Para el 2050, más del 50% de la población estará conformada por adultos mayores.
Antonio Rosado García
La Ley del Seguro Social que entró en vigor en 1997 representó una traición a la fuerza laboral mexicana, ya que fue implantada por la Cámara de Diputados sin informar adecuadamente a los trabajadores y a sus sindicatos. Con ello, se eliminó la pensión solidaria que gozaban los trabajadores de México y se crearon las cuentas individuales para resolver un problema de gasto, que el gobierno consideró imposible de cubrir en el futuro.
A pesar de que en ese momento a los trabajadores en activo se les permitió decidir qué prestación elegirían (ya fuera el sistema anterior solidario o las cuentas individuales), esta situación provocó que la planta laboral resultara lesionada, porque la finalidad del gobierno fue deshacerse de esta responsabilidad social. Desde entonces los empleados del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE y del Ejército, que contaban en sus sistemas contractuales con condiciones específicas para obtener este beneficio, conservaron parcialmente su contrato colectivo. Privilegios que en la actualidad prácticamente se han perdido. El régimen justificó esta modificación bajo algunos argumentos como la falta de cotizaciones por parte de la fuerza trabajadora porque decayó la oferta laboral, pero aumentó la esperanza de vida de la población, así como las enfermedades crónico degenerativas y el envejecimiento.
Cabe recordar que también se incrementaron los años de edad que debían tener los beneficiarios para poder jubilarse. Otro aspecto a considerar es que para el 2050 se estima que más del 50 por ciento de la población estará conformada por adultos mayores, que permanecerán a la espera de algún tipo de ayuda. Lo cual promete resolver el gobierno federal a través de la seguridad social universal. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la estimación de la Primera Convención Hacendaria, la cual refiere que el gasto total para cumplir con los sistemas formales de seguridad social, equivale al 80 por ciento del Producto Interno Bruto. Por estas razones, el gobierno consideró necesario evitar este “gasto oneroso”, sin importar la lesión hacia los trabajadores, que no tienen la culpa, pero solo obtendrán los ahorros que lograron generar en su actividad profesional.
Creación de las AFORES El Sistema de Ahorro para el Retiro consiste en la inscripción de cada uno de los trabajadores a una asociación encargada de recibir la aportación económica que es responsabilidad del patrón, la aportación pagada por el trabajador y la ayuda obligatoria que da el gobierno federal para cada uno de ellos. En un inicio existieron más de 20 operadoras que, con tal de conseguir la inscripción del socio, hacían promesas difíciles de cumplir e inclusive otorgaban regalos con la finalidad de atraerlos.
Esto llevó a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), organismo federal que regula la actividad de estas asociaciones, a sacar de circulación a aquellas empresas que atraían a los trabajadores por medio de engaños, de tal forma que en la actualidad solo existen 12, que son: Metlife, Inbursa, Banamex, Invercap, Profuturo, GNP, Afirme, Bajío, Sura, XXI Banorte, Coppel, Azteca, PensionISSSTE y Principal. Cada una ofrece diversas condiciones, pero la situación general es que todas solo pueden invertir el dinero de los trabajadores en productos que no son de alto riesgo, para evitar perder los ahorros. Por ello, resulta necesario revisar minuciosamente la AFORE a elegir y verificar la calidad operativa, la atención al trabajador, los medios de comunicación y la facilidad para lograr el ahorro voluntario. Así como los indicadores de rendimiento neto que ofrecen, a fin de que nadie se sienta engañado a causa de la ignorancia.
