Laura Hernández García
Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano

El cuerpo de Arnulfo Cerón Soriano fue encontrado el 20 de noviembre del 2019 bajo varias toneladas de tierra, aproximadamente a tres metros de profundidad en el área conocida como “los postales”, en la colonia El Aguaje, en Tlapa, Guerrero. El hallazgo ocurrió durante la segunda jornada de búsqueda, ya que estaba desaparecido desde el 11 de octubre del 2019, día en el que se dirigía a Tlapa de Comonfort, Guerrero, a dar una conferencia; nunca llegó. Al día siguiente, sábado 12 de octubre, alrededor del mediodía, encontraron la camioneta en la que viajaba con las llaves puestas, en la colonia Magisterio, y se interpuso la denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Chilpancingo, Guerrero.

Se produjeron grandes dilaciones en las diligencias realizadas para su búsqueda, lo cual fue grave por tratarse de un caso de desaparición y las primeras horas eran cruciales. El comisionado de búsqueda del estado de Guerrero tardó varias semanas en abordar el caso del defensor de derechos humanos, a pesar de las solicitudes de las familias, de sus representantes, de las acciones urgentes y solicitudes para la atención del caso por parte de organizaciones sociales de derechos humanos. Durante las semanas que siguieron a la desaparición, los familiares del Cerón Soriano e integrantes del Frente Popular de la Montaña recibieron reiteradas amenazas telefónicas por parte de desconocidos, instándolos a dejar de hacer acciones para su localización.

Arnulfo era abogado y defensor de los derechos humanos, pertenecía al pueblo Nahua de la región de la Montaña, Guerrero, pueblo agrícola que guarda un profundo respeto a la naturaleza. Participaba como integrante del Frente Popular de la Montaña (FPM) y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG) y también colaboró en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Su trabajo se centró en la defensa y organización de las comunidades indígenas de su región para defender sus derechos humanos, su tierra, recursos naturales y exigir respuesta a sus demandas sociales. En el 2014 se integró activamente a la lucha de los padres y madres de los “43 de Ayotzinapa”, desaparecidos en Iguala.

Las condiciones en las que Arnulfo Cerón realizaba su trabajo como defensor de derechos humanos eran de un elevado riesgo y vulnerabilidad debido a la inseguridad que prevalece, particularmente por la colusión entre autoridades municipales y organizaciones criminales en Guerrero. Ya en el año 2000 había sido detenido por policías ministeriales, torturado y acusado de un homicidio que no cometió, absuelto después de un año y medio. Desde 2016 había recibido diversas amenazas por su labor en el FPM. En 2019 las autoridades municipales empezaron a descalificar y estigmatizar a los dirigentes del Frente y Arnulfo denunció la colusión de las autoridades municipales con el crimen organizado, señalando como responsables al presidente municipal y al jefe de gabinete si algo le llegaba a pasar a él o a sus compañeros.

La desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón refleja la situación diaria que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en nuestro país. Según los datos hemerográficos, comunicados e informes de diversas organizaciones civiles y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), hasta el 16 de diciembre del 2019 se contabilizó el asesinato de 21 defensores de derechos humanos y 13 periodistas.
A solicitud la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ONU-DH realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Como resultado del mismo, la ONU-DH realizó 104 recomendaciones, sin embargo, las capacidades de este mecanismo a nivel de recursos económicos y humanos son insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección. Hasta agosto pasado, el número de personas laborando en el mecanismo era de 36 y no había cambiado desde 2014; mientras que el número de personas protegidas aumentó en 236 por ciento. SEGOB previó que en 2019 se estaría protegiendo a mil 131 personas y que el gasto asociado sería de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado fue de 207.6 millones de pesos, mismo que sólo cubrió el 64 por ciento del gasto previsto. Para 2020, de acuerdo al presupuesto de egresos, no habrá contrataciones nuevas y el aumento para la operación del mecanismo se prevé de 214 millones de pesos.

La crisis de derechos humanos prevalece y es muy profunda. El gobierno federal debe asumir que en los crímenes contra los defensores y periodistas -como el artero crimen contra Arnulfo Cerón- tiene la responsabilidad de actuar en el ámbito de sus competencias para que las autoridades estatales y municipales realicen de manera inmediata acciones para el esclarecimiento y sanción de los responsables intelectuales y materiales; además de establecer medidas urgentes de prevención que garanticen condiciones de libertad y seguridad. Porque todos los mexicanos anhelamos un México en paz, sin feminicidios, asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, sin desaparecidos, sin impunidad.

Periodistas asesinados en 2019

1. Erick Castillo Sánchez

Director de fotografía en Latinoamérica de Discovery Channel de 46 años de edad, asesinado en el puerto de Acapulco el 11 de septiembre de 2019.

2. Nevith Condés Jaramillo

Creador de la página de Facebook “El Observatorio del Sur”, donde se realizaban denuncias ciudadanas. Se encontró su cuerpo el pasado 24 de agosto en Tejupilco, Estado de México. Tenía 42 años de edad.

Comenzó en los medios de comunicación en el año 2013 en Radio Roca. A la par inició el programa de denuncia ciudadana que llevó por nombre “De Frente al Sur”, que era escuchado en la zona sur del Estado de México, y parte de Michoacán y Guerrero. Hizo en una etapa cápsulas políticas en la sección “Política ficción”, en IMPERIO Informativo, para después del 2017 comenzar con Observatorio del Sur, un programa social de denuncia pública a través de las redes.

3. Jorge Celestino Ruíz

Fue asesinado en el municipio de Actopan, Veracruz, el pasado mes de agosto. Reportero del diario Gráfico de Xalapa, ya había denunciado con anterioridad haber recibido amenazas de muerte.

4. Édgar Alberto Nava López

Fue director de Actividades Comerciales Industriales y Espectáculos Públicos de Zihuatanejo, Guerrero, así como administrador de la página de Facebook “La Verdad de Zihuatanejo”, fue asesinado en el mes de agosto de 2019.

5. Rogelio Barragán

Director del portal de noticias Guerrero al Instante, fue encontrado su cuerpo en la cajuela de un automóvil en el mes de julio de 2019, en el municipio de Zacatepec, Morelos. Tenía 55 años.

6. Norma Sarabia

Periodista, colaboradora del diario Tabasco y Presente por 15 años, asesinada en Huimanguillo, Tabasco, el pasado mes de junio.

7. Francisco Romero

Fue hallado muerto el mes de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Era administrador y director de la página de Facebook “Ocurrió Aquí” y colaborador de distintos medios de dicho estado, donde cubría nota roja.

8. Telésforo Santiago Enríquez

Periodista, profesor de educación indígena y defensor de los derechos indígenas. Fue asesinado el mes de mayo de 2019, en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca.

9. Santiago Barroso

Dirigía el portal de noticias Red 653, colaboraba en el semanario Contraseña y estaba al frente del programa San Luis Hoy. Fue asesinado en su domicilio en el estado de Sonora, el mes de marzo pasado.

10. Rafael Murúa Manríquez

Tenia 34 años y era director de la radio comunitaria Radiokashana y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). Víctima de ataque y amenazas los últimos dos años, fue hallado muerto en la cuneta de una carretera del municipio de Mulegé en Baja California Sur, el 19 de enero de 2019.

Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2019

1. Sinar Corzo

Formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos de Coloso de Piedra y defendía activamente los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chiapas.

Se dedicó a causas como la gestión de obras y caminos para las comunidades indígenas, cuidado del medio ambiente, así como a la exigencia de reconstrucción de los daños causados por el sismo de 2017.

Fue asesinado el 3 de enero de 2019, a 30 metros de su vivienda.

2. Noé Jiménez Pablo

Líder del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. Durante el jueves 17 de enero pasado se registraron detonaciones con armas de fuego en un plantón instalado para exigir la salida de los hermanos Carpio de la presidencia municipal. Noé fue localizado sin vida en un basurero, con signos de tortura.

3.Gustavo Cruz Mendoza

Integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, en la comunidad Cerro Caliente, fue asesinado el 20 de enero de 2019.

4. Bernardino García Hernández

Activista y defensor indígena de los derechos humanos; se dedicaba al trabajo de campo, así como a la política, fue ex agente municipal de Zimatlán, Oaxaca, donde fue asesinado el 21 de enero pasado, en un paraje conocido como “Camalote”.

5. Óscar Cazorla

Activista muxe, fundador de la fiesta “Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro”. Fue hallado sin vida el 9 de febrero, dentro de su domicilio, con rasgos de tortura.

6. Samir Flores

Indígena náhuatl originario de Amilcingo, Morelos. Principal impulsor de la organización contra el Proyecto Integral Morelos (PIM); fundador de la radio comunitaria Amiltzinko 100.7fm, formó parte del Comité de Padres de Familia de la escuela del centro de Amilcingo. Líder opositor de la termoeléctrica en Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos. Fue asesinado en Amilcingo, el pasado 20 de febrero.

7. Eulodia Lilia Díaz Ortíz

Activista de pueblos indígenas, pertenecía al Consejo Indígena del Trueque (CIT), fue asesinada el pasado 25 de marzo.

8. Abiram Hernández

Sociólogo de la Universidad Veracruzana, integrante del CISEM, acompañaba a colectivos de desaparecidos en reuniones y mesas de trabajo con el gobierno federal y la Fiscalía General del Estado, para exigir resultados en la identificación de fosas clandestinas. Fue hallado muerto en su domicilio el 29 de marzo de 2019, en Xalapa, Veracruz.

9. Luis Armando Fuentes Aquino

Defensor de los derechos de la tierra e integrante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo. Fue emboscado en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, el pasado 11 de abril. Un día antes de su asesinato encabezó una manifestación en defensa del territorio en el Istmo.

10. Jose Luis Álvarez Flores

Ambientalista, defensor del mono saraguato, encargado de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA Saraguato). Hizo acusaciones sobre la extracción ilegal de arena.

Fue asesinado el mes de junio pasado, en la carretera en el municipio de Palenque, Chiapas, presentó impactos de bala y mensajes amenazantes en cartulinas.

11. Mario Moreno Jiménez

Integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Fue asesinado el pasado mes de junio en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

12. MarÍa Cristina Vázquez Chavarría

Activista del Comité de Residentes de la Colonia Hipódromo Condesa. Fue asesinada en su departamento, con altos signos de violencia, en el mes de julio de 2019.

13. Zenaida Pulido Lombera

Activista defensora de derechos humanos, coordinaba la quinta caravana de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Aquila. Fue asesinada en el tramo costero La Huahua-Pichilinguillo, el 22 de julio de 2019.

14. Isaías Cantú Carrasco

Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Paraje Montero municipio de Malinaltepec, Guerrero. Integrante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Fue asesinado el pasado 11 de octubre. Desde hace siete años emprendió la lucha contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biosfera en la región de Phaá.

15. Cruz Soto Caraveo

Activista, representante del Colectivo de las Familias Desplazadas, víctima de desplazamiento forzado. Fue privado de su libertad el pasado 13 de septiembre. Un mes después fue hallado su cuerpo en la Sierra Tarahumara durante un operativo.

16. Arnulfo Cerón Soriano

Activista, dirigente del Frente Popular de la Montaña, se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre. Un mes después fue hallado su cuerpo en una fosa.

Defensores Asesinados Cerezo

1. José Santiago Gómez Álvarez

Integrante de la organización Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Fue hallado muerto en el municipio de Amatán, Chiapas, el 18 de enero de 2019.

2. Estelina Gómez López

Defensora de los derechos de la tierra en Chiapas; formaba parte de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo. Fue asesinada el 23 de enero de 2019.

3. Camilo Álvarez Pérez

Líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, defensor del territorio triqui. Fue emboscado y acribillado en el Paraje La Ladera perteneciente a la Sabana Copala, Oaxaca, el pasado 3 de abril.

4. Julián Cortés

Líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Asesinado en un ataque cometido por un comando armado el pasado 12 de abril en San Luis Acatlán, Guerrero.

5. Mario Moreno López

Integrantes del Frente Nacional de La Lucha por el Socialismo. Defensor de los derechos de la tierra, asesinado el pasado 20 de junio en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

6. Catalino Barradas Santiago

Defensor indígena asesinado el 30 de noviembre pasado, en Santos Reyes Nopala, Oaxaca.

De igual manera, en diferentes entidades federativas como Jalisco y Ciudad de México, candidatas y candidatos a puestos de representación popular y proporcional llevaron a cabo encuentros con colectivos y agrupaciones enfocadas en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTI.

El pasado 2 de agosto de 2019 se llevó a cabo el conversatorio para la formación sobre Derechos Humanos de Diversidad Sexual: Orientación Sexual e Identidad de Género dirigido a los órganos de dirección y a todas las personas que colaboran en la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano que organizo la Secretaria Nacional de Derechos Humanos e Inclusión Social de este instituto político, en el que participaron la CNDH, organizaciones de la sociedad civil LGBTTTI y Mujeres Trans Defensoras de Derechos Humanos.

Movimiento Ciudadano a través de sus órganos de dirección a nivel nacional reitera su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos de la población LGBTTTI a vivir una vida de violencia, y discriminación y será una realidad el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, electorales, sociales, económicos y culturales; y continuará trabajando en la construcción de ciudadanía incluyente.

Preguntas sobre el Protocolo Trans y su implementación

Cuál es la perspectiva respecto a los derechos político electorales de las personas Trans y la implementación del protocolo Trans

Los derechos político electorales son derechos humanos; por lo tanto, el protocolo Trans es la guía fundamental para que, a la población Travesti, Transgénero y Transexuales se les respete el libre ejercicio de estos derechos.

La implementación del protocolo Trans del INE es fundamental para que se garantice a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación; y su aplicación coadyuvara en la erradicación de prejuicios y prácticas discriminatorias.

El documento contribuye a eliminar las barreras normativas, actitudinales, procedimentales, materiales y comunicacionales que dificultan que la población trans acceda y ejerza efectivamente a su derecho al voto y a la participación política.

Cuáles consideran que sean las fortalezas y debilidades del Protocolo Trans Fortalezas

• Es un documento muy bien conceptualizado y fundamentado de conformidad con la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011 y acorde con los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos México ha firmado y ratificado.

• En este protocolo se aplica el principio pro homine o principio pro persona que se establece en la constitución y que implica que debe acudirse a la aplicación de la norma o criterio más amplio que mejor proteja los derechos humanos de la(s) persona(s).

• Es el resultado del trabajo incidencia y cabildeo de la sociedad civil organizada LGBTTTI y de especialistas con el INE y el CONAPRED para establecer una guía básica para llevar a cabo medidas de aplicación inmediata y progresiva para erradicar prejuicios, tratos discriminatorios y garantizar en condiciones de igualdad el derecho al voto y a la participación política de la población Trans.

• Establece acciones concretas para la difusión e implementación del Protocolo Trans.

• La oportunidad de trabajar en equipo las diferentes autoridades, los actores sociales y políticos; con activistas y personas Trans para llevar acabo estrategias y acciones que lleguen a la población trans para la implementación de este protocolo.

Debilidades

• La ignorancia sobre Derechos Humanos, ya que aún no hemos logrado el cambio de paradigmas socioculturales a nivel federal, estatal y municipal y, por lo tanto; hay que construir la cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas, en la que todos y todas nos asumamos como sujetos de derecho y agentes de cambio.

• El machismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia que existe en México como lo demuestra la información estadística que arroja datos específicos sobre la población trans y que son preocupantes como se advierte en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de CONAPRED.

• El contexto de violencia e inseguridad estructural que se vive en el país y que se exacerba en sectores de la población como son las mujeres y la población LGBTTTI; cuya manifestación más terrible son los feminicidios y los asesinaros de odio por homofobia y transfobia; desde nuestra perspectiva también es un obstáculo para que este protocolo pueda implementarse. (Informe de Letra S, Violencia Extrema Los Asesinatos de la Población LGBTTT en México: Los Saldos del Sexenio 2013-2018).

• El incipiente avance legislativo para el reconocimiento de la identidad sexo-genérica que desde 201, ya solo se ha llevado a cabo en los estados de Nayarit, CDMX, Michoacán y Coahuila.
Que acciones sugieren implementar para mejorar y ampliar el impacto de las medidas ya establecidas en el protocolo Trans.

• Participar activamente en las mesas de diálogo y de retroalimentación del INE y CONAPRED con los OPL, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en derechos humanos LGBTTTI y personas Trans.

• Se lleven a cabo las adecuaciones a la estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, en la que se incluya medidas de inclusión para la implementación del protocolo y que se contemple la participación de especialistas y de activistas Trans o de organizaciones con trabajo en Derechos Humanos LGBTTTI.

• Que cada instituto político o partido político lleven a cabo la capacitación correspondiente sobre el contenido del protocolo trans y su implantación en sus órganos de dirección a nivel nacional, estatal y municipal, a sus militantes y simpatizantes y coadyuve en el diseño e implementación de campañas informativas para la implementación del protocolo en redes sociales, medios digitales y presenciales.

• Diseño de campañas de difusión en la que participen personas Trans para que tanto la población especifica al igual que la población en general tengan conocimiento de este instrumento y que para poder votar todas las personas mayores de edad tengan su credencial de elector vigente, que estén inscritas en la lista nominal.

• Que se informe a todos los actores involucrados en los diferentes procesos electorales tanto a nivel municipal, estatal y federal explícitamente a que la “En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de genero del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien el nombre o el sexo asentados en ella podrá ser una causa para impedir el voto de la persona”.

Laura Hernandez García
Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano

Desde el Código Penal de 1871 se estableció en México la consigna rotunda en la ley que perdura hasta hoy en diversos ordenamientos del país como: “faltas y/o ataques a la moral y las buenas costumbres”, probados sólo por la interpretación subjetiva y arbitraria de quienes aplican estas vaguedades de la norma

El pasado 29 de junio del 2019 se llevó a cabo la XLI Marcha del Orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México, lo cual tiene un gran significado histórico, social y político. Por ello, es importante hacer memoria de la lucha de los derechos de las personas de la diversidad sexual en México y en el mundo; visibilizar el símbolo de los 41, la rebelión principalmente de las mujeres Trans de Stonewall en New York y la situación actual de los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales.

La revuelta de Stonewall

Los clientes del bar Stonewall: gays, lesbianas, transexuales y drag queens, en su mayoría migrantes y de clase trabajadora, enfrentaron a la policía de Nueva York el sábado 28 de junio de 1969 por la madrugada, en un acto de resistencia contra las redadas policíacas y los arrestos arbitrarios. Aquella comunidad diversa vivía temerosa de la represión, pero al mismo tiempo crecía en ella el hartazgo, la indignación y la rabia contenida que estalló esa madrugada.

Según los testimonios de esa revuelta, Marsha P. Johnson, una mujer transgénero negra, junto con su compañera Sylvia Rivera, una drag queen de ascendencia puertorriqueña y venezolana, fueron las primeras que pusieron resistencia y enfrentaron a la policía, convirtiéndose en las líderes inspiradoras del movimiento que nacía hace 50 años, cuando lesbianas, gays, bisexuales, trans y drag queens lucharon contra el acoso y la represión policial.

Stonewall fue el detonante de un movimiento de alcance mundial por los derechos de las personas LGBTTTI, que hasta la fecha continúa desafiando convicciones morales y religiosas y ha provocado transformaciones políticas, sociales y culturales a nivel internacional.

El baile de los 41

Según la investigación hemerográfica de Antonio S. Cabrera desde las crónicas de la época hasta nuestros días, el 18 de noviembre de 1901, en la céntrica calle de la Paz (hoy calle Ezequiel Montes) la policía irrumpió en una casa donde se llevaba a cabo una reunión de “homosexuales”, de ellos, 22 vestían de traje o frac y 19 vestidos de mujer. Esta redada tuvo como resultado el arresto de varios hombres de la clase aristocrática porfiriana, entre ellos, Ignacio de la Torre, quien estaba casado con Amada Díaz, hija de Porfirio Díaz, además de otros personajes importantes de la época.

Los periódicos de la época insisten que fueron 42 los detenidos, pero luego quedaron 41, así nada más. Este hecho avivó el rumor que posteriormente se convertiría en leyenda y que sería “verdad histórica” hasta la fecha: el prófugo que paga a precio de oro su libertad y al que se le permite huir por las azoteas, es don Ignacio de la Torre, yerno del presidente Porfirio Díaz.

Lo más significativo de la redada de los 41 es el hecho mismo de la detención arbitraria y sin sustento legal de un grupo de hombres que se divertían una noche de sábado. Se alegó que los 41 “carecían de permiso” para efectuar la fiesta, sin embargo, en las crónicas de la época jamás se menciona la exigencia de permisos o notificaciones previas para realizar reuniones o fiestas privadas.

En México no ha estado prohibida la homosexualidad porque la legislación se basa en el Código Napoleónico, que por distintas razones no menciona específicamente este comportamiento. En lugar de esto, desde el Código Penal de 1871 se estableció en México la consigna rotunda en la ley que perdura hasta hoy en diversos ordenamientos del país como: “faltas y/o ataques a la moral y las buenas costumbres”, probados sólo por la interpretación subjetiva y arbitraria de quienes aplican estas vaguedades de la norma.

El baile de los 41 es el episodio histórico a partir del cual la homosexualidad se volvió un tema de debate público en México, y la redada que se realizó con la negación absoluta a los derechos civiles sienta el precedente de lo que vendría y que fue legal a lo largo de los siglos XIX, XX y continúa en muchos lugares de nuestro país en el siglo XXI: redadas continuas, extorsiones policiacas, detenciones arbitrarias, golpizas, malos tratos, tortura e incluso cárcel; muchos fueron enviados al penal de las Islas Marías, sólo se necesitaba una frase en el expediente: “Ofensas a la moral y las buenas costumbres”.

La redada de los 41 incitó a gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México a ser, a resistir, a vivir con dignidad, con libertad y con los mismos derechos y obligaciones de cualquier ser humano, independientemente de la orientación sexual, origen étnico, clase social, condición de salud y discapacidad, entre otros.

Por eso, el movimiento gay, hoy denominado LGBTTTI, ha estado vinculado desde sus inicios al movimiento estudiantil, obrero y feminista. En 1978 surge el grupo LAMBDA de Liberación Homosexual, que junto con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y OIKABETH participa en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, y al año siguiente, en junio de 1979, se realizó la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México, que desde entonces se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida.

Este 29 de junio se cumplen 41 años de luchas que diferentes grupos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han llevado acabo en los 32 estados de la República, para lograr el reconocimiento de: los derechos fundamentales de la diversidad sexual en el ámbito público y privado; el matrimonio igualitario; la libertad de expresión; el acceso a la justicia, a la salud y al trabajo libre de discriminación, entre otros, de los que aún no se goza plenamente, a pesar de los avances que se han dado en el reconocimiento de derechos a las personas LGBTI+ en México.

• Tonatiuh Bravo: incluye propuestas de Movimiento Ciudadano
• Rechazo al intento de AMLO de anular la anterior con memoranda
• “Habrá memorándum” si tardan en aprobar la Ley de Austeridad
• “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”: CNDH

C

on reservas a varios apartados, los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría calificada la virtual nueva Reforma Educativa que, en muchos sentidos, suplirá los ordenamientos de la que impulsó (y logró su aprobación en el Congreso), Enrique Peña Nieto en septiembre de 2013.

El acuerdo se logró en medio de vientos políticos tempestuosos, debido a la pretensión del presidente López Obrador de anular la Reforma de 2013, que estaba vigente aún, mediante el envío interno de tres mensajes (memorándum) con órdenes anulatorias a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

La censura más severa al intento presidencial de violar el orden constitucional partió de un posicionamiento público de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), vertido el 18 de abril, en uno de cuyos seis puntos, el cuarto, afirmó: “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”.

La CNDH también estableció (como finalmente ocurrió): “Corresponde al Poder Revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo el realizar las adecuaciones conducentes, asumiendo como premisa básica de actuación la vigencia efectiva de tal derecho y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

Sin embargo, en su conferencia matutina del jueves 25, el presidente López Obrador recordó que está pendiente la aprobación de otro compromiso de su campaña electoral: la llamada “Ley de Austeridad”, y advirtió: si el Congreso de la Unión se tarda en expedirla, “habrá otro memorándum”.

RECOGE PROPUESTAS CIUDADANAS

En la madrugada del jueves 25 de abril, en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano votó a favor en lo general de la nueva Reforma Educativa. Tonatiuh Bravo, Coordinador del Grupo Parlamentario, precisó que la Reforma incluyó 24 puntos propuestos por Movimiento Ciudadano. Entre otros:

• Incorpora importantes y nuevos derechos ciudadanos que tienen como garante al Estado mexicano en materia de educación superior obligatoria, educación inicial, educación inclusiva y especial.
• Garantiza la autonomía universitaria, la eliminación de la evaluación punitiva a los profesores y la obligación del Estado de capacitarlos en caso de no pasar la evaluación.
• Deroga la Ley del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).
• Las relaciones laborales del personal que ejerza la función magisterial se regirán por el apartado B del artículo 123; además, admisión, promoción y reconocimiento de acuerdo al artículo 3° ambos de la Constitución.
• Crea un Fondo para la Educación Superior y presupuestos plurianuales para infraestructura.
• Agrega el principio de rectoría del Estado, que la educación sea universal e inclusiva, además de los principios de educación pública, gratuita y laica.
• Revalora el papel de magisterio como agente del proceso educativo y reconoce su contribución a la transformación social.
• Establece el Sistema de Carrera de las y los maestros bajo la rectoría de la Federación en coordinación con las entidades federativas.
• Los procesos de selección para docentes serán: públicos, transparentes, equitativos e imparciales, de naturaleza integral y no afectarán la permanencia de maestras y maestros.
• Fortalece las instituciones públicas de formación docente, en particular las normales.
  Fortalece la equidad educativa para combatir desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, así como acciones de apoyo alimentario en zonas de alta marginalidad.
• La educación será intercultural para pueblos y comunidades indígenas; prilingüe e impulsará la educación para adultos en todas sus modalidades.

Queda todavía un buen trecho político y jurídico que recorrer, con pasos importantes de orden jurídico y político. En primer lugar, tratándose de una reforma constitucional, el Senado debe aún evaluar (lo que ya comenzó a hacer desde el jueves 25 a mediodía, cuando recibió la minuta del dictamen enviado por la Cámara de Diputados esa madrugada), y a la luz de esa evaluación corregir, aprobar o rechazar la Reforma. En caso de aprobarla, todavía deberán ratificarla la mitad más una de las legislaturas de los estados.

Otro filtro importante será el del principal bloque tradicionalmente opuesto a la Reforma Educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sobre el particular, el Coordinador de los Diputados Federales de Morena, Mario Delgado, pidió el jueves 25 de abril a la CNTE “un voto de confianza” para avanzar en el proceso legislativo de la Reforma Educativa; en declaraciones a Carmen Aristegui añadió que la Secretaría de Hacienda estará a cargo de la nómina de los maestros, y reconoció que “la posibilidad de otorgar plazas de maestros a los normalistas de forma automática, se definirá hasta la aprobación de las leyes secundarias”.

En el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y bajo la premisa de que “el arte es un cáliz que nos puede servir para sintetizar lo que hay a nuestro alrededor, mirarlo de otro modo e invitar a actuar a la sociedad para cambiar la situación de las cosas”, el pasado 10 diciembre el Lic. Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, en conjunto de con las organizaciones de la sociedad civil: Quirón. Derechos Humanos + Cultura,  la Fundación Cultura en Movimiento, el Grupo de Estudios sobre Derechos Géneros y Diversidades (DEGEDI), la Fundación Dime y Juntos Lo Hacemos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevó a cabo la exposición retrospectiva “Invitación a la fiesta, que 20 años es nada”, del pintor Juan José Zamarrón de León, y el conversatorio “Desafíos contemporáneos a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Los eventos se realizaron en la casa de cultura “La Quinta Axayopa”, ubicada en San Pablo Oztotepec, de la demarcación milpaltense.

Durante el conversatorio sobre los “Desafíos contemporáneos a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, las ponentes señalaron la necesidad de impulsar el desarrollo de las comunidades y la importancia de trabajar con sectores de la población como jóvenes, mujeres y pueblos originarios para lograrlo. Por otra parte, se resaltó la urgencia de disminuir los índices de violencia en contra de las mujeres, de reducir las desigualdades de género y el papel de los organismos protectores de los derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

El Mtro. José Octavio Rivero Villaseñor anunció la creación de la Unidad de Fomento a la Equidad y los Derechos Humanos, la cual contará con áreas de atención para mujeres, jóvenes, población infantil, personas adultas mayores y personas con discapacidad; además de oficinas encargadas de la promoción de la lengua náhuatl, la historia y riqueza cultural de los pueblos originarios, la equidad  y la lengua de señas, entre otras.

Asimismo, el Alcalde del Municipio de Milpa Alta, Rivero reafirmó su compromiso de impulsar las diversas expresiones artísticas y culturales en la demarcación y promover el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Es de resaltar que el público asistente fue diverso, ya que estuvieron presentes mujeres y hombres de la comunidad milpaltense y sus pueblos originarios, jóvenes, personas adultas mayores, líderes sociales y servidores públicos que tuvieron una participación muy activa a través del diálogo con las ponentes y con el alcalde.

Aunada al conversatorio se inauguró la exposición del Mtro. Zamarrón, que recoge en cada pincelada de color una parte de la historia de México con el fin de estimular nuestros sentidos y nuestra memoria sobre sucesos clave y movimientos sociales que nos marcaron en el siglo XX y que continúan vigentes. Una historia que nos define como mexicanos y  mexicanas, que está viva y que cada día vamos construyendo. Sus pinturas nos llevan a reafirmar que ya no queremos más Ayotzinapas, Tlatlayas ni Acteales; no más feminicidios, corrupción e impunidad.

 La exposición “Invitación a la fiesta, que 20 años es nada” se ha presentado en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro; en las estaciones de metro Barranca del Muerto, Salto del Agua y Tacubaya; en la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Estará disponible en la Quinta Axayopa hasta el 14 de enero del 2019, y próximamente se presentará en el Senado de la República.

La Secretaría de Derechos Humanos e Inclusión Social, la Fundación Cultura en Movimiento y Quirón Derechos Humanos + Cultura continuarán impulsando diferentes manifestaciones artísticas, buscando que hagan suyos los lugares públicos para que puedan ser accesibles para todos. Estamos convencidos de que el arte y la cultura tienen mucho que aportar para lograr que un día la dignidad se haga costumbre, que todas las personas en México podamos vivir libres de violencia, discriminación e impunidad, gozar de todos los derechos humanos y ser felices.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro se inauguró la exposición “Invitación a la fiesta: que 20 años no es nada”, conformada por 20 obras pictóricas que realizó el artista Juan José Zamarrón hace más de dos décadas, mismas que permiten reflexionar sobre la situación política, social y cultural del país en esa época.

Los sucesos representados en estas obras marcaron el inicio de los festejos que anunciaban un cambio inminente al finalizar el siglo XX. Sin embargo, el artista oaxaqueño lamentó que con el paso de los años la fiesta nunca llegó, por el contrario, el neoliberalismo sólo nos dejó “la cruda” como herencia, con la expectativa de un mundo mejor que en realidad permanece igual. Zamarrón resaltó que “al calor de los acontecimientos actuales, tanto los personajes como los sucesos relatados, parece que resucitaron”.

A través de colores radiantes, imágenes de actores políticos y crítica social, las obras de la colección conformada por 50 cuadros, forman parte del proyecto “Mis años en México” que creó el artista de 1994 al 2000, donde decidió abordar sucesos que transformaron la vida y el pensamiento de los jóvenes mexicanos.

El pintor explicó que también aspiran a transformar nuestro entorno, porque “mostrarlas ahora es provocar la memoria de quienes han vivido más; mientras que en los jóvenes busco dirigir su atención hacia el mundo que nos rodea, que muchas veces dejamos de ver en nuestro andar cotidiano. Es importante detenernos un momento para descubrir que formamos parte de estos acontecimientos”.

En este sentido, destacó que en la actualidad la pintura vestida de fiesta nos invita a descifrar los mensajes, reinterpretar los sucesos y proponer nuevas lecturas para salir del enredo en el que estamos metidos. “Como sociedad buscamos respuestas para transformar este mundo en un espacio habitable para todos”, aseguró el artista.

En su intervención, Laura Hernández García, secretaria de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, destacó que la obra del maestro Zamarrón permite recuperar la memoria histórica para reinterpretar sucesos sociales que nos marcaron en los años setenta, ochenta, noventa e incluso en los primeros de este siglo; los cuales no son ajenos después de 20 años, por el contrario, continúan vigentes, lo que resulta trágico para nuestra sociedad.

“Basta recordar que México vive una grave crisis de derechos humanos, porque todos los días nos enteramos de feminicidios, desaparecidos, crímenes por homofobia, transfobia, masacres, corrupción o narcotráfico. Hechos tan lamentables como Tlatlaya, Ayotzinapa y San Fernando, son algunos de los miles de casos que suceden en nuestro país; sin embargo, continúa la resistencia y demandamos un cambio inmediato”, resaltó.

Además, Laura Hernández señaló que las imágenes y los colores de los cuadros nos animan a reinterpretar los sucesos y a descifrar los mensajes de forma única en cada espectador, “nos sensibilizan y concientizan sobre la importancia de nuestros derechos humanos, porque cada uno debe promoverlos, defenderlos y ejercerlos con pasión, porque sólo así podemos cambiar nuestra realidad”.

Para concluir, la diputada ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos expresó que el maestro no solamente pone en evidencia la importancia de los colores y de vivir la pintura, sino la idea de resaltar los derechos humanos y la participación ciudadana. “Lo van a ver a veces diluido, pero otras veces muy presente, como decimos en psicología, el fondo y la forma se ven en cada obra; además nos permite hacer un recorrido por esta tierra oaxaqueña que nos ha dado mucha luz y color”.

En el evento se contó con la presencia de Arturo Sánchez Meyer, presidente de la Fundación Cultura en Movimiento; Macedonio Taméz Guajardo, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado ciudadano Salvador García González y la diputada ciudadana Dalia Rocha Ladrón de Guevara.

La exposición Invitación a la Fiesta (que 20 años es nada) es una serie pictórica que no sólo atrapa al espectador por sus colores festivos, sino porque resulta sencillo identificar a personajes políticos y acontecimientos sociales, culturales o deportivos que transformaron a la juventud mexicana del siglo XX.

No obstante, en palabras del autor, el maestro Juan José Zamarrón, es lamentable que después de 20 años estos conflictos aún permanezcan vigentes en nuestro país: “esta colección la trabajé desde 1994 hasta el 2000; la culminé en esa fecha porque consideré que con el cambio de régimen, la situación política del país se modificaría, pero es triste saber que no fue así”.

En la inauguración de esta muestra, que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el artista dijo que “esta serie de cuadros es una fiesta, aunque suene horrible porque los temas no son festivos, pero la pintura sí, al estar llena de colorido atrae al público a través del juego con imágenes que forman confetis y serpentinas. En medio de ese color plasmo un elemento llamativo que acerca al espectador con la obra, entonces le permite leer la imagen y comprender la esencia de los cuadros”.

En el evento, el presidente de la Fundación Cultura en Movimiento, Arturo Sánchez Meyer, destacó que resulta inevitable citar al compositor Carlos Gardel, quien escribió la frase “20 años no es nada”, debido a que esta muestra es un buen ejemplo de ello frente a las diversas temáticas que plasma el maestro Juan José Zamarrón en su obra, las cuales prevalecen vigentes. Asimismo, destacó que precisamente uno de los objetivos de la Fundación Cultura en Movimiento es difundir el arte y llevarlo a las calles para que más gente se involucre con la cultura, pues el arte sirve para defender y crear conciencia.

Por su parte, la secretaria Nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, señaló que la exposición se compone de un mosaico de ideas e imágenes sobre algunos sucesos históricos de las últimas décadas del siglo XX. “Este proyecto consiste en recuperar la memoria histórica que tanta falta nos hace para transformar el presente y así transformar verdaderamente a México; sobre todo en estos momentos en los que vivimos una tremenda crisis de derechos humanos”.

A su vez, destacó que es importante acercar el arte a la sociedad, porque “la cultura es un derecho humano que debemos promover para lograr que todos tengan acceso a ella, por tanto, es una obligación que socialicemos a la cultura en el mayor número de lugares públicos, a través de sus diferentes expresiones artísticas”.

Con la presencia del diputado ciudadano de la ALDF, Armando López Campa, el pintor Zamarrón concluyó que si bien la muestra lleva por nombre Invitación a la fiesta, no es un fiesta como tal, pues le resulta triste sacar los cuadros de la bodega y darse cuenta de que sus representaciones aún son vigentes. “Cuando terminé de pintar estas obras, creí que nuestro país estaba por cambiar, por eso resulta terrible saber que el país continúa igual o peor. No obstante, es una fiesta para recibir invitados y unirnos de tal manera que generemos una comunidad y volteemos a ver el entorno, pues sólo así podremos lograr un cambio importante desde nuestra propia trinchera”.

LAURA HERNÁNDEZ

Ll 10 de diciembre se conmemora el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si leemos los artículos que la conforman reconoceremos en ellos los ideales comunes de todas las personas y seguramente de todas las naciones; pues todas y todos, sin importar edad, raza, condición social y/o económica, orientación sexual, género o alguna discapacidad, queremos vivir dignamente; gozar de todos los derechos y libertades sin discriminación, tener acceso a la justicia e igualdad de oportunidades, disfrutar una vida libre de violencia, existir sin miedo a que nos maten por ser periodistas, defensores o defensoras de derechos humanos, migrantes, jóvenes o simplemente por ser mujeres. Todos tenemos el derecho a acceder a una buena educación laica y gratuita, y a la cultura.

Estoy convencida de que a todos los ciudadanos nos gustaría ir a una exposición, disfrutar de una buena obra de teatro, visitar regularmente un museo y no sólo cuando se pueda, comprar una pintura si la situación económica y social lo permitiera. El acceso a la cultura también es un derecho humano y es de todos, no sólo de las élites. Tenemos la obligación de socializar la cultura y hacerla accesible en todos los lugares públicos, de tomar la calle. Mediante la cultura también podemos generar un cambio de paradigmas sociales, convertir en un hábito el respeto a los derechos humanos de todas y de todos.

En esta ocasión quiero compartirles que los primeros días del mes de septiembre anterior disfruté un rencuentro con el maestro Juan José Zamarrón y con la fuerza de su pintura. Me pidió inaugurar su exposición en la estación del Metro Tacubaya, y ello sacudió mis recuerdos con diferentes sucesos históricos que tuvieron gran impacto, en quienes fuimos jóvenes durante las tres últimas décadas del siglo XX.

Su colección denominada Mis Años en México me hizo recuperar la memoria. Estoy convencida de que la pintura de Juan José Zamarrón sobre hechos sociales e históricos todavía vigentes, lleva al espectador mediante imágenes, símbolos o ideas conocidas, desde una perspectiva distinta, a sentirse parte de ella y a interpretarla desde el entorno social y político que vivimos actualmente.

En este caso, la pintura tiene la fuerza suficiente para que nos reconozcamos en ella; recuperemos la memoria para mover la realidad, cambiar nuestro presente y apostar por un futuro mejor para México. Estoy convencida de que quien observa una buena obra pictórica puede sentir no sólo su belleza, sino también el dolor, la indignación o la esperanza que mueve en lo particular a cada joven, mujer o niño a vivir con pasión, a solidarizarse con el dolor ajeno, a no olvidar y luchar desde nuestra trinchera por una sociedad más justa, en donde todos y todas tengamos derechos y oportunidades iguales.

Así lo demostramos los mexicanos y mexicanas inmediatamente después de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Oaxaca, Morelos, Puebla, CDMX, el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Tlaxcala fueron las entidades más afectadas. Todos salimos a la calle a ayudar a quienes perdieron su casa, a aquellos que estaban bajo los escombros; las y los jóvenes desbordaron las calles, al igual que mujeres y hombres de todos los estratos sociales. Universidades, movimientos sociales y establecimientos privados crearon centros de acopio para llevar artículos indispensables a todas las entidades afectadas. Fue paradigmático ver cómo los jóvenes, ante la avalancha de información, desarrollaron una plataforma ciudadana que organizó y difundió información sobre la necesidad de ayuda fundamental en esos días. Hoy la sociedad civil aún continúa movilizándose para la reconstrucción.

Los artistas mexicanos también aportaron su esfuerzo para fortalecer el sentido de comunidad. Tal es el proyecto Muro en Resistencia, que tuve el honor de inaugurar el 27 de octubre último en el muro de la cafetería Marabunta, en Coyoacán, por iniciativa de la pintora Ivonne Ortiz. Ello con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre lo importante que es adquirir conciencia política y poner la pintura al alcance de todos.

Con el apoyo del diputado Armando López Campa, la Secretaría de Derechos Humanos bajo mi responsabilidad llevará a cabo la exposición Mis años en México del maestro Zamarrón, durante la segunda quincena de diciembre en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esperamos contar con la valiosa participación de la Fundación Cultura en Movimiento.

Laura Hernández García

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo y consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de derechos humanos que tiene como objetivo: promover, observar y defender los derechos humanos en el continente americano. Para ejecutar estas labores, la CIDH está integrada por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, los cuales ejercen sus funciones durante un periodo de cuatro años, con opción a ser relegidos una sola vez; ninguno de ellos representa su país de origen.

El 163 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH se celebró los días 3 a 7 de julio en la ciudad de Lima, por invitación del Estado peruano. Durante las sesiones se realizaron 18 audiencias sobre la situación de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.

Por solicitud de las organizaciones mexicanas de derechos humanos, se llevaron a cabo dos audiencias temáticas: la primera sobre los derechos de las personas LGBTI y la segunda sobre Justicia e Impunidad en México. Además, se realizó una audiencia sobre la situación del caso de Amafer Guzmán Cruz y otra que resulta fundamental para todos los mexicanos y mexicanas, la audiencia “Mecanismo Especial de Ayotzinapa”.

Quienes asistimos a este 163 periodo extraordinario realizamos una labor conjunta y solidaria, de manera que el eje de todas las audiencias girara en torno a la violencia que vive la población, la impunidad que padecemos y, en consecuencia, la falta de acceso a la justicia. Todos los defensores de los derechos humanos denunciamos en cada una de las audiencias el espionaje telefónico que ha sufrido la sociedad civil, en concreto el que se ejerce sobre los defensores de derechos humanos, como es el caso de Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el de la periodista Carmen Aristegui, portando un pin y un identificador con el hashtag #GobiernoEspía.

En las audiencias se contó con la participación de víctimas de la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia. A continuación describimos los aspectos más importantes de este periodo de sesiones:

En la audiencia sobre derechos de la población LGBTI se denunció que en México son asesinadas seis personas al mes en función de su identidad de género u orientación sexual. En el periodo transcurrido entre 2007 y 2016 ocurrieron 283 feminicidios de mujeres Trans, situación a la que se suman la falta de datos oficiales y el alto índice de impunidad. Además, se expusieron las omisiones en las sedes jurisdiccionales para proteger y garantizar los derechos de la población LGBTI, así como las situaciones de violencia que prevalecen para esta población en el sistema penitenciario, ejemplificándolas a través del testimonio de Óscar Ramírez, quien fue privado de la libertad por un juicio por prejuicio.

Por parte de la sociedad civil, se propuso la creación de un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio, el cual permita: conocer las condiciones en las que se llevaron a cabo los homicidios de las personas LGBTI y el estatus jurídico de las investigaciones e identificar si los perpetradores son servidores públicos o particulares. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita in loco para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en México.

En la audiencia sobre Justicia e Impunidad se evidenció que en el sistema de justicia mexicano prevalecen niveles alarmantes de corrupción e impunidad, señalando que con frecuencia las investigaciones incluyen diligencias tardías y/o ineficientes. Dicha situación provoca que las evidencias se pierdan, por lo que no se transversaliza la perspectiva de género, no existe un enfoque diferenciado y no se cuenta con servicios periciales independientes.

Para hacer frente a esta problemática se solicitó a la CIDH sumarse a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad, que deberá ser firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Estado de México, en un formato que permita la participación de la sociedad civil mexicana de la manera más amplia posible.

En materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, los representantes del Estado mexicano indicaron que se acordó un plan de fortalecimiento que incluye un mapeo de zonas de riesgo, la creación de unidades estatales de protección para acciones estratégicas, en coordinación con el mecanismo federal, y la elaboración de un protocolo nacional para la protección de personas defensoras.

La CIDH reconoció los avances del Estado mexicano en materia de derechos de las personas LGBTI, tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas, y reafirmó la necesidad de que el Estado invierta esfuerzos para hacer efectivo el principio de no regresividad en el ámbito de los derechos LGBTI.

Además, se señaló que este organismo fue invitado por el gobierno mexicano para que, durante el mes de septiembre, se lleve a cabo el 164 periodo de sesiones en México, reconociendo que esta visita daría la oportunidad de hablar con la sociedad civil para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de la población LGBTI y manifestando su interés de presentar en México el informe regional de la CIDH sobre derechos LGBTI.

En la audiencia de Oficio sobre el Seguimiento del caso Ayotzinapa, quienes representaron a los padres de los estudiantes señalaron que a partir de la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se abrieron nuevas líneas de investigación y se formuló un cronograma de actividades, sin embargo, el Estado mexicano no ha avanzado en la determinación del paradero de los estudiantes y sigue sin deslindar responsabilidades.

En representación de las familias de los estudiantes, Mario González manifestó que el tiempo le ha dado la razón al GIEI, ya que el cronograma entregado por la PGR incluye sus recomendaciones, y exigió que dicho cronograma sea ajustado para entregar resultados en agosto. Por su parte, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos en la audiencia, señaló que “si no fuera por la intervención de la CIDH, el gobierno ya hubiera cerrado el caso”.

Además, los representantes de las familias informaron a la CIDH sobre los actos de espionaje cometidos por el gobierno federal contra representantes de los familiares de los estudiantes, haciendo la referencia a las revelaciones de The New York Times de que el #GobiernoEspía a defensores y periodistas.

Por su parte, el Estado reportó contar con avances en relación a la captación de imágenes por medio de vuelos y respecto del análisis de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos. Además, informó sobre los resultados de las pruebas periciales realizadas sobre el “quinto autobús”, asegurando que se está investigando el trasiego de drogas en autobuses. Finalmente, señaló que investigaría los presuntos hechos de espionaje.

La Comisión hizo hincapié en la obligación del Estado de avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido con los estudiantes; expresó su preocupación respecto a las denuncias de espionaje e informó sobre la recepción de una carta en la que integrantes del GIEI comunicaron que varios miembros del grupo podrían haber sido víctimas de espionaje por parte del Estado mexicano, ya que recibieron mensajes similares a los que se han identificado públicamente como portadores de malware. Al respecto, los comisionados y comisionadas externaron su preocupación y requirieron información al Estado.

Laura Hernández García

Los días 19, 20 y 21 del pasado mes de junio se realizó en Cancún, Quintana Roo, el 47º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el evento participaron 23 cancilleres de 34 países miembros, 94 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, empresarios que acudieron al XI Foro del Sector Privado, y jóvenes que participaron en la Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TICs); se realizó, además, el Panel Temático sobre las Oportunidades y Desafíos para el Liderazgo de las Mujeres de las Américas.

Los objetivos de la OEA en esta sesión fueron “el fortalecimiento del diálogo y la concertación de la prosperidad”, sin embargo, en opinión de quienes participamos durante y después de la asamblea, no se cumplieron a cabalidad.

Ciudadanas y ciudadanos asistentes, así como las personas que a través de los medios de comunicación y las redes sociales siguieron este evento, fuimos testigos del fracaso de la asamblea en alcanzar un consenso para lograr la aprobación de una resolución sobre la situación en Venezuela, y del desempeño del canciller Videragay que comprometió el prestigio de México ante la sociedad civil latinoamericana y caribeña al apoyar incondicionalmente la propuesta liderada por EUA que condenaba al gobierno de Nicolás Maduro por la violación a derechos humanos y la crisis humanitaria en este país hermano.

La canciller venezolana Dalcy Rodríguez evidenció la violencia y la crisis de derechos humanos que vivimos en México, mencionando, entre otros puntos, que nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, la impunidad en la que permanecen los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, así como ejecuciones arbitrarias, problemáticas que son del conocimiento de la comunidad internacional.

La canciller Rodríguez dijo a Videragay en conferencia de prensa: “Canciller, atienda las demandas de su pueblo… Hay que ser muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país”. Desde el punto de vista de cualquier ciudadano o ciudadana que lo escuchó, esto duele, avergüenza e indigna.

La gran mayoría de participantes de América Latina y el Caribe con quienes tuve oportunidad de conversar, opinaron que el gobierno de México fue servil a los intereses de EUA, independientemente de que la sociedad civil de la región estaba convencida de la importancia de un pronunciamiento de la OEA sobre la situación social, económica y política de Venezuela. También me compartían con añoranza los tiempos en los cuales México era el líder de la región Latinoamérica al lado de Brasil, y hacía valer sus derechos y los derechos de los países de la región.

Por otra parte, los ciudadanos que participaron en el 47º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA debieron cubrir una serie de requisitos y principios de participación que no se habían dado en las sesiones anteriores, con el fin de evitar enfrentamientos y actos de violencia como los que ocurrieron en 2016 en República Dominicana durante la sesión anterior. El gobierno mexicano a través de la cancillería propuso a la OEA un formato diferente de participación para la principal actividad prevista en la Asamblea General con la sociedad civil, que es el diálogo de los cancilleres de los Estados miembros, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales. La OEA aceptó la propuesta del formato que consistió en:

1. Solicitar a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales organizarse en coaliciones temáticas hemisféricas auto-gestionadas con el fin de facilitar una participación más amplia, equitativa e inclusiva de acuerdo a las coincidencias entre las organizaciones y evitar conflictos durante el diálogo. Los representantes de las asociaciones civiles debían inscribirse para recibir su acreditación antes del evento.
2. Cada coalición debía estar integrada al menos por diez organizaciones inscritas para participar en la Asamblea General, con posiciones afines sobre al menos uno de los tres segmentos del diálogo.
3. Los tres segmentos del diálogo fueron:
   1. • Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho
   2. • Desarrollo Integral y Prosperidad en el hemisferio
   3. • Seguridad Multidimensional
4. Los representantes de la sociedad civil acreditados y que no se unieron a alguna coalición sólo pudieron participar en calidad de observadores en el diálogo.
5. Se establecieron principios de participación en las actividades y espacios de la Asamblea General. Los participantes se comprometieron a respetar la diversidad de opiniones y a abstenerse de efectuar acciones que incitaran a la violencia física o verbal en las reuniones, foros y diálogos como interrumpir al orador, gritar, abuchear, silbar o incurrir en cualquier expresión que impidiera el desarrollo de la reunión. Si se diera el caso de que un participante violentara estas líneas de conducta, los organizadores de la Asamblea General se reservaban el derecho de decidir sobre su permanencia en el evento.

A pesar de estas reglas y de los comunicados que realizó la cancillería mexicana, hubo poca claridad en los procedimientos para la inscripción de los participantes e inscripción de coaliciones; muchas organizaciones no pudieron formar parte de una coalición y ocurrieron múltiples problemas técnicos en la recepción y aprobación de solicitudes de inscripción de los actores sociales.

Originalmente la sede del evento era la Ciudad de México, por lo que varias organizaciones locales, latinoamericanas y caribeñas ya habían realizado reservaciones y planeado la logística en dicha sede. A un mes de realizarse el evento, la cancillería mexicana propuso el cambio de sede a la ciudad de Cancún, lo que obstaculizó la participación de la sociedad civil y atomizó la manifestación de los diversos movimientos sociales, como la manifestación de los padres de los 43 desaparecidos afuera del Centro de Convenciones Moon Palace. Las organizaciones civiles y otros actores sociales de Quintana Roo no pudieron inscribirse, pues las solicitudes de inscripción se cerraron el 19 de mayo del año en curso, por lo tanto, no se les permitió entrar a la sede del evento.

El nuevo formato de participación de la sociedad civil tuvo el objetivo de evitar conflictos que impidieran el desarrollo de las actividades de la Asamblea General. Por primera vez, la sociedad civil y los representantes de los Estados y el Secretario General de la OEA estuvieron sentados en la misma mesa. Durante este diálogo con los cancilleres, la sociedad civil tuvo 40 espacios para su intervención a través de las coaliciones con una duración de 5 minutos cada uno.

Quienes participamos en este periodo de sesiones de la OEA como ciudadanos defensores de derechos humanos, realizamos cabildeo cara a cara con las delegaciones de los Estados y con los comisionados de las relatorías temáticas de esta organización panamericana para impulsar el avance de los derechos humanos de migrantes, mujeres, personas con discapacidad y de la población LGBTI. Esta labor fue difícil, pues los grupos conservadores no sólo cabildearon en contra de los avances de los derechos de los grupos de la diversidad sexual, el derecho al reconocimiento de la identidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos, también trataron de provocar enfrentamientos principalmente con las mujeres Trans y protestaron porque no se les permitió que el camión naranja con la leyenda “Dejen a los niños en Paz #Con mis hijos no se metan” entrara a la sede de las actividades de la Asamblea General de la OEA. Por todo esto fueron denominados como “grupos anti-derechos” por los demás activistas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional A.C. (CEJIL), previamente a la elección de los nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó una campaña regional en redes sociales, llevando a cabo el cabildeo con los países miembros; a estas acciones nos sumamos todos los participantes de las coaliciones de la sociedad civil de todo el continente para que la elección de los nuevos miembros de la CIDH tuviera como base criterios como: la idoneidad por sus méritos propios y profesionalismo, que fueran independientes al gobierno y se respetara la paridad de género.

Al concluir las actividades del 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA se aprobaron 16 resoluciones entre las que están la Resolución sobre la Promoción y Protección de Derechos Humanos, y la Resolución sobre Migración de las Américas, entre otras. En la última sesión plenaria de la reunión se eligió a Joel Hernández de México, Flávia Cristina Piovesan de Brasil y Antonia Urrejola de Chile como nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mexicano Joel Hernández, impulsado por la cancillería mexicana, fue uno de los candidatos que no contó con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos mexicanas y que resultó elegido.

Al final de la asamblea, como ciudadanos mexicanos y como latinoamericanos, al realizar un balance realista de la actuación de cada uno de los países miembros y en consecuencia del futuro de la OEA, resulta apremiante pasar de los discursos a las acciones concretas que movilicen a la región en beneficio de sus pueblos para lograr un desarrollo sustentable que abata la pobreza y respete los derechos fundamentales y las diferencias entre los individuos y naciones.

Hoy la unidad latinoamericana es simbólica, las restricciones y el poder de EUA hacen que prevalezca una lógica que supone que la unidad con los países latinoamericanos disminuye la posibilidad de obtener beneficios de parte del gigante norteamericano, lo cual es remoto por no decir absurdo; ejemplo de ello lo vivimos en México.

Como ciudadana mexicana, considero que los desafíos del sistema interamericano se ubican en el replanteamiento de los principios y fundamentos de soberanía, seguridad, gobernabilidad, no intervención, injerencia, cooperación, democracia, equidad, solidaridad y justicia, los cuales son indispensables en este siglo, así como el papel del derecho, los cometidos de la política, el respeto a la diferencia y la ponderación de la identidad cultural latinoamericana.

Es crucial aprender a combinar lo nacional y lo mundial, los latinoamericanos estamos obligados a movilizar a nuestros países y a Latinoamérica toda.