Estamos sobrellevando uno de los tiempos más oscuros de la historia de México. Los mexicanos estamos sobreviviendo al resultado de una nación que ha estado sembrando cuerpos y alimentando la impunidad. El contexto, pese a las infames reformas estructurales y un sistema económico depredador, nos ha vuelto hipersensibles ante la tragedia y la injusticia del Estado. El ánimo turbio de la sociedad, se traduce en el termómetro de la propia gobernabilidad y es por eso que, ante la indignación, la clase política tiene que dejar de ser reactiva.
Al tenor del día, el narcoterrorismo y los narcogobiernos llevan a cuestas, aproximadamente, 100 mil muertos, 40 mil desaparecidos y diez mil desplazados. Además se han suscitado hechos como el de Tlatlaya, los 43 de Ayotzinapa, la Casa Blanca, y tanto militares como policías municipales continúan actuando fuera de la ley, convencidos de que los acoge un manto de impunidad, basado en un modelo de delincuencia que está por encima del Estado.
Un año más de gobierno concluyó, y nunca en la historia moderna había recibido tanto rechazo un mandatario de la silla presidencial por parte de la sociedad, lo cual sin duda conlleva un saldo negro, negativo y mediáticamente trágico. Tal es el ciclo perfecto y aparentemente permanente de esta impunidad, que se ha convertido en una mala costumbre que alimenta la llama de la corrupción.
Por tanto, la restitución del Estado de derecho requiere de la destrucción del pacto de impunidad que permanece arraigado en las esferas del sistema político mexicano y, lamentablemente, dentro de las instituciones.
Son estos nuevos tiempos los que deben exigir que todo el ejercicio del poder se efectúe de manera distinta. Tanto el gobierno como la ciudadanía somos responsables de lograr el fortalecimiento de las instituciones, por medio de un discurso coherente y verdadero que proporcione certeza para la gobernabilidad.
La realidad es que tenemos un gobierno que no atina a ejercer el poder democrático y transparente, frente a un nuevo contexto social. El gigante con pies de barro, no ha entendido que el Estado de derecho, la transparencia real y la rendición de cuentas son, ante esta nueva sociedad mexicana, las condicionantes que se necesitan para efectuar el auténtico ejercicio de la democracia.