En este país, hablar de “playas públicas” es siempre un pleonasmo, una redundancia innecesaria, porque en México, por mandato constitucional, todas las playas son públicas
Entre las grandes riquezas de México, que tanto nos enorgullecen y que constituyen un motivo de distinción de nuestro país en todo el mundo, se cuentan nuestras playas.
En efecto, más de diez mil kilómetros lineales de litoral, y una ubicación geográfica privilegiada que permite una conjunción armoniosa de sol, mar y arena con un clima cálido que puede disfrutarse todo el año, son los elementos comunes con los que la naturaleza dotó a 17 de las 32 entidades que conforman la federación mexicana.
Las playas obsequian a nuestra nación un inigualable tesoro de diversidad ecológica y una pródiga fuente de prosperidad económica por la vastedad de recursos naturales que albergan, por la accesibilidad a los dos océanos que nos conectan con el resto del mundo y, desde luego, por el indiscutible atractivo turístico que ha sido crucial para que nuestra patria se cuente entre los diez países de todo el mundo con mayor afluencia de visitantes año tras año.
Con visionario tino, el Congreso Constituyente de 1917 reconoció esta fuente inagotable de beneficios que albergaban las playas y zonas costeras, y fiel a su espíritu protector y reivindicador de los derechos sociales, incluyó en el emblemático artículo 27 de nuestra Carta Magna el reconocimiento explícito de la propiedad de la Nación sobre estos espacios, y sentó las bases para que el derecho de uso común sobre ellos fuese jurídicamente ineludible.
Pero la realidad ha sido otra para los mexicanos: a todo lo largo de las costas, lo mismo en el lindero del Pacífico que en los Golfos de México y del Mar de Cortés, incluyendo desde luego la vertiente mexicana del Caribe, la privatización de las playas es una realidad cotidiana, y el carácter público de estos espacios naturales, a los que todas las personas deberíamos tener derecho, es una simulación que va desde lo grotesco, con la instalación de empalizadas, la colocación de diques o rompeolas que dificultan el acceso de la gente a la zona playera, hasta lo francamente indignante, con la instalación de muros, canceles, puertas y barreras controladas, muchas veces bajo la custodia celosa de guardias mexicanos, cuya consigna es repeler el intento de otros mexicanos por ingresar a las playas que por derecho les pertenecen.
La limitación del acceso a las playas se ha vuelto tan recurrente, que el turismo nacional, al planear sus vacaciones en cualquier destino turístico costero, se ha acostumbrado a preguntar en dónde se encuentran las playas públicas, es decir, las que no exigen una membresía, reservación especial o una cuenta onerosa para disfrutar de un pequeño espacio sobre la arena.
Ante esta realidad, los Diputados Ciudadanos queremos pronunciar un enérgico “¡Ya basta!”, queremos transmitir a todos los mexicanos un mensaje así de claro: En este país, hablar de “playas públicas” deberá ser siempre un pleonasmo, una redundancia innecesaria, porque en México, por mandato constitucional, todas las playas son públicas.
Revertir una situación tan incómoda, tan lesiva y, lamentablemente, tan tolerada e incluso favorecida a través de los años por gobernantes que anteponen los intereses particulares sobre el interés general, demanda de los ciudadanos una acción decidida que comprende muchas medidas: desde una acción legislativa bien enfocada para reconocer y garantizar la accesibilidad de las playas, y la generación de marcos normativos eficaces para impedir y sancionar ejemplarmente toda acción que lo impida, hasta el despliegue de un activismo militante para exigir que la norma fundamental, esa que dice que todos tenemos derecho de disfrutar de las playas, se cumpla sin ambages ni excepciones.
Eso es justamente lo que nos hemos decidido a lograr, y para ello hemos convocado a una acción conjunta, un gran movimiento ciudadano en el que todos tenemos tareas:
A nuestros Diputados Ciudadanos en el Congreso de la Unión les hemos encomendado la necesidad de promover un ajuste al texto constitucional, para que los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal se encuentren facultados para imponer a la propiedad privada las restricciones y limitaciones que sean necesarias para que el acceso universal a la playa pueda lograrse sin barreras, desde las vías públicas.
A los Diputados Ciudadanos en las Legislaturas de los estados les hemos propuesto la adecuación de las leyes locales en materia de urbanizaciones y edificaciones, para que cualquier autorización en predios contiguos a las zonas de playa incorpore los elementos de diseño y garantice la dotación de la infraestructura que sea necesaria, para garantizar precisamente que el ingreso a esos inmuebles inventariados como parte de la riqueza patrimonial de nuestra nación pueda efectuarse desde las vías públicas.
De la misma manera proponemos fuertes castigos para quienes atenten contra este derecho, como: la clausura total y la demolición de cualquier emplazamiento o construcción que limite el paso hacia la playa, acompañado con multas de hasta un millón y medio de pesos, y hasta tres años de prisión, como ocurre con el delito de obstrucción de las vías de comunicación, para toda persona que impida a otra u otras su derecho a la playa.
También convocamos a los ciudadanos para que sin temores presenten sus denuncias contra todo acto que derive en la limitación del acceso o disfrute de la playa. La denuncia de un ciudadano es la denuncia de todos los mexicanos, y con esa intensidad debe manifestarse la respuesta de la autoridad. Para el caso de Jalisco, donde emprendimos esta travesía, habilitamos la cuenta @PlayasLibresJal en la red social Twitter como un medio para recibir, integrar, canalizar y dar seguimiento a todos los reportes sobre este problema.
Finalmente, estas acciones no estarían completas sin una convocatoria a la creatividad y a la energía de todas las personas que quieran contribuir al propósito de dar visibilidad al problema y difundir la necesidad de solucionarlo. Un ejemplo muy satisfactorio lo encontramos en la afortunada coincidencia con Jorge Díaz Sánchez, el cineasta ganador del premio al mejor largometraje jalisciense otorgado en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, cuyo filme “Derecho de Playa” transfirió la visión artística y la narrativa persuasiva que este problema requería para inspirar esta batalla que apenas comienza.