Todo lo que se puede prevenir debemos prevenirlo, y no remediarlo. La naturaleza tiene un orden, y de la naturaleza no somos dueños
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anzanillo se convirtió (hace aproximadamente 200 años) en puerto comercial por su posición estratégica en el Pacífico mexicano, pero antes fue un pueblo de pescadores. En su mar, lagunas y arroyos se capturaba una gran variedad de peces, langostas, camarón, jaiba y langostinos en abundancia. Las niñas y los niños jugaban en las calles, y cuando el calor arreciaba la gente dormía con las puertas abiertas. Los hechos delictivos eran casos extraordinarios; hoy son cosa de todos los días. Los amantes del “progreso” y del “éxito” mal entendido fueron, a lo largo de 50 años, convirtiendo el paraíso que tuvimos en el infierno que hoy padecemos.
El primer despojo del territorio a los manzanillenses, y el primer ecocidio en aras del “progreso”, ocurrió con la construcción del puerto interior en la laguna de San Pedrito, que —por falta de un proyecto de desarrollo urbano integral puerto-ciudad— provoca diariamente contaminación de todo tipo, accidentes y embotellamientos viales, violencia y muertes. En tiempo de lluvias, genera inundaciones permanentes de vialidades por el cerco perimetral que separa el puerto de la ciudad, manteniendo en riesgo latente de inundación grave a las zonas habitacionales altamente pobladas que lo circundan. Durante el gobierno de Felipe Calderón se autorizó la ampliación del puerto hacia su parte norte, sin que a la fecha la administración portuaria cumpla cabalmente con las medidas de prevención, mitigación y compensación que la autoridad ambiental le impuso.
En 1972 llegó más “progreso” a Manzanillo con la construcción de la central termoeléctrica “Manuel Álvarez”, afectando irremediablemente el vaso I de la laguna de Cuyutlán, considerada el segundo humedal más importante del Pacífico mexicano y reconocida como sitio RAMSAR —hoy solo en sus vasos III y IV—. Desde que entró en operación la termoeléctrica, se acabaron los campos de cultivo, la tierra y el aire se contaminaron, y las descargas de agua caliente —desecho de los sistemas de enfriamiento— y los residuos de combustóleo prácticamente desaparecieron los peces y el camarón que había en abundancia. En la misma zona se construyó la regasificadora y otras empresas. También se instaló una vía ferroviaria y una carretera sobre la laguna de Cuyutlán, afectando su vaso II.
El megaproyecto del Puerto Nuevo de Manzanillo en el vaso II de la laguna de Cuyutlán, existe por lo menos desde los tiempos de Felipe Calderón, pero no avanzó. Tampoco avanzó con Peña Nieto, y el presidente López Obrador lo rechazó tajantemente, negándose a invertir en él y argumentando que era un proyecto neoliberal de la derecha. Pero con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Indira Vizcaíno se convirtió en la más importante gestora y promotora de este proyecto depredador, que de manera vertical se quiere imponer en el territorio, simulando cumplir con la ley y con los procesos de participación y consulta a la población, que tiene derecho a opinar, construir y defender su territorio.
La promovente legal del proyecto ecocida es la propia SEMAR; sin embargo, detrás están los mismos intereses de siempre, evidenciando así el carácter conservador de los actuales tres niveles de gobierno.
La MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) busca enmascarar la gravedad del proyecto, que impactará negativamente todos los aspectos del territorio, poniendo en mayor riesgo a la población y violentando el derecho a la sobrevivencia alimentaria, a un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad y a la paz social.
Los altos índices de violencia en Manzanillo tienen mucho que ver con toda clase de mercancías legales e ilegales que se mueven en el puerto. Incrementar su operación significa incrementar la violencia y toda la problemática que actualmente padece la población, y que ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, está resolviendo.
El interés nacional no debe estar por encima de los derechos de la población a vivir en paz, y no puede ir en contra del derecho a la vida de la gran biodiversidad que representa la laguna de Cuyutlán, ni de los seres humanos que están perdiendo la vida todos los días a causa de la actividad propia del puerto.
Cierro esta participación con esta reflexión:
“Todo lo que se puede prevenir debemos prevenirlo, y no remediarlo. La naturaleza tiene un orden, y de la naturaleza no somos dueños. A lo mucho somos administradores. Y los bienes que la naturaleza nos da no pertenecen solo a la generación actual, sino a todas las generaciones. Debemos replantear nuestro concepto de progreso: el concepto que tenemos está ligado a lo financiero, a hacer crecer ‘las arcas’, y el concepto de progreso debería ser preservar la vida.”