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 La Ley de Revocación de Mandato no está orientada
al actual jefe del Poder Ejecutivo. Suponer que se trata
de “un ejercicio de vanidad personal”, como advierto en
la actitud arrogante del presidente de la República, es
lastimar la dignidad de un pueblo y, sobre todo, es ir en
contra de los principios de austeridad que él ha tenido
en el ámbito discursivo.
Dante Delgado
Coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.
 
 
LUIS GUTIÉRREZ Rodríguez
 

Tal vez la historia de Movimiento Ciudadano podría resumirse en unas cuantas líneas, cada una referente a nuestras etapas de crecimiento: que estamos apenas a 25 años del nacimiento de Convergencia por la Democracia, en 1996, como organización política; a 26 años (1997) de que obtuviera su registro como partido político nacional; que una década después (21 de junio de 2011), los 586 delegados a su Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria determinaron cambiar el nombre de Convergencia para convertirlo en Movimiento Ciudadano y que ahora, diez años más tarde (2021), estamos convertidos en la tercera fuerza política de México.

Ello, sin duda, por el apoyo, la voluntad y la confianza de 3.3 millones de electores que le otorgaron su voto en los comicios del pasado 6 de junio, con el gran compromiso que eso implica.

Pero este hecho refiere también la convicción permanente de trabajar por el futuro de las próximas generaciones, antes de ocuparnos del advenimiento de otro desafío: las siguientes elecciones.

En esta invariable línea de acción ha estado comprometida, al frente de las y los militantes, la dirigencia de Movimiento Ciudadano: el fundador y presidente del partido (1996), hoy presidente del Consejo Nacional y líder del grupo parlamentario en el Senado, Dante Delgado Rannauro, así como el actual coordinador nacional del partido y también senador electo por Jalisco, por el principio de mayoría relativa, Clemente Castañeda Hoeflich.

Pensar el futuro

El avance logrado en 2021 abre para Movimiento Ciudadano un estimulante escenario de mayores compromisos con la ciudadanía, particularmente con los jóvenes que se incorporan a nuestras filas ávidos de respuestas para enfrentar los nuevos desafíos políticos, económicos y sociales planteados por la transición que empezó a vivir nuestro país en 2018.

Convencidos de nuestra responsabilidad como conductores políticos ante este reto, decidimos construir los cimientos de una novedosa convocatoria a la Evolución Mexicana: una manera pensar el futuro de nuestro país y, de la mano con ciudadanas y ciudadanos, sentar las bases de un Nuevo Trato que implique aportaciones colectivas para atender y resolver los principales desafíos que enfrenta México.

En la plataforma con la cual impulsamos y dimos contenido a nuestra propuesta electoral y política, abrimos espacio a numerosas batallas cívicas y causas genuinamente ciudadanas, que durante años han sido esquivadas por las fuerzas políticas tradicionales. Asumimos el reto de convertirlas en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la gente, bajo una premisa transversal: todos los derechos para todas las personas.

Está consignado en nuestra Declaración de Principios: en Movimiento Ciudadano no podemos resignarnos a votar por opciones electorales que conviertan nuestro pasado en destino.

La Evolución Mexicana nos permite pensar un México diferente, nos abre la puerta para imaginarlo y nos coloca en la ruta de construirlo. Esta es una tarea cotidiana, una meta común, un propósito colectivo.

Anacronismo y autoritarismo

El propósito de este Nuevo Trato para México es erigirlo en torno a temas que son esenciales para la vida pública nacional y agendas realistas que nos aparten de visiones anacrónicas y autoritarias, siempre con la mirada puesta en el futuro de los mexicanos.

Anacronismo y autoritarismo, hay que decirlo, que están neciamente copiados de desastrosas experiencias ajenas. Por ejemplo, el burdo intento de pretender “construir una nueva historia” de México sobre fracasos estrepitosos que solamente han dejado tras de sí más miseria, más ilusiones frustradas, de la mano de odio, desunión y desesperanza en otros pueblos.

Nos anima la convicción de que, con las propuestas aquí expuestas, sustentadas en nuestras propias experiencias políticas y de gobierno, es posible seguir avanzando hacia un México de justicia, derechos y libertades.

Excesos del poder

Son muchas las amenazas que se ciernen sobre nuestra nación. La transición esperada en 2018 ha devenido paulatinamente en desencanto y desesperanza. En lugar de buscar y encontrar solución y alivio con políticas públicas eficientes, a la creciente irritación y desigualdad sociales de amplios sectores de nuestro pueblo se ha sumado una perniciosa intención de acentuarlas.

Han sido graves y causado mucho daño las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en materia de desempleo en México e incremento de la pobreza. Sin embargo, persiste la distracción de recursos millonarios para megaproyectos, todos ellos concebidos desde el poder autocrático y unipersonal del presidente de la República.

La vida de la nación se rige bajo los designios personales del jefe del Poder Ejecutivo. El saldo no le favorece, pero, fiel a su estilo personal de gobernar, persiste en lograr el advenimiento de lo que se avizora como una catástrofe si no hay poder que atempere sus caprichos.

Siempre bajo el peso de suspicacias presidenciales (o el pretexto de lucha contra la corrupción), desde principios del sexenio se quedaron sin empleo miles de burócratas “innecesarios”; canceló la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que a la fecha haya mostrado presuntas pruebas de desviaciones; desmanteló las guarderías infantiles; metió en un brete el suministro de medicamentos a enfermos de cáncer; se disparó la asignación libérrima de recursos públicos sin concurso; la rifa del avión presidencial “confiscado” quedó en grotesca simulación (mientras no se pruebe lo contrario).

En casos más recientes, fracasó (por ahora) la burda maniobra anticonstitucional para prolongar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pretexto del presidente fue que necesitaba ampliar dos años el mandato del titular de la SCJN para ejecutar la reforma política que trae AMLO entre manos.

En las últimas elecciones intermedias, el partido en el poder, Morena, no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Diputados para “mayoritear” sus iniciativas. Eso fue suficiente para que en las entrañas del Poder Ejecutivo se gestaran dos inusitados golpes a la vida institucional de México: 1) La desaparición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (máximo tribunal comicial) o “renuncia” de todos sus integrantes, y 2) La renuncia de todos los integrantes del Tribunal Federal Electoral. La embestida presidencial sólo expuso una “causa”: se trata, aventuró AMLO, de estructuras antidemocráticas.

Sin aplicar la ley, pero en busca del escarnio público, AMLO impulsó el pasado 1° de agosto una “consulta pública” para “castigar” o “no” a expresidentes culpables de presuntas faltas cometidas durante sus mandatos. La consulta, organizada por el INE, fue un fracaso porque no tendrá efectos vinculantes. La participación estuvo por debajo del ocho por ciento, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). Se necesitaba que el 40 por ciento de la lista nominal participara.

El caso Lozoya

Varios exmandatarios mexicanos han sido objeto de “escarnio público” (pan caliente para ciertos medios) por presuntos latrocinios cometidos contra el país. Si hubo esos latrocinios, un manto de impunidad los protege; ninguno de los culpables ha sido enjuiciado, mucho menos el gran acusador, Emilio Lozoya Austin exdirector de Pemex de 2012 a 2016, a quien AMLO atribuyó la revelación de que Odebrecht lo sobornó con 10 millones de dólares, en tanto que la misma empresa brasileña pagó cinco mil millones de dólares por contratos a Pemex durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (nota de dominio público, dada a conocer por López Obrador en Charcas, SLP, el 18 de agosto de 2017).

En entrevista en el municipio de Charcas, López Obrador manifestó que Emilio Lozoya entregó contratos a Odebrecht e incluso la empresa sesionó en Los Pinos, donde se llevó a cabo una asamblea de su consejo de administración a la que asistió el presidente Felipe Calderón.

Fue AMLO quien se encargó de atizar el interés en torno a la valiosa información que tenía en sus manos. Pero al paso de los meses, el propio presidente se encargó de festinar que todos los involucrados en el caso Odebrecht habían llegado a un arreglo.

¿Cuál fue “el arreglo con Odebrecht”? ¿Cuál el arreglo, con todo y la oscura (y hasta festinada) participación de Emilio Lozoya Austin?

Revocación del mandato

A propósito del desagradable manoseo de la ley y la justicia, nuestro coordinador parlamentario, senador Dante Delgado, aseguró que Movimiento Ciudadano alienta la participación ciudadana a través de la democracia participativa. Por eso se manifiesta a favor de discutir y votar la Ley Federal de Revocación de Mandato en septiembre próximo, durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso y no durante un periodo extraordinario propuesto para esta misma semana por capricho de Andrés Manuel López Obrador.

En reciente conferencia de prensa, el senador Delgado también pidió al INE no extralimitarse en sus atribuciones al emitir lineamientos respecto a la revocación de mandato. Le demandó al presidente de esa institución, Lorenzo Córdova Vianello, dejar de disputar protagonismo político con el presidente de la República, pues no le corresponde al organismo autónomo legislar, sino ser árbitro imparcial y discreto.

Movimiento Ciudadano actúa con decoro. No está para servirle al presidente de la República sino al pueblo de México. “Si algunos diputados y senadores están para servir al presidente, es su responsabilidad histórica”, precisó el legislador veracruzano y coordinador parlamentario de la bancada en el Senado.

Puntualizó que la Ley de Revocación de Mandato no está orientada al actual jefe del Poder Ejecutivo. Suponer que se trata de “un ejercicio de vanidad personal, como en lo personal advierto en la actitud arrogante del presidente de la República, es lastimar la dignidad de un pueblo y, sobre todo, es ir en contra de los principios de austeridad que él ha tenido en el ámbito discursivo”.

Fue claro el senador Dante Delgado: la gran discusión en torno a esta ley es el sentido de la pregunta, pues la propuesta del bloque de Morena es una “pregunta obsequiosa” que va en el sentido de ratificar el mandato del presidente y no de revocarlo.

“Nadie en Movimiento Ciudadano se opone a la democracia participativa, a la consulta popular; a lo que nos oponemos es al hecho de que en lugar de revocar el mandato del presidente de la República utilice demagógicamente esta reforma, aprobada por todos nosotros, como bandera y escudo para continuar diciendo mentiras”, aseguró Dante.

Entorno desafiante

El escenario descrito aquí sucintamente conforma nuestro entorno político y social. Este es el desafío político, social y económico para Movimiento Ciudadano.

Hemos señalado que nuestra plataforma política se propone construir un Nuevo Trato para México en torno a temas fundamentales de la vida pública nacional, así como agendas cruciales para alejarnos de visiones anacrónicas y autoritarias. Frente a la mayor crisis de salud pública mundial en por lo menos un siglo, y la peor circunstancia económica en décadas, Movimiento Ciudadano asume el compromiso de estar a la altura de esta encrucijada histórica y llevar al Congreso de la Unión una agenda de trabajo consistente e incluyente, que recoja las causas ciudadanas y aporte equilibrios, respuestas y alternativas para un mejor futuro.

Si hacemos un repaso realista, advertiremos que la naturaleza en México está amenazada. Los gobiernos anteriores y el actual han desdeñado las políticas de protección al medio ambiente y han tomado una serie de decisiones hostiles hacia las políticas de desarrollo sustentable, incluso recientemente, frente a las energías limpias y la lucha contra el cambio climático.

Los desafíos ambientales son diversos para México, pero para resolverlos con responsabilidad es necesario disponer de una política de Estado comprometida con el medio ambiente y el futuro. Por eso sostenemos que es necesario construir un nuevo trato por la naturaleza.

Debemos frenar la tendencia voluntariosa del gobierno actual que afecta el medio ambiente con decisiones equivocadas en materia climática y energética. El futuro de México y el mundo no puede depender de visiones ideológicas, cortoplacistas o del voluntarismo de los líderes políticos en turno; por el contrario, México tiene la responsabilidad de asumir un liderazgo regional en el combate al cambio climático y ser ejemplo en la implementación de modelos de desarrollo sostenible.

Por lo tanto, proponemos elevar a rango constitucional la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una política permanente y un marco jurídico que mitigue el agresivo cambio climático, a prueba de vaivenes electorales, intereses cortoplacistas y visiones sesgadas. Disminuirán los efectos negativos sobre el medio ambiente, se sancionará a quienes lo dañen y nos dirigiremos hacia una economía moderna, productiva y con mayores beneficios para la población.

Derechos de la naturaleza. Es fundamental exigir políticas públicas en materia medio ambiental y de reparación del daño por contaminación. Además, esta reforma convertirá en prioridades de interés público el cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.

Recuperación económica verde. La recuperación económica después de la pandemia de Covid-19 será verde o no será. Para ello, con especialistas y organizaciones civiles, propondremos un plan de reactivación económica anclado en proyectos de inversión sustentables, de diversificación energética y de estímulos fiscales tanto para empresas como particulares que promuevan el cuidado del medio ambiente.

Agenda para los océanos. México debe contar con un plan de protección para nuestros cuerpos de agua que asegure la ejecución permanente de políticas de desarrollo sostenible que incluyan la transición total hacia el transporte marítimo de cero emisiones, la consolidación de modelos de construcción naval sustentable y la implementación de esquemas de pesca sustentable que protejan los recursos e impulsen a los sectores pesqueros del país.

Rescate de ríos y lagos. Habrá una agenda de trabajo dirigida al cuidado de ríos y lagos en todo el país, que incluya mecanismos eficaces de coordinación y rendición de cuentas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, presupuestos suficientes para su saneamiento y conservación, y un sistema nacional de monitoreo de descargas y de sanciones efectivas.

Protección de áreas naturales. Es urgente fortalecer los mecanismos institucionales de conservación y protección de las áreas naturales protegidas, empezando por prohibir en ellas las actividades mineras y cualquier otra forma de explotación indiscriminada, así como regular de manera adecuada el desarrollo de actividades económicas, como el turismo.

Desafío de la transición energética. Frente a la hostilidad de la presente administración hacia las energías limpias y sus intentos por frenar el desarrollo de proyectos de inversión en este sector, debemos generar los incentivos y las políticas adecuadas para el impulso y desarrollo sistemático de energías limpias y renovables en México, incluyendo nuevos esquemas de estímulos fiscales y de planeación estratégica que, por un lado, sirvan para detonar la competitividad energética del país y disminuir los costos de la energía y, por otro, garanticen la protección a la salud y un medio ambiente sano.

México libre de plásticos. Seguiremos insistiendo y aportando soluciones para consumar una transición total que elimine los plásticos de un solo uso en México, planteando metas plausibles y promoviendo oportunidades de inversión para la fabricación de productos reutilizables e impulso a cadenas productivas orientadas al reciclaje.

Vigilancia de megaproyectos. Desde el Congreso de la Unión promoveremos la creación de un observatorio para la vigilancia de los megaproyectos impulsados por este Gobierno, como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros. El objetivo es supervisar su impacto ambiental y, en su caso, promover las denuncias, las acciones jurídicas y los litigios necesarios para revertirlos.

Presupuesto Verde. La Cámara de Diputados debe poner un alto al desmantelamiento de las instituciones de protección al medio ambiente y a las políticas de austeridad arbitrarias y mal planeadas que ponen en riesgo el funcionamiento de las estrategias ambientales en México. El Poder Legislativo debe garantizar el diseño de presupuestos verdes suficientes y consistentes para la conservación de áreas naturales, protección de cuerpos de agua, combate al cambio climático, transición energética y diseño de políticas de desarrollo sostenibles. Simultáneamente, debe restaurarse el Fondo para el Cambio Climático, suprimido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desarrollo económico. Las políticas de desarrollo económico imperantes en México durante los últimos años han impuesto una profunda desigualdad y un patrón de injusticias sociales que hoy padecen, día con día, millones de mexicanos. En el colmo de las contradicciones políticas de abierto corte neoliberal, están las decisiones en materia de austeridad o la desaparición de fideicomisos, representan un pasado impregnado de injusticias, inequidad y desigualdad. Una y otra vez el pasado se ha apoderado de nuestro presente. Una y otra vez a las personas se les arrebata la posibilidad de un futuro mejor y de vivir en un país más justo e igualitario.

Política fiscal. Proponemos una reforma fiscal que sirva a las personas. Durante décadas, las políticas fiscales en México han contribuido a ampliar los márgenes de desigualdad. El actual gobierno se ha negado a transitar hacia una reforma fiscal redistributiva y progresiva, desaprovechando una oportunidad histórica para revertir la inequidad. Es necesario diseñar una reforma fiscal de carácter progresivo que permita sostener una recaudación eficiente y que deje de castigar a las clases medias y a quienes menos ganan.

Arranque en igualdad. Para que México sea un país de iguales debe garantizar la igualdad a niñas y niños. Por ello proponemos reformas legislativas de corte redistributivo, que implementen un arranque digno en materia de salud, alimentación, acceso a la educación y condiciones que garanticen la dignidad de las niñas y los niños de México.

Educación inicial. La educación inicial requiere de una reforma integral que incluya como eje rector la promoción de la cultura de paz, así como el desarrollo de capacidades emocionales y de la primera infancia.

Sistema Nacional de Cuidados. Urgen reformas para construir, reconocer, dignificar, remunerar y reorganizar la economía de los cuidados, un trabajo que realizan millones de personas en los hogares de México que no es remunerado ni cuenta con prestaciones.

Repensar y reconducir la mal llamada austeridad. Bajo el pretexto de la austeridad, el Gobierno federal se ha dedicado a cercenar y confiscar recursos presupuestarios fundamentales para el desarrollo del país. México no puede aspirar a ser un país de iguales si, desde el Congreso de la Unión, no garantizamos recursos suficientes para temas apremiantes como las agendas de género, las juventudes, el medio ambiente, la salud y de desarrollo para el campo y las ciudades.

Jóvenes. Agenda y presupuestos paralelos. El derecho a la educación superior debe fomentarse con políticas públicas congruentes. Por ello impulsaremos la obligación de incrementar anualmente los recursos destinados a los programas de becas de educación superior y de posgrado, así como de esquemas efectivos de articulación con la iniciativa privada para la inclusión laboral de las y los jóvenes recién egresados.

Personas con discapacidad. Seguiremos promoviendo una reingeniería integral de la legislación mexicana para la plena inclusión de las personas con discapacidad, desde el espacio público y el transporte hasta los sistemas de salud, educativos y laborales, mediante acciones legislativas y el diseño de presupuestos que les permitan no sólo salvaguardar su dignidad y sus derechos fundamentales, sino ejercer su ciudadanía y participar activamente en la construcción de su presente y su futuro.

Consumidores. La defensa de consumidores es una agenda ciudadana y por la igualdad. No puede haber ejercicio de la ciudadanía donde hay atropellos cotidianos hacia las personas en su relación con los productos y servicios que adquieren día con día. Esto se debe entender como un espacio fundamental para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana. De ahí la necesidad de impulsar reformas para la defensa de consumidores en ámbitos como la telefonía móvil, las telecomunicaciones, la aviación y los servicios financieros, entre otros.

La cultura nos hace iguales. La cultura nos hace iguales y nos da vida. Cada persona, con su esfuerzo, talento y dedicación, debe marcar su destino en la vida. Para ello se deben fortalecer los mecanismos de protección de los derechos culturales y ampliar las políticas de fomento y estímulo a la creación artística. Rescataremos los recursos y fideicomisos destinados a la cultura que han sido confiscados por este gobierno y promoveremos una nueva visión de asignación presupuestal que detone a los sectores culturales y creativos de México. Impulsaremos las reformas pendientes para garantizar derechos laborales y seguridad social a todos los trabajadores del sector cultural, tanto de la administración pública como independientes.

Internet libre. La desigualdad es también exclusión digital, el internet es hoy un espacio de interacción y comunicación en la vida y el desarrollo de las personas. Por ello seguiremos insistiendo en la creación de una renta básica digital para todas las personas, que garantice el derecho de acceder a los servicios de telecomunicaciones y de internet, como un mecanismo para reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo del país.

Paternidad y maternidad. Vamos a promover que se amplíe el periodo de licencias de paternidad y maternidad como una herramienta de reorganización de programas sociales que combatan la pobreza y con perspectiva de derechos.

Desigualdad y pobreza. Nuestros gobiernos han impuesto una política de desarrollo social que no ha servido para reducir la desigualdad y la pobreza, sino para sacarle provecho mediante dádivas dirigidas a construir bases clientelares. Los programas de desarrollo social deben ser detonantes de la igualdad y la dignidad. Por ello, con datos y evidencia del Coneval, promoveremos la revisión y reconversión de los programas sociales que no han servido para combatir la pobreza y la desigualdad, sino para perpetuarla y sacarle provecho político. Adicionalmente, impulsaremos las adecuaciones legales necesarias para que los beneficios económicos que reciben las personas a través de los programas sociales no sean entregados en efectivo, sino mediante transferencias electrónicas, con dos objetivos: cerrarle el paso a la corrupción y contribuir a la inclusión financiera de las y los mexicanos.

Pandemia: nuevo trato

Durante el 2020 hubo 14 millones de personas que perdieron su empleo y alrededor de 10 millones de compatriotas transitaron hacia la pobreza laboral. Esta situación no ha tenido una respuesta efectiva y contundente de parte del gobierno federal; al contrario, mantiene decisiones erráticas en materia económica y no ha implementado nuevas políticas públicas para proteger los empleos y las unidades productivas, sobre todo en micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante esta situación, Movimiento Ciudadano propone un nuevo trato para las y los trabajadores mexicanos, a fin de que puedan reconquistar un trabajo decente y un ingreso digno, donde el crecimiento económico sea una palanca para el desarrollo y el bienestar.

Al respecto, insistiremos en que México implemente un ingreso vital y un seguro de desempleo para todas las personas que hayan perdido su empleo, herramienta permanente del Estado mexicano en apoyo a las víctimas del Covid.

Enriquece y fortalece esta propuesta de Movimiento Ciudadano el plan de trabajo para nuestra representación popular, la creación de un programa emergente de incentivos fiscales y de apoyos directos a las micros, pequeñas y medianas empresas, inclusive impulsar un programa de transferencia a las empresas formales, para que puedan sostener su nómina de trabajadores durante esta crisis, así como nuevos incentivos fiscales para todas aquellas que durante la emergencia fueron socialmente responsables y no despidieron a sus trabajadores.

La prioridad de este paquete de trabajo partidista, que incluye a nuestra representación legislativa, es tratar de corregir el camino de desaciertos que sigue el actual gobierno federal. Y desde luego, fortalecer y enriquecer, en los hechos, la convocatoria de Movimiento Ciudadano a la Evolución Mexicana. Lo ratificamos: pensar el futuro de nuestro país y, de la mano con ciudadanas y ciudadanos, sentar las bases de un Nuevo Trato que implique aportaciones colectivas para atender y resolver los principales desafíos que enfrenta México, es nuestro compromiso.

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