Elegir a quienes gobernarán o legislarán implica darles la confianza para que garanticen un actuar que corresponda a las exigencias ambientales del mundo contemporáneo y dejen de lado las decisiones de carácter depredatorio con respecto a la biodiversidad
Recorrer en calidad de peatón las calles, avenidas y espacios públicos en no pocas localidades del país permite observar los distintos volúmenes de residuos, pese a la calidad y eficiencia (que pudiera haber) de los servicios públicos de recolecta con los que se cuenten en la localidad. Las características de los residuos dependen de las características de la población flotante o de los niveles de responsabilidad de quienes ahí habitan, trabajan o deambulan.
La composición de estos residuos no se caracteriza únicamente por alimentos procesados o sin procesar, así como de envases vacíos de diferentes materiales plásticos o de vidrio, además de la envoltura o evidencias de los distintos productos que conforman el cada día más extendidos bienes y servicios que se ofrecen en el grueso de las localidades del país.
Parece ser que quienes integran los distintos segmentos sociales están poco enterados de los perjuicios que se generan con la disposición inadecuada de los residuos. Más aún, quizás no estén conscientes de que forman parte del universo de una población específica, como menciona Andrea Milesi en su artículo “Naturaleza y Cultura: una dicotomía de límites difusos. De Prácticas y Discursos”, aquella que continúa considerando a “[…] los seres humanos como situados en el vacío, como si la satisfacción de sus necesidades no obligara a utilizar, manipular y transformar la naturaleza, como si sus decisiones no tuvieran impactos muchas veces decisivos sobre ella”.
La coyuntura que se ha venido singularizando los últimos meses se distingue por la multiplicación del universo de personas que han levantado la mano para verse favorecidas con el hecho de que quienes conforman el padrón electoral en el ámbito nacional, sus respectivas entidades, cabeceras municipales o distritos electorales (sean estos de carácter local o federal) les otorguen su confianza mayoritaria, mediante la emisión de su sufragio, en los procesos electorales a efectuarse el mes de junio próximo año. Por lo que, quienes ejercerán su derecho a elegir a sus gobernantes y a quienes conformarán el poder legislativo y los cabildos que les correspondan, deberán investigar u observar que los aspirantes a gobernar o legislar estén informados e informadas, conscientes y con el pleno compromiso de enfrentar el reto que está implicando, no únicamente para la humanidad sino para la biodiversidad que conforma los distintos ecosistemas del planeta, la cual está siendo atacada por la inocultable crisis climática que está caracterizando al planeta en esta tercera década del siglo XXI.
Es más que obligado que cualquier aspirante a un puesto de elección popular, ya sea de carácter ejecutivo o legislativo, debe tener plena claridad, no únicamente de las necesidades ambientales de su entorno geográfico sino de una agenda de carácter normativo en la que se contemplen o se actualicen el marco jurídico, que permita avanzar de manera más consistente en todo aquello que concierne a la adopción de las acciones y la promoción argumentada de las actitudes plenamente orientadas hacia la expansión y profundización de la cultura para la sustentabilidad.
El obviar por ignorancia o indolencia los temas o las acciones con respecto a la evidente crisis climática conlleva a dejar de considerar o actuar con evidente negligencia ante las evidencias que día con día se vuelven mucho más irrefutables y costosas con respecto la alteración, no pocas veces irreversible, de los ecosistemas del planeta. Baste señalar, según el artículo de Infobae en el día internacional contra el cambio climático, que: “El calentamiento global está generando fenómenos extremos. Septiembre fue el mes más caluroso en 174 años de registros y 2023 va camino a ser el año con mayores temperaturas. Qué otras marcas jamás vistas se están batiendo ahora mismo […]”. Con las implicaciones que estas altas temperaturas tienen para las distintas actividades económicas, servicios y la población en su conjunto.
Resulta más que claro que las soluciones, cuando se deciden únicamente entre las élites económicas y políticas, de poco servirán para que las personas de a pie se involucren y sean parte informada, corresponsable, activa y propositiva en la construcción de las respuestas que cada día, de manera más urgente, se deben adoptar e interiorizar para trascender los desplantes mediáticos o demagógicos de quienes le apuestan al desconocimiento o la corta memoria de amplios segmentos de la ciudadanía y evaden en los hechos ser parte de las alternativas.
Es por ello que, como menciona Andrea Prieto en su artículo “Adaptación al cambio climático: papel de la cultura y la política en la des-articulación entre las respuestas sociales y gubernamentales asociadas a los impactos del fenómeno climático”, la mejor manera de llevar a cabo acciones que impacten de forma sustancial, adecuada y favorable la recuperación de la cubierta vegetal y, por ende, de la biodiversidad “[…] requiere la existencia de un diálogo y una complementariedad de conocimientos respecto a la naturaleza y el cambio climático, para darle a la política climática perspectivas más amplias e integradoras que incorporen los aspectos culturales y locales y que permitan visibilizar las diferencias y particularidades cognitivas y territoriales que tiene cada comunidad en relación con el clima”.
Elegir a quienes gobernarán o legislarán implica darles la confianza para que garanticen un actuar que corresponda a las exigencias ambientales del mundo contemporáneo y dejen de lado las decisiones de carácter depredatorio con respecto a la biodiversidad, priorizando la viabilidad de un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de la creciente población para las próximas décadas en nuestro país.