Entre el 7 de junio de 2020 y el 2 de junio de 2024, habrá en México elecciones locales y federales en las 32 entidades federativas del país. Al igual que se adelantó la elección presidencial para ese año, también se anticipó la toma de posesión de quien resulte presidente de la República: el 1° de octubre concluirá el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que por primera vez en la historia nacional será de cinco años y 10 meses.
El transcurso de los casi cinco años que faltan para que termine este sexenio es muy complejo para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque habiendo alcanzado el poder en 2018, tiene el propósito (legítimo) de conservarlo en 2024.
Para lograrlo, tres medidas estratégicas de la dirigencia morenista parecen obligadas, con AMLO al frente: 1) el desmantelamiento de la oposición política al actual gobierno, y 2) el debilitamiento de otros contrapesos que parecen estorbar a la llamada 4T para que su proyecto de transformación sea transexenal.
Podría agregarse un tercer elemento: el resentimiento social latente en millones de mexicanos, empobrecidos por un modelo económico fracasado: el llamado neoliberalismo, que ciertamente creó poderosas élites multimillonarias en muchos países y hundió más aún a millones de seres humanos en la miseria y la desesperanza. Por lo menos en México, los impulsores del neoliberalismo empobrecedor (con frecuencia ligados a actos de rapiña) no han sido castigados.
A finales de diciembre último, en una conferencia de prensa prenavideña, López Obrador señaló que en países que fueron ejemplos del modelo neoliberal (acaso se refería a Francia), hoy los tanques reprimen al pueblo. Lo que omitió mencionar es que la represión con tanques también se ha visto en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Chile, entre otros países que han sido señalados como modelos socialistas para América Latina.
El caso es que el jefe de la 4T ha visto en este resentimiento social una veta para revertir el lema amenazador de las multitudes agraviadas por el poder: “El pueblo unido, jamás será vencido”, y sustituirlo por la frase atribuida al dictador y emperador romano, Julio César: “Divide y vencerás”, que en política y psicología equivale a “divide para reinar”.
Desbrozar obstáculos
No es concebible la democracia en un sistema presidencialista y autoritario sin contrapesos. El riesgo es caer en una dictadura. El presidente lo niega, pero en los hechos ha quedado claro un objetivo del equipo que él encabeza y dirige: el cambio ofrecido por el gobierno necesita del aniquilamiento, la descalificación o por lo menos la parálisis de instituciones que, así haya sido deficitariamente, durante décadas han sido contrapesos legítimos e indispensables para evitar los excesos autoritarios del poder presidencial.
En esta línea destructiva se ha pretendido colocar a los dos poderes que equilibran y aun contienen los excesos a ultranza del autoritarismo presidencial: el Legislativo y el Judicial, sin olvidar las embestidas (negadas una y otra vez por el jefe del Ejecutivo, lo que ya es un hábito pernicioso ante las evidencias) en contra de los medios de comunicación críticos y no alineados.
También está en el blanco de la austeridad oficial el Instituto Nacional Electoral (INE): en 2019 los diputados le recortaron recursos presupuestales por 950 millones de pesos. El ajuste implicó la cancelación de proyectos de difusión, editoriales, de cultura cívica, reducción de servicios administrativos y también se suspendió la modernización del sistema de votación de mexicanos en el extranjero.
La Ley de Amparo es un derecho humano y una valiosa herramienta jurídica para que los ciudadanos puedan defenderse (ampararse) de los abusos del poder público. En pocas palabras, es sustantivo para toda democracia. Sin embargo, los miles de juicios de amparo promovidos en contra de tres megaobras del gobierno actual: la costosa ampliación del aeropuerto de Santa Lucía por la anulación del moderno aeropuerto internacional para la Ciudad de México, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ya fueron calificados por López Obrador como “chantaje legal”, aunque los mexicanos aún desconocen los proyectos de sustentabilidad de dichas obras.
La cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco, por motivos que nunca quedaron suficientemente claros, costó al erario público alrededor de 250 mil millones de pesos, “tres veces más de lo que pudiera significar el costo de toda la democracia y los partidos”, dicen los analistas.
Otro blanco ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A René Bejarano, personaje morenista de incómoda memoria por su patético episodio con el corrupto argentino Carlos Ahumada, parecen haberle encargado la organización de un congreso o una asamblea constituyente, en donde se presente la nueva Constitución General de la República que sustituya a la que nos rige, aprobada en Querétaro en 1917. En declaraciones a los medios, Bejarano deslizó que uno de los blancos de la nueva Constitución sería la reforma profunda del Poder Judicial y la implementación de una nueva Corte de Justicia que no obstaculice los objetivos de la 4T, como lo hace la actual.
Además: 1) La intromisión en el poder legislativo de Baja California para modificar el periodo del mandato constitucional del gobernador por cuatro años más y pasar así sobre el mandato de las urnas; 2) La intromisión escandalosa en el poder legislativo de Tabasco para criminalizar la protesta popular (libertad en la que cimentó Andrés Manuel López Obrador su carrera política); y 3) La reciente intromisión de la Comisión de Honor (rebautizada Honestidad y Justicia), órgano interno de Morena, para exigirle al senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, que desconociera públicamente a la senadora Lily Téllez como legisladora del Grupo Parlamentario.El desafío político, económico, social y electoral es enorme para Morena.Acaban de transcurrir los primeros 12 meses de un cambio profundo en la vida institucional de México, reiteradamente anunciado, que fue arropado por un lema atractivo y populista: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Menos prerrogativas, “bola boba”
Este año el estado de Hidalgo renovará 84 ayuntamientos y en Coahuila se elegirá a 25 diputados locales. Pero en 2021 se celebrarán las elecciones más concurridas en la historia en atención al padrón electoral vigente ese año: 96 millones de ciudadanos; se elegirán gobernadores en 15 estados, diputados locales y ayuntamientos (solamente no habrá comicios en Durango y en el Estado de México). En 2022, seis entidades escogerán nuevo mandatario estatal; en 2023 corresponderá a Coahuila y al Estado de México elegir gobernadores.
Finalmente, nueve estados votarán en 2024 por nuevo gobernador, aunque la cereza en el pastel comicial del sexenio será la elección de presidente de la República para el periodo 2024-2030.
En este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe político de Morena “dio línea” (lo hizo públicamente desde Monterrey, el año pasado, al proponer que los dirigentes de los distintos partidos políticos “regresen” el 50 por ciento de los recursos públicos que reciben en prerrogativas, por conducto del INE). ¿Cómo? Mediante unas adecuaciones convenientes (para el partido en el poder) al artículo 41 de la Constitución general de la República, que determina con claridad las reglas de operación para los partidos políticos (a los que define como “entidades de interés público”).
Una metáfora beisbolera podría llamar a esta medida “la bola boba” del presidente al sistema político mexicano. Pero fueron los diputados federales quienes, el 12 de diciembre, rechazaron la iniciativa de Morena, impulsada originalmente desde Palacio Nacional, al no obtener los votos necesarios para lograr la reforma constitucional correspondiente.
Hace por lo menos seis años que Movimiento Ciudadano propuso que se eliminaran por completo las prerrogativas oficiales a los partidos. Ninguna organización política hizo eco de lo propuesto. Tampoco hubo respuesta de Morena cuando se acordó que los partidos políticos aportaran un porcentaje de sus prerrogativas para ayudar a los damnificados por los sismos de 2017. Movimiento Ciudadano, en cambio, fue el único partido que devolvió al INE el importe de tres meses de esos apoyos, como puntualmente lo recordó el coordinador nacional, senador Clemente Castañeda, en reciente conferencia de prensa.
Tan sólo en 2019 Morena recibió más de mil 628 millones de pesos, equivalentes al 32 por ciento de lo asignado a otros partidos. ¿Podría Morena asegurar su triunfo en las importantes elecciones intermedias de 2021, con el 50 por ciento de ese dinero?
Contra lo que estipula el artículo 41 constitucional (deben garantizarse condiciones de equidad en las elecciones), los partidos de oposición tendrían que participar en los comicios en condiciones de absoluta inequidad, más allá de los porcentajes en prerrogativas asignados por la ley en proporción directa con los votos obtenidos en las urnas. ¿Por qué a Morena (partido en el poder) y a su jefe político no parecen importarles ver disminuidos a la mitad sus ingresos por prerrogativas oficiales?
¿Secreto de sobrevivencia?
Al 25 de noviembre de 2019, el presidente López Obrador había acumulado más de 162 mil kilómetros en 12 meses de giras de trabajo: “Cuatro vueltas al mundo… sin salir del país”, según la cabeza de una nota de la reportera Jannet López Ponce, en la edición del día 26 de ese mes, del diario Milenio.
Coinciden los analistas sobre los denominadores comunes en esas giras: la retórica repetitiva del presidente sobre las malas condiciones en que dejaron al país los gobernantes anteriores a él; la falta de atención a los problemas que le “heredaron”, entre ellos la inseguridad y el incremento criminal; las críticas de sus “adversarios”; las pensiones a los adultos mayores; las becas a ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan). En suma, los buenos que creen en él y en sus programas sociales y los que están en contra de la 4T, entre ellos la prensa corrupta.
El 11 de septiembre del año pasado, el diario El Financiero publicó una nota de su reportera Zenyazen Flores, según la cual el gasto social proyectado para 2020 en 14 programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador será de 285 mil 239 millones de pesos, monto mayor en 170 mil 361 millones de pesos respecto de lo aprobado para esos14 programas en 2019.
Los 14 programas son operados por las secretarías de Bienestar (4), Agricultura y Desarrollo Rural (4), Educación (4), Economía (1) y Trabajo (1), aunque el 58 por ciento del total, 165 mil millones de pesos, corresponde a los 4 programas de Bienestar: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Programa de Apoyo para el Bienestar a Madres Trabajadoras.
Prerrogativas… ¿para qué?