El pasado lunes 21 de octubre el coordinador de la bancada senatorial de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en la instalación de la mesa de trabajo de la Reforma con y para el Poder Judicial, expuso un importante posicionamiento en torno a la necesidad de un Poder Judicial independiente y fuerte, para bien de la vida democrática de la Nación.
El acto se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl No. 9, y de las palabras del senador Dante Delgado damos cuenta por separado en esta misma edición.
Dante recordó que en 2003, hace 16 años, Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional en materia penal, así como del Código Penal Único; el Código Único de Procedimientos Penales; la Ley de Readaptación Social; la Ley de Menores
Infractores y la Ley de Justicia Cívica, que duermen el sueño de los justos. No actuar cuando se planteó hacerlo permitió la captura de poderes del Estado a nivel municipal, estatal y federal.
Desde la formación de los estados modernos, dijo Dante, se instituyó la división de poderes para evitar que el poder se concentrara en una sola persona. Montesquieu señaló: “cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad porque se puede temer que el mismo monarca o Senado, pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente”.
Para evitar este peligro, resumió Dante Delgado, nuestra Constitución establece un sistema de contrapesos para moderar los excesos de los poderes.
Desafortunadamente, no siempre se ha logrado este equilibrio en administración y distribución del poder, pues hemos padecido presidentes plenipotenciarios y congresos entreguistas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es por excelencia el tribunal constitucional de México. La Constitución General de la República, de la que es máximo intérprete, es su instrumento primordial para la cotidiana responsabilidad de impartir justicia.
La Corte, ¿en la silla de los acusados?
El presidente de la SCJN es a la vez presidente del Consejo la Judicatura Federal (CJF), creado mediante reforma constitucional en 1994 como un órgano integrante del Poder Judicial de la Federación, con la misma jerarquía que la (SCJN) pero con funciones distintas. Su principal objetivo es garantizar la autonomía del Poder Judicial de la Federación (jueces y magistrados federales) y vigilar el comportamiento, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos, cuando se detecte alguna anomalía en el ejercicio de sus funciones.
Pero desde sus inicios, en marzo de 1825, la SCJN ha evolucionado con históricos zigzags (a veces heroicos y firmes en épocas adversas, como la del periodo presidencial de Benito Juárez) y en ocasiones entre tumbos y altibajos, como los que hoy, en pleno siglo XXI, tienen a nuestro justiciero tribunal superior sentado en el banquillo de los acusados, ante una sociedad nacional agraviada por déficit en materias tan graves como: corrupción, impunidad, inseguridad, delincuencia galopante y altos índices de criminalidad. Sin duda alguna, en este escenario hay, por fortuna para México, honrosas y honorables excepciones.
La crisis actual afloró con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la SCJN, a poco más de cuatro años (del 10 de marzo de 2015 al 8 de octubre de 2019) de haber sido designado por el Senado para el cargo que habría de desempeñar hasta 2030. La dimisión ocurrió en medio de una investigación que se le sigue por recibir transferencias bancarias de Estados Unidos e Inglaterra, presuntamente desproporcionadas en relación con sus ingresos normales.
El pleno del Senado de la República aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora con 111 votos en favor, tres en contra y cinco abstenciones.
Entre un reducido grupo de legisladores, el senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y la senadora ciudadana Verónica Delgadillo García, se inconformaron porque el Senado no exigió a Medina Mora rendir cuentas al pleno.
El tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución mexicana establece: “Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.
Esta disposición constitucional está reglamentada por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estipula que la renuncia de un ministro de la SCJN sólo procederá “por causas graves” y corresponderá al presidente de la República y al Senado aceptar y validar su intención de separarse del cargo.
En este caso, ni el presidente de la República (que en otros casos es muy proclive a hacer comentarios, inducir con opiniones e incluso a prejuzgar), ni el presidente de la SCJN, ni el Senado, ni el propio Medina Mora hicieron públicas las “causas graves” que provocaron la dimisión. Sería el primer miembro de la SCJN en renunciar sin concluir su periodo. Se impusieron así dos añejos vicios del sistema político mexicano, tolerado y aprovechado ahora por la llamada 4T: la falta de transparencia y la rendición de cuentas.
De las numerosas preguntas sin respuesta, tres parecen las principales: ¿Fue inducida o bajo presión la renuncia de Medina Mora? ¿Cuáles son las causas graves que la provocaron? ¿Son ciertas las revelaciones sobre los depósitos de Estados Unidos e Inglaterra?
Se esperaba que la Fiscalía General de la República definiera la brevedad si el ahora ex ministro de la Corte es culpable o no de los delitos que se le imputan, lo cual no había ocurrido cuando se redactaron estas líneas. Pero la opacidad y la falta de transparencia, cuando no los silencios cómplices desde el poder, alimentaron suspicacias, como la sembrada desde la tribuna por la senadora morenista Martha Lucía Micher cuando votó por aceptar la renuncia de Medina Mora: “Que se vaya, porque no nos sirve una gente que miente, que roba y traiciona a la patria y por ello votaremos a favor, en Morena, para que este señor rinda cuentas a la nación. Se acaba la impunidad y se acaba la gente que traiciona a la patria”.
Primeros en impunidad y criminalidad
El caso de Eduardo Medina Mora refleja un problema nacional de fondo: los bajos niveles en que ha caído (en general y con escasas excepciones) el sistema de impartición de justicia en nuestro país: jueces corruptos, justicia selectiva, reclusión (¡que suele durar años!) de centenares de inocentes por negligencia y/o perversión judicial, u órdenes siniestras de poderosos.
Un caso paradigmático es el de Lorena González, consignado en la recomendación 64/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mexicana que permaneció encarcelada seis años, 10 meses y 11 días acusada injustamente de un secuestro (el de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, ocurrido en 2008) que no cometió.
En medio de este caos, la injusticia, la mentira, el engaño, la simulación, la hipocresía, el cinismo y la intolerancia del poder público crecen como mala hierba, en sentido inverso a los reiterados juramentos de honestidad y respeto a la legalidad.
Todo el sistema de justicia (autoridades, jueces, agentes del ministerio público, cuerpos policiacos de todos los niveles, incluso funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión) parece atrapado en la inercia de objetivos equívocos: llenar cárceles como señal de eficiencia y encontrar culpables en vez de esclarecer delitos.
Hace aproximadamente tres meses, en el número correspondiente al mes de agosto de El Ciudadano, hicimos referencia al libro Seguridad y Justicia (tercera edición, marzo de 2009), en donde el Dr. Alejandro Gertz Manero (Fiscal General de la República desde el 18 de enero último para un periodo de nueve años) hizo un escalofriante diagnóstico sobre los dos temas del título de la obra, el cual confirma con datos de hace diez años (cito sus palabras) “el profundo grado de corrupción, impunidad, ineficiencia, inseguridad e injusticia que prevalece en el país”.
En los cinco primeros puntos de aquel diagnóstico, Gertz Manero señaló: 1) que en México se cometen anualmente 11 millones 810 mil 377 delitos, de los cuales sólo un millón 403 mil 425 se denuncian ante el Ministerio Público (MP); 2) que de los delitos denunciados ante el MP, esta autoridad consigna únicamente 248 mil 613 ante un juez, lo que equivale al 18 por ciento del total; 3) que de los 248 mil delitos y fracción consignados ante los jueces, sólo obtienen sentencia condenatoria 190 mil 059, es decir, 76 por ciento; 4) todos estos datos indican que el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes en México, y 5) las cifras anteriores convierten a México en uno de los campeones mundiales en impunidad y criminalidad per cápita.
La sociedad mexicana percibe que la situación, en lugar de amainar, ha empeorado. Esta percepción encuentra apoyo consistente en casos criminales monumentales de ineptitud judicial e injusticia (por decir lo menos) hasta ahora impunes, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, y otros de negro historial, como los asesinatos en Acteal y Aguas Blancas.
Respuestas y pretextos van y vienen. Inclusive hay autoridades de todo nivel que se atreven a señalar presuntas o evidentes culpabilidades. Una pregunta que se hacen millones de mexicanos es: ¿por qué, si se sabe quién o quiénes fueron, no se les castiga? Llamarlos conservadores, fifís o simples adversarios detractores, cuando presuntamente han cometido delitos graves de lesa patria, es alimentar la impunidad. Con esa bandería retórica el saqueo, las raterías, la simulación, las consignas de silencio, la violación a la ley y la corrupción seguirán siendo azotes para millones de mexicanos.
Hay que decir, además, que el sistema de justicia, de suyo plagado de jueces ineptos y corruptos, ha sido infiltrado y gravemente contaminado por una corrupción más peligrosa e impune: la del poder público. Un poder que solapa que las leyes sean violadas en Baja California (con la intentona de ampliar el periodo legal del gobernador) y en Tabasco, donde se criminalizó la protesta ciudadana; que hace labor de zapa (como si nadie lo advirtiera) contra la Ley de Amparo, contra la SCJN, contra la democracia, incluso dentro de su propio partido, con “consultas” amañadas oportunamente descalificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin olvidar el tufo a corrupción que despide el caso de la empresa brasileña Odebrecht y su oscura relación con Emilio Lozoya Austin cuando fue director de Pemex (2012-2018), o la de turbiedad judicial en la llamada Estafa Maestra, que involucra a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga.
Crisis de impunidad
Analistas y críticos coinciden en que la mala impartición de justicia ha derivado en crisis de impunidad. Información obtenida después del diagnóstico del hoy Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, citado líneas arriba, reveló que de 154 mil 557 homicidios cometidos en México de 2010 a 2016, el 94.8 por ciento permanecieron impunes: solamente se registraron cinco condenas por cada 100 víctimas. El promedio estadístico para el continente americano fue, hasta hace tres años, de 24 por ciento, de 48 por ciento en Asia y de 80 por ciento en Europa.
Recordemos que nueve meses de 2017 fueron declarados los más violentos en la historia de nuestro país, con más de dos mil asesinatos.
René Rémond, historiador y renombrado analista político francés (1918-2007), escribió hace tiempo: “Un rasgo de los regímenes totalitarios es arrogarse el derecho de torcer la historia para su beneficio, así como el de ejercer control sobre aquellos cuyo oficio es establecer la verdad histórica”.
Llaman la atención las dos últimas palabras de Rémond: “verdad histórica”, porque fueron las empleadas por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para calificar los resultados de la investigación hecha por la PGR sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con indicios recientes, esas palabras de Murillo Karam (que en la academia tienen un profundo sentido filosófico) pretendieron precisamente lo contrario: controlar y retorcer la verdad de lo ocurrido.
El 30 de noviembre de 2018, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) dio su conclusión sobre la investigación de la PGR bajo el mando de Murillo Karam: “Esta versión de los hechos, conocida desde 2015 como verdad histórica, es falsa”. En consecuencia, la CIDH solicitó al gobierno mexicano (la víspera de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente) “que se descarte la versión oficial de lo sucedido, relativo a la quema de los estudiantes”.
Cinco meses antes, el 4 de junio de 2018, un tribunal federal había emitido un fallo por unanimidad: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa.
En suma, todo el sistema judicial requiere ser revisado y, en su caso, modificado. Pero no se trata de hacer reformas a modo, sino de escuchar y atender pulcramente a una sociedad ofendida… y cada vez más preocupada.