Hace casi seis años, el 5 de diciembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de México fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013. La ONU otorga esa presea cada cinco años, desde 1966, a instituciones e individuos que se destacan por su labor en la defensa y promoción de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue elegida por “sus importantes progresos” (señalaba el dictamen) en la promoción de los derechos humanos y constitucionales de los mexicanos, por lo que se convirtió en el primer tribunal en recibir este tipo de reconocimiento.
Pero antes de que transcurrieran diez meses, aquella distinción a la SCJN fue sometida a la prueba del ácido: la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 se registró un hecho criminal sin precedentes, suceso que hasta ahora, más de cinco años después, permanece sin esclarecimiento confiable y sin castigo: 43 jóvenes alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, cercana a la ciudad de Iguala, Guerrero, desaparecieron en medio de un conflicto que involucró (de lo que se sabe) a presuntos narcotraficantes, policías, soldados del 27º Batallón de infantería y autoridades locales.
Entre las autoridades, fueron encarcelados el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hoy están a un paso de quedar en libertad porque al parecer declararon bajo tortura. Se sumarían a las 77 personas liberadas hasta el pasado 15 de septiembre, de las 142 inicialmente detenidas por la Procuraduría General de la República, entonces bajo el mando de Jesús Murillo Karam, quien llamó “verdad histórica” al resultado de sus pobres indagatorias. Al momento de ser escrito este editorial, quedaban aún 65 personas detenidas.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que las liberaciones son una afrenta para las víctimas y sus familias; además, demuestran la “miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”: tortura, detenciones ilegales y manipulación de pruebas.
Hace un año, el 30 de noviembre de 2018, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) concluyó acerca de la investigación de Murillo Karam: “Esta versión de los hechos, conocida desde 2015 como verdad histórica, es falsa”.
Cinco meses antes, el 4 de junio del año pasado, un tribunal federal falló por unanimidad: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa.
El siniestro suceso de Ayotzinapa es la piedra más grande, pero no la única, en el zapato del sistema judicial mexicano, hoy sentado en el banquillo de los acusados, como lo señala la información en las páginas centrales de esta edición de El Ciudadano.