El fracking (fractura hidráulica en las rocas para obtener gas shale), incluido en las reformas a la Ley de Hidrocarburos, fue aprobado mayoritariamente por el Congreso de la Unión. Al momento de ser redactada esta nota, la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados ya había dado su visto bueno al dictamen enviado por el Senado y lo enviaría al pleno, donde estaba anticipado el mayoriteo del PRI-PAN-PVEM-PANAL.
Como ocurrió con las demás reformas enviadas por el jefe del Ejecutivo Federal, la energética fue recibida, dictaminada y aprobada con la mayor celeridad. La anuencia legislativa a este delicado punto, rayana en la irresponsabilidad, fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, incluidas numerosas organizaciones campesinas.
En muchos otros países se debaten las consecuencias (positivas y/o negativas) del fracking. Es un método prohibido en Francia y en Bulgaria; se han aprobado moratorias en Alemania, los Países Bajos e Irlanda del Norte. En Estados Unidos se han entablado centenares de juicios en contra del fracking, individuales y de organizaciones ambientalistas.
Uno de los mayores riesgos es la contaminación de acuíferos con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la roca. Otro problema es la ocupación del terreno. Se necesitan perforar muchos pozos con una técnica que implica grandes movimientos de tierra, destrucción del hábitat y creación de lodos tóxicos en la superficie.
Además, la fractura hidráulica requiere de 25 a 30 millones de litros de agua por pozo, y esa agua debe mezclarse, entre muchas otras sustancias tóxicas, con lubricantes, elementos radiactivos y metales pesados depositados en forma natural, que después son llevados a la superficie por el mismo reflujo del agua. Esa agua debe ser limpia para no alterar la mezcla química. No puede ser de mar ni residual (aguas negras), lo que implica que se usará agua buena para consumo humano.
Un documento de ProPublica.org, pequeña agencia de noticias independiente radicada en Manhattan, Nueva York, refiere los graves efectos de la fractura hidráulica sobre la salud humana y animal. Tienen detectado que se usan 519 sustancias que producen gases irritantes para nariz y ojos, provocan dolor de cabeza, náusea, vómitos, mareos y/o muerte. Otras sustancias son la sílica cristalina, cuya inhalación crónica produce silicosis o cáncer; diesel, cuyo contacto provoca irritación rojiza, quemaduras, severos daños a la piel y cáncer; el metanol, con vapores que causan irritación de ojos, dolores de cabeza, fatiga y “en dosis altas puede ser fatal”; además de naftalina común, cuya inhalación irrita el tracto respiratorio, causa náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre o muerte; hidróxido de sodio, que causa daño pulmonar, cuyo contacto en forma sólida o líquida puede quemar severamente los ojos, la piel, las membranas mucosas o causar la muerte. En la mezcla, a veces llamada “salmuera”, figuran 17 tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos y ocho cancerígenos probados.
Se trata de cuatro toneladas de tóxicos por pozo y por cada perforación subsecuente se requieren en promedio 2 mil quinientos viajes de pipas de agua, de 10 mil litros cada una.
En opinión del centro de investigación que dirige Mario Molina, Premio Nobel de Química, la fractura hidráulica es muy aparatosa, utiliza mucha agua y conlleva numerosos e importantes riesgos ambientales. Incluso elaboró al respecto un documento con 25 condicionamientos. El primero de ellos determina que antes de aprobar el fracking habría que ver el origen y el uso del agua por actividad, disponibilidad del agua superficial y subterránea, localización y características físicas de acuíferos y pozos de extracción, así como la capacidad de tratamiento de aguas residuales.
De nada valieron 10 mil firmas de ciudadanos entregadas al Congreso por la “Alianza mexicana contra el fracking”, que considera que este procedimiento utilizado para la extracción del gas es altamente perjudicial para el medio ambiente y para los seres humanos.
“Nefasta” llamó la profesora investigadora del Departamento de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, doctora Raquel Gutiérrez Nájera, la aprobación en México de la fractura hidráulica por sus enormes consecuencias para el medio ambiente.
Abundan las advertencias sobre los efectos nocivos para el ambiente y el eventual e irreparable daño causado a los terrenos que, sin ser expropiados, serán “ocupados temporalmente”… hasta que las empresas privadas o trasnacionales agoten los yacimientos. Cuando esas tierras sean devueltas a sus propietarios originales, serán inútiles para usos agrícolas, pecuarios y de vivienda.
La amenaza se cierne también sobre la propiedad social de la tierra, sobre todo en varios estados del norte y el noreste del país, donde se han detectado yacimientos de gas natural shale: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y norte de Veracruz.
En el caso de Baja California, el 72 por ciento de su superficie está conformada por 234 ejidos y tres comunidades agrarias con una superficie de 5 millones 155 mil hectáreas; 32 mil 988 personas son sujetos agrarios. Todas ellas son susceptibles de afectación si se encuentran yacimientos de gas en sus propiedades.
En Coahuila hay 888 ejidos y dos comunidades agrarias con más de 6 millones de hectáreas, propiedad de más de 111 mil coahuilenses.
El 41 por ciento de la superficie de Chihuahua es propiedad social: 905 ejidos y 72 comunidades, que tienen más de 10 millones de hectáreas, de cuya explotación viven casi 150 mil chihuahuenses.
En Tamaulipas el 32 por ciento de la tierra es propiedad social. En la entidad hay mil 386 ejidos y cuatro comunidades agrarias con una superficie superior a dos millones y medio de hectáreas, de las que viven más de 130 mil tamaulipecos. En términos generales, el estado de Veracruz tiene la mayor parte de los núcleos agrarios del país: 3 mil 714, pero alrededor del 5% carece aún de certificado agrario. Les pertenecen 2 millones 970 mil 741 hectáreas, aproximadamente 40.65 por ciento de la superficie, que es el total de la propiedad social en el estado.
Vale señalar que en la totalidad de las comunidades agrarias se asientan pueblos indígenas cuya propiedad es, por lo menos, centenaria, si bien hay alrededor de 5 mil ejidos con 30% o más de población indígena.
En sus boletines de prensa, las autoridades agrarias federales señalan con insistencia: “El potencial de la propiedad social de México está no sólo en sus grandes riquezas naturales, sino también en los sujetos agrarios y sus familias que representan el principal activo en los 29 mil 442 ejidos y las dos mil 343 comunidades que ocupan 100.3 millones de hectáreas del territorio nacional”.
Pero ningún ejidatario, ningún comunero, ningún indígena mexicano, fue consultado por el poder ejecutivo federal, mucho menos por sus dizque representantes, los veloces senadores y diputados, para aprobar con rapidez de vértigo la reforma energética diseñada, al final de cuentas, para beneficio de los grandes socios comerciales de nuestro país.
México ha sido fracturado. Y la mezcla de cinismo, irresponsabilidad, arrogancia y soberbia con que se han impuesto a la sociedad los intereses del grupúsculo que gobierna a la nación, puede resultar más letal que los peligrosos componentes tóxicos empleados para la fractura hidráulica.