Financiamiento del desarrollo urbano: el reto de las ciudades del siglo XXI

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Ricardo Coronado Sanginés

El reto del financiamiento para el desarrollo urbano es y será en el futuro una tarea central en la agenda global

Durante las últimas dos décadas en el mundo, el éxodo de personas que habitaban las zonas rurales hacia las zonas urbanas es acelerado. Esta velocidad no corresponde con la capacidad de reacción de los gobiernos locales ni con la cantidad de recursos disponibles para satisfacer la creciente demanda de servicios.

Según el informe Oportunidades para una Centroamérica Urbana elaborado por el Banco Mundial, en la actualidad el 59% de la población de esta región vive en zonas urbanas y presenta un crecimiento anual de 700 mil personas que requieren servicios públicos y demandan empleo. Menudo desafío tenemos enfrente.

Ante un escenario de necesidades ilimitadas con recursos económicos escasos, surgen las preguntas: ¿Cómo financiar el desarrollo urbano con visión de sostenibilidad? ¿De dónde obtendrán recursos económicos los gobiernos para ofrecer calidad de vida a esta y a futuras generaciones?

El reto del financiamiento para el desarrollo urbano es hoy y será en el futuro una tarea central en la agenda global. El potencial económico que representa la urbanización de diversas regiones del planeta contrasta con los enormes desafíos que surgen para los gobiernos locales.

La creciente urbanización en múltiples regiones que adquiere un carácter de crisis es cada vez mayor, y la situación se agravará antes de mejorar, de acuerdo con las proyecciones de los especialistas. Por lo anterior, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueven múltiples esfuerzos, como la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat), como espacios para reflexionar e identificar la problemática que conlleva la urbanización, con el ánimo de que se construyan soluciones globales para problemas de igual dimensión.

El tamaño del desafío puede entenderse si revisamos que cuando se llevó a cabo la Conferencia Hábitat I en 1976 en Vancouver, Canadá, la población urbana en el mundo representaba el 37.9% del total. Para 1996, cuando se convocó a la Cumbre Hábitat II en Estambul, Turquía, la población urbana en el mundo representaba el 45.1%. Mientras que en el 2016, en la Conferencia Hábitat III, la población urbana mundial representaba ya el 54.5%.

La respuesta a las preguntas formuladas con anterioridad no es sencilla. Habrá que trabajar al mismo tiempo en diversas estrategias. Por ejemplo:

  • Políticas de desarrollo regional para mitigar la desigualdad y vincular de manera armónica y productiva los ámbitos urbano y rural.
  • Esquemas de gobernanza metropolitana para la gestión integral y eficiente de las conurbaciones.
  • Ciudades densas, compactas y dinámicas: aprovechamiento, consolidación y calidad de vida en la ciudad construida.
  • Ciudades conectadas y accesibles: una nueva cultura del espacio público y la movilidad.
  • Vivienda adecuada para todos.
  • Función social del suelo urbano: instrumento para financiar y promover el desarrollo de la ciudad en favor del interés público.
  • Ciudades resilientes y seguras: gestión integral del riesgo.

Como una acción estratégica para maximizar recursos escasos, es inaplazable promover e impulsar una cultura de la cooperación local, intra e internacional. Es evidente que la colaboración intermunicipal, en este contexto, adquiere relevancia, pues las acotadas capacidades financieras de municipios aislados se diluyen sin lograr mayor impacto en el bienestar social. Además, los efectos de la población flotante diaria en las zonas metropolitanas hace ilógico que no exista comunicación y acciones compartidas entre municipios metropolitanos.

En el caso de México aún nos queda un largo camino por recorrer en materia de cooperación local. Los procesos políticos han originado que los gobernantes asuman como feudos personales a los territorios que gobiernan, particularmente los municipios, de tal modo que la idea de compartir recursos que se consideran patrimonio propio es impensable. Hasta hace poco, la tradición del sistema político mexicano de la “No Reelección” en los cargos públicos prácticamente anuló los incentivos para la planeación de largo plazo, y esto condujo a la improvisación y la implantación de ocurrencias que se desechaban cada tres años.

Como podemos observar, el siglo XXI nos impone severos desafíos que tendrán que enfrentarse con una visión global. Se vislumbra irreversible el despoblamiento del campo y el crecimiento de las grandes urbes. Ante este panorama todos tenemos una tarea que cumplir: por un lado, los gobiernos, con sensibilidad y generosidad, deben asumir la tarea de distribuir los recursos de manera que impacte en el bienestar social; y por otro, los ciudadanos deben colaborar en lo individual y en lo colectivo respecto al cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.

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