Aída Valencia Ramírez / diputada Federal por el Estado de Oaxaca
El desaseo y la premura con que se aprobó la reforma educativa sigue hoy teniendo consecuencias. Ignorar en la discusión y análisis de la reforma a actores fundamentales como los maestros de diversas regiones del país con condiciones geográficas, sociales y económicas distintas, cobra la factura a esas mayorías que responden a lealtades partidistas y no auténticamente ciudadanas.
Como lo advertimos desde un inicio, esta reforma es insuficiente, parcial y excluyente porque no contiene las políticas públicas necesarias para sacar al país del último lugar en la expectativa de graduación del nivel bachillerato de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), ni del tercer lugar en cantidad de los denominados «ninis.»
Lo que hoy sucede con los maestros de entidades como Oaxaca y Guerrero, es la consecuencia de abordar este sensible tema sin tomar en cuenta mecanismos que incluyan las necesidades particulares de cada región del país, por ello es que el Gobierno Federal debe realizar un verdadero consenso, involucrando todas las opiniones.
Sin embargo, contrario a ello se pretende exhortar “respetuosamente” a los congresos de los estados de Oaxaca y Guerrero a rechazar cualquier iniciativa en materia educativa. Es decir, se juzga a prioridad, sin conocer las motivaciones y los contenidos de las iniciativas que en dichos estados pudieran presentarse, coartando el derecho que los congresos de estos estados tienen para hacerlo, como manda la Constitución y como lo norma el pacto federal.
Con esta actitud soberbia y autoritaria, se pretende concentrar el poder público en un solo nivel de gobierno y, peor aún, en uno solo de los poderes a capricho del otro poder, que se siente ofendido por el solo hecho de sentirse amenazado en sus intenciones.
En el caso de mi estado, Oaxaca, el gobernador dio a conocer una iniciativa legítima, que recoge las preocupaciones de un sector de la sociedad que debe ser escuchado al momento de legislar en esta materia, pues es vital en su quehacer laboral diario, además de que no se advierte que dicha iniciativa sea contraria a la reforma constitucional.
Además de desaseada y prematura, resulta que la reforma educativa tiene guardianes autoritarios y soberbios que, violando nuestra Carta Magna, coartan el derecho de las legislaturas de los estados y de los ciudadanos a presentar iniciativas pues, desde su particular punto de vista, atentan contra una reforma parcial e inacabada.