La situación de Veracruz es compleja. La actual crisis sanitaria y económica aumentará la cantidad de personas en condición de pobreza en la entidad
El panorama actual derivado de la emergencia sanitaria provocada por los efectos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) requiere de medidas gubernamentales extraordinarias que contribuyan a moderar la desigualdad social y a evitar que se acentúe la crisis económica en México.
Como diputada ciudadana, dentro de los exhortos que presenté durante este Período de Receso del Congreso General para buscar soluciones ante esta urgencia, incluí uno para solicitar a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a coordinar esfuerzos para generar prórrogas y reducir el cobro de las tarifas eléctricas de tipo doméstico, agrícola y comercial en el estado de Veracruz, como una medida de apoyo para mejorar la deteriorada situación económica de la población.
Veracruz es uno de los principales estados productores de petróleo y electricidad, sin embargo, sus habitantes son de los consumidores que más pagan por el servicio de energía eléctrica. Además, la prestación de este servicio presenta grandes deficiencias. En consecuencia, y en atención a la diversidad de demandas ciudadanas, presenté un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso mediante el cual se piden acciones solidarias para con los veracruzanos en el pago de servicios.
La situación de Veracruz es compleja. La actual crisis sanitaria y económica aumentará la cantidad de personas en condición de pobreza en la entidad. Previo a esta pandemia ya se reportaba, por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que el 61.8 por ciento de la población, es decir, 5,088,600 de veracruzanos, estaba en condición pobreza y pobreza extrema. Asimismo, estimaciones del propio CONEVAL revelan el incremento de estos y otros indicadores sociales y económicos que ponen de manifiesto el deterioro de la economía familiar de millones de veracruzanos. Por ello, se requiere que el Estado fortalezca acciones útiles, contundentes y urgentes para apoyar a la población que más lo necesita.
Es necesario focalizar la atención de las autoridades en los grupos de población de mayor vulnerabilidad, particularmente en los hogares cuyos miembros hayan perdido el empleo, se desempeñen en un trabajo informal o hayan visto mermados sus ingresos. Promover el establecimiento de prórrogas o pago diferido del servicio eléctrico sería una medida auxiliar que brindaría soporte a los veracruzanos para superar esta dificultad.
El exhorto que presenté también tiene que ver con las niñas y los niños. En tanto no se restablezcan las condiciones de seguridad para la salud, las autoridades han determinado que las clases serán a distancia a través de la radio, la televisión y el Internet. La energía eléctrica será, entonces, aún más necesaria para garantizar el derecho a la educación y para moderar en mayor medida la desigualdad. Por donde lo queramos ver, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica es un área estratégica que se integra a una de las funciones más importantes que fortalecen la rectoría del Estado, para hacer frente al desafío del crecimiento económico y el desarrollo social de la Nación con justicia. Hoy, más que nunca, se requieren acciones que permitan fortalecer la deteriorada economía familiar.