Al iniciar diciembre de 1916, México se estremecía aún por las secuelas de su sangrienta Revolución: fuerzas rebeldes todavía insurrectas; caudillos asesinados mientras otros conspiraban para asesinar a sus adversarios… Era urgente poner orden e institucionalizar la victoria.
En imponente escenario (el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro) 218 diputados (entre propietarios y suplentes), instalados en Congreso Constituyente, se dieron a la tarea de ordenar las cosas e institucionalizar el triunfo de la Revolución con una nueva Constitución: empezaron el 1° de diciembre de 1916, terminaron el 31 de enero de 1917 y cinco días después, el 5 de febrero, Venustiano Carranza promulgó la Constitución General de la República.
Uno de los artículos reformados (su numeral no era nuevo) fue el 115, que estableció el municipio libre como base de la división territorial, organización política y administrativa de los estados de la Federación.
Hubo una intención política subyacente en el 115: la necesidad de acabar de tajo con los cacicazgos mediante municipios electos democrática y popularmente, sin autoridad intermedia entre ellos y los gobiernos de los estados. No era ni es tarea fácil: los caciques surgieron desde la época colonial, perduraron después de la Independencia, en el siglo XIX, y fue inútil que la Constitución de 1857 tratara de meterlos en cintura convirtiéndolos en “jefaturas políticas”.
Hoy, en el segundo decenio del siglo XXI, la existencia de caciques sigue asfixiando la vida democrática de México. La mayor parte de los casi dos mil 500 municipios no son libres ni independientes a plenitud, porque su vida cotidiana sigue aherrojada por los intereses económicos de cacicazgos coludidos con altos funcionarios de los gobiernos estatales, y amenazada por la complicidad de los cuerpos de seguridad pública con bandas que secuestran, extorsionan, silencian, corrompen y asesinan. En muchos municipios no manda el alcalde, sino el gobernador, además del poder controlador, vía recursos financieros (muchas veces condicionados), de “la Federación”, esto es, del gobierno federal.
De ahí la importancia de que, el 12 de mayo último, en el seno de Movimiento Ciudadano, haya sido creada la Fundación Municipios en Movimiento para impulsar su profesionalización y promover que los 79 ayuntamientos de nuestra institución política sean pronto ejemplo y sinónimo de buen gobierno, sobre todo, en materias como transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, eficacia y responsabilidad social.
En este esfuerzo se halla la semilla germinal para devolver autonomía e independencia a los municipios… y liberarlos del caciquismo. Al tiempo.n