La política migratoria de Donald Trump criminaliza la movilidad y limita las protecciones mínimas por su decisión de frenar los flujos migratorios provenientes de la frontera sur, generando con ello un incremento en los riesgos para quienes emigran hacia Estados Unidos.
Pila Lozano Mac Donald
Históricamente el ser humano se ha desplazado de un territorio a otro en busca de alimentos y mejores condiciones de vida, huyendo de la violencia y la inseguridad como consecuencia de eventos climáticos, falta de oportunidades en el territorio y ausencia de protección en su lugar de origen.
En el mundo, las personas migrantes son las que se desplazan de un país a otro distinto al de su nacimiento. Se estima que en 2024 existían poco más de 304 millones de migrantes internacionales, que representaban el 3.7 por ciento de la población mundial.
En la región que va de Centroamérica, pasando por México hasta llegar a Estados Unidos, la movilidad humana es un fenómeno complejo, ceñido a causas de tipo político, económico y social donde, además de la búsqueda de mejores condiciones de vida, están las personas que huyen de la violencia.
En este contexto la política migratoria implementada por el gobierno de Donald Trump han sido cuestionadaha sido cuestionada en distintos ámbitos por la dureza del impacto de su aplicación, que conlleva el incumplimiento de obligaciones jurídicas, la falta de respeto a los derechos fundamentales de las personas y por no garantizar mecanismos de protección a las personas migrantes por parte de los Estados Unidos.
La política migratoria de Donald Trump criminaliza la movilidad y limita las protecciones mínimas por su decisión de frenar los flujos migratorios provenientes de la frontera sur, generando con ello un incremento en los riesgos para quienes emigran hacia Estados Unidos, y además pasa por alto disposiciones normativas del derecho internacional.
Con sus órdenes ejecutivas, Trump restringe el acceso a la protección internacional y criminaliza de tal manera la migración que la vuelve una amenaza por la práctica del retorno forzoso, las deportaciones y la expulsión de personas migrantes sin el respeto al debido proceso.
Las determinaciones del gobierno de Estados Unidos hacen de la migración el pretexto para frenar la movilidad humana y convierten a las personas migrantes en merecedoras de persecución y castigo, pasando inclusive por encima de sus derechos y de su dignidad. Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump se han emitido poco más de 142 Órdenes Ejecutivas, de las cuales cerca de una tercera parte están dirigidas a moldear su política migratoria.
Por ejemplo, la Orden Ejecutiva 14163, que suspende el denominado Programa de Admisión de Refugiados, deja sin protección a personas que ya estaban el proceso de reasentamiento; o la Orden Ejecutiva 14165, relativa al programa Protegiendo Fronteras, con la que se retoma el programa Quédate en México”Quédate en México” y que, en ese sentido, establece mecanismos orientados a negociar acuerdos de “tercer país seguro” con gobiernos de América Latina que acepten la deportación de personas de terceros países.
Existen además acciones como la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de origen venezolano, que protegía a las personas de ese país contra la deportación de quienes no podían regresar de manera segura a Venezuela. Igualmente, a través de un memorando el gobierno de Estados Unidos propuso la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como instrumento para realizar deportaciones masivas de venezolanos, violatoria de principios de legalidad porque impacta fuera del territorio de nuestro vecino del norte.
Estas medidas han modificado los cauces normales de los flujos migratorios que se dirigen hacia la Unión Americana, ya que la reinstauración de la figura de “Tercer país seguro” o el financiamiento de deportaciones desde países como Panamá, junto con la eliminación de programas, está orillando a las personas migrantes a marchar por rutas más peligrosas.
Desde el punto de vista del derecho internacional, preocupa que estas medidas de contención de la movilidad migrante trae consigotraen consigo altos costos humanos que se traducen en criminalización, persecución, detención arbitraria, encierro, separación de familias y deportación sin previo juicio, pues constituyen violaciones a la protección internacional, la no devolución y la prohibición a expulsiones arbitrarias, que tutelas instrumentos de carácter internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Pese a estas medidas, y con el apoyo de las fuerzas armadas y las agencias, así como las policías estatales y locales, Trump no ha cumplido cabalmente dos de sus principales promesas de campaña: una férrea vigilancia fronteriza y deportaciones masivas.
Otro frente del gobierno de Estados Unidos en contra de la población migrante ha sido el desmantelamiento programasdesmantelamiento de programas y medidas protectoras de la población migrante, con mecanismos de control que han generado temor en toda la comunidad migrante que vive en ese país y que se ha reflejado en baja asistencia a las escuelas, merma en la producción de agricultores por los arrestos de trabajadores del campo; acciones que han involucrado a diversas agencias como el Servicio de Impuestos Internos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y hasta el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
En este sentido, se han recortado recursos y servicios que limitan las obligaciones del gobierno hacia los migrantes, ordenando a diversas oficinas, como la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), que asuman las medidas pertinentes para limitar el acceso a los migrantes a los beneficios públicos. Destacan: el fin del financiamiento del Programa Federal de Subvenciones para Ciudadanía e Integración; se suspendieron los trabajos a los proveedores de servicios legales para que no puedan representar a menores inmigrantes no acompañados en procedimientos de deportación; se contempla la eliminación del acceso de las familias de estatus mixto a la vivienda pública, entre otras.
En consecuencia, para la Comisión del Mexicano Migrante de Movimiento Ciudadano resultan preocupantes las prácticas de retorno forzoso, las deportaciones masivas y las expulsiones, ya sea a sus países de origen o terceros países, violando sus derechos humanos.
En la gestión de los flujos migratorios resulta importante que los Estados, en el establecimiento de sus políticas migratorias relativas al ingreso, permanencia y salida de personas de sus territorios, mantengan apego irrestricto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respeto a la dignidad de las personas y la observancia del derecho internacional sobre refugiados.
Es importante subrayar que migrar de ningún modo es un delito. Es por ello que la situación migratoria irregular de las personas jamás debe ser pretexto para justificar, perseguir, detener y privar de su libertad a las personas migrantes. El carácter transnacional de la migración obliga a los Estados a asumir una responsabilidad compartida, además de establecer mecanismos de cooperación que permitan establecer acuerdos que garanticen la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes, sin importar su situación migratoria.