Una vez más, el PRI, PAN y PRD crearon una ley que sólo beneficia y fortalece al sistema de partidos, en perjuicio de los ciudadanos y de su libre participación en la vida pública de México. En esta ocasión con la normatividad que regula a las candidaturas independientes, estableciendo normas que buscan que el ciudadano no pueda acceder a ellas:
- Establece una regulación excesiva y perversa que las vuelve prácticamente inviables.
- No otorga a los ciudadanos los mismos derechos que a los partidos.
- Exige a los ciudadanos más requisitos para ser candidatos independientes que los que pide a los partidos políticos.
- Se otorgan casi veinte veces menos recursos y tiempo aire a los candidatos independientes, que los que se dan a los partidos políticos.
- Establece sanciones más severas para los ciudadanos que las que aplica a los partidos políticos.
- Establece normas que impiden la competencia en igualdad de condiciones.
En este escenario, la creación de las candidaturas independientes únicamente demuestra la burda intención de los partidos políticos tradicionales de crear candidaturas ciudadanas que existan sólo en papel, pero que sea prácticamente imposible para el ciudadano alcanzarlas y, de hacerlo, competir en igualdad de condiciones.
Los diputados del PRI, PAN y PRD se sometieron a los intereses del Pacto por México e hicieron una ley que restringe los derechos de los ciudadanos y que viola los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos de votar y ser votados, libertad de asociación, expresión y equidad electoral.
Ante uno de los mayores retrocesos democráticos de este país, la obligación de Movimiento Ciudadano es exigir que los ciudadanos realmente puedan acceder a las candidaturas independientes, sin obstáculos, burocracias ni trampas legaloides, y que puedan hacerlo y competir en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Es por eso que presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra del Libro Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que regula las candidaturas independientes.
Ahora queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsabilidad de hacer valer los derechos constitucionales de los ciudadanos, de hacer posible una verdadera participación ciudadana y hacer realidad que un ciudadano libre pueda competir y ganar una elección sin necesidad de los partidos políticos.