Hoy Pemex tiende al declive por su baja productividad y escasa inversión de utilidades, lo cual ha provocado que se desaproveche la oportunidad de usar el petróleo como palanca de desarrollo para el país.
El gran error económico de la reforma energética consiste en que transfiere la riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional, aumentando con esto la pobreza, además de favorecer la caída del empleo.
En cuanto a las regalías que dejará la explotación de los hidrocarburos por empresas privadas, nacionales y extranjeras, los rangos internacionales establecidos que cobran los gobiernos, de acuerdo a estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional, fluctúan entre el 10 y 25 por ciento del precio del petróleo (Canadá el 50 por ciento, Nigeria el 34, Argentina el 31, Colombia el 20 y Noruega el 50 por ciento). En México, el sistema de regalías propuesto en el artículo 24 de la Ley de Hidrocarburos se ubica en el 5 por ciento del precio contractual del petróleo para precios menores o iguales a 60 dólares por barril, y en el 12 por ciento para precios mayores a los 60 dólares.
Respecto a los contratos para la explotación y extracción de petróleo y gas natural, corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público determinar las variables de adjudicación de los procesos de licitación. Es decir, se da la oportunidad de tener asignaciones y contratos diferenciados, no estableciendo los criterios normativos de los mismos, lo que propiciará corrupción.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, en lo que resta del año los precios máximos al público de las gasolinas Magna y Premium aumentarán nueve y once centavos por mes, respectivamente, y a partir de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019 los precios máximos al público serán ajustados mensualmente por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público “de forma congruente con la inflación esperada, y se sostendrán siempre que los precios internacionales se mantengan estables o disminuyan”. Es decir que el precio de la gasolina no bajará, sino que se mantendrá a precios internacionales. Esto el gobierno lo debió haber hablado claro al pueblo, para no crear falsas expectativas, y mucho menos mentirle para desorientar a fin de lograr sus objetivos.
La deuda pública aumentó de 35 por ciento del PIB en 2012, a un estimado de 40.5 por ciento en 2014, más los incrementos que conlleve absorber parte de los pasivos laborales de Pemex y CFE. El sector público no ha mostrado equilibrio en sus finanzas desde 2007, pues en 2008 el Ejecutivo pidió autorización al Congreso para incurrir en un déficit extraordinario, dada la crisis económica que imperaba en esos momentos.
En el Presupuesto de Ingresos presentado por el Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2014, se contemplaron 4 billones 479 mil 954 millones, mientras que en el ejercicio fiscal 2015 se están solicitando 4 billones 676 mil 237 millones, es decir un incremento de 1.4 por ciento. ¿Cómo se pretenden alcanzar estas metas presupuestales? Por lo que se aprecia, a través de un incremento por recaudación en los siguientes impuestos: ISR (impuesto sobre la renta) 47 mil millones, IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios) 12 mil millones, e IVA (impuesto al valor agregado) 94 mil millones de pesos. Es decir, para lograr sus metas fiscales, el Ejecutivo le está apostando al incremento de la base de contribuyentes.
Es bueno que todos y cada uno de los mexicanos asumamos una actitud responsable y cooperemos para el buen funcionamiento administrativo de nuestro país, pero también es importante que los servidores públicos reflejen estos beneficios a la ciudadanía, y que transparenten todos y cada uno de los recursos, ya que se inhibe la participación de la sociedad cuando no se clarifica la aplicación de los recursos; sin embargo, pareciera que altos funcionarios toman decisiones en beneficio personal.