Rodrigo Mendoza Martínez
Después de más de cien días de estar al frente del mayor cargo de responsabilidad al que puede aspirar cualquier mexicano o mexicana para servir a su país, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal se ha caracterizado por no implementar las medidas necesarias para cumplir a cabalidad lo mucho que ofreció a lo largo de décadas de haber estado en procesos de abierto proselitismo. La evidente carencia de análisis serios, detallados, regionalizados y comprometidos está implicando lentitud, ineficacia y derroche de tiempo para avanzar en la realización y operatividad de su gestión. Como por ejemplo:
- La determinación de desconocer y hacer a un lado el pacto federal que cohesiona a la nación mediante el nombramiento de superdelegados federales, que en lo formal se presentan como una medida de austeridad para evitar corruptelas, pero que en realidad están siendo una especie de vicegobernadores que trabajan para apuntalar sus respectivas carreras políticas y para estar al pendiente de las improvisaciones, las ocurrencias o los encargos que se les hagan desde el centro del país. En suma, se trata de meros servidores personales de quien los impuso y no de la sociedad, que pretenden maniatar o sujecionar a los ejecutivos estatales.
- Ofreció erradicar la corrupción y lo que está decidiendo e imponiendo, sin considerar el marco normativo vigente y la función de los poderes judicial y legislativo, es “el perdón” a quienes han lucrado y se han enriquecido con los recursos que pertenecen a todos los mexicanos; a quienes han contribuido a mantener los rezagos y las carencias de todos los mexicanos; simplemente a quienes urdieron y cubrieron múltiples irregularidades con las finanzas públicas. A todos ellos se les cubrirá y protegerá con el manto de la impunidad, se retirarán de la función pública a disfrutar de lo mal habido a sabiendas de que no se les investigará, no se les fincarán responsabilidades y mucho menos se les sancionará.
- Con el afán de evitar cumplir con lo contemplado en la Ley Federal de Consulta Popular, ordenó llevar a cabo dos consultas totalmente alejadas del marco normativo vigente y totalmente orientadas a garantizar respuestas que le fueran favorables a sus decisiones personales. Todo lo anterior ha implicado desdeñar las voces que expresaron sus dudas sobre la consistencia metodológica o la logística tendenciosa sin tener propuestas plenamente sustentadas y fundamentadas, como está sucediendo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O con el total desdén de los ecosistemas de la región peninsular y las comunidades indígenas por donde pasará tanto el Tren Maya como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; obras que carecen de análisis de impacto ambiental y de viabilidad tanto financiera como económica.
- Declaró de manera reiterada la intención de retirar al ejército de la función de seguridad pública que le habían asignado los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, lejos de cumplir con este ofrecimiento de campaña, se apresta a imponer la creación de la Guardia Nacional, misma que estará formada fundamentalmente por militares y marinos y tendrá como mando central la Secretaría de la Defensa Nacional. Con lo cual no sólo se mantiene vigente el papel de los militares en las funciones de seguridad pública, sino que lo amplía y lo profundiza, con los riesgos que esto implica para la vigencia de los derechos humanos. Nadie niega el grave y complejo problema de seguridad que se vive en gran parte del país, lo que se cuestiona es la ligereza del discurso y el ofrecimiento, de carácter demagógico, que en este rubro utilizó el presidente en funciones para manipular una de las necesidades más sentidas de millones de mexicanos: la seguridad.