“APENAS EL 42 POR CIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE YUCATÁN TIENE DISPONIBLE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA”
La rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos públicos son procesos que se deben convertir en una exigencia irrenunciable por parte de los actores sociales y políticos, así como de los funcionarios y mandos medios de cualquiera de los niveles de gobierno o ámbito del poder judicial y legislativo existentes en nuestro país.
Por sus niveles de responsabilidad, son ellos quienes deben adoptar e interiorizar dichas prácticas de manera tal que permeen en todos los niveles de la estructura administrativa, con el fin de que se reivindiquen y consoliden como prácticas que no requieran de la generación de más instancias de carácter burocrático (con el consiguiente impacto en las finanzas gubernamentales), o bien, de la utilización de mecanismos de presión, apremio, amenaza, coerción o aplicación de sanciones por el incumplimiento de estas prácticas tan necesarias en nuestro país.
Lo anterior con el fin de que dejen de ser letra muerta o simple recurso de carácter demagógico de las y los gobernantes formados en la lógica de la opacidad y el manejo discrecional y patrimonialista de los recursos que deben servir, en su correcta aplicación, para revertir los rezagos (cada día más evidentes) en rubros como la educación, la salud, el equipamiento urbano y la atención del creciente universo de población en condiciones de vulnerabilidad.
Es por ello que los recurrentes discursos triunfalistas de las autoridades estatales de Yucatán, en el sentido de haber logrado niveles de crecimiento que rebasan la media nacional, palidecen ante los niveles de opacidad. De acuerdo con los resultados obtenidos por Mayaleaks, consultados el 12 de septiembre del presente año en su portal web: “Apenas el 42 por ciento de las dependencias del gobierno de Yucatán tiene disponible la información obligatoria. El resto, 58 por ciento, no cumple con darla o la presenta con rezagos en su actualización”.
Se considera que el rezago señalado es por demás inaceptable, en virtud de que el desarrollo y la masificación de las tecnologías de la información para el acopio, sistematización y organización de la misma se ha extendido de tal manera que está cada día más presente en la vida cotidiana, tanto personal como familiar e institucional, de carácter público o privado.
La demora indicada se convierte en un acicate para reafirmar la importancia estratégica de que la ciudadanía adopte un rol de mayor interés y exigencia para saber el origen, el uso y el destino de los recursos que en términos estrictos le pertenecen. Con ello se revertirían situaciones como la siguiente, publicada en el portal citado anteriormente:
“Luego de presentar 32 solicitudes de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (Unaipe) en los meses de agosto y septiembre de 2014, al vencer el plazo que marca la ley, sólo se recibió una respuesta positiva, la del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, que puso a disposición del peticionario la información solicitada. Sin embargo, en el resto de las dependencias las respuestas fueron: 10, con prórroga; 10, resueltas incorrectamente; una resuelta correctamente y 11 fueron turnadas a la entidad respectiva, sin responder al peticionario”.
Lo anterior demuestra que sigue siendo de vital importancia multiplicar mecanismos que alienten el interés y el compromiso de participar para revertir las prácticas de opacidad en el manejo de los recursos que son fundamentales para la correcta aplicación de las políticas públicas, los programas y los proyectos de distinta índole, enfocados en revertir los rezagos predominantes en la entidad.
Con la transparencia en el manejo de recursos se estará contribuyendo al reforzamiento de un tejido social cada vez más amenazado por los crecientes niveles de alcoholismo (alentados y fomentados por el mismo gobierno estatal), suicidio y violencia, que con frecuencia terminan en la privación de la vida de alguna de las personas involucradas.