En el Llano
INSTITUCIONALIDAD DESAFIADA

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“Este no es un acto de rebeldía o insurrección,
sino de congruencia y responsabilidad.
 
Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador del estado de Jalisco.
 
Luis Gutiérrez Rodríguez

Luis Gutiérrez Rodríguez

Hace tiempo que Movimiento Ciudadano insiste en la necesidad de que México le dé vigencia a su naturaleza republicana. Ello incluye rescatar, defender y enriquecer nuestro federalismo al abrigo de la ley y por encima de los excesos del centralismo presidencial que hoy asfixia al país.

Pero no sólo eso: hoy como nunca la vida institucional está siendo desafiada. Nuestra legítima demanda federalista debe formar parte de un todo. Encuadra en numerosas acciones del Ejecutivo Federal, emprendidas por sí o por conducto de su representación legislativa en la Cámara de Diputados (todas ellas impugnadas conforme a derecho), que resultan violatorias del orden constitucional y de los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Encuadra también en la creciente tentación del jefe del poder Ejecutivo, por llamarla de una manera, de gobernar por decreto, muchas veces a despecho de la vía constitucional, por encima de la legalidad.

El federalismo a debate

Respecto del creciente autoritarismo presidencial, las expresiones más recientes de esta demanda han sido: 1) La del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 22 de noviembre de 2018, ratificada el 11 de abril de 2020 por el mandatario al poner en marcha en “Plan Jalisco COVID-19”, y 2) La iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano el 12 de noviembre de 2019, por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Nuevo León.

En el primer caso, en compañía de 109 de los 125 presidentes municipales del estado, empresarios e integrantes de distintas agrupaciones sociales e institutos políticos jaliscienses, el gobernador Alfaro Ramírez expuso la posición de su gobierno porque no está dispuesto “a permanecer callado ante los intentos dirigidos a vulnerar el pacto federal e incluso el orden constitucional”.

El gobernador señaló con claridad cuáles son los tres temas relevantes para la entidad:

  • Es inadmisible que los intereses de Jalisco y de sus habitantes sean ignorados en la discusión de un presupuesto (2018) que debe de ser entendido como instrumento nacional del desarrollo y no solamente como orientador del gasto federal. El recién llegado Congreso federal ignoró las propuestas de proyectos presentados por Jalisco.
  • Es marcada la tendencia a aprobar disposiciones legales que lastiman los principios básicos del Pacto Federal. Ningún modelo de organización del gobierno federal puede reemplazar figuras constitucionales del estado de Jalisco que tienen ya autoridades legítimamente electas.
  • El gobierno de Jalisco no está de acuerdo con la política de perdón y olvido a los corruptos del país; aclaró que Jalisco es un territorio donde los ciudadanos tienen sed de justicia. Se trabaja en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción que trataremos de impulsar como un ejemplo nacional.

El gobernador Alfaro fue inequívoco: este pronunciamiento no es un acto de rebeldía o insurrección, sino de congruencia y de responsabilidad. “Nuestro estado merece respeto irrestricto a la voluntad popular que eligió a sus representantes; nuestro estado merece respeto a su historia y a la larga lucha de jaliscienses ilustres que construyeron y definieron a la República conquistando la condición de Jalisco como un Estado libre y soberano”.

La reforma al 40 constitucional

De ser aprobada en sus términos, la iniciativa de reforma al Artículo 40 de la Constitución, presentada el 12 de noviembre del año pasado en nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Nuevo León, dos líneas enriquecerían su sentido jurídico y político y engrandecerían la norma que sostiene la voluntad democrática manifiesta en el Pacto Federal.

Las dos líneas propuestas por Movimiento Ciudadano para ese segundo párrafo establecen:

“La subsidiariedad y el federalismo cooperativo son principios rectores de las relaciones entre los diferentes órganos de gobierno”.

La iniciativa presentada por el senador García Sepúlveda explica la vinculación de dos propósitos de Estado que son concurrentes: la descentralización y la subsidiariedad. Consignados esos principios en el texto constitucional, la descentralización derivada de la subsidiariedad significaría la transferencia o distribución de atribuciones, responsabilidades, competencias y recursos del poder público federal (el subrayado es del autor de estas líneas) hacia las entidades federativas, o de éstas hacia los municipios electos por la voluntad soberana del pueblo.

En estos términos, el federalismo cooperativo parte de la premisa de que los poderes, las funciones y responsabilidades de las entidades del gobierno central, regional o local, son funciones y responsabilidades compartidas.

La subsidiariedad concibe a las personas libres, dignas, con responsabilidades y con capacidad para resolver problemas o asuntos locales. Pueden sustituir con eficacia la intervención continua y sistemática del gobierno nacional en asuntos y problemas locales.

Quienes para resolver cualquier asunto solicitan la intervención inmediata del gobierno federal van contra el principio de subsidiariedad. Además, agravian las libertades, las capacidades y las responsabilidades de personas, funcionarios y organismos que están más cerca de los problemas porque los conocen mejor y tienen más interés en atenderlos con eficiencia.

Esa es la sustancia de la iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución, presentada por el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, pendiente de dictamen cuando se escribieron estas líneas.

Entidades parasitarias

El interés de Movimiento Ciudadano por reforzar nuestro debilitado federalismo ante la intrusión arrolladora del presidencialismo no es nuevo. En febrero de 2017, nuestra organización política alentó el seminario “Un Nuevo Federalismo y Buenos Gobiernos”, con la asistencia de más de 50 alcaldes, cerca de 500 regidores, síndicos, coordinadores estatales y presidentes municipales de todo el país, así como los integrantes de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Permanente.

Al inaugurar el evento, nuestro entonces coordinador nacional, Dante Delgado Rannauro, afirmó que para avanzar en el fortalecimiento del federalismo en el país es necesario entender que la transformación de México se debe generar por medio de la amplia participación ciudadana y con la toma de decisiones a nivel regional o local.

“Saben (les dijo Dante a los concurrentes) que la proximidad en la toma de decisiones es razón y motivo fundamental para prestar mejores servicios, para estar más cerca de la gente, para propiciar la participación ciudadana”. En tanto que Clemente Castañeda, entonces coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, comentó con ironía que mientras la vida pública nacional se democratizaba, la mayoría de las entidades federativas permanecían en una burbuja en la que no se reflejaban ni pluralismos ni contrapesos.

Afirmó Castañeda: “El corazón del problema es que, al estar fundamentalmente financiadas por la Federación, las entidades federativas se vuelven no sólo dependientes sino incluso parasitarias”.
La ex ministra de la Corte y actual secretaria de Gobernación del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, fue invitada a participar en el seminario de Movimiento Ciudadano en su calidad de Diputada Constituyente en el proceso que dio lugar a la Constitución de la Ciudad de México.

En esa ocasión la abogada Sánchez Cordero dijo que los municipios no sólo son órdenes jurídicos locales, sino ámbitos de gobierno. Recordó que tras la reforma del artículo 115 constitucional, en 1999, se otorgó al municipio el reconocimiento expreso como ámbito de gobierno, al sustituir el término “administrado” por el de “gobernado”, por lo que esta transición los reconoce como ente jurídico con gobierno propio. Ahí quedaron sus palabras, avasalladas por el intento del presidente López Obrador de imponer a los gobernadores de los estados la custodia de poderes fácticos, como pretendió hacer en Jalisco.

En su oportunidad, el doctor Mauricio Merino Huerta, profesor de El Colegio de México y profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), impartió una conferencia sobre “Transparencia y Rendición de Cuentas en el nivel municipal”, en la que convocó a los presentes a unirse en un esfuerzo legislativo y ciudadano para exigir el derecho de un buen gobierno en cada uno de los rincones del país.

A unos días del inicio de actividades del Poder Legislativo, el 27 y el 28 de agosto de 2018, los grupos parlamentarios de senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano que integrarían la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, celebraron en Amatitán, Jalisco, una reunión plenaria en la que acordaron impulsar por lo menos 35 acciones legislativas en el primer periodo ordinario de sesiones, que incluyen ejes rectores sustanciales: defensa del federalismo, de la soberanía de los estados y de la autonomía municipal.

No fue casual la reunión en Amatitán. El primer domingo de julio anterior, Enrique Alfaro Ramírez se había convertido en gobernador electo del estado de Jalisco, postulado como candidato único de Movimiento Ciudadano.

Dante Delgado señaló en conferencia de prensa que Movimiento Ciudadano sería la oposición que México necesita en el Congreso de la Unión.

¿Intransigencia presidencial?

Citamos al principio de estas líneas nuestra demanda de que México le dé vigencia a su naturaleza republicana. Ello incluye rescatar, defender y enriquecer nuestro federalismo al abrigo de la legalidad y por encima de los excesos del centralismo presidencial que hoy asfixia al país.

El marco de referencia es un todo abrumador: las decisiones del jefe del Ejecutivo a contrapelo de la voluntad popular o, lo que es peor, mediante “consultas” amañadas que ofenden al sentido común de millones de mexicanos.

La crisis sanitaria y de salud, atizada por “ajustes presupuestales” a principios del sexenio, recrudeció con la aparición de la pandemia del COVID-19. Cayeron los precios internacionales del petróleo al tiempo que el jefe del gobierno mexicano se empecina en impulsar lo que parece una estrategia suicida: desalentar la inversión extranjera en energías limpias y comprometer el futuro energético del país con mantos petroleros devaluados, mientras el desempleo galopante avanza, empobrece a los más pobres y condena a condiciones de subsistencia miserable a millones compatriotas.

En la borrasca de esta incompetencia e ineficacia del poder público desfilan como espectros la ridícula rifa del avión presidencial, el desembolso millonario para una refinería sin futuro en el mundo moderno, el capricho para impedir la conclusión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la forzosa construcción de un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía, un tren “maya” concebido por quien asegura que es el mejor conocedor de los pantanos del sureste: un mandatario que anuncia el exterminio de la impunidad pero que con la mano en la cintura perdona a quienes han saqueado impúdicamente a los mexicanos, un presidente incapaz de garantizar seguridad a sus compatriotas, como lo ordena la Constitución…

En un coloquio virtual celebrado el 19 de mayo último, con la participación de María Elena Ibarra, Laura Ballesteros, Agustín Carlos Basave Alanís, el senador Samuel A. García y Jorge Álvarez Máynez, entre otros compañeros de Movimiento Ciudadano, se dieron a conocer algunos datos específicos del escenario actual del llamado “Pacto Federal”: la doble tributación fiscal en México es letra muerta; en ningún otro país del mundo existen tan grandes márgenes de discrecionalidad presupuestal como en México; es arbitrario el reparto que se hace desde el gobierno a partir del Convenio Fiscal con los estados: 20 por ciento para las entidades y 80 por ciento a disposición de una sola persona: el presidente de la República; 18 estados no reciben ni la mitad de lo que aportan a la Federación; desde 1990 varios gobernadores enfrentan problemas de desarrollo sin recursos, sólo administran la pobreza; no hay dinero para enfrentar el grave desempleo que está causando la pandemia de COVID-19 ni voluntad para recurrir al crédito internacional, pero por voluntad unipersonal presidencial los costosos megaproyectos de Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya son intocables; el gabinete presidencial es súbdito del tlatoani; México debe transitar a la claridad tributaria desde la Constitución…

Medidas tardías

Hace unos días, en reunión virtual con el subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano cuestionó las medidas tardías del gobierno frente a la pandemia, al tiempo que se refirió a la propuesta “Ingreso Vital” para quienes han perdido empleo e ingresos.

“Si se han equivocado, vale la pena reconocerlo y sumar esfuerzos. Entienda que sea por error o por faltar a la verdad, sus decisiones han cobrado vidas que podrían haberse salvado”, dijo el coordinador parlamentario.

El tamaño de la lucha

Eduardo Mendoza Ayala, compañero en Movimiento Ciudadano y dinámico estudioso del federalismo, sus retos y problemas, ha señalado la urgencia de esta batalla emprendida por nuestra organización: “es equiparable a temas como la democracia y la justicia”, dice.

No se trata de un asunto menor, ya que el origen de muchos de nuestros problemas y retos como sociedad provienen justamente de la ausencia de una relación auténticamente federalista entre municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal que encabeza el presidente de la República.

Hoy en día, por ejemplo, el Gobierno Federal mexicano se queda con ochenta y cinco centavos de cada peso que se genera en todos los municipios del país, le reparte diez centavos de lo recaudado a los gobiernos estatales y les “devuelve” solamente cinco centavos en promedio a los ayuntamientos, lo cual es, a todas luces, “abusivo e injusto”, refiere Mendoza Ayala.

Este es el tamaño de la lucha emprendida por Movimiento Ciudadano.

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