Creo en la acción de la justicia mexicana ante la barbarie
Yo pensaba que los diputados eran los que decidían y vigilaban el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo. Hoy, en mi tarea legislativa, caigo a la realidad: el Congreso de la Unión está supeditado a factores como el mismo Ejecutivo, los acuerdos internos de los partidos “grandes” (PRI, PAN y PRD), las alianzas convenencieras, y los arreglos en lo oscuro según el mandato del gobierno federal y su partido. Jamás imaginé, por ejemplo, que un acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Congreso se pudiera cambiar a capricho por un coordinador parlamentario, por instrucciones y para beneficio del Ejecutivo, o para someterse a los intereses del país vecino del norte.
Las reformas de “gran calado” llegaron a la frontera con la homologación del IVA, afectando la economía de las familias con aumentos en la canasta básica, medicamentos, combustibles, etc. Lo que en noviembre se compraba con $100.00, actualmente cuesta $ 145.00, mientras que el aumento al salario es una burla a la clase trabajadora, mano de obra calificada que muchas naciones reconocen. Este “gran calado” obliga a que muchos fronterizos realicen sus compras en los comercios del país vecino.
Los estudios económicos dictan que el resto del año va a ser de aumentos. Se prevé tener una inflación de más del 4%. Una muestra de la falta de ingreso digno es la inseguridad al alza. Ya en mi estado, el “Estado Grande de Chihuahua”, se empieza a notar que la inseguridad vuelve a cobrar víctimas.
Lo que hace muchos años se festejó como una transición a la democracia, hoy se retrocede de manera autoritaria. La participación ciudadana esta menguada, maniatada y sojuzgada. Lo cierto es que México está yendo hacia atrás con un Congreso que se ha convertido en sólo una oficialía de partes. No es que en Movimiento Ciudadano nos opongamos a todo, es que todo lo que están reformando, y lo que viene, va en contra de la población.
Somos minoría, pero me queda claro que jamás callarán la voz de Movimiento Ciudadano. Por eso, y gracias al apoyo de todos mis compañeros diputados y en especial al del Dr. Ricardo Monreal Ávila, coordiné los trabajos de la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En ella, los principios constitucionales que se estima que han sido violados son: el principio de equidad tributaria, el principio de proporcionalidad tributaria, y el principio de competitividad económica.
Mientras que de entre los derechos fundamentales violados se destacan el derecho a la integridad personal y al desarrollo económico; así como, la Convención Americana de Derechos Humanos, contenida en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
En estas tesis, la Suprema Corte claramente establece que el propósito extrafiscal de la tasa diferenciada es el de no afectar la competitividad de la industria nacional y estimular el comercio en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional.
Es importante destacar que la tesis citada fue emitida previa a la reforma constitucional en materia de competitividad, por lo que refuerza el argumento de lo dicho: en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había reconocido el principio de competitividad para la industria nacional. Tengo plena confianza en el máximo órgano jurisdiccional de nuestra nación, en que la tesis no ha cambiado y las condiciones económicas de la frontera norte están mucho peor que cuando se decretó en 1993 la tasa diferenciada en las llamadas franjas fronterizas.
En Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo con el “gran calado” que va en contra de la ciudadanía. Nuestra doctrina: no claudicar, no bajar la guardia y luchar por nuestros ideales. No pensemos en pequeño. ¡Que el cielo no sólo bendiga a Chihuahua, que bendiga a México!