Luis Gutiérrez Rodríguez
En muchos sentidos, México vive tiempos de cambio. Un cambio que necesariamente debe incluir al régimen que durante décadas ejerció el poder hegemónico, y al sistema político que engendró y que al paso del tiempo degeneró en pobreza, inequidad, inseguridad, corrupción e impunidad.
Conscientes de que la exigencia social del cambio implica también ir más allá del vertedero retórico en que se convierten las campañas electorales, Movimiento Ciudadano presentó a la sociedad desde hace meses una plataforma nutrida con las demandas más urgentes de nuestros compatriotas, recogidas durante varios años de trabajo político.
Y a la luz de los resultados electorales del pasado 1° de julio, afirmamos también en las páginas centrales de la edición de El Ciudadano de septiembre último, que uno de los grandes signos de madurez de todo sistema democrático es tener en su seno una oposición política propositiva, conductora, eficiente y responsable de las demandas de la sociedad.
Congruentes con esta convicción, asumimos que el poder confiado por la sociedad con su voto a todo candidato es un poder público, no privado o particular, que es necesario delimitar; de ahí que la atención a los requerimientos ciudadanos, el escrupuloso manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de compromisos adquiridos en la campaña electoral, la rendición de cuentas, la transparencia y la medición de resultados, el necesario equilibrio y respeto entre los Poderes de la Unión y la desaparición de privilegios que ofenden a una ciudadanía empobrecida, sean obligaciones que debe asumir toda oposición política, vigilante y comprometida con los intereses de la sociedad.
Acciones de Movimiento Ciudadano
Nuestros siete senadores y 28 diputados federales en el Congreso de la Unión empezaron a cumplir sus propuestas con iniciativas concretas.
Es pertinente señalar que buena parte de nuestra agenda parlamentaria está formada por iniciativas presentadas hace tiempo ante las Cámaras del Congreso, donde la entonces mayoría del PRI y varios partidos afines o asociados, decidieron mantenerlas en el congelador legislativo. Hoy perseveramos en el espíritu y los objetivos del proyecto legislativo de Movimiento Ciudadano, cuyo único propósito es servir a México. Desde el martes 4 de septiembre, primer día de sesiones del periodo ordinario de la LXIV Legislatura, nuestros grupos parlamentarios pasaron de las palabras a los hechos:
Reversa al gasolinazo
a iniciativa la presentó nuestro senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Propone derogar una fracción del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, con el objetivo de dar reversa al aumento de precio a las gasolinas. Ya no se cobrarían: 4.59 pesos de impuestos por cada litro de Magna, 3.88 pesos por cada litro de Premium y 5 pesos por cada litro de Diesel. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados.
Eliminación de privilegios
Ese mismo martes 4, el senador jalisciense Clemente Castañeda Hoeflich presentó una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad para: poner candados al gasto público; eliminar gastos superfluos, privilegios de funcionarios y derroche del erario; prohibir la contratación de seguros de gastos médicos privados y seguros de vida para mandos medios y mandos superiores, bonos especiales y extraordinarios, y cualquier otra forma de sobresueldo en la administración pública; restringir la contratación de personal por honorarios, consultorías y asesorías, excepto los estrictamente necesarios; prohibir telefonía celular gratis para servidores públicos; reducir sensiblemente el gasto del gobierno federal en publicidad. Estas medidas aplicarían para toda la administración pública federal, los tres poderes de la Unión y los organismos estatales autónomos. El ahorro esperado sería de 70 mil millones de pesos aproximadamente, que podrían destinarse a salud, educación y seguridad ciudadana.
Vale precisar que hace tres años, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, congruente con su código de ética y su agenda legislativa, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano renunció a los seguros de gastos médicos mayores y de vida. En la Legislatura actual, que entró en funciones el 1° de septiembre, también formalizó su renuncia a estos privilegios.
Cero pensiones a ex presidentes
El jueves 6 de septiembre la senadora Verónica Delgadillo García presentó una iniciativa para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de eliminar las millonarias pensiones que reciben los ex presidentes de México. Se trata, señala la iniciativa, de un privilegio injusto que no tiene ningún sustento legal. El monto anual de esas pensiones es de 40 millones de pesos que aprueba el Congreso de la Unión cada año, porque incluye viudas, seguros de vida y gastos médicos mayores, personal militar de seguridad y 25 empleados federales para cada uno.
Como ocurrió en otros casos, esta iniciativa fue presentada por Movimiento Ciudadano hace tres años, pero la rechazó la mayoría priista. Ahora fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.
Exhorto: No al Casetazo
El martes 11 de septiembre, en la tercera sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, la senadora Verónica Delgadillo García propuso a la asamblea que apruebe dos exhortos: a) al secretario de Comunicaciones y Transportes para que revoque la autorización que concedió para el aumento de cuotas en caseta de peaje, y b) al director general de Caminos y Puentes Federales para que ese organismo trasparente los ingresos obtenidos durante los últimos dos años por el cobro de cuotas en las vías a su cargo.
Un fiscal del pueblo, no del presidente
Ese mismo día, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, subcoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó al Senado un proyecto de reforma constitucional para garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de designación del Fiscal General. México, dice la iniciativa, debe tener una Fiscalía y un sistema de procuración de justicia plenamente autónomos, sin que intervenga en dicho proceso el jefe del Ejecutivo Federal. Un Consejo del Ministerio Público plural y especializado evaluaría y vigilaría el funcionamiento de la propia Fiscalía.
En el pasado reciente, añade el documento, detuvimos el “pase automático” del procurador a fiscal; logramos sacar adelante la reforma constitucional para cancelar cualquier otra posibilidad de imponer un “fiscal carnal” por parte del gobierno saliente, y hemos refrendado la iniciativa de reforma al artículo 102 constitucional que han propuesto los organismos de la sociedad civil y los especialistas agrupados en el Colectivo “Por una Fiscalía que Sirva”.
Una Comisión de Designaciones integraría la lista de 6 candidatos a fiscal, la cual aprobarían las dos terceras partes del Senado. Se prevé, asimismo, que la Suprema Corte pueda intervenir en la designación del fiscal si, por cualquier razón, el Senado omite sus atribuciones. En el modelo actual, si el Senado omite sus atribuciones, quien designa directamente es el jefe del Ejecutivo. Dos días después, el jueves 13, el senador nuevoleonés Samuel García Sepúlveda cerró la pinza legislativa de Movimiento Ciudadano al proponer en la Cámara Alta una reforma al artículo 102 constitucional, para evitar cualquier tentación de imponer un “fiscal carnal”. “Queremos -apunta el documento- un fiscal del pueblo, no un fiscal del presidente”.
Muerte Civil a Corruptos
También el martes 11, el senador nuevoleonés Samuel García Sepúlveda presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que propone la inhabilitación permanente por actos de corrupción, independientemente de la sanción aplicable al servidor público que incurra en ese delito.
Otro exhorto: No más fuero
En conferencia de prensa ofrecida el 18 de septiembre, mediante una carta dirigida a los senadores de todas las fuerzas políticas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano los conminó a sacar de la congeladora legislativa una propuesta presentada por los diputados ciudadanos el 20 de julio de 2016 para eliminar el fuero de todos los servidores públicos, misma que fue archivada por el PRI; la propuesta fue reiterada en 2018, la aprobaron los diputados y hasta la fecha el Senado no la ha discutido.
Ley de la Verdad
Tocó al senador Clemente Castañeda presentar el jueves 18 de septiembre una iniciativa para crear, por mandato legislativo, una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones a los derechos humanos de la última década, incluidos episodios como la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres estudiantes de cine a las afueras de Guadalajara, el pasado 19 de marzo, entre otros. Esta Comisión debe garantizar el acceso a la verdad y a la justicia, la reparación integral del daño causado a las víctimas e identificar los patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos para que se erradiquen.
Será plenamente autónoma. Tendrá el aval del Estado para hacer su trabajo, pero actuará con plena independencia de las autoridades y con un mandato temporal específico de entre 9 y 18 meses.
Los integrantes de la Comisión deberán ser propuestas por las víctimas y la sociedad civil. Tendrán: acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos; plenos poderes de investigación y recolección de información con el objetivo de conocer la verdad sobre los hechos; la libertad de formar grupos de trabajo especializados para atender casos específicos, o enfocarse en acciones concretas de peritaje, antropología forense, entre otras.
Reducir el uso de plásticos
La senadora Indira Kempis Martínez presentó el 18 de septiembre una propuesta de punto de acuerdo para que la Cámara de Senadores tome medidas, a fin de reducir el uso de productos plásticos en esa institución e implementar mejores prácticas para hacer eficiente el proceso de reciclaje de desechos.
El caso Rosario Robles
La senadora Verónica Delgadillo presentó el 18 de septiembre, en el salón de sesiones del Senado, una propuesta con punto de acuerdo para que la maestra Rosario Robles Berlanga comparezca ante la Cámara de Senadores, debido a los señalamientos de corrupción en su contra durante sus gestiones como titular de la Secretaría de Desarrollo (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). De conformidad con la Auditoría Superior de la Federación, en esas gestiones se encontraron irregularidades y desvíos por más de 4 mil millones de pesos.
Estímulo fiscal a los estados
Ese mismo martes 18, el senador Samuel García propuso reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de incrementar gradualmente (1% al año y a partir de 2019) la bolsa participable de la recaudación fiscal a las entidades federativas, de modo que en 2028 llegaría al 30%.
Los criterios deben ceñirse a reglas claras para resarcir y premiar al estado productivo mediante un reparto equitativo de recursos. La iniciativa incluye la eliminación de fondos discrecionales, como los del Ramo 23.
Reversa a la #LeyChayote
Dos días después, el 20 de septiembre, el senador Samuel García tocó un punto neurálgico en la relación del Estado con los medios de comunicación, al proponer una Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental que daría reversa a la bautizada #LeyChayote y abrogaría la actual Ley General de Comunicación Social. En apretada síntesis, la propuesta integra mecanismos institucionales para el control del gasto en publicidad oficial (convertido ya en auténtico despilfarro) y el combate a la discrecionalidad. Factores ambos que significaron, en los cuatro primeros años y el primer semestre de 2017 del gobierno de Enrique Peña Nieto, un gasto de 37 mil 725 millones de pesos. Además, se crearía el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental y se fijaría un tope máximo a los gastos en publicidad oficial (0.15% del presupuesto asignado al ente público de que se trate).
Leyes de Amnistía
El 20 de septiembre de 2018, el senador Clemente Castañeda propuso dos leyes de amnistía: a) para presos por posesión de mariguana, y b) para indígenas que no tuvieron acceso a un traductor. Además de garantizar justicia, la primera ley busca combatir la criminalización por consumo de mariguana, que hoy mantiene en prisión a miles de personas por posesión de pequeñas cantidades de esta yerba. La segunda es para los miembros de los pueblos indígenas que no tuvieron acceso a sus procesos por carecer de traductores en su lengua.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano refrendan así su compromiso: servir por amor a México.