Cualquier compromiso de seguridad binacional deberá pasar por ambas cámaras de Senadores. Sin esos componentes, cualquier compromiso en materia de seguridad será cojo, desigual y, posiblemente, una concesión de soberanía
La relación bilateral entre México y los Estados Unidos (EE. UU.) entró en una etapa de tensión desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. El regreso del republicano reabrió un estilo de presión política ya practicada desde la primera administración Trump (2017-2021), con la ampliación de aranceles y la salvaguarda de la seguridad como palancas de poder. El mensaje fue inequívoco, si México no alineaba sus políticas migratorias y de seguridad a las exigencias de la nueva administración del vecino de nortevecino del norte pagaría el costo, en principio, con su balanza comercial. Al ser México el principal socio de los EE. UU., con exportaciones que superaron tan solo los 505 mil millones de dólares en 2024, revela la interdependencia que se tiene con los EE. UU. y, por ende, el simple anuncio de sanciones comerciales ha generado incertidumbre en la economía nacional.
Asimismo, en los primeros meses de 2025 la administración del presidente Trump convirtió la migración en bandera política. Bajo la narrativa de salvaguardar su seguridad nacional, responsabilizó a México de hacerse cargo de la contención de los flujos migratorios hacia el norte y amenazó con militarizar la frontera, cerrar cruces estratégicos y, de ser el caso, volver a imponer la figura de ser “tercer país seguro”ser “tercer país seguro”. La presidenta Claudia Sheinbaum heredó esta agenda donde comercio, seguridad y migración ya no podían separarse.
Los antecedentes bilaterales en materia de seguridad explican el terreno sobre el que se pisa. La Iniciativa Mérida, firmada en 2008, canalizó más de 3,300 millones de dólares en equipo y capacitación militar y policial para reforzar las instituciones mexicanas y articular la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico. Por su parte, el Entendimiento Bicentenario, lanzado en 2021, buscó superar la lógica armamentista y apostar por la prevención y la salud pública. Sin embargo, ninguno corrigió el fondo de la relación bilateral en seguridad ni la dependencia de la agenda mexicana a los intereses de los EE. UU. En el tránsito de ambos esquemas México extraditó a cientos de capos como muestra de cooperación. En estos primeros ocho meses de 2025, la administración de Sheinbaum ha enviado a los EE. UU. al menos 55 perfiles de alto nivel. La lista revela un patrón: México entrega piezas estratégicas para calmar las presiones de la administración estadounidense, aunque eso signifique vaciar su margen de negociación.
En junio de 2025, la revista Proceso filtró un documento interno de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), conocido como “Project Portero”, que encendió las alertas en México. Por el contenido del proyecto que se estaba maquinando desde los EE. UU. con miras a ser el nuevo esquema de seguridad binacional. Lo que se presentó como un “plan de cooperación” es en realidad un proyecto de intervención. El texto filtrado detalla que la agencia tiene la intención de ampliar su presencia en puertos y fronteras, instalar mecanismos de inteligencia sin supervisión mexicana y desplegar sistemas de vigilancia tecnológica a gran escala. Bajo la fachada de seguridad compartida, el proyecto implicaría un rediseño unilateral de la política mexicana.
Desde entonces, y hay que reconocerlo, la respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido inmediata y enérgica, negando que exista acuerdo alguno con la DEA. Ha subrayado que cualquier colaboración debe darse únicamente gobierno a gobierno y con pleno respeto a la soberanía mexicana. Y ha precisado que lo único que ha estado en curso es un posible acuerdo de seguridad, pero con el Departamento de Estado de los EE. UU., sustentado en cuatro pilares: soberanía, respeto territorial, coordinación sin subordinación y confianza mutua.
Diversas opiniones de especialistas coinciden: lo que se negocia “tiene tintes más cercanos a la extorsión que a la cooperación”, y señalan que los intereses estadounidenses operan en distintos frentes, que son: narcotráfico, lavado de dinero y narcopolítica. Por su parte, organizaciones internacionales como Human Rights Watch también han advertido sobre los riesgos de falta de transparencia y de violaciones a derechos humanos si no se establecen límites claros en la negociación final.
Por si fuera poco, a principios del pasado mes de agosto, The Washington Post y The New York Times filtraron otra nota dando a conocer que el presidente Trump había firmado una orden ejecutiva que facultaba al ejército a combatir cárteles en el extranjero. Esa medida, sin duda, y coincidiendo con diversos analistas, se pudo interpretar como una amenaza directa de intervención en México. No obstante, la presidenta Sheinbaum volvió a negar la posibilidad de tropas extranjeras en territorio nacional, pero lo cierto es que, ante la ausencia de información oficial, la permanente filtración de notas y declaraciones aisladas han reforzado la percepción de que la negociación avanza con opacidad y se cocina en la penumbra, lo que abre paso a serias dudas sobre su real alcance.
Si bien con la visita a la Ciudad de México del Secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, para reunirse con la presidenta Sheinbaum a principios del mes de septiembre, se logró apaciguar las versiones de una mala relación bilateral, se confirmó la concreción, hasta el momento, de un pacto no vinculante y de la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir cooperando en materia de seguridad sin vulnerar la soberanía nacional. Es decir, aparentemente y visto desde el gobierno de México, se seguirá trabajando de manera coordinada en temas de inteligencia, extradición de narcotraficantes y repatriaciones de connacionales, en tanto, desde la óptica estadounidense se percibe el compromiso bilateral en términos de intercambio de información y trabajo militar conjunto es cada vez mayor. Con seguridad en los próximos meses sabremos bien a bien hasta dónde fueron ciertas las filtraciones de los medios de comunicación, si hubo negociaciones debajo de la mesa con la reciente visita del Secretario de Estado de los EE. UU. a México, o bien, si las acciones del gobierno mexicano lograron contener el supuesto proyecto interno de la DEA, de intervención militar en México, que pretendía gestar la administración Trump.
No obstante lo anterior, y pese a los buenos oficios de la presidenta Sheinbaum de no enfrascarse y confrontarse con el gobierno estadounidense, por las permanentes declaraciones señaladas por el presidente Trump de que México es gobernado por el crimen organizado, al día de hoy no se sabe de negociación alguna que aborde necesidades imperiosas del gobierno de México como el tráfico de armas y la extradición arbitraria de mexicanos migrantes.
Lo cierto es que cualquier agenda mínima de negociación debería contemplar la contención del tráfico de armas desde los EE. UU. con mecanismos verificables y asumir corresponsabilidad en la crisis del fentanilo: México lo trafica, los EE. UU. lo consumen. A ello se suma un requisito democrático que no se podría sostener por una orden ejecutiva o un decreto. Cualquier compromiso de seguridad binacional deberá pasar por ambas cámaras de Senadores. Sin esos componentes, cualquier compromiso en materia de seguridad será cojo, desigual y, posiblemente, una concesión de soberanía.
Por tanto, es indispensable, en el supuesto de que realmente se esté elaborando un instrumento de seguridad binacional entre México y los EE. UU., que se transparenten los términos y responsabilidades, además de que se garantice la inviolabilidad soberana y el diálogo permanente entre ambos gobiernos, a fin de lograr éxito en el combate, no solo de criminales organizados sino también en el número de muertes por el consumo de estupefacientes. Para ello, y en lo que corresponde a México, el gobierno de nuestro país debe hacer un esfuerzo extremo por no obstaculizar las investigaciones en contra de funcionarios de gobierno de alto nivel y representantes populares del oficialismo que han sido señalados por tener nexos con diferentes grupos delictivos. El abatimiento de la corrupción debe empezar desde casa y si hay vicios de encubrimiento desde lo más cercano, la erradicación de cualquier mal será pura simulación. Lo mismo habría que exigir para el caso de los EE. UU.; el gobierno estadounidense debe aceptar que el tema del fentanilo, del crimen organizado y del tráfico de armas son problemas generados por la corrupción de autoridades en todos los niveles, pero de ambos países.
En conclusión, si se acepta la subordinación en esta negociación esa será la tónica permanente y México quedará atrapado aún más en un ciclo de imposiciones. El oscuro escenario se proyecta también sobre la próxima discusión del T-MEC en 2026, donde el país correrá el riesgo de ser tratado como socio de segunda y condenado a aceptar nuevas condiciones desfavorables. Y lo que podría venir después resulta aún más inquietante: ¿seremos vistos como Venezuela, con amenazas constantes de conflicto?, ¿como India, castigados con sanciones comerciales cada vez que convenga?, ¿o terminaremos atados de manos, cerrando la puerta a diversificar relaciones estratégicas con socios como China o Brasil? Si el supuesto acuerdo en seguridad no coloca a México y a los EE. UU. en condiciones de igualdad, con responsabilidades compartidas y compromisos claros, lo que vendrá no será cooperación sino humillación, una humillación histórica que pondrá en entredicho la capacidad del Estado mexicano para defender su soberanía en pleno siglo XXI.
Referencias
- Cadena SER. (2025, 8 de agosto). Trump ordena al ejército estadounidense combatir los cárteles de droga de otros países en territorio extranjero. Cadena SER.
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). (2024). Drug Overdose Deaths in the United States, 2024. Centers for Disease Control and Prevention.
- CNN Español. (2025, 5 de agosto). México listo para acuerdo de seguridad con EE.UU., pero aún no hay fecha: Sheinbaum. CNN.
- El País. (2025, 9 de agosto). México rechaza que las tropas de los Estados Unidos entren a su territorio a combatir a los cárteles de la droga. El País.
- El País. (2025, 13 de agosto). Harfuch asegura que el dron estadounidense que sobrevoló Valle de Bravo actuó a petición del Gobierno mexicano. El País.
- El País. (2025, 13 de agosto). Quiénes son los 26 narcotraficantes mexicanos entregados a los Estados Unidos por el Gobierno de Sheinbaum. El País.
- El Universal. (2023, 7 de febrero). Más de 112 mil muertes por sobredosis en EE.UU. en 2023; fentanilo, la principal causa. El Universal.
- Gobierno de México & Government of the United States. (2008). Iniciativa Mérida: Declaración conjunta entre los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. Gobierno de México.
- Gobierno de México & Government of the United States. (2021). Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Human Rights Watch. (2025). México: preocupación por opacidad en negociaciones de seguridad con EE.UU. HRW.
- La Jornada. (2025, 2 de septiembre). Trump anuncia ataque letal a barco con drogas procedente de Venezuela. La Jornada.
- Morán Breña, C. (2025, 14 de agosto). México encuentra una válvula de escape con los Estados Unidos en la entrega de narcotraficantes. El País.
- Reuters. (2025, 12 de agosto). México extradita a EEUUEE. UU. a 26 presos requeridos por vínculos con narcotráfico. Reuters.
- Reuters. (2025, 19 de agosto). México dice que no existe acuerdo con la DEA llamado “Project Portero”. Reuters.
- Supreme Court of the United States. (2025, junio). Mexico v. Smith & Wesson, et al. [Opinion]. Supreme Court of the United States. https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/
- The New York Times. (2025, agosto). Trump’s order on cartels sparks debate over U.S. intervention abroad. The New York Times.
- The Washington Post. (2025, agosto). Trump secretly signed order authorizing U.S. military to combat cartels abroad. The Washington Post.
- U.S. Department of State. (2008). Mérida Initiative. United States Department of State. https://2009-2017.state.gov/j/inl/merida