En México, el 76 por ciento de las y los trabajadores domésticos reciben como ingreso hasta dos salarios mínimos o menos, insuficientes para cubrir sus gastos médicos y los de su familia
Juan Francisco Ramírez Salcido
Mi nombre es Juan Francisco Ramírez Salcido y represento al distrito 14 de Jalisco. Orgullosamente tapatío. En mi nueva etapa como diputado federal me comprometí a legislar adecuadamente para beneficiar a las mexicanas y mexicanos.
Anteriormente fungía como regidor de Guadalajara; ahora, en mi nuevo cargo de diputado federal pertenezco a la Comisión de Seguridad Social como secretario y a la Comisión de Defensa Nacional y de Vivienda como integrante.
Presenté en la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146; se adiciona un párrafo y las fracciones I a XI al artículo 331, y se elimina la primera frase del artículo 334 de la Ley Federal del Trabajo; además, se reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.
Dicha iniciativa surge debido a que en las últimas décadas las trasformaciones globales han traído consigo una serie de cambios que han impactado directamente la forma en que los gobiernos hacen frente a las nuevas demandas, tanto económicas como sociales. Estos cambios han demostrado que el desarrollo social no depende únicamente del crecimiento económico y de la estabilidad macroeconómica, sino también de una efectiva política social, es decir, de acciones que implemente el Estado a fin de garantizar una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento y desarrollo.
En este sentido, la política social debe entenderse como una actividad prioritaria para los gobiernos, generando a través de la seguridad social las condiciones necesarias para mejorar la distribución del ingreso y contrarrestar los efectos sociales de la creciente concentración de la riqueza económica, agudizados por los fenómenos de la globalización.
La seguridad social ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de los estados modernos como instrumento para combatir la pobreza y distribuir el ingreso de forma equitativa.
Los avances que se han alcanzado a lo largo del tiempo en materia de seguridad social en nuestro país han sido significativos: desde la Constitución Política de 1857 se dieron los primeros indicios y, posteriormente, en la de 1957 se reivindicaron los derechos al incorporarse novedosas disposiciones en beneficio del trabajador.
A partir de aquel momento, nuestro entramado institucional se ha regido bajo el principio de que la clase trabajadora debe gozar de los beneficios de la seguridad social, sin dejar a ningún trabajador fuera de dicho supuesto.
En México existen importantes instituciones encargadas de dotar de seguridad social a la población en general: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). A la lista se suman otras dependencias y organismos públicos.
Derivado de lo anterior, con la intención de proporcionar seguridad social a más de la mitad de la población que se encontraba desprotegida por las instituciones antes señaladas, durante 2001-2006 el gobierno federal, a través de la Secretaria de Salud, implementó el Programa Nacional de Salud.
Los gastos médicos impactan considerablemente la economía de las familias de menores ingresos no aseguradas, por ello, el Seguro Popular de Salud se consideró un programa innovador de carácter federal, cuyo objetivo fundamental se centró en la prestación de servicios médicos y en evitar que éstos fueran cubiertos mayoritariamente por el gasto familiar.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, aún falta mucho camino por recorrer. De acuerdo con el informe “Derechos Humanos y Pobreza” elaborado por la Fundación para la Paz en Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente en nuestro país existen aproximadamente 68 millones de personas sin acceso a seguridad social.
Entre los grupos más afectados encontramos a los adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que se encuentran laborando sin estar afiliados a ninguna institución pública como IMSS o ISSSTE.
En este sector de la población hallamos a aquellas personas que desempeñan actividades remuneradas en el hogar. El trabajo doméstico se caracteriza por realizarse de manera aislada, factor que genera que dichas actividades se desempeñen de forma desprotegida y vulnerable. De cada 100 trabajadores domésticos 90 son mujeres y una de las cifras más alarmantes es la que señala que 99 de cada 100 subordinados y/o asalariados en trabajo doméstico laboran sin tener algún tipo de contrato por escrito; de la misma forma, la mayoría de ellos, 76 por ciento aproximadamente, recibe como ingreso hasta dos salarios mínimos o menos.
Derivado de esto, podemos observar que las condiciones colocan a este importante sector de la población económicamente activa en un estado de total indefensión y vulnerabilidad.
Es importante resaltar que los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo son aplicables a todo tipo de trabajadores, incluidos los domésticos, por ello resulta fundamental que este tipo de empleados cuenten con prestaciones básicas de seguridad social, las cuales tendrán por objeto protegerlos de riesgos, atender necesidades de subsistencia apremiantes y hacer frente a imprevistos.
Sin embargo, a pesar de los instrumentos jurídicos existentes, es una realidad que las y los trabajadores del hogar tienen jornadas muy largas, muchas veces sin horario fijo y sin la obligación por parte del patrón de pagar horas extras. Lo anterior sin dejar de lado que no tienen acceso a licencias de maternidad, derecho a pensión, guardería para sus hijos, pago de incapacidades, entre otros beneficios.
Por ello, exhortaremos a los integrantes del congreso a dar luz verde y aprobar esta iniciativa para poder favorecer a las y los empleados domésticos que día a día trabajan sin tener el soporte que les otorgaría gozar de la seguridad social que merecen. Continuaré trabajando para que ésta sea una realidad y para impulsar más proyectos que traigan consigo cambios beneficios para todas y todos.