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onforme pasan los primeros meses de ejercicio de la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, crece la preocupación de amplios sectores de la sociedad porque las acciones de gobierno giran en torno a un sólo signo: la concentración de poder, unipersonal y sin contrapesos, del presidente de la República.
Desde el Poder Ejecutivo se promete, se agita, se proclama, se desafía, se amenaza, se descalifica, incluso se da línea a los poderes garantes del equilibrio en el gobierno, como el Legislativo y el Judicial, pero no se atienden (mucho menos se resuelven) problemas prioritarios ni se gobierna con el buen ejemplo.
Cuando se vierten estas líneas editoriales, el presidente de la República había desatado una polémica a causa de los memorandos que envió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, con instrucciones de anular en sus dependencias la reforma educativa aprobada por grupos mayoritarios del Congreso de la Unión en diciembre de 2012 (Movimiento Ciudadano votó en contra en la Cámara de Diputados y no participó en la votación en el Senado, efectuada el 3 de septiembre de 2013, cuando se aprobó el cuerpo principal de la reforma: la Ley General del Servicio Profesional Docente).
En síntesis, las fuerzas opositoras al gobierno de Enrique Peña Nieto vieron en la iniciativa una maniobra para desactivar políticamente al sector magisterial de oposición, representado por la CNTE.
Los memorandos para anular la reforma educativa fueron como una cereza en el pastel de sorpresas que han deparado a la sociedad nacional los últimos cinco meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sorpresas reseñadas en las páginas centrales de esta edición de El Ciudadano.
Un hecho relevante al respecto fue el posicionamiento emitido el jueves 18 de abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo cuarto enunciado dice a la letra:
4. “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordena desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”.
¿Por qué es tan relevante y preocupante que con tres memorandos presidenciales se pretenda anular una reforma constitucional, en este caso relacionada con la educación, aprobada por el Congreso de la Unión? Porque los contrapesos son vitales para la vigencia del Estado de Derecho y del sistema de gobierno representativo y democrático que nos rige.
La reforma educativa aprobada en 2013 es deficiente e ineficiente, pero hay vías institucionales y constitucionales para perfeccionarla. Involucra al gobierno que la emite, pero muy particularmente debe estar dirigida a los maestros y a los alumnos de todos los niveles de escolaridad, porque en ellos están puestas las esperanzas de toda la sociedad nacional.
Es inadmisible dejar ese valioso espacio vacío. Si no se le cumple a la sociedad, tendremos a nuestras futuras generaciones en la mediocridad.