El maíz mexicano sobrevive en el abandono, con regulaciones excesivas, insumos más caros, precios menos competitivos y un Estado que dejó de invertir en el campo
México nació del maíz. No como metáfora, sino como destino. Nuestra identidad y el orgullo por nuestra gastronomía están tejidos en torno al maíz. El maíz nos hace país, nos da identidad y traza nuestra geografía cultural: cada territorio, cada parcela, cada tarea tiene la capacidad de adaptarlo y hacerlo surgir.
Por eso resulta difícil entender por qué todos los gobiernos, desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) hasta el actual, han visto a los mexicanos como consumidores cautivos del grano y no como productores autosuficientes.
Los datos son contundentes. En 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México alcanzó su pico de autosuficiencia aparente en maíz al producir más de 18 millones de toneladas, casi el 100 por ciento de la demanda interna. Pero con la entrada en vigor del TLC, la producción nacional comenzó un proceso de estancamiento, principalmente debido a la desaparición de apoyos y subsidios impulsada por los gobiernos neoliberales de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Aun así, hasta antes de 2007 el campo mexicano lograba sostener, con enormes dificultades, la mayor parte de la autosuficiencia. La producción nacional era cercana a 24 millones de toneladas y las importaciones eran menores, poco más de seis millones al año, sujetas a controles y aranceles que ofrecían cierta defensa frente a los productos subsidiados de nuestros aliados comerciales del norte. El Estado todavía conservaba instrumentos, aunque limitados, para proteger la producción interna.
Ese orden se rompió en 2007. El gobierno de Felipe Calderón tomó por sorpresa a los productores al permitir un acaparamiento del grano por parte de empresas transnacionales, lo que provocó un aumento incontrolable en el precio de la tortilla, base de la alimentación cotidiana. Y en lugar de sancionar a los acaparadores, el presidente firmó un decreto que aumentó los cupos de importación con aranceles mínimos. En los hechos, significó adelantar un año la liberalización total del maíz, aminorando los ingresos de los productores justo antes de la entrada masiva del grano estadounidense y canadiense.
Fue entonces cuando los productores y organizaciones civiles salimos a las calles con la consigna: “Sin maíz no hay país”. Sin subsidios ni respaldo gubernamental, los agricultores mexicanos debían competir contra un mercado internacional donde Estados Unidos y Canadá protegían a sus productores con apoyos millonarios, anulando la competitividad del maíz nacional.
El segundo golpe llegó en 2022. Con el pretexto de una carestía posterior al COVID‑19, atribuida a una supuesta falta de producción, cuando en realidad se trataba de un problema de distribución debido al confinamiento, se produjo una inflación superior al 8 por ciento.
El gobierno de López Obrador, con el llamado PACIC (Plan Contra la Carestía), decidió exentar temporalmente de aranceles y relajar incluso las revisiones fitosanitarias para aumentar la oferta de maíz y disminuir el precio. En lugar de adquirir y hacer compras consolidadas al campo nacional, llenó a México de maíz estadounidense.
Presentada como una medida para combatir la escasez, terminó hundiendo aún más al productor nacional, que no cuenta con subsidios ni apoyos para competir contra una de las agriculturas más financiadas del mundo.
Ambas decisiones, la de 2007 y la de 2022, sumadas al abandono permanente del campo desde hace tres décadas, constituyen los golpes neoliberales más severos contra el maíz mexicano y quienes lo cultivan. Y hoy, lejos de corregir el rumbo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido un programa de precios de garantía demasiado bajos y con criterios excluyentes, dejando fuera a miles de agricultores de la posibilidad de colocar su producto.
Año tras año, golpe tras golpe, sexenio tras sexenio, las importaciones crecieron hasta alcanzar este año 25 millones de toneladas, cifra idéntica a una producción nacional que se encuentra estancada desde hace dos décadas, mientras que las compras al extranjero se cuadruplicaron. El maíz estadounidense llega barato, subsidiado y seguro; el maíz mexicano sobrevive en el abandono, con regulaciones excesivas, insumos más caros, precios menos competitivos y un Estado que dejó de invertir en el campo.
De “sin maíz no hay país” se ha pasado a “sin país no hay maíz”. Porque ya no existe un Estado fuerte capaz de defender y sostener al productor nacional frente a la avalancha de maíz extranjero.
Somos el mayor consumidor de maíz del mundo, pero la mitad proviene del extranjero. Lo que le sucede al maíz, le sucede al país.
Ahí radica el problema.