embargo, la ofrecieron tres candidaturas para la elección de presidente de la República, representadas por dos mujeres y un varón: Claudia Sheinbaum Pardo (de Morena), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (de Acción Nacional) y Jorge Álvarez Máynez (de Movimiento Ciudadano).

Ganó Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena; su triunfo no tuvo precedentes pues, por primera vez en la historia política de México, una mujer asumirá la jefatura del Poder Ejecutivo Federal en el plazo constitucional establecido.

El suceso trajo a colación algo que un amplio sector de la sociedad (particularmente de opositores a Morena, el partido en el poder) consideró previsible: habría continuidad del programa trazado hace casi seis años por su impulsor, el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador.

La futura presidenta despejó dudas: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, tres etapas históricas de la vida nacional, quedan atrás para dar paso a ese quinto periodo, ya anticipado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la llamada Cuarta Transformación, eje rector de su plan de gobierno.

Uno de los puntos principales de la propuesta de AMLO es una reforma a fondo del Poder Judicial, que resume sin más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “sean electos por el pueblo”.

De suyo delicado, el asunto suscitó polémica.

Apenas el martes 9 de julio, el diario Reforma dedicó al tema su titular de primera plana con declaraciones de la ministra-presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la abogada Norma Lucía Piña Hernández, quien advirtió que la reforma al Poder Judicial (propuesta por el presidente de la República y secundada por su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo), “fortalecerá a grupos de poder” que podrían influir en la elección de jueces. “No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar [sic], sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder”, precisó la abogada Piña.

Al lado de estas declaraciones de la abogada Piña Hernández, el diario Reforma publicó réplicas del propio Andrés Manuel López Obrador y de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum.

Opinó AMLO: “Se nos fue que tienen que tener [sic] cinco años de experiencia; he estado en contra de eso, soy partidario de que quien se titula como abogado sale con entusiasmo de hacer valer la ley”. Valga aquí un comentario válido: ya en otra ocasión, Andrés Manuel afirmó que quienes optan por estudiar en el extranjero, “sólo van a aprender malas mañas [sic]”.

Opinó la presidenta electa: “Puede mantenerse el tema de la carrera judicial, pero sí que se elijan los jueces. Tampoco pueden ser los que tengan 10 años de experiencia… pues así van a quedar los mismos”.

Es de mencionarse que, una vez que se dio a conocer el gabinete completo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, hubo también algunos cuestionamientos a su propuesta de designar a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del futuro gabinete presidencial.

Al respecto, en entrevista para Grupo Fórmula, García Harfuch (ex secretario de Seguridad en la CDMX y futuro integrante del gabinete presidencial) comentó con un dejo de ironía: “Tiene muchísimas atribuciones que hoy lleva a cabo la todavía secretaria Rosa Icela Rodríguez. Y lo que queremos es que se potencie lo que se ha hecho bien en esta administración, así como fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia”.

Anticipó García Hafuch, sin embargo, que en septiembre próximo desarrollarán en el Senado [sic] cuatro propuestas, entre ellas el Sistema Nacional de Inteligencia, con el fin de que se unan las áreas de inteligencia naval, militar y financiera, para prevenir actos delictivos en el país.

Claudia Sheinbaum

Desde que Andrés Manuel López Obrador la invitó a colaborar con él, la futura presidenta de la República se presentó con una propuesta de continuidad. Planteamiento obvio si se considera que Sheinbaum registra una larga trayectoria como funcionaria en Ciudad de México: primero como secretaria de Medio Ambiente cuando López Obrador estaba al frente del Gobierno de la capital; y más tarde supervisó una de las grandes alcaldías de la ciudad, antes de convertirse en jefa de Gobierno en 2018.

Se difundió con amplitud que la morenista Sheinbaum Pardo fue quien ganó inobjetablemente la elección mayoritaria. El hecho es digno de mención especial porque, por primera vez en la historia, será una mujer la próxima presidenta de México.

Pero hay todavía diversas y amplias respuestas por ventilar y definir (salud, empleo, bienestar, etcétera), si el objetivo común para más de 126 millones de mexicanos seguirá siendo el México de las instituciones o ¿hay en la Cuarta Transformación una vuelta de hoja para la historia y aun para la vida de los mexicanos?

¿Cuánto ha aumentado la violencia en México? Hay referencias que obligan a reflexionar profunda y seriamente sobre el tema.

En datos de diciembre de 2023, pero referentes a estadísticas de un par de años antes, México se posicionó como el segundo país con más asesinatos del continente americano, al contabilizar 35,700 víctimas, sólo por debajo de Brasil, país que sumó 45,562 homicidios, y por arriba de Estados Unidos, donde ese mismo año se registraron 22,941 asesinatos.

Según este reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tendencia nacional de homicidios en México ha sido un factor determinante para impulsar la volatilidad de la región en el curso de la última década.

En el periodo mencionado se registró un aumento de los homicidios causados por armas de fuego entre 2015 y 2018, todos ellos relacionados con bandas criminales organizadas.

Otros datos para ilustrar esta amarga realidad: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 ocurrieron en total 33,287 homicidios. Para comprenderlo mejor: el llamado crimen organizado terminó con la vida de un total de 30,973 víctimas.

Durante el mes de enero de 2024, en México se reportaron 2,759 delitos contra menores de 17 años edad, de acuerdo con cifras sobre incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (con corte al 29 de febrero de 2024).

Mujeres víctimas

Las mujeres víctimas de asesinatos ocupan también lamentables estadísticas: entre 2019 y 2022, más de 15 mil mujeres fueron victimadas en nuestro país por motivos de género, informa el INEGI. Al mismo tiempo, con apoyo en sus propios datos, revela que nunca antes se habían registrado en México niveles tan altos de feminicidios y violencia sexual.

Baste señalar que, en estadísticas contemporáneas, este delito ocupa una décima posición con 1.4 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Más información:

En 2021, hace menos de tres años, 41.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia (antes de cumplir 15 años).

En 2022, según datos de las fiscalías generales de justicia estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esta edad, con 4 mil 197 y 884 casos, respectivamente.

El 33.6 por ciento de niñas y adolescentes de 12 a 17 años que usaron internet o celular, entre julio 2021 y agosto 2022, recibió fotos o videos de contenido sexual y 32.3 por ciento recibieron insinuaciones o propuestas de ese tipo, frente a 18.2 y 12.0 por ciento de niños y adolescentes hombres.

Penoso aniversario

Desde 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo: hacer visible la violencia que padecen mujeres y niñas en todo el mundo, y emprender acciones para prevenirla, atenderla y eliminarla.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definió entonces como acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, “aquél que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Y más. Muchísimos más datos e información abundante que dista mucho de enorgullecernos. Todo lo contrario. Avergüenza.

¿Ante qué estamos?

Grave, vasto y complejo es el problema, sin duda alguna.

Involucra a familias enteras, madres y padres de familia; abuelos y abuelas; gobierno federal y gobiernos estatales; maestras y maestros de los sectores privado u oficial; organismos religiosos involucrados en cualquiera de los credos vigentes en México y, por cierto, periodistas.

Los registros administrativos se refieren a expresiones de violencia denunciadas o que por lo menos reclaman atención pública. Suelen ser manifestaciones de mayor severidad cuando hay daño sexual con lesiones graves y aun mortales, trata de personas, violencia familiar severa, homicidio y feminicidio. Reconozcamos que los registros administrativos suelen revelar lamentables espacios de impunidad.

Deliberadamente, hemos dejado en último término a criminales autores de delitos graves, incluso asesinatos, que se refugian en el parapeto de esa impunidad (negociada o desafiante) que todos llaman “crimen organizado”. Imposible soslayarlo.

A la luz de lo expuesto, puede deducirse que los delitos más graves de los que somos víctimas mexicanas y mexicanos (esto es, los que merecen mayor castigo en la ley penal) son el feminicidio, el homicidio y el secuestro. Sin embargo…

Sin embargo, concluye el INEGI, son nueve los delitos que más se cometen en México. Ya hablamos de tres.

En 2022 hubo 26.8 millones de delitos en México (encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2023). Fue la cantidad más baja registrada en los últimos diez años, pero (el gozo al pozo) el 92.4 por ciento no fue denunciado a las autoridades y, por lo tanto, no hicieron investigación alguna.

Un año después, en 2023, hubo 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes, esto es: 1.3 crímenes por persona. Surgió además otro dato: en el 27.4 por ciento de los hogares mexicanos uno o dos miembros de la familia fueron víctimas de un delito.

Como puede advertirse, hay trabajo para rato a cargo de nuestros gobiernos (estatales y federal). Dejemos que otros acuciosos y diligentes investigadores de culpas las descubran y abran el camino para castigar (pruebas en mano, claro) a los presuntos culpables.

Ocupémonos del hoy y del mañana, por el bien de millones de preocupados mexicanos.

Expertos urbanistas coinciden: la Ciudad de México figura entre las tres más grandes de nuestro planeta

La gran concentración urbana de la Ciudad de México, nuestro Distrito Federal, forma parte del descomunal crecimiento de las grandes sociedades industriales que nacieron en el siglo XX, con el surgimiento de las llamadas megalópolis, gigantescos centros urbanos que rápidamente pusieron a sus habitantes frente a problemas de agua, transporte y medioambiente, así como ante apremiantes desafíos de convivencia social.

Con 1,495 km², representa el 0.1 por ciento del territorio nacional. Su población es 99 por ciento urbana. El censo de 2020 expuso que ese año la Ciudad de México tenía 9.209,944 habitantes que representaban el 7.3 por ciento del total del país, lo que la sitúa como la segunda entidad federativa más poblada, sólo detrás del Estado de México.

El gran salto de la incorporación de la Ciudad de México al siglo XXI inició hace más de 200 años. Significó para nuestra gran capital pasar del rango 42 al tercero o segundo lugar y ubicarse entre las grandes metrópolis del mundo.

Aunque difieren los datos en cuanto al punto original de este crecimiento, abundan estudios e investigaciones en la materia que, al menos, son referencia. Entre ellos merece mención particular el explosivo crecimiento de nuestra gigantesca capital, cuya superficie urbana (según diversas fuentes) ha crecido a un ritmo tres veces superior al del inicio tangible del proceso.

Numerosos tratadistas se han ocupado de este desafío del crecimiento. La Dra. Alejandra Núñez, autorizada urbanista, trata el tema en su estudio “La elección residencial. El conjunto de decisiones que determinan la expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”.

Confirma la especialista –y coincide con colegas investigadores– en que el crecimiento y la expansión de las ciudades no constituyen un proceso fatalmente inocuo o ajeno a las políticas públicas. Así, el crecimiento y la expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), entre 1970 y 2010, se debió a una combinación de factores: desde la creciente migración rural-urbana hasta intensos periodos de gentrificación del centro histórico, elementos que influyeron e impactaron en la elección residencial de las personas.

Es oportuno mencionar que la gentrificación es un ciclo que suele producirse en vecindarios humildes ubicados cerca de importantes centros urbanos, en donde vecinos con mayor capacidad de poder adquisitivo desplazan poco a poco a gente con menores ingresos, habitantes originales de la zona. La palabra proviene del inglés gentry, un neologismo que significa “alta burguesía”, que fue empleado por primera vez en 1964 por la socióloga marxista Ruth Glass, para explicar experiencias de esa época en zonas cercanas a Londres.

Si bien este proceso provoca mejoría inmobiliaria, así como crecimiento y desarrollo, origina también el desplazamiento de zonas humildes. Obviamente, las acciones especulativas de inmobiliarias y entidades crediticias no se hacen esperar, por lo que es imperativa la conveniencia regulatoria de las autoridades para propiciar el control del uso del suelo.

La principal e indeseable consecuencia, desde el punto de vista social, es que la población humilde, de escasos recursos económicos, es desplazada por quienes tienen más poder adquisitivo, trátese de cualquier objetivo de fondo: compra o renta de inmuebles, para provocar que suban de valor las propiedades.

Las autoridades locales, la legislación aplicable y las negociaciones entre autoridades e inversionistas resultan factores indispensables para llevar adelante este tipo de procesos. La toma de decisiones y acciones administrativas debe considerar la mejor opción para todos los sectores sociales involucrados.

Lo anterior conduce también a otra consecuencia obvia, que no requiere mayores explicaciones: la revalorización de un terreno o una propiedad no sólo se debe al valor histórico que pueda significar una ciudad o a su atractivo natural; el factor que también provoca que aumente el valor de los inmuebles es la inversión financiera en la ciudad, atractiva por su desarrollo urbano y comercial, lo que a su vez produce mayor demanda de renta o venta de inmuebles.

En suma, se produce la gentrificación con una economía centrada en la proyección de grandes y saludables negocios.

Este proceso de cambio propicia que una ciudad con actividad obrera productiva pueda convertirse en una ciudad-mercancía. Señalan los especialistas, asimismo, que esa ciudad-mercancía depende, en gran medida, del turismo, de un público con amplio poder adquisitivo y actividades recreativas, entre muchos otros factores.

¿Qué opciones se avizoran para nuestra gran metrópoli?

L

a frase que encabeza estas líneas se atribuye al rey de Francia y de Navarra, Luis XV, llamado también “el Bien Amado”, gobernante en buena parte del siglo XVII (Versalles, 15 de febrero de 1710-10 de mayo de 1774).

Casi al final de su vida, Luis XV advirtió un creciente descontento popular que haría crisis durante el reinado del sucesor, Luis XVI, bajo cuyo gobierno creció el descontento de los súbditos por falta de libertad, pobreza grave y desigualdad social. Luis XV minimizó el escenario con una frase desdeñosa: “Después de mí, el diluvio”.

Como lo había presentido Luis XV, el “Diluvio” habría de convertirse muy pronto nada menos que en la Revolución Francesa.

Cabe advertir que Luis XV ya había vivido premonitorios antecedentes belicosos para los franceses. Entre otros, la llamada Guerra de los Siete Años, que incluyó una serie de conflictos internacionales de principios de 1756 y a finales de 1763, para establecer el control sobre Silesia (hoy territorio austriaco) y por la supremacía colonial en América del Norte y la India.

Célebre primer ministro de Inglaterra, sir Winston Leonard Spencer Churchill (Woodstock, 30 de noviembre de 1874-Londres, 24 de enero de 1965), llegó a calificar la Guerra de los Siete Años como “la auténtica” Primera Guerra Mundial, porque además de las colonias en Norteamérica había conflictos en territorios situados en diversos lugares del planeta, incluidos los intereses comerciales franceses en la India y África.

Sin embargo, es pertinente comentar el hecho (advertido por algunos historiadores) de que Luis XV pareció mucho más consciente de la política en Francia que su sucesor, Luis XVI. Tanto, que con su frase (“Después de mí, el diluvio”) quiso dar a entender que no le importaba lo que ocurriera después de su reinado. Todo parece indicar que no se había percatado de que lo ocurrido en Francia era ya el prolegómeno de sucesos que habrían de impactar al mundo entero.

Merece un comentario adicional la trascendente expresión de Luis XV. Con los años, su significado político (casi universal) es que no importa lo que ocurra con un país cuando determinado personaje, gobernante o no, ya no está en posición de mando. Una anécdota sobre el expresidente de Francia, Charles de Gaulle, refiere que después de perder el plebiscito promovido por él en 1969, recordó con amargura las mismas palabras del “Bien Amado” Luis XV: “Después de mí, el diluvio”.

¿Para el amable lector resulta razonable esta expresión en pleno siglo XXI? Veamos.

Nuestro escenario político

A cuatro meses de la elección presidencial, prevista para el 2 de junio próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una sorpresiva serie de reformas a la Constitución, modificaciones que él considera trascendentales para blindar a la llamada Cuarta Transformación que él impulsa (y a quien resulte sucesora o sucesor), en el ámbito electoral, judicial y político.

Pero abarcan mucho más para la sucesión esos comicios venideros: tendrán alrededor de 170 mil casillas en 32 entidades federativas para elegir también: jefe de gobierno para el Distrito Federal, dos senadurías de mayoría simple y una de primera minoría por cada una de las 32 entidades federativas de México (en total 128), y 500 diputados federales.

Está anunciado que los resultados de las elecciones presidencial, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las gubernaturas estatales serán dados a conocer por el INE en un mensaje televisivo durante la misma noche de la jornada electoral.

No hay mucho que suponer sobre este intempestivo alud legislativo, pero se asoma al menos una pregunta clave: en caso de triunfar Xóchitl Gálvez, ¿asumiría la coalición formada por el PSUM, el PT y el PVEM las iniciativas de AMLO como virtual programa de gobierno de la oposición? Peor aún por impensable: ¿lo haría acaso el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano?

Por respeto, dejo en manos del amable lector la respuesta a la obligada pregunta: ¿es normal o razonable que López Obrador haga estas propuestas a menos de un año de que deje el cargo? Peor todavía: este arrebato de ingenuidad, ¿está dirigido a más de 98 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales el 98.07 por ciento –según el Instituto Nacional Electoral– tiene vigente su credencial de elector?

¿O acaso estamos en el siglo XVIII, frente a un imaginario Luis XV, “el Bien Amado” y su célebre frase?

Cálculos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) señalan que el domingo 2 de junio de 2024, cerca de 98 millones de ciudadanos mexicanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor (o a la sucesora) del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En total, ese día habrá más de 20 mil cargos de elección: comicios en nueve estados para renovar gubernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; también serán electos los nuevos integrantes del Congreso de la Unión, conformado por dos cámaras: una con 500 diputados y la otra con 128 senadores, así como integrantes de 31 congresos locales.

Esta coyuntura abre novedosas posibilidades para la democracia mexicana. Sobresaliente e importante entre ellas, de acuerdo con expresiones diversas vertidas por amplios sectores de la sociedad que modestamente comparte el autor de estas líneas, sería el oportuno advenimiento de una candidatura genuinamente ciudadana.

Es oportuno señalar que los prolegómenos de esta etapa, prevista originalmente para que comenzara a fines de este invierno o en la primavera del año que viene, empezaron más temprano: el 7 de septiembre de 2023. Esto es, cuando fueron iniciados por las autoridades del INE (presuntamente por acuerdo superior). Este periodo habrá de culminar dentro de poco más de nueve meses, con la elección de la nueva autoridad presidencial para un periodo sexenal.

Sin embargo, desde hace años (cinco, por lo menos) han ocurrido asuntos sorprendentes para gran parte de los ciudadanos.

Hay suficientes ejemplos. Basta recordar que, desde los primeros meses en sus acostumbradas pláticas matutinas, el presidente impuso una crítica inusitada y creciente a los jefes del Poder Ejecutivo que lo antecedieron en el cargo.

Los calificativos comunes para ellos han sido: gobiernos corruptos, protectores de delincuentes, cómplices, etcétera.

Y esta censura no solamente es aplicada a los exmandatarios. También ha sido enderezada invariablemente contra escritores, periodistas o intelectuales cuyas opiniones le son adversas. No reconoce (o no admite) asomo de talento alguno en ellos.

En una ocasión soltó duros calificativos contra quienes (con excepciones cuyos nombres omitió) han tenido oportunidad de estudiar en el extranjero: “sólo van a aprender malas mañas”, dijo el primer mandatario.

En algunos casos, no pocos, muestra abierto desdén (ojeriza, dice cualquier diccionario) incluso contra funcionarios federales que excepcionalmente no forman parte del Poder Ejecutivo. Incluso ha llegado a sugerir que por lo menos sean reemplazados. Algunos ejemplos (frecuentes inclusive) son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del INE.

Por supuesto, esto de hacer críticas al presidente anterior (costumbre acentuada en el sexenio actual) ha sido una “debilidad” inveterada (vuelta al diccionario: costumbre antigua y arraigada) de quienes se estrenan en la silla número uno del poder público. Evocan el dicho popular: “Lo que no fue en mi año, no me hace daño”. Y ocurre desde que se colocan la preciada investidura. Saben que nunca faltará el coro dispuesto al aplauso.

Sin embargo, nada hay más ausente que la democracia genuina en esta censurable conducta, de suyo abominable.

Debemos ser los auténticos ejecutores del cambio que desean las mayorías. De ahí que me atreva a decir que parece cercana la oportunidad de reafirmar nuestra tan llevada y traída vocación democrática. Puedo a sostener que coincido con el clamor de millones de ciudadanos mexicanos: nuestra democracia debe ser reafirmada. Y soy un convencido de que la vía es, debe ser, la socialdemocracia.

La historia nos recuerda que fue el político alemán Eduard Bernstein (1850 -1932) uno de los principales creadores e impulsores de la socialdemocracia. Pero es importante señalar la trascendencia de la socialdemocracia hoy, en el siglo XXI, porque a diferencia de mentalidades indigestas intelectualmente, que no conocen, no entienden ni comprenden que la política no es uno, sino todos, hay quienes estamos convencidos de que no hace falta llegar a la violencia o a una revolución para lograr una profunda transformación de la verdadera democracia en beneficio de la sociedad.

Los instrumentos políticos y jurídicos institucionales están a nuestro alcance. Y el más valioso e importante para ser ejecutado es el sufragio universal, el sistema vigente en México, que nos otorga a toda la ciudadanía mayor de edad el derecho a votar, cualquiera que sea nuestro sexo o condición social.

Aprovechemos la oportunidad: ni populismo demagógico, ni autoritarismos con tintes dictatoriales. El pasado y el presente nos han dado experiencias ominosas que nos deben convencer de que ha llegado la hora de pensar y ver hacia el futuro: la hora de las y los ciudadanos.

La socialdemocracia es el camino.

El mal no es nuevo. Sus primeros síntomas suelen ser casi imperceptibles, cual novatadas entre aprendices de la política. Si bien les va, tarde o temprano conocen, reconocen y aprenden a respetar los límites del poder y la confianza que les otorga la ciudadanía. De lo contrario, sobrevienen descalabros para las aspiraciones democráticas de la sociedad, acosada por apetitos autocráticos. Peor si esos descalabros los propician quienes suponen que la confianza ciudadana es un merecido botín para sus ambiciones.

Hay que señalarlo sin rodeos: el preocupante ejemplo a la vista lo ofrece nada menos que Andrés Manuel López Obrador.

Conquistó legítimamente el amplio poder que hoy detenta como presidente de la República, pero en menos de tres años sus otrora frecuentes llamados a la democracia prácticamente desaparecieron (salvo excepciones interesadas explicables), al tiempo que aumentaron sus frecuentes censuras, internas y externas.

La mira de la iracundia presidencial se nutrió de nuevos objetivos. Y no sólo eso: las descalificaciones han ido en aumento contra el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México; recientemente reprochó las duras críticas de intelectuales en un desplegado público, a quienes recriminó “su falta de honestidad” y los calificó de conservadores que fingían ser liberales.

Entre otros de los “adversarios”, según AMLO y sus afines, está el periodista Carlos Loret de Mola, de quien exhibió costosas propiedades como pretendida réplica a diversas publicaciones que involucran a la familia presidencial en presuntas desviaciones.

En la lista de sus velados “críticos” figuran igualmente el gobierno de Estados Unidos y algunos europeos.

Pero lo que se lleva las palmas en los blancos del enojo presidencial es de mayor gravedad: su desafío al Estado de derecho. Su llamado a la desobediencia constitucional porque el Instituto Nacional Electoral se atrevió a conminarlo a respetar la prohibición de usar como propaganda electoral la votación en torno a la revocación del mandato.

El desacato abierto a la ley electoral, a la Constitución y, ¿por qué no?, a algunas normas de comportamiento político, rebasó límites. Formaron un frente común, entre otros funcionarios y aun legisladores, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, y la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la embestida de los apologistas de la “revocación del mandato” que encabezó el presidente López Obrador fluyeron recursos millonarios para carteles, pintas, bardas y hasta acarreos, cuyos costos se escabulleron en la escrupulosa ley del silencio que impera en los círculos políticos gubernamentales.

Por otra parte, el triunfo que Morena anticipaba desde antes de los comicios, no llegó: en números redondos, 15 millones de votos equivalieron a poco más de la mitad de los sufragios con los que AMLO ganó la elección presidencial en 2018 (30 millones, de modo que el acopio de votos opositores indiscutibles para Morena, logrado en la elección presidencial, se redujo a la mitad tres años después, en la multicitada consulta sobre la revocación del mandato).

El escenario, por luminoso y bonancible que se pretenda desde el festejo palaciego, desmereció ante críticos propios y extraños por la determinación presidencial de festinar una victoria oprobiosa conducida desde el poder que violó inescrupulosamente el orden constitucional, encabezada por el principal responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes.

\Desde luego, nadie puede celebrar el escenario en que hoy se debate la maltratada democracia nacional.

El proceso que debió ser un genuino esfuerzo de fortalecimiento democrático, se diluyó en lo que se antoja una penosa y hasta pueril rebatinga con actores que se aferran a un estandarte autocrático por definición. Nada bueno puede construirse ante un sedicente jefe de Estado cuyo grito de guerra es un antisocial “conmigo o contra mí”.

Los anhelos de unidad nacional han recibido un golpe hiriente desde el pináculo de un poder conferido nada menos que por una autocracia que al fin mostró sus afilados colmillos.

Asegurémonos de que Benito Juárez, Francisco I. Madero y otros íconos de nuestra histórica vocación democrática jamás sean confundidos en la ridícula galería de dictadorzuelos golpistas, ni demagógicamente mezclados en la oratoria de farsantes, inmerecidamente usufructuarios de la honrosa plaza pública.

Este es el empeño de un Movimiento Ciudadano cuyos principios, convencido, hace suyos el autor de estas líneas.

No es fácil reconocer la identidad del hombre que en realidad está detrás del poder en Veracruz. Inclusive parecen señalarlo sus desaciertos, el peor de los cuales parece ser el haber convertido en gobernador a un subordinado con presuntos méritos académicos, pero sin oficio político.

A menos que ignoremos el celebérrimo chistorete presidencial: los mexicanos que estudian en el extranjero sólo lo hacen para aprender malas mañas.

Habrá advertido el lector que nos referimos al mandatario veracruzano (desde el 1 de diciembre de 2018) Cuitláhuac García Jiménez: Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la Universidad Veracruzana; tiene dos maestrías, una en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional y otra en Ciencias en Control Avanzado por la Universidad de Mánchester, en el Reino Unido, así como un doctorado en ingeniería por la Universidad Técnica de Hamburgo-Harburg, Alemania.

Cuitláhuac García (xalapeño) apareció en la palestra pública la mañana del pasado miércoles 22 de diciembre, al asumirse tácita y virtualmente como responsable de la inesperada aprehensión del economista José Manuel del Río Virgen, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Remigio René Tovar, quien en junio último fue candidato (de Movimiento Ciudadano) a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz. El crimen fue cometido la noche del 4 de junio de 2021, dos días antes de las elecciones.

Obligadamente, hay que apuntar que el veracruzano, hoy señalado como culpable del asesinato de René Tovar, es originario de Córdoba, Veracruz. Tiene en su haber una exitosa trayectoria política y administrativa: ha sido alcalde de Tecolutla, diputado federal en dos ocasiones, presidente del Consejo Político Nacional de Movimiento Ciudadano y, en la actualidad, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República.

Intromisión presidencial

Lo curioso de este caso es la enjundiosa y torpe intromisión del presidente López Obrador en un caso judicial, el 23 de junio, cuando habían transcurrido 19 días del crimen. Una voz amiga, tal vez la del propio gobernador Cuitáhuac, le brindó información crucial (pero desatinada) durante la palaciega conferencia matutina de ese día en palacio nacional. Según el presidente, conforme a las pesquisas realizadas en Veracruz, se obtuvo la evidencia necesaria para detener a Omar Ramírez Fuentes como presunto perpetrador del intento de secuestro.

Se atrevió a decir más el presidente: “Acabamos de resolver, o está en proceso de saberse, que a uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Cazones, Veracruz, ¿se acuerdan?, antes de la elección. Bueno, pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña, para él quedarse como candidato y ganar. No queremos eso, esos horrores”, dijo López Obrador respecto al caso. Y desde entonces hasta esta mañana no se habían hecho públicos más avances en la investigación del homicidio del candidato.

Bastó que la torpe investigación del caso concluyó erróneamente que Ramírez Fuente, habiendo sido escogido por Movimiento Ciudadano para suplir al candidato asesinado, era el culpable que necesitaban. Y le llevaron al presidente tamaña estupidez en charola de plata.

López Obrador tuvo desmesurados elogios para su gobernador cuando le transmitieron la noticia de que la errática fiscalía había detenido a José Manuel del Río Virgen. También hay motivos sobrados para pensar que al fiscal de Veracruz le tiene sin cuidado seguir dando palos de ciego.

Para Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador parlamentario de los senadores de Morena, la imputación que se hace en contra de José Manuel del Río Virgen es una muestra del “abuso de poder” que prevalece en Veracruz. Abundó que se trata de un hecho “maquinado, inventado y construido”.

Los medios de comunicación registran atropellos y detenciones arbitrarias contra al menos nueve renombrados políticos veracruzanos, sobre los que han llovido acusaciones variopintas que parecen prefabricadas contra los “adversarios” del poder: van desde violencia intrafamiliar, ultraje a la autoridad, abuso de autoridad, delitos cometidos por servidores públicos, corrupción y homicidio.

Es pertinente recordar que el actual gobernador de Veracruz cayó en un escándalo tragicómico cuando apenas empezaba su mandato, en diciembre de 2018. Todo porque la arquidiócesis veracruzana enfrentó diversos ataques del nuevo secretario de gobierno, Enrique Patrocinio Cisneros Burgos. Uno de ellos les colmó el plato: el clero acusó al gobierno de arremeter en contra del “secreto de confesión”, porque estaba siendo usado por los sacerdotes para hacer proselitismo en las misas dominicales contra el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Todo parece indicar que la tradición del padrinazgo político, autora de muchos vicios y rezagos que dan al traste con la democracia, ha logrado sobrevivir. Ahí andan los émulos de don corleone, dicho sea con minúsculas.