Entre el 23 y el 28 de diciembre de 2017 fueron secuestrados y asesinados arteramente el dirigente y defensor de derechos humanos, Salvador Magaña Martínez (Movimiento Ciudadano), y el diputado Saúl Galindo Plazola, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ambos prominentes dirigentes sociales en dos municipios colindantes de la misma región costera del estado de Jalisco: La Huerta y Tomatlán, respectivamente.
Es inevitable vincular estos crímenes con el proceso electoral recién iniciado en Jalisco, entidad todavía gobernada por el PRI, que en este año renovará alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura del estado.
Chava Magaña había sido un enérgico defensor ambientalista de las playas de Tenacatita y Chamela, al tiempo que denunció todos los abusos de autoridades caciquiles que dominan la región. Días antes de su muerte denunció en medios locales el traslado de despensas del sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a las oficinas municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en La Huerta. Fue secuestrado el 23 de diciembre y su cuerpo, acuchillado, apareció al día siguiente al lado de una carretera local.
En cuanto al diputado perredista Galindo Plazola (quien presidía la Comisión de Justicia del Congreso local), había registrado su precandidatura a la alcaldía de Tomatlán, misma que ya había desempeñado anteriormente. Fue baleado por desconocidos en presencia de uno de sus hijos, cuando circulaba en su camioneta por la carretera costera federal 200, entre las poblaciones de Pino Suárez y La Cumbre. Como diputado había trabajado con tenacidad en el Sistema Estatal Anticorrupción, de reciente creación en Jalisco.
La coalición Por México al Frente, que integran los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, expresó el 28 de diciembre su indignación por ambos asesinatos, a la vez que exigió el pronto esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables. “Es indispensable –señalaron- contar con mecanismos que garanticen a la población y a los contendientes que actos de esta naturaleza no empañen el proceso electoral”.
Siniestro escenario
Los asesinatos recientemente ocurridos en Jalisco, sumados a otros sucedidos anteriormente en esa entidad y muchos más en todo el país, de los cuales dieron cuenta los medios de comunicación durante los últimos tres meses del año pasado, apuntan inequívocamente a que 2017, por encima de las alegres e irresponsables cuentas del gobierno federal, fue el peor año de la historia reciente del país en materia de criminalidad, impunidad y violencia.
Uno de los observatorios ciudadanos, Semáforo Delictivo, que dirige el especialista Santiago Roel, reveló que al mes de septiembre de 2017 se registraron 13 mil 513 ejecuciones, 53 por ciento más que las del mismo periodo de 2016. Además, 18 mil 505 homicidios, que representan un incremento del 23 por ciento.
Ante este escenario, Semáforo Delictivo previó a fines de noviembre último que 2017 cerraría con más de 24 mil homicidios y 18 mil ejecuciones: “por mucho, el peor año de la historia reciente en materia de seguridad”.
Si a esta vergonzosa realidad se suman los escándalos de corrupción perpetrados desde el poder público en los tres niveles de gobierno, lo que 120 millones de mexicanos tienen a la vista es a un Estado fallido, a un sistema que urge reemplazar.
México no puede seguir siendo paraíso de criminales.