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INGRESO VITAL: UN DERECHO

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“Estamos viviendo una tragedia laboral inédita en nuestra historia y el Gobierno de la República debe responder con grandeza y magnanimidad. México tiene que ser solidario”
Clemente Castañeda H.
 
 
Redacción EL Ciudadano
 

Cuando se redactaron estas líneas, el número de víctimas mortales por la pandemia del virus COVID-19 estaba por rebasar en México las 60 mil víctimas mortales.

Pero esta crisis sanitaria (no registrada en 100 años, según los especialistas) llevó pronto sus consecuencias negativas, en nuestro país y muchas otras partes del mundo, a la economía, al desempleo y a la agudización de los índices de pobreza extrema en perjuicio de millones de seres humanos.

El grave problema, pues, no fue exclusivo de México, de modo que diversos jefes de Estado empezaron a tomar medidas de prevención.
Sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la profundidad de la crisis por el COVID-19 y, por añadidura, sus graves efectos en la economía nacional, particularmente en los índices de pobreza y desempleo, como señalamos líneas antes.

Esta indiferencia de las autoridades de nuestro país movió a la dirigencia de Movimiento Ciudadano, que preside el senador Clemente Castañeda Hoeflich, a crear importantes consensos en torno a una iniciativa que hoy merece ser calificada como histórica: la urgente necesidad de reconocer, constitucionalmente, el derecho de los mexicanos a un Ingreso Vital; un apoyo económico que se entregaría a las personas más afectadas en situaciones especiales, como la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.

LA PROPUESTA

Después de presentaciones y consultas previas con amplios sectores de la sociedad, del apoyo unánime de legisladores de Movimiento Ciudadano así como de grupos parlamentarios de diversas corrientes políticas, dirigentes sociales, organismos de profesionistas, académicos, activistas, sindicatos y trabajadores, la dirección nacional de Movimiento Ciudadano, que preside el senador Castañeda Hoeflich, determinó presentar el viernes 12 de junio último ante la Comisión permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución General de la República para garantizar a los mexicanos el derecho a un “Ingreso Mínimo Vital” en casos de crisis, como el de la actual pandemia.

Debe señalarse que además de los apoyos mencionados, la iniciativa se construyó también con las aportaciones de sindicatos como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y organizaciones civiles como Nosotrxs, el Instituto Simone de Beauvoir y el Centro de Apoyo y Capacitación de Empleadas del Hogar.

El conducto fue la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, quien señaló que al menos 12 millones de mexicanos habían dejado de trabajar y recibir ingresos durante el primer mes de la emergencia sanitaria.

Ese mismo día, en videoconferencia de prensa, el senador Castañeda puntualizó: “No es sólo una iniciativa de Movimiento Ciudadano, es una iniciativa de las y los mexicanos que queremos salir adelante y que queremos avanzar en esta crisis. Queremos de verdad hacer justicia a la frase ‘primero los pobres’ y hacer realidad este apoyo económico”. Con la aprobación de la reforma, agregó, se ayudarían a más de 20 millones de mexicanos afectados por la crisis económica, con un salario mínimo durante tres y hasta cinco meses.

“Para millones de familias que viven al día, el Ingreso Vital es un auxilio que puede marcar la diferencia entre pasar o no a una situación de pobreza, incluso de pobreza alimentaria. Hoy por hoy, es una medida sanitaria porque su existencia les permitirá a millones que hoy están desesperados por salir a trabajar, quedarse en casa y así evitar un rebote de la pandemia”, dijo el senador Castañeda.

“ES POLITIQUERÍA”: AMLO

La iniciativa ha sido recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Entre muchos otros países, España y Brasil ya implementaron constitucionalmente el derecho a un Ingreso Vital.

Sin embargo, en la acostumbrada conferencia matutina en Palacio Nacional que siguió a la presentación de la iniciativa en la Comisión Permanente, al presidente López Obrador le llevó menos de dos minutos calificar de “politiquería” la propuesta construida por las organizaciones civiles y por Movimiento Ciudadano.

Movimiento Ciudadano acumuló argumentos a favor y perseveró:

En los últimos tres meses el país perdió más de un millón de empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al menos el 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) tendrá una afectación en sus ingresos por haberse visto obligada a suspender sus labores, de lo que ya resultan casi 20 millones de trabajadores perjudicados.

Hasta el mes de mayo pasado, el 65 por ciento de los hogares mexicanos registró menores ingresos. Según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos muchas familias se vieron precisadas a pedir prestado o no pudieron pagar servicios como la luz, el agua o la renta.

En el mes de abril, 12 millones de mexicanos se quedaron sin empleo, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI.

Según el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la pobreza extrema subirá a 20.7 por ciento de la población, lo que equivale a casi 26 millones de habitantes. Además, la pandemia del COVID-19 se está convirtiendo en una crisis del empleo mucho más grave que la de 2008.

En los últimos meses, los mexicanos retiraron 6 mil 685 millones de pesos de sus Afore por concepto de desempleo: la cifra más elevada desde 2005, cuando empezó su registro la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

LOS BENEFICIOS

La Ley del Ingreso Vital presentada por Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente:

Reconoce el derecho de las personas que vieron afectados sus ingresos en una situación especial a recibir un apoyo monetario de parte del Estado.

Esta situación especial es definida como aquella en la que se ve gravemente afectada la economía y la ocupación laboral, recurriendo a la información del IMSS, del Banco de México y de las propias dependencias del Gobierno Federal.

Podrán recibir el apoyo todas las personas que perdieron su empleo y que vieron afectados sus ingresos por la pandemia, sin importar si se encuentran en la formalidad o la informalidad.

El apoyo se otorgará durante tres meses y será equivalente al salario mínimo, es decir, más de 11 mil pesos en total, y podrá ampliarse hasta por dos meses más.

Según datos oficiales, con la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, en México alrededor de dos millones de personas perdieron su empleo formal, 12 millones más perdieron sus ingresos a causa de la suspensión de actividades y 11 millones están subcontratadas.

HAY RECURSOS SUFICIENTES

Castañeda Hoeflich ha precisado: “Si este Ingreso Vital lo destináramos a 20 millones de mexicanos y mexicanas, estaríamos hablando de una erogación de poco más de 220 mil millones de pesos: un punto porcentual del PIB nacional. Desde luego que hay recursos para sufragar este apoyo, simplemente es cuestión de que el Estado mexicano reordene sus prioridades”.

El doctor Mauricio Merino, coordinador de la organización civil Nosotrxs, señaló que el Ingreso Vital no compite con ninguno de los programas sociales del gobierno de México, sino que atiende a las personas que no están recibiendo ningún apoyo. “No hay contradicción con la filosofía política del Gobierno de la Republica”, sostuvo.

Países de Europa y de América han adoptado alguna medida similar para apoyar a las personas que perdieron su empleo o sus ingresos. México está a tiempo, asegura el senador Clemente Castañeda Hoeflich, y añade: “Movimiento Ciudadano es la primera fuerza política que pone sobre el papel el proyecto de Ingreso Mínimo Vital”. El cual plantea:

• En situaciones especiales, como contingencias o sucesos imprevistos que afecten gravemente la economía, la ocupación laboral y las remuneraciones, el Estado deberá garantizar el derecho a un Ingreso Mínimo Vital a todas las personas afectadas.

• Beneficiar a las personas que pierdan su empleo y a quienes vean mermados sus ingresos ante la imposibilidad de realizar sus actividades laborales.

• El Ingreso Mínimo Vital será entregado durante tres meses a los beneficiarios y podrá ser renovado por dos meses adicionales en caso necesario.

• El monto del Ingreso Vital será equivalente al valor mensual del salario mínimo, que en 2020 es de 123.22 pesos al día, es decir, 3 mil 696.6 pesos mensuales (poco más de 11 mil pesos durante los tres meses).

• El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Bienestar, ejecutaría esta Ley; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contribuiría con la declaración de situación especial y, junto con el IMSS, establecería los grupos ocupacionales; el CONEVAL evaluaría y vigilaría el programa.

“NUEVA NORMALIDAD”: ¿DESEMPLEO?

A mediados de mayo, en tanto Movimiento Ciudadano convocaba a un debate nacional para hacer realidad este derecho frente a la emergencia del COVID-19, el Gobierno Federal anunció un plan para regresar a la “nueva normalidad” de actividades.

Sostuvimos entonces que no habrá normalidad posible si no le tendemos la mano a la gran cantidad de personas que hoy está perdiendo su empleo y sus ingresos. ¿A qué normalidad queremos regresar con millones de mexicanos y mexicanas que perdieron su empleo y su sustento?

Para millones de mexicanos no habrá normalidad si el Estado no actúa pronto. Coincidimos con las organizaciones civiles y los legisladores de distintos partidos políticos sobre la urgencia de establecer como derecho el Ingreso Vital y abrir el debate con el proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital.

La peor parte de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus es la merma en el ingreso para millones de hogares mexicanos: estamos viviendo una tragedia laboral inédita en nuestra historia y el Gobierno de la República debe responder con grandeza y magnanimidad, puntualizó el senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

PROGRAMAS FEDERALES INSUFICIENTES

Durante una conferencia virtual, el senador Castañeda hizo ver que el Estado mexicano debe establecer cuanto antes un ingreso vital de emergencia. Esta medida es indispensable porque los programas del Gobierno Federal no están diseñados para atender los efectos de esta crisis, son insuficientes: hay cerca de 32 millones de connacionales que no están incluidos como beneficiarios de los programas federales.

También son insuficientes los microcréditos que está entregando el gobierno. Las personas que se quedan en casa, dijo Clemente Castañeda, generan un bien público para la salud de todos previniendo la propagación del COVID-19, pero asumen altos costos individuales al detener sus actividades laborales.

SÍ HAY RECURSOS

¿Habrá que modificar el presupuesto? Desde luego que sí, para financiar los montos que requiera el reconocimiento de este derecho. Una y otra vez ha enfatizado el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano que México debe ser solidario.

“Mucho menos de lo que se requiere se ha perdido en Pemex en apenas unos meses; menos de lo que requieren las obras públicas en curso; menos, mucho menos, de la disponibilidad de recursos del Estado mexicano. Que no se diga que no alcanza”, aseveró el senador Castañeda. 

Abundó sobre el tema e hizo un llamado para que una parte de los recursos provenientes de la contratación de deuda se destinen a financiar el Ingreso Vital. Hay margen de maniobra para implementar políticas fiscales más solidarias y agresivas que hagan del Ingreso Vital un derecho inalienable; el Estado debe ser responsable, solidario y recíproco con quienes, debido al confinamiento social para evitar el contagio del COVID-19, perdieron sus empleos o sus ingresos.

Estamos convencidos de que hay prioridades, y una de ellas, acaso la más importante, es ayudar a nuestros compatriotas a superar esta crisis. Por encima de la construcción, a todas luces prorrogable, de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya o del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

Adicionalmente, Movimiento Ciudadano hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer un mecanismo público de seguimiento, trazabilidad y transparencia sobre el manejo de recursos provenientes del Banco Mundial, para que exista absoluta rendición de cuentas.

El esfuerzo está hecho y continuará hasta alcanzar los objetivos trazados. Se han organizado diversos conversatorios en los que han participado especialistas, académicos y ciudadanos; múltiples actores políticos de nuestras bancadas legislativas, así como nuestros coordinadores estatales, han difundido nuestras propuestas y participado en los conversatorios de análisis. Hemos dialogado, asimismo, con legisladores de otros países que ya cuentan con una Ley de Ingreso Vital.

La iniciativa de reforma constitucional fue turnada el 3 de junio a las comisiones de Desarrollo y Bienestar y de Estudios Legislativos del Senado.

Es momento de unidad y solidaridad. Por el bien de todos, hemos invitado al presidente de la República a sumarse a este esfuerzo solidario. En este empeño debemos dejar a lado los colores políticos: nuestros compatriotas necesitan con urgencia un Ingreso Vital.

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