E

l coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich, planteó a las y los legisladores reunidos en La Habana, con motivo de la XVII Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba, la oportunidad de ampliar los puentes de intercambio cultural y artístico entre ambos países a través de convenios de colaboración con los estados y municipios mexicanos.

Frente a las delegaciones parlamentarias de Cuba y México, el senador destacó el trabajo que diversas entidades federativas han realizado para descentralizar la promoción artística y cultural, y subrayó el caso particular de Jalisco, cuna del arte urbano y casa de tradiciones mexicanas como el mariachi y la charrería.

“Les proponemos fortalecer nuestra relación e intercambio en materia cultural y artística. Concretamente, consolidar los canales de diálogo con las entidades federativas de México: Jalisco es hoy por hoy la casa de la cultura mexicana y ahí todas y todos ustedes tienen una anfitrionía para que construyamos proyectos con comunidades culturales diversas”, aseguró Castañeda Hoeflich.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República propuso tres vías principales para lograr este objetivo. Por un lado, la colaboración abierta con artistas de nuestro país dedicados al arte urbano, especialmente jaliscienses destacados en la recuperación del espacio público a través de la política pública llamada “Traza”, del Gobierno de Jalisco, en la cual destacó su interés por recibir artistas urbanos cubanos.

La segunda propuesta se basó en el impulso de la industria del Tequila para abrir espacios de cooperación con Cuba a través del Consejo Regulador del Tequila.

Finalmente, el senador planteó el impulso a una vía de comunicación entre México y Cuba para que la música tradicional mexicana, particularmente el mariachi, se haga oír en Cuba, y así mismo, la música tradicional cubana alcance a cada rincón de México.

A través de estas propuestas, el senador jalisciense enfatizó la importancia de los intercambios en materia cultural y artística entre ambos países, mismos que juegan un papel fundamental en la construcción de un sentido de comunidad y, por tanto, de un mejor futuro para México y Cuba.

E

n el marco de la presentación de los resultados del censo poblacional del 2020, y producto de un intenso trabajo de colaboración con el Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Jalisco, encontramos que era importante elaborar una iniciativa que apuntara hacia el tema de la coordinación en las zonas metropolitanas de nuestro país.

En México, según el censo 2020, existen actualmente 74 zonas metropolitanas. Esta información nos obliga a pensar cómo es que entendemos a las metrópolis y qué determina a las zonas metropolitanas más allá de las colindancias geográficas y el número de personas que viven en los municipios.

Todas las personas hemos experimentado lo que pasa cuando los municipios no se coordinan o no cooperan entre sí, lo frustrante que es la diferenciación en los servicios públicos, transporte, manejo de residuos, permisos mercantiles, seguridad y acceso a la cultura que puede llegar a tener un municipio frente a otro, lo cual se da por la diferencia de visiones de gobernanza y falta de comunicación entre ellos.

En Jalisco contamos con el mejor modelo de coordinación metropolitana en el país, uno que cuenta con una instancia de coordinación técnica que ha elaborado los instrumentos de planeación necesarios para hacer de la Zona Metropolitana de Guadalajara una sola ciudad, que camina en materia de planeación y gestión urbana hacia un mismo lugar, a pesar de estar compuesta por 10 municipios muy diferentes entre sí.

Ante problemas comunes deben darse soluciones comunes. En un momento en que en el país se construyen muros para dejar de escuchar a la ciudadanía, son de suma importancia iniciativas que garanticen que los municipios y cualquier orden de gobierno se coordinen sin importar quién esté al frente o qué partido sea el que gobierne.

La coordinación metropolitana podría traer diversos beneficios y oportunidades para una mejor capacidad de respuesta frente a: los riesgos climáticos, una mejor articulación y planeación del transporte, evitar la construcción de vivienda en zonas naturales protegidas, establecer los criterios mínimos para el diseño de infraestructura ciclista, o simplemente en la gestión de los servicios públicos básicos responsabilidad de los gobiernos municipales (residuos, alumbrado, arbolado, seguridad, etc).

Para que esto suceda presenté ante el Pleno del Senado una reforma al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la obligación de coordinación entre municipios, incluso de distintos estados, que integran las Zonas Metropolitanas del país. En la misma reforma al 115 se deberá incluir la creación de una instancia de coordinación técnica en el ámbito local con representación municipal, pues la falta de mecanismos o sistemas de coordinación metropolitana ha limitado también la consolidación de las Zonas Metropolitanas.

Con el acompañamiento de esta instancia de coordinación técnica que respete la autonomía de los municipios y facilite el diálogo entre los mismos se podrán gestionar, diseñar, articular y generar las reglas, políticas e instrumentos metropolitanos.

Estoy seguro de que en la medida en la que podamos gestionar mejor nuestras ciudades, seremos capaces de construir un mejor país.

Durante este último año la tecnología se reafirmó como una herramienta vital para sobrellevar los nuevos retos y desafíos que ha traído consigo la pandemia derivada del Covid-19.

El mundo siguió girando –pese a la ruptura de hábitos y a la imposibilidad de hacer las cosas como acostumbramos- debido a que las actividades a distancia fueron posibles, en muchos casos, gracias al uso de tecnologías. Para ejemplo, las actividades en la Cámara de Diputados, donde se logró implementar sesiones semipresenciales.

Si existen lecciones positivas dentro de esta crisis, sin duda una de ellas es que alrededor del mundo las personas, instituciones y dinámicas sociales pudieron conservarse gracias a que se redujeron las brechas que guardaban con las nuevas tecnologías, en particular con las de la información y comunicación.

Por ello, el uso y acceso a estas nuevas tecnologías debe ser dimensionado en su justa proporción. Es decir, el uso de internet, celulares, computadoras y todo tipo de instrumentos con conectividad, es hoy por hoy un derecho humano que debe reconocerse, tutelarse y promoverse como parte fundamental de las dinámicas de la denominada “sociedad de la información”.

El uso de las tecnologías, además de ser en sí mismo un derecho, debe considerarse como uno habilitante de otros derechos, muchos de ellos derechos humanos, como la educación, el acceso a la información o a un trabajo digno, entre otros.

Para que sea posible acceder a los derechos fundamentales que habilitan estas tecnologías es necesario que reconozcamos que en México es urgente una política pública, que materialice la inclusión digital como un elemento crucial para cerrar las desigualdades socioeconómicas.

A lo largo de 20 años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México experimentó un incremento de familias con acceso al mundo digital, aunque dicho avance no sólo ha sido lento, sino también insuficiente. En 2001, uno de cada 10 hogares contó con servicio de internet, mientras que en la actualidad siete de cada 10 hogares urbanos está conectado a internet, pero contrariamente sólo cuatro de cada 10 de los hogares rurales tiene acceso. Además, nuestro país cuenta con uno de los niveles más bajos de cobertura de internet, de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como en muchos otros espacios, la desigualdad digital también tiene consecuencias diferenciadas por género. Con datos de INEGI, en México el 29.7 por ciento de las mujeres en áreas rurales tiene acceso a internet, frente al 33.7 por ciento de los hombres.

La discriminación tecnológica es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una forma de pobreza y exclusión social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse y generar riqueza. Por esa razón, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que se tiene que garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales.

Es por esta preocupación manifiesta que promuevo la creación de una Canasta Básica Digital, así como el reconocimiento del goce, acceso y uso de tecnologías como un derecho que debe ser garantizado a través de las políticas de abasto básico en México.

La idea de establecer la Canasta Básica Digital en México es que toda persona pueda contar con un dispositivo para conectarse, ya sea una computadora, un teléfono inteligente o una tableta, así como un paquete de datos para conexión, además de capacitación para hacer el mejor uso del derecho a la conectividad.

Para ello, se propone reformar distintas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social para que sea reconocido formalmente el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, mismo que se propone como un mecanismo para superar la pobreza, estableciendo adicionalmente que sean de interés prioritario las políticas públicas federales que promuevan infraestructura para el suministro de energía eléctrica, así como aquella destinada a proveer de internet.

Finalmente, se establece el diseño e implementación de programas públicos que faciliten el acceso a dispositivos personales de acceso a internet, así como a paquetes de datos a través de una conexión fija o móvil.

De aprobarse esta iniciativa, permitiría acelerar el acceso efectivo a servicios de internet en el sector económico, y con ello, la implementación del trabajo a distancia, además de acortar la brecha educativa y beneficiar a cerca de 4.7 millones de hogares que no tienen las herramientas y servicios tecnológicos suficientes para garantizar la educación a distancia, lo que impactaría potencialmente a 6.6 millones de estudiantes.

Para combatir la desigualdad social, promover el desarrollo económico en México y hacer frente a los impactos provocados por la pandemia de Covid-19, es urgente que se pongan en el centro de toda discusión o acción las necesidades de las personas, siendo una de ellas el acceso a las tecnologías de la información y de comunicación.

México no merece estar obligado a decidir entre los que le fallaron al país y los que prometieron cambiar la historia, aunque lo único que han hecho sea repetirla.

México merece más.

No vamos en ninguna coalición porque, frente a la obsesión del presidente por acabar con los liderazgos nacionales y regionales, los partidos históricos le responden intentando reempoderarse ellos mismos y no a los ciudadanos.

No vamos en ninguna coalición porque tomamos la decisión de no ser la oposición que le conviene al presidente, por el contrario, nosotros elegimos construir la opción que México necesita.

México merece otra alternativa, una que comprende que la única alianza posible es con los y las ciudadanas, con las ideas, con las causas, con la convicción de atender los problemas de hoy, pensando en el mañana.

Por tal motivo, este día les comparto esta primera carta abierta a las y los mexicanos.

Hoy México tiene una alternativa y es Movimiento Ciudadano.

[Seleccione la carta para tamaño completo]

Tannia Rosas
@valeryvegarosas

En el pasado mes de noviembre, durante la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la Comisión de Seguridad Pública acerca del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, el senador Dante Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República se pronunció ante la materia de regulación integral del cannabis.

“Movimiento Ciudadano ha puesto todo su esfuerzo, sus convicciones, sus ideas y su determinación para que salga adelante una regulación del cannabis de avanzada, que reconozca derechos y que le sirva a México”, aseguró.

Añadió que a principios del 2020, “cuando se circuló un proyecto de dictamen francamente punitivo, sobreregulado y no progresivo, advertimos desde Movimiento Ciudadano los riesgos que esto significaba para el desarrollo del país y para la pavimentación de un verdadero proceso de pacificación nacional. Así, presentamos un decálogo para lograr una regulación para la paz”.

Con una frase contundente, recordó que la posición en la que se mantenido desde el principio: “La regulación del cannabis será recuperar la paz o no será”.

Agregó que esta norma debe contribuir, en la medida de lo posible, a la descriminalización y despenalización de los actos relacionados con la planta, por lo que debe enfocarse en una regulación responsable cuya base esté cimentada en la libertad de las personas y en la construcción de un mercado interno que logre garantizar las libertades y los derechos.

“Movimiento Ciudadano tiene la convicción de que México debe pasar de una política prohibicionista, que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, a una política de ejercicio de derechos, libertades y desarrollo social, porque mientras que consumir cannabis nunca ha matado a nadie, la guerra contra las drogas sí ha cobrado la vida de cientos de miles de mexicanas y mexicanos”, reflexionó el senador.

Haciendo hicapié en el sinsentido de la situación histórica que se ha vivido en el país alrededor del consumo del cannabis, adviritió que ese no es el futuro que queremos para México.

“Hoy, celebramos desde Movimiento Ciudadano que en las últimas horas se haya abierto un espacio de diálogo constructivo que reconocemos con la mayoría legislativa y las comisiones dictaminadoras de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda para mejorar esta reforma. Lo dijimos con énfasis en estas mesas: la regulación de la mariguana que apruebe el Senado debe ser lo más avanzada y lo más progresista posible”, afirmó Dante Delgado.
Asimismo, reconoció el gran paso que se ha logrado dar hasta el momento, ya que se ha conseguido:

1. Eliminar requisitos de testeo y trazabilidad para plantas de autoconsumo en las viviendas.
2. Eliminar varias de las restricciones y barreras de entrada al mercado para los productores y campesinos nacionales, porque si esta reforma no sirve para incorporar a estos grupos a un sector productivo estratégico, de nada servirá. El 40 por ciento de las licencias de cultivo se otorgarán a estos sectores y se profundizan las acciones afirmativas para fortalecer su participación en el mercado.
3. Después de insistir durante los últimos años en que se debe otorgar amnistía a quienes han sido criminalizados por el consumo de cannabis, se logra finalmente establecer en esta reforma el retiro de antecedentes penales, de manera explícita, para todas las personas sentenciadas o procesadas.
4. Evitar evitar la criminalización de las personas cuidadoras, de aquellas madres y padres que recurren a remedios médicos basados en el cannabis para aliviar dolores y sufrimiento. Un tema fundamental para Movimiento Ciudadano, sobre el cual el senador Dante Delgado puntualizó: “Dijimos no a la criminalización de quienes lo único que buscan es cuidar la salud de sus seres queridos”.
5. Fortalecer el mercado del cannabis no psicoactivo, es decir del cáñamo, un sector que debe ser una palanca de desarrollo para el país, el campo y la agroindustria nacional. Entre otras cosas, se logró permitir la transformación y comercialización de productos comestibles y bebibles, un mercado que resultará estratégico para el país, y se dejó de considerar como una sustancia psicoactiva en el Código Penal.

“Dimensionar con responsabilidad lo que se ha logrado con este proyecto de dictamen es fundamental. Porque pasamos de un proyecto altamente punitivo, de hiperregulación y de exclusión de los productores y campesinos mexicanos, a uno que, aunque es perfectible, es mucho más garantista, mucho más incluyente y con mayores acciones afirmativas para beneficiar a las comunidades afectadas por esta guerra y este sistema prohibitivo”, agregó Dante Delgado.

Finalmente, el senador afirmó que Movimiento Ciudadano pone sus votos para que se tomen las mejores decisiones para México y concluyó: “Hoy, además de eso, hemos puesto nuestras ideas y nuestras convicciones, y la defensa de nuestros principios, para avanzar en la construcción de un nuevo trato para México, porque la Evolución Mexicana será donde se ejerzan plenamente los derechos y libertades, donde se garantice la salud de las personas, donde podamos recuperar la paz. La regulación del cannabis será para recuperar la paz o no será”.

Desde la creación del cinematógrafo y las primeras producciones de imágenes en movimiento hasta las nuevas plataformas On demand, el cine ha sido parte esencial de la sociedad y de la cultura mexicana. A las primeras décadas del cine en el siglo XX les debemos la construcción social de la figura de los caudillos y muchas de las representaciones y expresiones de “lo mexicano” que se han tenido en el extranjero durante mucho tiempo.

La Época de Oro tuvo su base en la calidad, el talento de las y los protagonistas y el apoyo al desarrollo de la industria, impulsada también por el contexto de un mundo en guerra que detuvo a las demás industrias, como la estadounidense y europea. Sin embargo, entre 1976 y 1994 las crisis políticas y económicas, empujadas por los procesos burocráticos y la corrupción que imperaba en las instituciones, así como el crecimiento sostenido de la industria estadounidense, hicieron que las inversiones y producciones agonizaran nuevamente.

Las políticas centralistas, el fortalecimiento de los monopolios, las crisis económicas y el desmantelamiento de las empresas del Estado, causaron el periodo más crítico que ha tenido el cine mexicano a lo largo de la historia.

Sin embargo, en sentido contrario de la falta de apoyo público, las productoras de todos los tamaños y, sobre todo, el talento mexicano, pudieron romper el muro gubernamental: Carlos Carrera, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, entre otros, han sido reconocidos por su talento con distintos galardones alrededor del mundo.

A pesar de que en los últimos 10 años la industria cinematográfica ha crecido en promedio 8.4 por ciento anual, en comparación con la economía general de México que creció 2.1 por ciento, las personas trabajadoras de la industria cinematográfica fueron testigos del desvanecimiento de los fondos públicos para realizar sus proyectos, quedando solo con el apoyo de las empresas que tienen incentivos fiscales limitados para favorecer a la industria y hacer posible que hoy el cine mexicano y el profesionalismo y calidad de sus trabajadores sea un referente a nivel internacional. Esto ha hecho que México, a través de su talento, esté presente y sea un actor principal en los más importantes espacios de exposición y festivales internacionales, posicionándose en 2019 en el lugar décimo de producciones a nivel mundial, con 216 películas.

A falta de estímulos adecuados y en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, las restricciones para cuidar la salud de las personas han hecho que las producciones se detengan y los cines luzcan vacíos.

A pesar de las súplicas y exigencias de actores, actrices, productores y trabajadores de la industria, en lugar de apoyar y rescatar el cine, el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de los fideicomisos públicos de apoyo y fomento a las producciones cinematográficas y audiovisuales.

Este golpe bajo ha dejado en la incertidumbre al sector, que de por sí está en un punto de quiebre por el aumento de los costos de producción. En distintas reuniones, personas realizadoras me han manifestado que el costo de los seguros para realizar una producción y los gastos en general han aumentado en un 30 o 40 por ciento.

El COVID-19 nos alejó de las salas, pero el cine nos ha permitido seguir soñando, estudiando y viajando a otros lugares gracias a las plataformas y contenidos digitales a los que podemos acceder desde nuestros televisores, computadoras y dispositivos móviles. Hoy nos toca apoyar a la industria y darle un extra al cine.

El pasado 26 de noviembre presenté ante el Pleno del Senado de la República la iniciativa “Extras al Cine”, la cual impulsa la creación y el fortalecimiento de los montos de estímulos fiscales relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como la ampliación de la variedad en el tipo de gasto y los tipos de producciones.

Las productoras nacionales se verán beneficiadas al disminuir el pago por concepto de IVA en un 50 por ciento, es decir, tendrán una tasa del ocho por ciento sobre los principales gastos de producción; además, cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, que desee invertir en la industria cinematográfica y audiovisual podrá tener un beneficio de un crédito fiscal del 30 por ciento sobre su declaración de ISR (actualmente el estímulo es del 10 por ciento).

Todas las producciones que pueden distribuirse en salas de cine, en televisión y en una gran multiplicidad de pantallas mediadas por internet, son un esfuerzo colaborativo que requiere políticas públicas y apoyos no limitativos. A todas las empresas que invierten en el Séptimo Arte, proyectos audiovisuales, series y documentales, queremos darles este extra. De aprobarse la iniciativa, México contaría con mejores estímulos y las condiciones idóneas para desarrollar su creatividad.

El panorama actual derivado de la emergencia sanitaria provocada por los efectos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) requiere de medidas gubernamentales extraordinarias que contribuyan a moderar la desigualdad social y a evitar que se acentúe la crisis económica en México.
Como diputada ciudadana, dentro de los exhortos que presenté durante este Período de Receso del Congreso General para buscar soluciones ante esta urgencia, incluí uno para solicitar a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a coordinar esfuerzos para generar prórrogas y reducir el cobro de las tarifas eléctricas de tipo doméstico, agrícola y comercial en el estado de Veracruz, como una medida de apoyo para mejorar la deteriorada situación económica de la población.

Veracruz es uno de los principales estados productores de petróleo y electricidad, sin embargo, sus habitantes son de los consumidores que más pagan por el servicio de energía eléctrica. Además, la prestación de este servicio presenta grandes deficiencias. En consecuencia, y en atención a la diversidad de demandas ciudadanas, presenté un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso mediante el cual se piden acciones solidarias para con los veracruzanos en el pago de servicios.

La situación de Veracruz es compleja. La actual crisis sanitaria y económica aumentará la cantidad de personas en condición de pobreza en la entidad. Previo a esta pandemia ya se reportaba, por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que el 61.8 por ciento de la población, es decir, 5,088,600 de veracruzanos, estaba en condición pobreza y pobreza extrema. Asimismo, estimaciones del propio CONEVAL revelan el incremento de estos y otros indicadores sociales y económicos que ponen de manifiesto el deterioro de la economía familiar de millones de veracruzanos. Por ello, se requiere que el Estado fortalezca acciones útiles, contundentes y urgentes para apoyar a la población que más lo necesita.

Es necesario focalizar la atención de las autoridades en los grupos de población de mayor vulnerabilidad, particularmente en los hogares cuyos miembros hayan perdido el empleo, se desempeñen en un trabajo informal o hayan visto mermados sus ingresos. Promover el establecimiento de prórrogas o pago diferido del servicio eléctrico sería una medida auxiliar que brindaría soporte a los veracruzanos para superar esta dificultad.

El exhorto que presenté también tiene que ver con las niñas y los niños. En tanto no se restablezcan las condiciones de seguridad para la salud, las autoridades han determinado que las clases serán a distancia a través de la radio, la televisión y el Internet. La energía eléctrica será, entonces, aún más necesaria para garantizar el derecho a la educación y para moderar en mayor medida la desigualdad. Por donde lo queramos ver, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica es un área estratégica que se integra a una de las funciones más importantes que fortalecen la rectoría del Estado, para hacer frente al desafío del crecimiento económico y el desarrollo social de la Nación con justicia. Hoy, más que nunca, se requieren acciones que permitan fortalecer la deteriorada economía familiar.

Cuando el 28 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba al COVID-19 una pandemia, jamás nos imaginamos que la reacción tardía y errática del gobierno federal nos conduciría a una crisis sanitaria de las proporciones que estamos viviendo, que además con las medidas de mitigación agravaría la crisis económica que ya carcomía al país.

En esa fecha, los focos rojos estaban encendidos en el mundo con 600 mil casos confirmados y 27 mil decesos. En México, aun sin el tema en la agenda gubernamental, teníamos 848 casos confirmados y 16 muertes. En marzo, en otros países ya estaban en operación programas orientados a paliar la pérdida de empleos: apoyos para desempleados y fondos especiales para reforzar programas de salud. Es decir, delineaban una estrategia para enfrentar la pandemia.

En tanto en México, en esa fecha era patente la ausencia de una reacción oportuna frente a una pandemia que ha puesto en peligro la vida de los mexicanos. Eran días en que el gobierno no asumía decisiones políticas para restablecer las condiciones mínimas de operación del sistema de salud, después de la precipitada decisión de desaparecer el Seguro Popular para imponer al INSABI sin fondos ni infraestructura previa, cuyos efectos han sido palpables. Tampoco había comprado equipos, reactivos y medicinas, ni había adoptado medidas necesarias para evitar la propagación del virus, como establecer control en fronteras y aeropuertos o llamar al aislamiento. Nada.

Era un mes clave para asumir una estrategia seria y bien estructurada. Pero no. El presidente asumió medidas parciales e insuficientes, negándose a restringir vuelos y eventos masivos, alegando no actuar de manera precipitada. Tan sólo el 12 de marzo, Hugo López Gatell señalaba que no había evidencia científica que probara que la restricción de viajes “pudiera tener un papel relevante” para la protección de la salud pública.

Las autoridades han avanzado con los ojos vendados y con medidas que ni siquiera el presidente atiende: sin pruebas ni rastreo de contagios; sin uso de cubrebocas y mascarillas; con un monitoreo limitado y no representativo; sin la aplicación a tiempo de medidas de distanciamiento social; sin apoyo a las personas que decidieron quedarse en casa, y ahora, un regreso precipitado a las actividades.

Las consecuencias de la ligereza y la ausencia de una estrategia seria para la atención de la pandemia son contundentes. En salud, México llegó al escenario catastrófico de más de 60 mil muertes. Tan sólo en los últimos 30 días han muerto 17 mil mexicanos. En economía, el PIB caerá por encima del 8 por ciento; en mayo, 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos, y además, 12.2 millones de personas caerán en pobreza.

Por ello, urge un cambio estratégico en el orden económico que responda a la doble emergencia: sanitaria y económica. En la primera se tiene que proteger como prioridad la salud de la población y fortalecer el sistema de sanitario. En la emergencia económica urge proteger los medios de vida, estimular a las pequeñas y mediana empresas para salvar empleos y garantizar un ingreso vital de carácter temporal para quienes se quedaron sin ingresos.

Existen medidas que igualmente contribuyen a evitar los contagios y permiten que se mantenga la actividad laboral. En ese sentido, junto con la Senadora Patricia Mercado, hemos presentado un par de propuestas. La primera consiste en estimular el teletrabajo en aquellas actividades que lo permiten para que las personas realicen sus labores desde casa al menos dos días a la semana. Con ello contribuiremos a que disminuya la movilidad de personas.

Los modelos de trabajo están cambiando y, en esa misma medida, las reglas deben actualizarse. Esto implica que las empresas deben partir del hecho de que el trabajo puede realizarse sin estar necesariamente en la oficina o fuente de trabajo. El teletrabajo permitirá incrementar la productividad, mejorar la movilidad de personas, generar ahorros a las empresas y, sobre todo, disminuir los contagios. Además, aportará otros beneficios, como: la reducción de personas en espacios cerrados; la disminución de contaminación ambiental; disminuir la pérdida de tiempo a la hora de trasladarse del hogar al trabajo y viceversa, y el ahorro de luz, agua e insumos a la institución de trabajo.

Como segunda alternativa, tenemos que establecer esquemas que permitan un regreso escalonado a las actividades productivas. Ante la determinación precipitada de regresar a las actividades, los tres órdenes de gobierno deben implementar una estrategia sustentable que equilibre la protección de la salud de los mexicanos y la reactivación económica.

Igualmente, sería conveniente una jornada laboral (e incluso escolar) de cuatro días por tres de descanso que permitiría que las familias pudieran lograr una mejor gestión de sus tiempos, logrando un equilibrio entre el trabajo, las actividades de cuidados, la salud ante la crisis sanitaria, la convivencia familiar y el uso del tiempo libre. Esta nueva jornada contribuye a la productividad para las empresas, al bienestar de sus empleados, ayuda a conseguir más igualdad de género y tiene un impacto positivo en la salud de las personas. Asimismo, a largo plazo, se promueve una mejor gestión del tiempo libre, lo cual coadyuvará al consumo de diversos productos en diferentes ámbitos (educación, salud, cultura, deporte, comercio, turismo, etc.) posterior al tiempo de pandemia.

Es tiempo de actuar, pero con responsabilidad. De lo contrario, un rebrote será inevitable y un nuevo confinamiento tendría que ser implementado.

El año 2015 marcó dos hitos de indiscutible valor en el progreso de la consciencia de la especie humana para la preservación de su entorno y la procuración de las mejores condiciones para una vida más digna y respetuosa de los ecosistemas.

El 25 de septiembre, en Nueva York, representantes de las 193 naciones –incluida la nuestra- presentes en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, adoptaron -por unanimidad- un documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que contiene 17 objetivos globales para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio climático y no dejar a nadie atrás. Cada objetivo contiene metas específicas a alcanzarse en los siguentes 15 años (menos cinco que ya llevamos). Los objetivos son:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación;
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La pretensión fue generar una oportunidad para que los países y sus sociedades se plantearan un sendero diverso donde las personas pudieran vivir más dignamente, con inclusión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al abarcar temas interdependientes que van de la eliminación de la pobreza y la desigualdad social a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo urbano, pasando por asignaturas transversales como la educación, la igualdad de género y la defensa del medio ambiente, representan un compromiso que implica la conservación y viabilidad de la especie humana y mejores condiciones para las generaciones que nos van a suceder.

El 12 de diciembre del mismo 2015, 195 países suscribieron, también unánimemente, en el contexto de la 21° Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) -conocida universalmente como COP21-, serios compromisos para trabajar progresiva, equitativa y transparentemente contra el cambio climático y en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mismos que se plasmaron en el llamado “Acuerdo de París”, que también México suscribió.

El principal objetivo era que las naciones orientaran su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo, y mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1.5ºC, con respecto a los niveles preindustriales.

Tres años después, en México la LXIV Legislatura llegó marcada con una mayoría en el Congreso obsequiosa a los deseos del Ejecutivo de la Unión, quien por cierto ha dado hasta ahora irrefutables muestras de su desinterés (léase desprecio) por el cuidado del medio ambiente y la transición a energías limpias. Tan es así que en 2019 y 2020 el presupuesto para Medio Ambiente y Recursos Naturales ha perdido poco más del 25 por ciento, sin contar el recorte del 75 por ciento al presupuesto que sostiene la operación de las instancias encargadas de su atención y las devastadoras consecuencias ambientales que traerían consigo los proyectos insignia de esta administración, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la promoción para generar energía con combustóleo y carbón o el intento por frenar la generación de energías limpias.

Tal adversidad ha permitido que establezcamos alianzas creativas y tendamos puentes de diálogo edificante con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas para presentar y hacer el mayor esfuerzo por sacar adelante propuestas parlamentarias que recogen los intereses de la ciudadanía, que sí está preocupada y ocupada.
Es así como hemos dirigido nuestros esfuerzos (somos varias las personas en Movimiento Ciudadano) hacia la consecución de una agenda legislativa ambiental que permita tener expectativas razonables de un presente y un futuro que nos garantice un planeta sano y un entorno limpio.

Justamente, nuestra senadora Vero Delgadillo encabeza la promoción de un “Trato Verde”, imperativo para encontrar nuevas formas de generar riqueza, bienestar, energías limpias y proteger el medio ambiente.

Hace poco fue presentada la “Estrategia Legislativa para la Agenda 2030”, documento elaborado por la Cámara de Diputados, la Dirección de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, la representación en México de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey y la Organización de la Sociedad Civil Política y Legislación Ambiental (Polea).

La verdad es que me siento entusiasmada porque en esta Estrategia concuerdan las visiones de legislativo, gobierno, academia, científicos, sociedad civil y organismos internacionales para rescatar nuestro medio ambiente, lograr una sociedad más justa y una economía próspera.

La Estrategia bien señala que: “El ODS 13 tiene un efecto directo sobre el resto de los ODS, y a la vez muchos de ellos también determinan la posibilidad de alcanzar el ODS 13. No se puede combatir el calentamiento global promoviendo sistemas de energía fósil, permitiendo la degradación del medio ambiente, reduciendo capacidades institucionales, y sin promover de forma decidida la inversión en ciencia y formación de recursos humanos. La estrategia legislativa debe asegurar el contexto adecuado para que México pueda afrontar el mayor reto ambiental del siglo XXI”.

Efectivamente, cuando presenté iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer el enfoque de conservación en materia ambiental; así como otras que reforman la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para fomentar el diseño de nuevos procedimientos eficientes para la minimización, separación, recolección y acopio de residuos con la mira puesta en la economía circular y el principio de cero residuos; o aquella para prohibir la comercialización y uso de envases de poliestireno expandido para alimentos y bebidas, estaba tocando también el ODS 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Igual sucedió con las reformas propuestas a la Ley General de Salud para prohibir la elaboración, importación y comercialización de productos cosméticos que contengan microplásticos.

Lo mismo ocurre con los exhortos a las autoridades hídrica y ambientales del país para rescatar y sanear acuíferos, esclarecer la situación jurídica de los recursos hídricos de afluentes y cuencas en disputa y resolver conflictos relacionados con el agua en diversos estados del país.

Asimismo, el ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, es ejemplo formidable de la estrecha relación con el contenido ambiental y de cambio climático que han delineado mi experiencia en la agenda ambiental.

Como la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos, para que la empresa se guíe, entre otros, por los principios de desarrollo sustentable, protección al medio ambiente, seguridad energética, desarrollo tecnológico, transición energética y combate al cambio climático; la que reforma la Ley General de Cambio Climático para establecer la obligación explícita a cargo de la federación de privilegiar, en la generación eléctrica que realice el Estado, aquella proveniente de fuentes de energía limpias, y la que reforma la Ley de Transición Energética para sustituir irreversiblemente el uso de combustibles fósiles por fuentes limpias de bajo carbono.

Igual situación se dio con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos para que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos se destinen en su totalidad y sean transferidos trimestralmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para la conservación y aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas; o la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para involucrar al sector privado, academia, pueblos indígenas y sociedad civil organizada en las acciones del Estado relativas a la prevención, detección, combate e información relacionada con los incendios forestales, la que impacta también en el ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Y ahí vamos.